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Se establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos dependerá directamente del Plenario del Consejo de la Magistratura y operará con independencia técnica. Se definen sus funciones principales: brindar asesoramiento legal y asumir la defensa judicial del Consejo y/o del Poder Judicial, salvo en casos propios del servicio jurídico de la Corte Suprema. Se determina que los aspectos administrativos no judiciales serán gestionados por la Presidencia o Vicepresidencia del Consejo. También se aprueban anexos que detallan la estructura, competencias, pautas de actuación y los procesos prioritarios de la Secretaría. De manera transitoria, la representación legal seguirá a cargo del Ministerio de Justicia, mientras la Secretaría asume progresivamente los casos, priorizando aquellos de relevancia institucional, económica, concursos y procesos disciplinarios. Se instruye a la Secretaría a recuperar sumas por pericias, presentar informes mensuales y proponer criterios para determinar deudas incobrables. Además, deberá impulsar un Sistema Informático de Gestión Judicial para centralizar información de todos los procesos. La Vicepresidencia deberá gestionar la habilitación de un usuario DEOX, determinar direcciones oficiales para notificaciones y suscribir convenios necesarios. Se establece la forma válida de notificación judicial y la obligación de comunicar inmediatamente decisiones judiciales relevantes. Se autoriza a los abogados del Departamento de Asuntos Contenciosos a matricularse y actuar judicialmente en defensa del Poder Judicial/Consejo, y se habilita al titular de la Secretaría a emitir certificaciones que acrediten representación. Los honorarios que se regulen deberán depositarse en una cuenta del Consejo, destinándose parte a capacitación e insumos. Se dispone que los gastos y condenas judiciales se afronten con los créditos presupuestarios correspondientes y se ordena la rápida cobertura de gastos procesales. Finalmente, se derogan normas previas vinculadas y se establece la entrada en vigencia al día siguiente de su publicación. Res. 225/25. - Consejo de la Magistratura 02-12-2025 00:00:00 - PJN 208267

Municipalidad de General Pueyrredón contra Belmonte, Juan. Exclusión de Tutela Sindical. - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA (SCBA) 2016-08-17 - 136305

G. ,N. A. s/Recurso de casación - TRIBUNAL DE CASACION PENAL SALA I - LA PLATA (TC0001 LP) 2000-04-05 - 82947

G. ,H. O. y o. s/Robo calificado - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA (SCBA) 2003-12-09 - 99250

Añón, Daniel Alejandro c/IMPAG S.A. y ot. s/Daños y perjuicios. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1º, ley 12.008 - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA (SCBA) 2013-04-24 - 48830

BARBERIS ROGELIO PEDRO C/ DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.- - JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - MERCEDES (JA0100 ME) 2015-11-05 - 140812

N, O.C. c/M, E s/Daños y perjuicios - CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA I - LOMAS DE ZAMORA (CC0001 LZ) 2007-06-19 - 108178

F. ,E. A. s/Lesiones culposas - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA (SCBA) 1997-10-07 - 39802

El expediente AAD 163/2023 caratulado “Lugones Alberto (Consejero) s/ proyecto de modificación de reglamento para pago de pericias”. 1°) Modificar el punto dispositivo 2° de la Resolución CM N° 264/20- el que quedará redactado del siguiente modo: “2°: Una vez firme la regulación de honorarios y cumplidos los demás requisitos establecidos en el reglamento anexo de la presente resolución- aún en las causas en trámite –en los términos de lo previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 27.423-- en cumplimiento de lo normado en el artículo 14° bis de la Carta Magna- el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación- en su carácter de administrador de los recursos y ejecutor del presupuesto que la ley asigna a la administración de justicia (artículo 114° inc. 3° CN)- asume provisionalmente el pago de los honorarios de los peritos de oficio- sin declinar el derecho a recuperarlo ante el organismo- personas humanas o jurídicas que resulten finalmente obligadas- en los siguientes casos: a) Insolvencia del condenado en costas debidamente acreditada- otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos en favor de ambas partes o en beneficio del imputado- y cuando el perito hubiera actuado en el marco del ejercicio del derecho de defensa del imputado. b) Rebeldía de quien pudiera resultar condenado en costas o de su imposibilidad de notificación- en el marco de procesos que tramiten ante la justicia penal. c) Absolución y/o sobreseimiento del imputado o prescripción de la acción- inexistencia de querellante que resulte y/o pueda resultar condenado en costas- falta de pronunciamiento judicial relativo a la imposición de costas o eximición total de costas por sentencia judicial. d) Extradición y/o extrañamiento del condenado en costas. e) Procesos en trámite ante el Poder Judicial de la Nación y/o el Ministerio Público Fiscal (art. 196- 196 bis- 353 bis y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación)- cuando éste o cualquier otro organismo del Estado (Ministerio Público de la Defensa u otros) hubiera propuesto- sugerido u ordenado la medida pericial. f) En los casos en los no pueda ser perseguido el cobro ante la parte condenada en costas- se interpreta que resulta responsable del pago la parte acusadora –querellante y/o Ministerio Público Fiscal- de conformidad con lo normado en los artículos 531 y 535 del Código Procesal Penal de la Nación y 68- 69 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A su turno- el Ministerio Público de la Defensa es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral- en casos individuales y colectivos- de acuerdo a principios- funciones y previsiones establecidas en la ley- por cuanto resultará responsable por el pago de los honorarios de peritos e intérpretes que sean designados para el cumplimiento de tal función”. 2°) Modificar el punto dispositivo 5° de la Resolución C.M. N° 264/2020- el que quedará redactado del siguiente modo: “5°: Encomendar a la Subdirección de Coordinación de Delegaciones que documente en forma unificada y sistemática todos los pagos de honorarios periciales que realice el Consejo de la Magistratura de la Nación- informe mensualmente dichos pagos a la Administración General del Poder Judicial de la Nación- y lleve un registro de tales pagos- a los efectos de contar con la información suficiente para la promoción de las acciones de recupero pertinentes- en los casos en que corresponda”. 3°) Mod - Consejo de la Magistratura 04-09-2024 00:00:00 - PJN 179783