Abogado. Sanción administrativa. Suspensión. Tribunal de disciplina

Se confirma la sanción administrativa de suspensión fijada a un letrado por el tribunal de disciplina, en razón de haber efectuado una expresión agraviante contra un juez en uno de sus escritos judiciales, acreditándose la violación al código de ética profesional.

En la ciudad de Rosario, a los 5 dí­as del mes de marzo de 2015, se reúnen en acuerdo los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal, integrada con el Dr. Acosta a fin de dictar sentencia definitiva en el Expte. Nº 615/2014 del registro de la Cámara, seguido a M., E. A. A., LE ..., inscripto en la matrí­cula de abogados (Matricula ... Expte ...),  domicilio legal Blas Parera ... de Rosario, domicilio particular Marull ... de Rosario, en autos; "E. A. A. M.-DENUNCIANTE: JUZGADO DE 1° INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE CIRCUITO 2DA NOMINACION"

Estudiados que fueron los autos, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1º) ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

2º) QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?

Luego de un intercambio de opiniones acerca de los temas propuestos, de conformidad a la distribución efectuada para llevar a cabo el estudio de los autos, resultó que la votación debí­a realizarse en el siguiente orden: Dres. Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati y Daniel Acosta.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. ALFREDO IVALDI ARTACHO DIJO:

I) el Tribunal de Ética Colegio de Abogados de Rosario, mediante resolución Nº 908 del 18 de Septiembre de 2014 resolvió aplicar al Dr. E. A. M. una sanción consistente en la suspensión por el término de cinco dí­as en el ejercicio de la profesión por la falta ética cometida habiendo vulnerado lo dispuesto por la Norma N°1 y arts. 7 y 40 de las Normas Éticas del Colegio de Abogados del Dr. Gonzalez Sabathié; el art. 21, inc. f) del Estatuto del Colegio de Abogados y el art. 311 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. El fallo le atribuye a E. A. M., ".la denuncia formulada por el señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Circuito de la 2da Nominación, de esta ciudad, Dr. Eduardo H. Arichuluaga, contra Dr. M.se funda en conceptos vertidos por este profesional en escritos, resaltando el mismo Magistrado algunos párrafos que considera ofensivos hacia su persona y agraviantes para la investidura de un Magistrado" Apelada la misma por la defensa y concedido el recurso, queda habilitada la intervención de la alzada.

II) E. A. A. M., abogado por derecho propio, al expresar agravios peticiona la declaración de nulidad de la Resolución emitida por el Tribunal, por la cual se le impone una sanción de suspensión por el término de cinco dí­as en el ejercicio de la profesión, por haber vulnerado lo dispuesto por la norma N° 1 y arts. 7 y 40 de las normas de Éticas del Colegio de Abogados del Dr. Gonzalez Sabathié, el art. 21 inc. f), por constituir un acto nulo. Subsidiariamente, solicita se deje sin efecto la imposición de la sanción. Hace reserva de caso constitucional local y reserva del caso federal. Al expresar agravios manifiesta que el fallo no resuelve, ni trata la cuestión en que se funda el denunciante. Se queja de que al momento de analizar una palabra puesta dentro de una frase, resulta que realmente es lo único que analiza y argumenta. Se agravia que el Tribunal en su fallo argumente que la Excma. Cámara le haya advertido respecto del contenido de los escritos y que eso mismo lo haya expresado en el suscripto. Agrega que cuando se le imputa haber puesto cuidado especial en la elección de los vocablos y frases, la única palabra que se le critica y argumenta termina ser soberbia. Finalmente se queja se que se analizaron sus antecedentes, pero los mismos no se enumeran; ni se dicen; ni se le hacen conocer en el mismo fallo, se agravia por ser arbitraria. Solicita: la nulidad interpuesta y o en su caso el correspondiere Recurso de Apelación, ambos contra sentencia del Tribunal de Ética de Rosario

III) A su turno Araceli M Diaz, abogada en carácter de Presidente del Colegio de Abogados, 2da Circunscripción de la Pcia.De Santa Fe, al contestar agravios respecto de la nulidad planteada dice que la pretendida nulidad de sentencia sin haber planteado previamente la nulidad del acta no puede proceder. Respecto de los agravios destaca que el recurrente generaliza las expresiones y hace un relato concatenado de hechos pretendiendo desvirtuar la sentencia del a-quo sin delimitar en que se agravia ni puntualizando las conclusiones de hecho y de derecho que a su juicio son desacertadas, sin motivar su disenso. Que no individualiza los agravios ni es claro en los puntos que pretende introducir. Que manifiesta agraviarse expresando que la sanción no corresponde, de ninguna manera y ademas es desmedida, sin dar fundamento de ningún tipo respecto de las afirmaciones que le agravian. Se queja que el recurrente rechaza la sanción aplicada y no fundamente en hechos y derechos el por que, creando de esta manera una situación que no permite una acabada contestación de agravios ante la inexistencia de los fundamentos de los agravios pretendidos. Agrega que al recurrente se le ha aplicado una sanción porque ha quedado probado en autos que su desempeño ha merecido un reproche pasible de ser sancionado, no hay dudas que ha tenido conductas éticamente reprochables, las cuales están claramente determinadas por las normas que la rigen. Hace reserva constitucional. Solicita se rechace el recurso planteado, confirme la decisión apelada y condene en costas al recurrente.

IV) Analizados los agravios de la apelante, el escrito de responde, el fallo impugnado y todas las constancias de autos estimo que es ajustado confirmar el pronunciamiento.

Se sanciona al abogado apelante por vulnerar puntuales normas éticas de reconocimiento y previsión indiscutible y masiva, a las que están obligados a seguir por la elevada calidad de su ministerio: proceder con el máximo respeto a la persona del magistrado en la crí­tica de sus fallos o de los actos que el mismo lleva a cabo, absteniéndose de toda expresión violenta o sarcásticas, y guardar respecto a los mismos respeto y consideración (arts. 7 y 40 Normas Eticas del Dr.González Sabathié), violación de las normas de ética profesional adoptadas por los Estatutos del Colegio de Abogados (art. 21 inc. f ECA) y violación de un principio de ética profesional (art. 311 LOPJ).

Más allá de las demás expresiones que son referidas en el fallo impugnado, la resolución del tribunal disciplinario pone un adecuado énfasis en una puntual expresión del Dr. M. al dirigirse al Sr. Juez anoticiante en un escrito en donde entre otras pretensiones el sancionado deduce una recusación contra el Magistrado en una causa por cobro de pesos. En dicho escrito, en copia a fs. 3, puntualmente luego de señalarle al juez que cometió en ese expte. continuas y repetidas irregularidades y serias deficiencias las que además seguramente proseguirá llevando en su trámite judicial, se le dice al mismo: "Pero además se le suma la "soberbia" de quien no sabe, pero porta tí­tulo, y lo hace valer".

La expresión con que se dirigió el abogado al Magistrado es indudablemente inadmisible al trato que se debe guardar sobre la investidura de cualquier tribunal de justicia. Es indudable que la adjudicación al Dr. Arichuluaga de -cuanto menos- actuar en esa causa con "soberbia" lleva una connotación que -por el contenido total de la frase y el marco global del escrito- no solo no es positiva sino todo lo contrario. Esa locución , para cualquier persona con sentido común y en ese contexto, es ofensivamente evocativa, dado que va acompañada en un oración en donde además se lo califica al Juez como una persona ignorante pero que porta el tí­tulo profesional y así­ lo hace valer. El Diccionario de la Real Academia en este sentido, señala como significados de la palabra "soberbia" que pueden emplearse con denostación: "Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros... Cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas".

En el sub-examine no hay margen alguno para otra interpretación que no sea la gravemente disvaliosa y atribuida al sancionado.Y carece de sentido que se requiera, como lo hace en su queja el apelante, que el juez o en el expte. se haya comprobado desde una faz subjetiva en qué medida aquél se sintió lesionado. Lo reprobable no es una cuestión subjetiva o de sentimientos, sino una expresión directa al Magistrado que objetivamente ofende su altí­sima investidura, conformando la falta ética que se replica con el fallo que acertadamente lo reprime.

No hay dudas tampoco que el imputado conoció perfectamente de qué se lo denunciaba, acusaba y sentenció. El mismo desde un inicio, al contestar la denuncia, responde a fs. 7 a la mentada frase agresora, reproduciéndola í­ntegramente.

Ninguna infracción contra el derecho de defensa se advierte. Su invulnerabilidad no ha sido puesta siquiera en riesgo en el caso, dado que ha contado con múltiples ocasiones para defenderse, aportar prueba (si bien ninguna ofertó en el sublite), alegar y quejarse de la decisión. Del acta de comparendo personal ante el Tribunal de Etica (fs. 21) no surge ningún elemento que coercione su derecho a defensa material: fue firmada por el profesional a pesar de atacarla 4 dí­as después (fs. 22), reúne los recaudos exigidos por la normativa vigente y en el acto el abogado encausado se remitió integralmente a su anterior respuesta frente a la denuncia, siguiendo una lí­nea defensista continua y uniforme a lo largo de todo el proceso hasta esta apelación, lo que señala el pleno conocimiento del accionar endilgado y que así­ le permitió su más efectiva defensa. No hay nulidad percibible tal como asegura el quejoso, ni otro motivo que además genere invalidación de la posterior sentencia.

Tampoco existe el mí­nimo rastro de una confabulación o conspiración contra el profesional.

La sanción aplicada es totalmente proporcional a la grave falta perpetrada ya que selecciona la pena de suspensión en la matrí­cula, reduciéndola a un muy breve lapso (5 dí­as) dentro de la escala máxima prevista por la ley que llega al año (art. 300 inc.3° de la LOPJ). Por ende, e independienteme nte de la remisión que hace a los antecedentes del inculpado, la pena determinada es razonable y debe confirmarse.

En consecuencia y de acuerdo a lo analizado, a la primera cuestión voto por la afirmativa -por la confirmación-.

A LA MISMA CUESTION LA DRA. LURATI DIJO: que comparte la conclusión a la que arriba el colega preopinante Dr. Alfredo Ivaldi Artacho, por iguales fundamentos y a fin de evitar inútiles repeticiones, vota en el mismo sentido.

A LA MISMA CUESTION EL DR. ACOSTA DIJO: comparto la conclusión de los distinguidos magistrados que me precedieron, queriendo agregar simplemente que la sola mención a la soberbia de un integrante de cualquier poder del Estado no puede tener como consecuencia sanción de ninguna indole en una sociedad democratica.

Ahora bien, lo que me lleva a hacer propia la conclusión confirmatoria es su vinculación con la continuación de la critica- que le brinda contexto- en el sentido que dicha soberbia es propia ".de quien no sabe, pero porta titulo, y lo hace valer."; pues en dicho marco se pone de resalto una afirmada ignorancia no solo comprensiva de su condicion de Juez, sino además de la de abogado que es uno de los requisitos para el acceso a la Magistratura.

Es eso lo que a juicio del suscripto no puede tolerarse y torna razonable y ajustada al derecho disciplinario en particular y constitucional en general la sanción impuesta por sus colegas.

Voto así­ por la confirmación de lo traí­do en revisión en consonancia con los colegas que me precedieron.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN LOS DRES. IVALDI ARTACHO, LURATI Y ACOSTA DIJERON: que conforme al resultado de la votación corresponde confirmar la sentencia apelada en lo que fuera materia de recurso.

Por tanto, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario integrada;

FALLA: Confirmando la sentencia apelada en todos sus extremos en cuanto fuera materia de recurso, con costas.

Insértese, agréguese copia, hágase saber y bajen.-

  Correlaciones:

J., L.I. s/rec. de apelación interpuesto ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario - Cám. Penal Rosario, Sala II - 18/03/2008.