Abogados. Colegio de Abogados. Facultades disciplinarias. Sanción. Suspensión

Corresponde confirmar la sanción disciplinaria de suspensión impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal a una letrada, en virtud de haber representado y asesorado intereses contrapuestos violentando los principios del secreto profesional, lealtad, probidad y buena fe.

Buenos Aires, 7 de mayo de 2015.

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 389/400 por M.V.P contra la resolución obrante a fs. 376/384; y

CONSIDERANDO:

1º) Que, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal inició actuaciones sumariales contra la abogada M.V.P. como consecuencia de la denuncia formulada por el doctor A.P., en su carácter de Secretario General de Telefónica de Argentina S.A. y por derecho propio, en la que sostuvo que la referida profesional habí­a representado y asesorado intereses contrapuestos violentando los principios del secreto profesional, lealtad, probidad y buena fe (v. fs. 2/11).

2º) Que, a fs. 376/384, la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por sentencia número 52, aplicó a la citada letrada la sanción de suspensión de seis (6) meses, en los términos del art. 45, inc. d, de la ley 23.187.

Para resolver de ese modo, tuvo en cuenta que:

a) "la matriculada P. se ha desempeñado como abogada de TASA, atendiendo determinadas causas laborales promovidas en contra de dicha firma y, posteriormente ha pasado a formar parte de un estudio jurí­dico que patrocina reclamos contra esa empresa» (v. fs. 378 vta. in fine y 379).

b) la imputación respecto de la letrada denunciada ha sido precisa y circunstanciada, y ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa sin limitaciones (v. fs. 379).

c) de las declaraciones testimoniales se desprende que "la matriculada actuaba profesionalmente en los juicios promovidos contra TASA, con la intervención del doctor R., defendiendo los intereses de la allí­ demandada, más allá que su opinión o consejos jurí­dicos tuvieran que verificarse o no dentro de la jerarquí­a conformada».

d) si bien la actora "tal vez no ha defendido derechos contrapuestos en forma simultánea..., la representación sucesiva queda comprendida en la prohibición prescripta en el inc. a) del art. 10 del Código de Ética». En este sentido, señaló que "la letrada no pudo ignorar que se trata de veredas opuestas, de intereses distintos y contrapuestos y debió ajustar su conducta en consecuencia» (v. fs. 381).

f) de las constancias de la causa se colegí­a "que la denunciada asesoraba a su clientes (en el caso TASA) sobre la temática laboral y sindical, la estrategia judicial, conveniencias de celebrar conciliaciones y gestionaba los juicios que patrocinaba o representaba el doctor R., se reuní­a con el mencionado profesional, y determinaban si el empleado habí­a trabajado para una firma contratista y, en base a ello, cuáles eran los montos a conciliar» (v. fs. 381 vta.).

g) se encontraba acreditado que "después de la desvinculación de la doctora P. de TASA» la demandas promovidas por el abogado R. contení­an información que "solamente se podí­a conocer si uno habí­a tenido conocimiento e interacción» con áreas especí­ficas de la empresa (v. fs. 381 vta.).

h) "está claro que la denunciada intervino reclamando acreencias ante TASA después de [des]vincularse, por actores que antes habí­a atendido como reclamantes de su anterior cliente» (v. fs. 382 vta.).

i) la recurrente "habí­a cerrado 137 reclamos promovidos por el doctor R., mientras se desempeñaba en TASA, quedando pendientes de análisis unos cien casos más y habí­a incluso veinticinco que(...) habí­a manifestado haber `aprobado´ previa a su desvinculación; y a la fecha de esta denuncia, y siendo ya la denunciada parte integrante del estudio del doctor R., se han iniciado aproximadamente 158 reclamos contra TASA por un monto de capital que supera en conjunto los $ ..., entre los cuales se encontraban varios de los reclamos pendientes de cierre supuestamente `conciliados´ por la denunciada» (v. fs. 382 vta.).

j) "ante la magnitud de los reclamos, la falta aunque sea balbuceante de una explicación seria de donde salió esa información que termina afectando al cliente anterior(...)» llevaba "al convencimiento pleno de una maniobra desleal de gran magnitud en contra del anterior cliente» (v. fs. 383).

k) "desde siempre se ha sostenido que el abogado debe guardar celosamente el secreto profesional, que constituye un derecho y un deber inherente a la profesión y al derecho de defensa» (v. fs. 383).

l) "la existencia de despachos colectivos, favorece estas mudanzas de un despacho a otro, y este tribunal debe velar para que esa actitud ilí­cita no termine a la postre encubriendo, como en el caso de autos, maniobras deleznables» (v. fs. 383 vta.).

3º) Que, contra tal pronunciamiento, la actora dedujo y fundó recurso de apelación (v. fs. 389/400). En esencia, impugnó la resolución con base en los siguientes agravios:

a) el Tribunal decidió "adoptar un criterio amplio al momento de juzgar a la suscripta amparándose en lo que estiman resultan ser estudios deontológicos aplicables al caso».

b) se violentaron los principios de inocencia, in dubio pro matriculado, non bis in í­dem, prohibición de efectuar interpretaciones extensivas o por analogí­a, interpretación más favorable e improcedencia de ley retroactiva.

c) se restó valor de manera arbitraria a la declaración de la testigo G. ya que no fue reticente ni dudosa de veracidad como fue señalado en el pronunciamiento recurrido.

d) la actuación del denunciante, A. P., en la audiencia de vista no debió ser permitida ya que no poseí­a calidad de parte.

e) el organismo sancionador no verificó de forma efectiva que hubiese defendido intereses contrapuestos. Al respecto, destaca que de las declaraciones testimoniales se desprende que las causas en las que supuestamente habrí­a cometido la falta imputada fueron iniciadas casi un año después de que dejara de prestar servicios para TASA -30.10.10- y se refieren a relaciones laborales extinguidas con posterioridad, circunstancias que habrí­an sido confirmadas por la testigo G., cuya declaración fue tachada de parcial. Asimismo, alega que toda la prueba documental mediante la que se probarí­a la infracción endilgada data de fechas posteriores a su desvinculación de TASA.

f) se vulneró su derecho de defensa en atención a que ni en la denuncia efectuada ni en la posterior imputación se habrí­an especificado los hechos puntuales por los que se la sumariaba. De este modo, entiende que no conoció los hechos por los que se la sancionaba hasta que se dictó la resolución recurrida.

g) no ha sido acreditado cómo se habrí­a violentado el deber de confidencialidad y de buena fe. Al respecto, sostiene que se trata de meras acusaciones conjeturales, genéricas y abstractas.

h) la información privada y sensible de la empresa que la recurrente habrí­a dado a conocer surgí­a de los convenios colectivos, los contratos firmados con sus empleados y era de público conocimiento.

4º) Que, en esta alzada, se corrió traslado al Colegio Público (fs. 408), quien contestó los agravios solicitando el rechazo de la apelación deducida (v. fs. 414/419 vta.).

5º) Que, oportunamente, emitió su dictamen el señor Fiscal General subrogante (v. fs. 424).

6º) Que, debe destacarse, en primer lugar, que el tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para resolver el conflicto concreto (confr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; entre otros).

7º) Que, aclarado ello, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la facultad disciplinaria del Colegio, atribuida por la ley 23.187, persigue el objetivo de asegurar el correcto ejercicio de la abogací­a en todos los ámbitos de la actuación profesional (Fallos 321:2904) y, a tal efecto, le permite juzgar a los abogados inscriptos en la matrí­cula y aplicar las sanciones correspondientes, previa tramitación de un procedimiento determinado, que debe desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido proceso legal para preservar los derechos de los citados profesionales (Fallos 324:2449).

8º) Que, así­ las cosas y por cuestiones metodológicas, corresponde tratar, en primer término, el agravio referente a la violación del derecho de defensa de la recurrente.

Sobre el particular, cabe destacar que tanto en la denuncia efectuada por el Sr. A.P. como en la presentación realizada por la instructora del sumario, A.N.R., que fueron debidamente notificadas a la actora, se detallaron especí­ficamente los hechos, pruebas y faltas por las que se solicitó que se sancionara a la matriculada M.V.P. (v. fs. 2/10 vta., 42/46 y 49).

Asimismo, tras efectuar el traslado correspondiente, a fs. 325/336, la actora presentó su descargo y ofreció prueba, la que fue proveí­da y producida junto a la solicitada por el denunciante y la unidad de instrucción a fs. 338/360; y respecto de las que alegó a fs. 365/374.

Por consiguiente, mal puede pretender la letrada que se considere que se ha visto vulnerado su derecho de defensa cuando de las constancias de la causa se desprende que no sólo pudo conocer, oportunamente, los hechos, pruebas y faltas por los que se la imputaba sino que además pudo efectuar sus descargos en todas las instancias posibles.

9º) Que, párrafo aparte merece la queja referente a la participación del Sr. A.P. en la audiencia de vista. Sobre el particular, cabe adelantar que el agravio de la sancionada no puede ser admitido.

En efecto, de las grabaciones de las declaraciones testimoniales -que el Tribunal solicitó a fs. 426- se desprende que no fue como la recurrente sostiene que "la función acusadora fue llevada a cabo en un todo por el denunciante», sino que éste se limitó a efectuar una breve sí­ntesis de la denuncia y a realizar determinadas preguntas a pedido y bajo supervisión del Tribunal, quien estuvo a cargo, en todo tiempo, de la coordinación y celebración de la audiencia

10) Que, aclarado ello, corresponde ingresar al examen de validez de la resolución cuestionada.

Al respecto, cabe recordar que "por regla la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenece a las facultades del órgano profesional, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces, a quien sólo cabe ejercer el control de aquella actuación a los fines de impedir la arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad» (Fallos: 304:1335 y 314:1251; y esta sala in re "Kleinman Jorge Wilfredo y otro c/C.P.A.C.F», sent. del 5-10-2006, y "Acosta Iturriagagoitia, Walter Adolfo c/ C.P.A.C.F», sent. del 11-12-2001).

Por tal motivo, la queja de la recurrente no puede prosperar. En efecto, ésta no ha logrado acreditar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad que justifique apartarse de las conclusiones a las que arribó el organismo demandado.

Con relación a la supuesta indebida apreciación de las declaraciones testimoniales, cabe recordar que "el hecho de que [el Tribunal de Disciplina] haya dado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los invocados por el apelante no configura arbitrariedad, pues la mera divergencia de los recurrentes, en cuanto sólo revelan su discrepancia con el criterio del a quo en la selección y valoración de la prueba, excluye dicha tacha, aun cuando se haya prescindido de alguna de las pruebas aportadas» (Fallos: 323:4028; 330:2639; entre otros). En este sentido, el juzgador debe estar a las reglas de la sana crí­tica y valorar las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de convicción de las declaraciones de los testigos (cfr. esta Sala, causa "Llera, Héctor José c/ EN-Mº Justicia y DDHH-OCA [Carpeta 6609] s/ proceso de conocimiento», sent. del 7/05/13). Ello así­, no se advierte que el criterio adoptado por el Tribunal de Disciplina respecto de la prueba testimonial resulte arbitrario. En efecto, no puede soslayarse que el testimonio que la actora sostiene que no habrí­a sido debidamente valorado es el de la Sra. G., quien, junto a ella, integraba el mismo estudio jurí­dico, circunstancia que demuestra su imparcialidad (esc. min. 1:09:45 de la grabación nº 1 acompañada en soporte digital).

Por otro lado, es dable destacar que no se encuentra controvertido que la sancionada intervino, en representación de Telefónica de Argentina S.A y pese a no ser quien tomaba la decisión final, en la mediación de numerosos reclamos laborales iniciados por el Dr. R. contra la empresa y que, a los ocho meses de su desvinculación de aquélla, pasó a formar parte del estudio jurí­dico perteneciente al referido profesional en donde patrocinó a diversos clientes en juicios laborales contra la mencionada firma (v. anexos y fs. 392 vta./393). Sobre el particular, es dable resaltar que si bien es cierto que las demandas judiciales en la que, según el Tribunal de Disciplina, la recurrente habrí­a defendido intereses contrapuestos versan sobre relaciones laborales finalizadas con posterioridad a su egreso de Telefónica de Argentina, no lo es menos que tratan las mismas cuestiones jurí­dicas que la demandante tení­a a su cargo en la empresa y respecto de empleados que trabajaron para ésta al mismo tiempo que ella, elementos que evidencian la falta de probidad.

Por último, la actora sostiene que la información sensible y privada que habrí­a dado a conocer serí­a de público conocimiento y que surgirí­a de los contratos celebrados con los empleados. No obstante, tal circunstancia no fue debidamente acreditada. Por el contrario, como fue advertido a fs. 382, las demandas iniciadas con el patrocinio de la Dra. P., una vez incorporada al estudio del Dr. R., efectivamente contienen información técnica y detallada que no está presente en aquéllas iniciadas con anterioridad a su ingreso (v. copias de demandas obrante en anexo vgr. alusión al "sistema baremo» de prestación de servicios de la empresa), circunstancia que también fue destacada por los testigos y que, al menos, pone en duda que ésta hubiese respetado rigurosamente el secreto profesional, de conformidad con lo exigido por el artí­culo 10 del Código de Ética.

11) Que, por lo demás, esta Cámara tiene dicho que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurí­dicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecí­ficos, que si bien no resultarí­an asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremací­a general, caben perfectamente bajo un régimen de supremací­a especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercaní­a moral de los tí­tulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos (confr. Sala III, "Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF», del 27 de julio de 2009, entre otros).

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológico profesional, es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así­ lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala V, causa "Alvarez, Teodoro c/ CPACF», del 16 de agosto de 1995, entre otras).

12) Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que no existe un margen de duda razonable que justifique hacer aplicación de la garantí­a de inocencia, de raigambre constitucional, como así­ tampoco del principio "in dubio pro matriculado», receptado en el art. 15, inciso b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina.

13) Que, en sí­ntesis, examinados los antecedentes del caso y los agravios planteados, cabe concluir que no se advierte en autos la existencia de vulneración del derecho defensa de la actora, ni arbitrariedad o ilegalidad que justifique revocar la resolución apelada, razón por la cual corresponde rechazar el recurso interpuesto; con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.).

14) Que, de conformidad con lo dispuesto en los artí­culos 6°, 7°, 8° -modificado por el artí­culo 12, inciso e) de la ley 24.432-, 9°, 19 -por analogí­a lo dispuesto en los artí­culos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción impuesta a la profesional denunciada- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia originaria (conf. contestación de traslado de fs. 414/419), corresponde regular en la suma de ... PESOS ($...) los honorarios del doctor Darí­o Ángel Busso (Tº 54 Fº 331), quien se desempeñó como letrado, apoderado, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Al respecto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el impuesto al valor agregado (IVA) integra las costas del juicio y que deberí­a adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revistiera la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (Fallos 316:1533), mas no frente a aquéllos no inscriptos, ya que a su respecto no es aplicable el método de liquidación del impuesto mediante la confrontación entre el crédito y el débito fiscal (Fallos 322:523).

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) rechazar la apelación deducida, con costas; y 2) regular en ... pesos ($ ...) los honorarios profesionales del doctor Darí­o Ángel Busso de conformidad con lo dispuesto en el considerando 14.

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI

  Correlaciones:

Ley 23.187 - BO: 28/06/1985