Accidente de tránsito. Rubros indemnizatorios

Se modifica el monto de condena, y se confirma el resto de la sentencia que hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito.

Lomas de Zamora, a los 23 dí­as de Mayo de 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, de este Departamento Judicial, Dres. Carlos Ricardo Igoldi y Javier Alejandro Rodiño con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho, para dictar sentencia, la causa nº LZ-56769-2010, caratulada: "TOTH PABLO LUIS Y OTRO/AC/ ESQUIVEL MIGUEL ORLANDO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)".- De conformidad con lo dispuesto por los artí­culos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:

-CUESTIONES-

1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?

2º.- ¿Qué corresponde decidir?

Practicado el sorteo de ley (art. 263, últ. parte, Cód. Proc.), dio el siguiente orden de votación: Dres. Carlos Ricardo Igoldi y Javier Alejandro Rodiño.-

-VOTACION-

A la primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi dice:

I.- El señor Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número ocho de este Departamento Judicial, dictó sentencia a fs. 343/350 haciendo lugar a la acción promovida por Pablo Luis Toth y Mauro Agustí­n Toht contra Miguel Orlando Esquivel y la citada en garantí­a Liderar Compañí­a General de Seguros S.A. y en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a la actora, en forma solidaria y en los lí­mites de la póliza de seguros vigente, dentro del término de diez dí­as la suma total de pesos ciento ochenta y cuatro mil doscientos setenta ($ 184.270) en concepto de capital, correspondiendo la suma de pesos ciento trece mil doscientos setenta ($ 113.270) al Señor Pablo Luis Toth y la suma de pesos setenta y un mil ($ 71.000) a Mauro Agustí­n Toth, más los intereses que resulten de la liquidación a calcularse con aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 dí­as para los fondos captados a través del sistema home banking de la entidad, actualmente denominada Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, en los perí­odos que tenga vigencia; debiendo aplicarse en los restantes perí­odos las tasas pagadas en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 dí­as (tasa pasiva), desde el 1° de agosto de 2009 (fecha del evento dañoso) hasta el efectivo pago; y para aquellos dí­as que no alcanzaren a cubrir el lapso señalado el cálculo será diario con igual tasa. Impuso las costas a cargo de la demandada y la citada en garantí­a y postergó la regulación de honorarios hasta tanto quede firme la pertinente liquidación (arts. 15, 23 y 51 y ccs. dec. ley 8904).

Que el mencionado pronunciamiento fue apelado por los actores a fs. 351 y fs. 387 y por la citada en garantí­a a fs. 354, siéndoles concedidos los recursos libremente a fs. 352 primer párrafo, fs. 355 tercer párrafo y fs. 388 respectivamente.

Radicadas las actuaciones en este Tribunal de Alzada, a fs. 396/404 expresó agravios la actora el que no mereciera la réplica de la parte contraria motivo por el cual a fs. 418 segundo párrafo se le ha dado por perdido el derecho que ha dejado de usar en los términos del art. 262 del Cód. Procesal; y a fs. 405/411 expresó agravios la citada en garantí­a el que mereciera la réplica de la actora de fs. 413/417.

A fs. 419 se llamaron autos para sentencia, por providencia que se encuentra consentida, y:

II) DE LOS AGRAVIOS:

1.- De la actora:

En primer lugar, se agravian del exiguo monto otorgado por el a-quo en concepto de incapacidad fí­sica; daño psí­quico y su tratamiento; gastos de asistencia médica, curación, farmacia, de traslado y movilidad, tratamiento médico futuro y daño moral por lo que solicita su elevación a sus justos lí­mites y a valores actuales.

En segundo lugar, se agravian de la tasa de interés establecida solicitando la aplicación temporal del nuevo Código Civil y que a partir del 1 de agosto de 2015 hasta el efectivo pago se aplique la tasa activa más alta.

2.- De la citada en garantí­a:

En primer lugar, se agravia de lo resuelto por el a-quo en lo que a la condena a su parte se refiere, por considerar la misma arbitraria.

En segundo lugar se agravia de los montos establecidos por el a-quo para indemnizar los rubros incapacidad fí­sica,; daño psí­quico y su tratamiento; gastos de asistencia médica y farmacia, daño moral y daños al automóvil los que considera elevados por lo que solicita la reducción de los mismos.

En tercer lugar se agravia de la procedencia del rubro privación de uso, solicitando su rechazo atento a no haber demostrado la actora que se vio privada de su unidad por el accidente y el lapso en el cual se extendió tal privación.

En cuarto lugar, se disconforma del lí­mite de cobertura y la tasa de interés fijada por el a-quo, solicitando se aplique la tasa del 6% anual.

III.-CUESTION PRELIMINAR:

Que el 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la ley 26.994; circunstancia sobreviniente por la cual corresponde determinar en primer término la ley aplicable a los supuestos como el que nos ocupa.

Que el artí­culo 7 del nuevo ordenamiento vigente establece la aplicación inmediata de las leyes a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurí­dicas existentes, agregando a párrafo seguido que las mismas no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario.

Que ambos principios (aplicación inmediata e irretroactividad de la ley), bien entendidos, se complementan.

Que de tal modo, corresponde entender -como regla general- que la nueva legislación se aplica inmediatamente a todos los supuestos acaecidos a partir de su entrada en vigencia, así­ como también a aquéllos otros que, habiéndose originado aún en fecha anterior, producen sus consecuencias jurí­dicas con posterioridad a la sanción de la norma.

No será aplicable entonces a las relaciones o situaciones jurí­dicas -y sus consecuencias- consumados, agotados o extinguidos con anterioridad a su vigencia, excepto cuando, claro está, exista disposición legal en contrario.

Que, sentado ello, advierto que en la especie la relación jurí­dica obligacional en la que se funda el reclamo nació en el momento en el que se produjo el daño -esto es, -1° de agosto de 2009-; razón por la cual considero que el conflicto deberá ser juzgado por la ley vigente en aquél entonces, hoy derogada. (En este sentido, KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., en La Ley 02/06/2015, punto IV último párrafo.; LORENZETTI, R. L., en "Cód. Civ. y Com. de la Nación Comentado» T. I, p. 47 y sgtes, Ed. Rubinzal Culzoni; "Cód. Civ. y Com. de la Nación Comentado» Tit. Prel. y Libro I, Ed. INFOJUS; p. 23 y sgtes; í­d. SCBA, Ac. 107.423).

IV) CONSIDERACION DE LAS QUEJAS:

1.- De la condena a la citada en garantí­a:

Adelanto mi opinión, en el sentido que la recurrente en lo que a este punto del fallo se refiere, no ha cumplido, ni aún mí­nimamente con los extremos requeridos por la norma del artí­culo 260 del rito.

Esta Alzada ha sostenido siguiendo doctrina legal de la Excma. Suprema Corte, que la parte apelante debe realizar una crí­tica del pronunciamiento que ataca, en forma objetiva, concreta, razonada y circunstanciada de todos y cada uno de los fundamentos del fallo. Muy especialmente debe hacerse cargo de la posición que haya adoptado el sentenciante, y de la forma y manera antedicha para impugnarla. En otros términos un requisito esencial de los agravios es el análisis y demostración de los errores que contiene la motivación del fallo atacado, y la exposición de las razones por las cuales las reglas invocadas pueden desplazar los fundamentos de la sentencia en las circunstancias particulares y concretas de la causa.

Conforme lo expuesto, no es ese el curso de acción seguido por la quejosa, quien se limita a una mera disconformidad (art. 260, 261 del C.P.C.C.; SCBA, Ac. 51.076 DEL 15-III-94, Ac. 44.240 del 28-V- 91, Ac. 43.900 del 30-VI-91, CALZ, Sala Iª, Reg. Sent. Def. 119-95, idem. Reg. Sent. Def. 196-94, idem Reg. Sent. Def. 403/94, idem Reg. Sent. Def. 141/94, idem Reg. Sent. Def. 400/94, idem Reg. Sent. Def. 218/88, idem Reg. Sent. Def. 527/87, idem Reg. Sent. Def. 114/95, idem Reg. Sent. Def. 34/93, idem Reg. Sent. Def. 4/96, y otros).

También ha dicho esta Sala que en los casos que aún mí­nimamente se cumplieran tales extremos, y se entendiera que está en juego el principio de defensa en juicio, corresponde atender dichas quejas, siguiendo la denominada "doctrina amplia" que pregona este Tribunal, acotándose que sólo excepcionalmente se ha seguido este criterio (CALZ, Sala Iª Reg. Sent. Def. 181/92, 46/93, 138/93, 177/93, 96/94, 56/98, 169/99 y otros).

Reiterase, por si hace falta, que no basta una crí­tica generalizada o una simple demostración de disconformidad (SCBA, Ac. 44.420 del 28-V-91; Ac. 43.900 del 20-IV-91; CALZ Sala Iª Reg. Sent. Def. 286/92, 97/94, 403/94, 119/95, 252/97) sino que debe elaborarse el necesario eslabonamiento crí­tico.

Esta Sala siguiendo la doctrina legal de la Excelentí­sima Suprema Corte de Justicia, tiene dicho que debe ser considerada "agravio", toda crí­tica dirigida a las denominadas "cuestiones esenciales" que son las que hacen a la estructura de la litis y su esquema jurí­dico.

Que sin su consideración no serí­a posible resolver el caso planteado. Va de suyo que su tratamiento es obligatorio para la Alzada. En cambio debe entenderse como "argumento" toda mención efectuada por la parte apelante destinada a sostener su posición, pero que no se refiere a las ya citadas "cuestiones esenciales". Los argumentos no son de tratamiento obligatorio en segunda instancia (Ac. 67.337 del 1-VII-97; CALZ, Sala Iª, Reg. Sent. Def. 92-93, 116-94, 272-93, entre otros).

La pieza en cuestión, obrante a fs. 405/411 -en cuanto a la responsabilidad se refiere- , constituye una descripción de conceptos reveladores de una general disconformidad con el decisorio recurrido, sin -en momento alguno- hacerse cargo de los por cierto prolijos y sólidos fundamentos dados por el Señor Magistrado sentenciante (art. 260 y 261 del C.P.C.C.). Por el contrario, sólo se limita a refutar el fallo atacado, y considerar la condena a su parte de arbitraria.

No ha mediado por ende un ataque frontal, sino la invocación de una interpretación normativa, que discurre inocuamente, de modo paralelo al pronunciamiento que se pretende modificar, sin logar interferirlo. Ello, como es obvio, compromete la suficiencia técnica del recurso; por lo que propongo declararlo desierto.

En base a lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia apelada en relación a lo dispuesto por el a-quo en lo que refiere a la condena de la citada en garantí­a.

2.- De los rubros:

a.-Daño fí­sico - Incapacidad fí­sica:

Corresponde recordar que el daño resarcible no consiste en la lesión misma, sino en sus efectos. La cualidad funcional del daño, su resarcibilidad, ciñe el contenido que debe serle asignado. De tal modo, el artí­culo 1067 del código Civil, establece: "no habrá acto ilí­cito punible para los efectos de este Código ( es decir, no hay acto que engendre responsabilidad civil resarcitoria), si no hubiese daño causado u otro acto exterior que lo pueda causar...». Por ende, el daño es la contrapartida de la reparación y debe congruentemente consistir en una consecuencia que "pueda» ser reparada en alguna forma, más o menos perfecta (por equivalente o por medio de satisfacción indirecta).

En otros términos, el daño resarcible no es cualquier daño en sentido amplio, pues la resarcibilidad del perjuicio exige que éste se integre con un resultado disvalioso que la reparación procura subsanar o compensar. Esta Sala -en su anterior integración- tiene dicho en reiterados pronunciamientos que, en relación al daño resarcible, en definitiva más allá de las calificaciones o "nomis juris» que demos a las cosas y a los perjuicios a tarifar, de lo que se trata es de indemnizar justa e integralmente estos últimos. Tan solo la reparación jurí­dicamente plena o integral, que no es otra cosa que la indemnización o equivalente dinerario en la medida de lo justo (equitativo) para el caso determinado (Cám. Civ. y Com. Lomas de Zamora, Sala I, Causa 58.026, RSD-136-4, 27-4-2004 "Olivera, Ramón c/ Microómnibus Quilmes SACIF y ots. S/Ds y Ps).

En cuestiones eminentemente técnicas, como indudablemente se dirimen en este rubro, la prueba pericial adquiere especial relevancia y preeminencia, si bien la misma, en su contenido y conclusiones carece de fuerza vinculante para el Magistrado, como que su seguimiento o apartamiento no depende de la actitud del justiciable de observar el dictamen o la falta de ello, sino del grado de convicción que tal elemento acreditatorio produzca en el ánimo del juez, en sustento de la aplicación y experiencia (sana crí­tica) del adecuado procedimiento para la realización y producción de tal medio. Los profesionales brindan valores que deben ser ponderados para asumir la decisión, dando pautas que, aún de orden matemático como los porcentuales, configuran meros parámetros y no autorizan resolver la cuestión de manera arbitraria ni discrecional (doct. art. 384, 473, 474 CPCC; CALZ Sala I Reg. Sent. Def. 373/95, 5/97, 151/97, 255/97, 91/97 entre muchos otros).

El informe pericial resulta el medio de excelencia, puesto que integra los conocimientos del juez a través de explicaciones técnicas y ciertas apreciaciones que efectúa el experto caben presumirlas sustentadas precisamente en el conocimiento que emana de la circunstancia de detentar tí­tulo habilitante de rigor cientí­fico con incumbencia en el tópico, aún cuando el juez personalmente las posea.

En principio, la fuerza probatoria del dictamen solamente puede enervarse por fundada razones cientí­ficas o técnicas, resultando ilógica la pretensión de contrariarlas con opiniones profanas o discrepancias subjetivas, y, por más amplias que sean las facultades del juez al apreciar las conclusiones y que las mismas no sean vinculantes, el apartamiento debe ser fundado en razones de mucha entidad (SCBA, Ac. 45797 S 14-5-1991, A y S 1991-I-710).

Y no concierne al juez ensayar una respuesta sobre el déficit cientí­fico de la pericia. Lo que sí­ corresponde es apreciar tal diligencia mediante parámetros vinculados con la colección de información, exámenes, respaldo empí­rico, fundamentos, exposición lógica de datos y conclusiones como ingredientes principales a la actividad destinada a formar convicción judicial a través de la sana crí­tica (doct. arts. 384, 474 CPCC).

Es que, si bien la pericial no es vinculante para el juez de la causa, éste debe tener fundadas razones técnicas para enervarlo. En la hipótesis, el magistrado debe contar con fundamentos cientí­ficos del mismo nivel y rigor probatorio que el elaborado por el experto, pues serí­a ilógico - como quedó dicho - que el sentenciante intente confrontar un dictamen de tal naturaleza con discrepancias de í­ndole subjetiva que nunca alcanzarí­an la entidad convictiva del informe, puesto que si éste no resulta fuera del contexto de las circunstancias de autos, ni encuentra demostrada al juzgador la inexactitud de sus conclusiones, no debe apartarse de ellas (CNCiv., Sala F, LL, 1982-D-249).

Del informe emanado del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Arturo Oñativia obrante a fs. 139/141, surge la atención recibida por los actores como consecuencia del accidente objeto de autos, donde se efectuaron las primeras curaciones. Refiere el mismo que Mauro Agustí­n al examen fí­sico presenta traumatismo de cara por accidente en la ví­a pública, sin pérdida de conocimiento.

A su vez, a fs. 315/325, obra informe emanado de OSECAC dando cuenta de la atención de ambos actores el dí­a de ocurrido el hecho. Con relación al coactor Mauro Toth refiere que se indicó reposo y nuevo control. Con relación al coactor Pablo Toth refiere que sufrió traumatismo cervical y ECS/PC con heridas en cuero cabelludo con un punto de sutura. Posee cuello semirí­gido y se le indicó reposo por siete dí­as

Del informe médico pericial obrante a fs. 227/229 emanado de la Dra. Elsa Daniela Castro, surge que la misma constató en ambos actores un sí­ndrome de latigazo cervical estimando una incapacidad parcial y permanente de la total obrera para Pablo Luis Toth del 15% y para Mauro Agustí­n Toth del 8%.

El mencionado informe mereció el pedido de explicaciones de la actora de fs. 238/239 y de la citada en garantí­a de fs. 250/251 los que fueran respondidos por el experto a fs. 254 y fs. 257 respectivamente con total rigor cientí­fico motivo por el cual no existe mérito para apartarme de sus conclusiones.

Aclara con relación al tratamiento kinesiológico que normativamente se indican diez sesiones, dependiendo del criterio del especialista, variando los valores a la fecha del dictamen desde los 200 pesos la sesión a nada si se realiza en un hospital o por obra social.

Sentado ello y conforme lo señalado supra, habré de concluir que para determinar la valuación de la incapacidad sobreviniente, por depender de circunstancias de hecho variables en cada caso y libradas a la prudente apreciación judicial, ha de atenderse a las condiciones particulares del damnificado y al modo en que el infortunio habrá de influir negativamente en todas las posibilidades de su vida futura.

No debe soslayarse, que las normas procesales en vigencia, exigen que el dictamen pericial contenga la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios cientí­ficos en que los peritos funden su opinión, asi es que su fuerza de convicción estimada por el juez, conforme con la sana crí­tica, los principios cientí­ficos en que se funde y las pruebas y elementos de convicción que la causa tenga (conf. doc. arts. 472 y 474 del Cód. Procesal). Por lo demás, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe prueba que lo desvirtué, la sana crí­tica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos cientí­ficos de mayor valor, aceptar sus conclusiones (arts. 384 y arts. cit. del Cód. Procesal; CC 102 MP 80462 RSI-577-91).

Por lo expuesto, teniendo en cuenta las conclusiones a las que arribé ut supra, la edad de las ví­ctimas al momento del hecho y sus demás condiciones personales, estimo justo elevar el monto establecido en la instancia de origen por el rubro en tratamiento, a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) a favor de Pablo Luis Toth y a la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000) a favor de Mauro Agustí­n Toth, lo cual dejo propuesto al Acuerdo (arts. 1086 del Cód. civil, arts. 165, 384 y 474 del ordenamiento ritual).

b.- Daño psí­quico y tratamiento de rehabilitación:

El daño psí­quico puede importar un daño patrimonial indirecto en tanto produce deterioros orgánicos que impiden el ejercicio habitual de la actividad laborativa de la ví­ctima, y en todo caso infligen un daño patrimonial directo al disminuir o afectar la integridad personal. La disminución de las aptitudes psí­quicas constituye un daño resarcible, cuando provoca una incapacidad total y permanente, pero también cuando la ví­ctima no desempeña al momento actividad alguna (Rey, Rosa-Rinessi, Antonio "La cuantificación del Daño. Sus implicancias" en "Cuantificación del Daño 2001-1" Edit. Rubinzal- Culzoni, pag. 45).

Al respecto, se ha señalado que el rubro indemnizatorio por incapacidad psí­quica, tiene una naturaleza diferenciada de las demás minusvalí­as (Sala I, Reg. Sent. Def. n° 265/96; 284/04 entre otros), representando el daño psí­quico una modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de sí­ntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etc. Por lo que resulta claro que no se lo debe vincular con la existencia o magnitud de las secuelas fí­sicas producidas por el hecho.

También hemos sostenido, que no se produce superposición al otorgarse una suma por incapacidad y otra por los tratamientos, especialmente si no existen constancias de los resultados de tales tratamientos al tiempo de la sentencia, porque debe tenerse especialmente en cuenta que la reparación del daño debe ser integral, es decir, comprender todos los aspectos del individuo, o dicho de otro modo, deben resarcirse las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente las actividades que el sujeto realizaba, como así­ también compensar de algún modo sus expectativas.

Reparar el daño no es siempre rehacer lo destruido; casi siempre suele ser darle a la ví­ctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido, porque el verdadero carácter del resarcimiento de los daños y perjuicios es un papel "satisfactorio" cargando el responsable con todas las consecuencias disvaliosas conectadas causalmente con la injustificada tardanza en el cumplimiento de la prestación resarcitoria (Zavala de Gonzalez, M. "Resarcimiento de Daños -2.a. Daños a las personas - Integridad psicofí­sica-, pág. 209). En lo concerniente al tratamiento del daño psicológico acaecido, es menester indicar que el hecho de que se haya concedido una suma por daño psicológico no es obstáculo para que se otorgue otra para el tratamiento psicoterapéutico dado que no se produce una duplicación de la indemnización que suple la minoración. El tratamiento apunta a evitar el empeoramiento de unos estados psicológicos de gravedad, y en todo caso a conseguir un progreso en la salud, pero no a recuperarla totalmente.

La perito psicóloga licenciada Susana Lidia Litman en su dictamen de fs. 282/283 refiere con relación al coactor Mauro Agustí­n Toth que el mismo padece un trastorno por estrés postraumático de curso crónico y grado leve con las lesiones psí­quicas correspondientes, estimando una incapacidad de grado leve de 8% permanente según el Baremo de los Doctores Castex y Daniel Silva.

Aconseja el inicio de un tratamiento con un abordaje psicoterapéutico que le brinde un espacio de contención por un lapso de cuatro meses y su costo por sesión de $ 300.

A su vez, a fs. 284/285 y con relación al coactor Pablo Luis Toth refiere que el mismo presenta una incpacaidad de grado leve de un 10% permanente, y aconseja la realización de tratamiento por un lapso de seis meses y su costo por sesión de $ 300.

El mencionado informe ha merecido el pedido de explicaciones de la citada en garantí­a de fs. 287/288 el que fuera respondido a fs. 295, no existiendo mérito para apartarme de las conclusiones arribadas en el mismo.

Sentado lo expuesto, teniendo en especial consideración lo señalado al tratar el rubro daño fí­sico en cuanto a la valoración que ha de efectuarse del dictamen pericial; tomando en cuenta el alcance de las lesiones, las condiciones personales de la ví­ctima y particulares circunstancias que emergen de la causa, considero razonable elevar el monto establecido en la instancia de origen por el rubro en tratamiento, a la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a favor de Pablo Luis Toth y a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000), a favor de Mauro Agustí­n Toth, incluyendo en ambos casos el costo del tratamiento indicado lo cual dejo propuesto al Acuerdo (arts. 165, 375, 384, 474 del C.P.C.C.; arts. 1068, 1083 del Cód. civil).

c.- Daño moral:

Con relación a tan particular daño, las partes contraponen argumentos en pos de que se modifique el monto asignado.

Al respecto, diré que la comisión de un acto antijurí­dico permite por si sola, presumir la existencia de agravio moral, es una prueba in re ipsa, surge inmediatamente de los hechos mismos (art. 1078 del Cód. Civ.).

El daño moral es aquel que afecta principalmente los derechos y atributos de la personalidad, de carácter extrapatrimonial, y su reparación tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son: la paz, la tranquilidad de espí­ritu, la libertad individual, la integridad fí­sica, el honor y los mas sagrados afectos. No requiere prueba especí­fica en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurí­dica (art. 1078 del C.C. Y su doctrina; SCBA 13-6-89, "Miguez Rubén y otro c/ Comarca S.A. y otro» -L 40.790- El derecho Tº 136 pág.526).

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado en casos similares que al no requerir prueba especí­fica alguna, ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurí­dica -daño in re ipsa- correspondiendo al responsable del hecho dañoso acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de dicho daño. (conf. causas Ac. 55.648, sent. Del 14-VI-96; Ac. 57.523, sent. del 28-V-96; L.38.931, sent. del 10-V-88 en A y S1988-II-114, entre otras).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha impuesto la doctrina que establece que el daño moral tiene carácter resarcitorio, el que surge de textos legales expresos (arts. 522 y 1078 del C.C.), no teniendo que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este ("Forni, Francisco y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Indemnización de Daños y Perjuicios» F 439.XXI, setiembre 7 de 1989).

Como bien dice Von Ihering, en "Ouvres Choisies» Paris, 1893, Tº II Pags. 154,155 y 179, al que sufre un perjuicio debe serle reparado no solamente por las pérdidas pecuniarias sino también por las restricciones llevadas a su bienestar, a sus conveniencias, por los disgustos, las agitaciones del espí­ritu que le han sido causadas. La persona, según este autor, puede ser lesionada por lo que es y por lo que tiene. En lo que es: su cuerpo, su libertad, su honor y en lo que ella tiene en sus relaciones con el mundo exterior.

No puede dejar de considerarse que la reparación del agravio moral corresponde no solo por lo dispuesto por los arts. 522 y 1078 del C.C., sino también por lo establecido en la Constitución Nacional al jerarquizar los tratados como el Pacto de San José de Costa Rica -art.11- (esta Alzada, Sala I RSD 53/00 y 270/05 entre otros).

La cuantificación del daño moral queda sujeta mas que cualquier otro concepto, al prudente arbitrio judicial, dependiendo del hecho generador, así­ como las particulares situaciones que en cada supuesto se verifican (SCBA Ac. 42.303, 3-4-90).

Tratándose de un perjuicio que por su propia naturaleza, no resulta mensurable, se debe recurrir entonces a pautas de razonabilidad, que intenten acercar equitativamente la tasación a la realidad del perjuicio.

Y en esa misma dirección, siendo que el daño moral es una alteración profundamente subjetiva e inescrutable, la apreciación debe ser naturalmente objetiva y abstracta. Para ello debe tomarse en consideración cual pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones que se halló el damnificado. (Bustamante Alsina, Jorge "Equitativa valuación del daño mensurable», en La Ley 1993-H-347 y ss).

Lo que se procura, en definitiva, es alcanzar un objetivo justo dentro de una seguridad mí­nima, que no priorice la situación del dañador, ni automatice la indemnización, desentendiéndose de las particularidades de cada suceso.

Dentro de dicho contexto interpretativo, estimo que la traducción económica del aludido quebranto que en el fallo se efectúa, no refleja de un modo prudente los sufrimientos espirituales de la ví­ctima. Por ello propongo, acogiendo la queja actoral, elevar el monto fijado en la sentencia apelada en lo relativo a la cuantificación de este rubro a la suma de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000) a favor de Pablo Luis Toth y a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) a favor de Mauro Agustí­n Toth (arts. 1078 del Cód. Civil, arts. 165 y 384 del C.P.C.C.).

d.- Gastos de asistencia médica, curación, farmacia, gastos de traslado y movilidad, tratamiento médico futuro:

Respecto a este rubro, cuya procedencia cuestionan ambas partes en sentido contrapuesto, desde ya que la falta de constancias de los gastos efectuados, conspira contra su precisa determinación, pero las máximas de la experiencia indican que en sintomatologí­as dolorosas se requiere la utilización de medicamentos o tratamientos paliativos, y que, en general, ciertos gastos no cuentan con una registración adecuada.

Al igual que en ese caso, en situaciones como la de autos, los traslados desde y hacia los institutos asistenciales, en pos de tratamiento y rehabilitación resultan imprescindibles e inevitables.

Aún cuando la ví­ctima sea atendida en establecimientos públicos o por cuenta de obra social, subsisten todo tipo de gastos -no siempre módicos- que deben ser solventados por el paciente.

Así­, la doctrina judicial atempera el rigorismo formal, por la dificultad de la obtención de documentación acreditatoria.

Resulta justo permitir el adecuado uso de la facultad otorgada a los jueces por el art. 165, tercer párrafo del Código Procesal, que, en la especie, entiendo se ha utilizado de manera equitativa y razonable por parte del Sr. Magistrado de la Instancia de origen, por lo que propongo al Acuerdo confirmar en el punto lo resuelto en la sentencia apelada (arts. 165, 375 y 384 del C.P.C.C.).

e.- Daños del automotor:

Viene apelado el monto indemnizatorio acordado por el a-quo por este rubro por la citada en garantí­a que sostiene que el mismo resulta desproporcionado y desajustado a los valores en plaza para la reparación de la unidad del actor.

En primer lugar, diré que la reparación en dinero apunta a restablecer cuantitativamente el patrimonio de la ví­ctima del hecho í­licito, de modo que queda eliminada la diferencia que existe entre la situación actual del patrimonio y aquella que habrá existido de no suceder tal hecho (arts. 1068 y 1083 del Cód. Civil). Y esto se consigue con el pago de la cantidad estimada por el perito, como costo de las reparaciones (art. 474 del C.P.C.C.).

La prueba por excelencia a los fines de acreditar los daños materiales experimentados por una cosa -en el caso un automotor-, está dada por la prueba de perito ingeniero mecánico, pues es la que tiene suficiente idoneidad para expedirse acerca de si los daños en cuestión tienen su razón de ser en el accidente materia del juicio, así­ como si el monto de la reparación se adecua a la naturaleza y extensión de los daños y a los valores que muestra la realidad económica. En consecuencia, la misma no se encuentra condicionada por la existencia o no de una factura o presupuesto, y goza de suficiente autonomí­a para acreditar fehacientemente el daño relativo a la destrucción parcial o total de una cosa. Por el contrario, es aquella prueba documental la que necesita de la complementación de la prueba pericial. A su vez, si todo indica que la cosa fue reparada y por la naturaleza de los daños no resultó necesario el examen de la cosa, el hecho de la reparación no obsta en modo alguno atendibilidad a esa prueba, pues lo que cuenta es la fundamentación que le da sustento.

En base a lo expuesto, y si bien los presupuestos y fotografí­as anexadas como prueba documental al escrito de inicio han sido desconocidas por la demandada y citada en garantí­a; lo cierto es que dichos instrumentos habrán de ser evaluados en su conjunto con las demás probanzas arrimadas en la causa y en especial con la prueba pericial mecánica.

Así­, del informe pericial de fs. 148/155 confeccionado por el ingeniero José D Alena, surge que el valor total de la reparación del rodado de la actora al momento del dictamen asciende a la suma de $ 6.270.

Teniendo en cuenta lo manifestado al respecto, considero justo el monto asignado por el presente rubro en concepto de costo total de reparación, por lo que propongo al Acuerdo su confirmación, desestimando la queja de la citada en garantí­a que lo cuestiona por excesivo.

f.- Privación de uso: Ha de decirse al respecto que, cuando una persona adquiere un bien determinado, en este caso un automotor, es lógico estimar que lo ha hecho con la expectativa de que ese objeto cumpla la función para la que está destinado, en pos del mejoramiento de la calidad de su vida.

Cuando esa función se ve impedida por el hecho de un tercero, queda plasmado un daño concreto y patrimonial a su titular, el cual se ve materializado en las erogaciones que, con toda seguridad, debe efectuar para suplir la prestación del servicio que el automotor le daba.

Se presume que quien tiene y utiliza un vehí­culo lo hace para satisfacer una necesidad.

La privación de uso de un vehí­culo, constituye un daño susceptible de indemnización, pues supone que quien tiene un automóvil, lo utiliza en todas sus actividades habituales, trabajo, traslado, esparcimiento, familiares, etc..

Acreditados los daños, va de suyo que las reparaciones necesarias importan un tiempo durante el cual la unidad siniestrada no pudo utilizarse.

Ya ha dicho esta Sala I, desde su anterior composición, que en los casos en que exista un informe pericial mecánico que acredite el daño y el tiempo necesario para su reparación, por aplicación de la norma del art. 2513 del Código Civil, que destaca el derecho de poseer la cosa propia, disponer y servirse de ella, se cumplen los extremos requeridos para la aplicación de las facultades que confiere al sentenciante, la norma del art. 165 del CPCC (CALZ Sala I RSD 29/98).

También se ha sostenido que la forma precisa de indemnizar la privación de uso, acudiendo en esencia a la facultad-deber del art. 165 del ordenamiento ritual debe traducirse con parquedad, para no suplir la carencia de prueba concreta del perjuicio que si se pretende exponer como de mayor entidad, debió venir con una adecuada demostración.

Que de la pericia aludida, surge que el tiempo estimado para la reparación del vehí­culo del actor ha sido de 12 dí­as.

Conforme el criterio precedentemente expuesto, y las consideraciones vertidas, considero que el monto estimado por el a-quo en la instancia de origen para la indemnización del presente rubro, resulta atinado y prudente motivo por el cual propongo al Acuerdo su confirmación.

3.- De la limitación de cobertura:

Este agravio habrá de ser desestimado, desde que de las constancias de las actuaciones surge que la citada en garantí­a ha sido declarada rebelde, por lo que no ha acreditado en el momento procesal oportuno la existencia de lí­mite de cobertura.

4.- De la tasa de interés:

Con relación a la tasa de interés, habré de compartir la solución que ha establecido esta Sala en autos "Ripani Enio Eugenio s/ Sucesión c/ Nortur SRL y ot. s/ Daños y Perjuicios" sentencia de fecha 30 de Octubre de 2.018 (RSD: 209/18), con voto de mi colega el Dr. Javier Alejandro Rodiño, haciendo mí­os los fundamentos expresados en dicha oportunidad, que infra paso a exponer y reproducir: "...En función de los argumentos que seguidamente expondré, adelanto que habré de proponer al acuerdo el rechazo del planteo esgrimido.

Para analizar en profundidad la cuestión sometida a decisión del Tribunal, debe necesariamente considerarse como punto de partida el pormenorizado desarrollo que sobre la temática hiciera la Suprema Corte de Justicia en los autos: "Ubertalli, Carbonino, Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverrí­a S/ Ds. y Ps.", antecedente en el cual se estableciera la fijación -para casos como el de autos- de la tasa pasiva más alta; en tanto entiendo que la doctrina allí­ sentada aún no se ha visto modificada por el dictado de los dos pronunciamientos posteriores, citados al inicio.

En efecto, no escapa al conocimiento del suscripto que tanto en el precedente "Vera" como en "Nidera" el alto Tribunal provincial dispuso la aplicación de una tasa pura del 6% anual (desde la fecha de mora y hasta el momento de la evaluación de la deuda) y en adelante la tasa fijada en "Ubertalli" y "Ginossi" (esto es, la tasa pasiva más alta); sin embargo, interpreto que los casos citados resultan acotados a su estrecho y particular ámbito cognitivo, sin que constituyan la modificación de la doctrina legal a la que hiciera alusión en el párrafo anterior.

Esto en tanto, las particulares circunstancias que revela el análisis de los fallos antes referenciados -causas en las que resultaba demandado el Estado Provincial, con mora superior a los 15 años, e incluso (en el precedente "Nidera") con perí­odos de interés comprendidos por la última ley de consolidación de deuda estatal-, bien pudieron configurar causas de excepción que motivaran el apartamiento, en esos casos concretos, de la directriz doctrinaria ordinaria.

En tal sentido, interpreto como un dato relevante que en tales precedentes se hubiese aplicado el artí­culo 772 del C.C. y C., pues tratándose de deuda de valor de larga data bien pudo considerar el Supremo Tribunal que la acumulación de una tasa elevada podrí­a generar un enriquecimiento indebido en favor del accipiens.

En ese particular contexto, considero que la extensión temporal de la mora y el sujeto pasivo del pleito justificaban -a efectos de evitar un desfasaje de la realidad al momento de practicar liquidación- la aplicación de una "tasa pura» como otrora también lo hiciera la Corte Suprema de Justicia Federal, o incluso la propia Corte provincial. (Conf. CSJN Fallos: 311:1249 entre otros en idéntico sentido).

Cabe señalar que aquélla solución, en el pasado, hallaba su correlato en la indexación del capital a la fecha del dictado de la sentencia, solución que luego del dictado de la ley de convertibilidad fuera reemplazada por la generalidad de los Tribunales de Justicia Nacionales y Provinciales, utilizando en deudas antiguas la tasa pura -del 6% o 8%- según fuera el caso hasta el 1/4/1991 -conforme Ley 23.928- y en adelante las tasas bancarias ya sea activa o pasiva según los criterios de cada juzgador y la doctrina legal imperante en cada perí­odo.

Retomando el hilo conductor del presente, pongo de resalto que la identidad del sujeto pasivo en los fallos analizados adquiere a mi modo de ver singular relevancia, pues existiendo perí­odos de deuda consolidada dentro del reclamo incoado particularmente en el fallo "Nidera", la fijación de una tasa superior en el primer perí­odo desde la fecha de mora podrí­a tener como correlato una repotenciación de la deuda allí­ reclamada, circunstancia que avasallarí­a el orden público de la normativa aplicable.

Sin embargo, y según mi parecer, tal solución no serí­a aplicable a otro sujeto pasivo que no sea el Estado, sea este nacional, provincial o municipal.

Motivos como los hasta aquí­ expuestos, gestaron oportunamente la sanción de la ley 24.283 (de "desindexación", según algunos autores, o de "acotación de la indexación", según otros) a través de la cual se propuso -según el autor del proyecto diputado Martí­nez Raymonda- poner un lí­mite al reajuste en atención a la incoincidencia de la lí­nea gráfica siempre ascendente de la indexación, relativamente a la cual "el valor de los bienes va rezagándose permanentemente". Y en ese sentido, se sostuvo en el proyecto preparado por la Comisión de Legislación General que "Son innumerables los casos en que la demanda indexatoria, finaliza con un resultado notablemente superior al verdadero valor de los bienes a sustituir" añadiendo que "Así­ como antes se producí­a un daño al acreedor, ahora se produce un daño al deudor, generándose un enriquecimiento sin causa en favor de los acreedores" (v. Diario de Sesiones de Diputados del 28.7.93, p. 1909 y ss.; cfr. también Senadores, versión provisional del 24.11.93).

Como fuere, el Congreso estimó pertinente establecer un lí­mite a los mecanismos indexatorios que debí­a estar dado por el valor real o actual del bien, de cuya disposición, goce o disfrute se veí­a ilegí­timamente privado el acreedor. Y ése es el alcance de la ley 24.283, que reconoce como antecedentes dos fallos de la Corte Suprema: "Cukierman" (11.9.90, ED, 140-300) y "Melgarejo" (7.9.93, ED 18.2.94, con nota de G. Bidart Campos "Los números y la justicia de cada caso"). (cfr. "LA MERIDIONAL CIA. ARGENTINA DE SEGS. S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. STOLT ENTENTE s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT. SENTENCIA. CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL. , 30/11/1994. SAIJ Sumario SUD0008478)

Ahora bien, analizadas las constancias concretas de ésta causa, no encuentro motivos que justifiquen el apartamiento de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte in re: "Ubertalli Carbonino, Silvia c/ Municipalidad de Estaban Echeverrí­a», toda vez que la misma además de emanar del Superior Tribunal Provincial, se corresponde con el criterio adoptado por ésta Sala con anterioridad a su dictado.

Esto en tanto los fundamentos arribados por la Suprema Corte bonaerense en dicho pronunciamiento, que debo destacar, eran similares a los esbozados por ésta Sala con anterioridad, constituyen incluso la traducción a la decisión jurisdiccional de lo dispuesto por la normativa vigente con posterioridad al mes de Agosto de 2015 (a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento de fondo), conforme se desprende del juego armónico de los arts. 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civil y Comercial.

Y digo esto último, por cuanto tampoco paso por alto que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación bien podrí­a haber tornado aplicables en esta materia nuevas pautas de modo inmediato, debido a que -como fuera expuesto en el capí­tulo preliminar- las leyes nuevas que modifican la tasa legal de interés moratorio deben igualmente aplicarse desde su entrada en vigor mismo a los créditos anteriores, aún en caso de mora anterior a la nueva ley, por todos los intereses que corran a partir de la entrada en vigencia de ésta última, ya que se trata de la evaluación de un daño que se produce todos los dí­as y queda por tanto sometido a los efectos de la nueva normativa, al tratarse de una situación jurí­dica cuyos efectos se propagan en el tiempo. (Cfr. Roubier, Paul, "Le Droit transitoire", reproducción de la edición de 1960, Dalloz, 2008, pp. 316 y 318, citado por Rivera, Julio C. en "Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones preexistentes y a los procesos judiciales en trámite, LL, 17/05/2015, p. 3)

Ello sentado, no puede pasar inadvertido por el Tribunal que es la propia norma (768 del C.C. y C.) la que determina respecto de los intereses moratorios que, salvo acuerdo de las partes o disposición de ley especial, los mismos serán determinados "por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central".

La normativa citada claramente difiere de su antecesora (art. 622 del Código Civil), en tanto aquélla fijaba el lí­mite -bajo los parámetros de las tasas bancarias oficiales- dentro del cual los jueces podí­an establecer el interés, pudiendo a su arbitrio determinar la cuantí­a del mismo sin que su fijación de una tasa pura pudiese resultar objetable.

Distinto es el actual escenario donde, como se explicó, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que los intereses moratorios deberán ajustarse a los parámetros de las tasas bancarias, sin que ésto excluya lo normado por el art. 772 de dicho cuerpo que determina la fijación actual de la deuda de valor.

Como bien es sabido, desde el caso "Rey c/ Rocha", de principios del siglo pasado, a los tres incisos del art. 14 de la Ley N° 48 se ha sumado un ámbito excepcional de intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la ví­a extraordinaria: el de la sentencia arbitraria.

Vale recordar que con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantí­a de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias probadas de la causa (Fallos: 321:3695 y 3423, entre muchos).

En tal sentido, la Corte Suprema ha descalificado en base a la doctrina de la arbitrariedad pronunciamientos en los cuales se efectuaban afirmaciones dogmáticas, carentes de sustentación objetiva, y que constituí­an fundamento sólo aparente de la decisión. (Fallos: 250:152; 252:40).

Concretamente, el Máximo Tribunal ha sostenido que "por medio de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantí­a de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa". (Fallos: 326:3180)

En consonancia con dicha tesitura jurisprudencial, el Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido que "el Juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada".

Sentado cuanto antecede, y como correlato de lo expuesto, debo manifestar que no habiendo sido cuestionada la constitucionalidad del art. 768 del Código Civil y Comercial no encuentro motivos para apartarme de su letra, razón por la cual los réditos devengados a partir de su entrada en vigencia deberí­an resultar de la aplicación una tasa bancaria, en los términos de la reglamentación del Banco Central.

Esta decisión, además de ajustarse al derecho vigente responde también a una cuestión técnica, pues necesariamente los vaivenes de la economí­a impactan en el crecimiento o retroceso de la tasa de interés bancaria que, con los ajustes establecidos por el Banco Central conforme a su competencia, constituye una adecuada solución respecto de los intereses moratorios cuando se aplican a un periplo de razonable extensión.

Incluso, entiendo que todo ello ya ha sido objeto de contemplación por parte de nuestro superior Tribunal, en tanto recientemente -aunque respecto de los intereses aplicables en materia de naturaleza alimentaria- sostuvo que "Los intereses devengados por los perí­odos desde la mora hasta la entrada en vigencia del nuevo Código habrán de regirse por la ley derogada y la doctrina de esta Suprema Corte establecida al respecto, según la cual deben calcularse a la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta dí­as vigente al inicio de cada uno de los perí­odos comprendidos y, por aquellos dí­as que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa. [Y] los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, habrán de ser calculados a la tasa activa más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, conforme lo establece en su artí­culo 552.". (conf. SCBA C 121747 S 04/07/2018, arts. 622 del Código Civil y 768 del Código Civil y Comercial de la Nación)

A lo expuesto debe sumarse que aún con posterioridad al dictado de los fallos "Vera» y "Nidera» -del 18/4/2018 y 3/5/2018 repectivamente-, con fecha 9 de mayo de 2018, la SCBA se expidió en autos "Hernández, Alejandro y otro C/ Municipalidad de Tres Arroyos y otros s/ Daños y Perjuicios», C. 119.370, determinando por mayorí­a la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta dí­as, desde la fecha del dí­a del hecho dañoso hasta el dí­a del efectivo pago conforme el precedente "cabrera», causa C.119.176.

Dicha tesitura fue corroborada en fallos aún más recientes, que sin perjuicio de referir a temáticas laborales al igual que el precedente "Hernandez», citado con prelación, refieren como antecedente al fallo "Cabrera», demostrándose así­ que la doctrina prohijada por el Superior Tribunal Provincial en la materia permanece incolumne. (SCBA LP 119373 S 19/12/2018, SCBA LP 119777 S 19/12/2018, SCBA LP 119611 S 19/12/2018 Juez SORIA, SCBA LP L. 118959 S 21/11/2018, SCBA LP L. 120564 S 21/11/2018, SCBA LP L 120392 S 24/10/2018, entre muchos otros en igual directriz)

De lo expuesto se deduce que -como ya lo he adelantado- los precedentes Vera y Nidera (que sustentan el agravio bajo tratamiento), resultan casos particulares que no conforman doctrina legal obligatoria ni representan el contundente criterio que ha demostrado el Superior Tribunal a través de un sin fin de pronunciamientos en contraria dirección.

Su aplicación, en consecuencia, implica forzar el razonamiento y la interpretación de esta particular temática hacia casos de excepción cuando, como se dijo, el precedente "Hernandez» de fecha 9/5/2018 resulta el más adecuado para interpretar la cuestión, por tratarse de un caso de daños y perjuicios tal y como ocurre en el "sub lite».

Como corolario de lo hasta aquí­ expresado, destaco también que el Juzgador de grado tampoco hizo mención alguna respecto a la fecha a la cual efectuó la valoración de la deuda, circunstancia ésta que además de lo precedentemente expresado, me persuade de confirmar el decisorio apelado en éste aspecto.

En definitiva, por los motivos hasta aquí­ expuestos, amalgamando las normas aplicables en el tiempo y la doctrina del superior Tribunal en la materia, propicio al acuerdo confirmar lo decidido en la instancia de grado en cuanto a la tasa de interés aplicable al presente caso (Cfr. SCBA, Ac. B62488, Sent. 18/05/2016, autos: "Ubertalli Carbonino, Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverria s/ demanda contencioso administrativa"; arts. 622 y 623 del Cód. Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928)"

Lo que así­ propongo al acuerdo

En base a estas consideraciones:

-VOTO POR LA NEGATIVA-

A la misma primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño, por consideraciones análogas, VOTA TAMBIEN EN EL MISMO SENTIDO.-

A la segunda cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi dice:

Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, corresponde revocar la sentencia apelada en el siguiente aspecto:

I.- Elevando las sumas en concepto de:

a) Incapacidad Fí­sica, a la suma de pesos ciento cincuenta mil ( $ 150.000) a favor de Pablo Luis Toth, y pesos ochenta mil ($ 80.000) a favor de Mauro Agustin Toth.

b) daño psí­quico y tratamiento de rehabilitación a la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a favor de Pablo Luis Toth y pesos cuarenta mil ($ 40.000) a favor de Mauro Agustí­n Toth.

c) Daño moral, a la suma de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000) a favor de Pablo Luis Toth y pesos cuarenta mil ($ 40.000) a favor de Mauro Agustí­n Toth

II.- Confirmando la sentencia apelada en lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios.

III.- Imponer las costas de Alzada a la demandada y citada en garantí­a quienes continúan perdidosas (art.68 del C.P.C.C). Los honorarios profesionales se regularán en su oportunidad (Ley 8904).

-ASI LO VOTO-

A la misma segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño, por compartir fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.-

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente

-SENTENCIA-

En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada no es í­ntegramente justa por lo cual debe revocarse en la medida del recurso y agravios. Con costas de Alzada a la demandada y citada en garantí­a que continuan perdidosas en el pleito (art.68 del C.P.C.C).-

POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, revocase la sentencia apelada en el siguiente aspecto:

I.- Elevando las sumas en concepto de:

a) Incapacidad Fí­sica, a la suma de pesos ciento cincuenta mil ( $ 150.000) a favor de Pablo Luis Toth, y pesos ochenta mil ($ 80.000) a favor de Mauro Agustin Toth.

b) daño psí­quico y tratamiento de rehabilitación a la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a favor de Pablo Luis Toth y pesos cuarenta mil ($ 40.000) a favor de Mauro Agustí­n Toth.

c) Daño moral, a la suma de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000) a favor de Pablo Luis Toth y pesos cuarenta mil ($ 40.000) a favor de Mauro Agustí­n Toth

II.- Confirmando la sentencia apelada en lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios.

III.- Imponer las costas de Alzada a la demandada y a la citada en garantí­a quienes continúan perdidosas (art.68 del C.P.C.C). Los honorarios profesionales se regularán en su oportunidad (Ley 8904). Regí­strese. Notifí­quese en formato papel de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artí­culo 143 del rito y el artí­culo 8 del "Protocolo para la notificación por medios electrónicos" (Ac. N° 3845) y, consentida o ejecutoriada, devuélvase a la instancia de origen.