Accidente In Itinere Aplicacion De Oficio De La Ley 26773 Vulneracion Del Principio De Congruencia

JURISPRUDENCIA

Accidente in itinere. Aplicación de oficio de la ley 26773. Vulneración del principio de congruencia

 

En el marco de una demanda laboral sobre accidente in itinere, se revoca la sentencia que dispuso calcular el crédito de la actora de acuerdo con las disposiciones de la Ley 26773 en tanto en ningún momento a lo largo del pleito pretendió la reclamante algo diferente de la prestación establecida en la Ley especial liquidada conforme el Decreto 1.694/09, por lo que el a quo se excedió en su función al juzgar aplicable en la especie la primera norma referida.

 

 

En la ciudad de La Plata, a 10 de octubre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Pettigiani, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.084, "Manzano, Miguelina Andrea contra Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere".

ANTECEDENTES

El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel perteneciente al Departamento Judicial de San Martí­n hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 192/196 vta.).

Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 212/224 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente in itinere que sufrió el dí­a 20 de septiembre de 2011, mientras se trasladaba desde su domicilio hacia su lugar de trabajo, la señora Miguelina Andrea Manzano padece una incapacidad laboral permanente parcial que, incluidos los factores de ponderación, la invalida en un 34% del í­ndice de la total obrera (v. vered., fs. 192/193 vta.).

En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado condenó a la aseguradora al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el í­ndice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773.

Puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante lo cuantificó inicialmente en la suma de $31.119. Empero, consideró que, por aplicación del "piso" indemnizatorio establecido por el decreto 1.694/09, dicha prestación no podí­a ser inferior a $61.200 (v. sent., fs. 195).

Luego, entendió que correspondí­a revalorizar el importe por aplicación del í­ndice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado í­ndice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social arrojaba un coeficiente de 3,13, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $191.556 ($61.200 x 3,13; v. sent., fs. 195 y vta.).

Finalmente, dispuso que al monto de condena resultante se le aplicaran intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta dí­as mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha de exigibilidad (20 de septiembre de 2011) hasta su efectivo pago (v. fs. 195 vta.).

II. Contra la decisión de mérito, se alza la legitimada pasiva mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 44 de la ley 11.653; 17 y 18 de la Constitución nacional; decretos 1.694/09 y 472/14; leyes 23.928 y 25.561 y de la doctrina legal de esta Corte que cita.

Ensaya los siguientes agravios:

II.1. En primer lugar, critica la aplicación al caso de la ley 26.773.

Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad de la trabajadora acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 -es decir, mientras era aplicable el decreto 1.694/09-, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (art. 7, Cód. Civ. y Com.) y afecta los derechos de defensa y propiedad consagrados en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.

Plantea formalmente su inaplicabilidad al caso y destaca que, de hecho, el actor no requirió expresamente su aplicación sino que pretendió -exclusivamente- la aplicación del decreto 1.694/09.

Denuncia violada la doctrina legal emergente de la causa L. 116.513, "Orellana", sentencia de 26-III-2014, destacando que este Superior Tribunal se pronunció por la no aplicación del decreto 1.694/09 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a su entrada en vigencia.

En este marco, alega -además- que lo resuelto se aparta de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), donde el Alto Tribunal declaró inaplicables las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 a una contingencia cuya primera manifestación invalidante ocurrió con anterioridad a su entrada en vigencia.

II.2. Por otro lado, señala que el a quo aplicó erróneamente la ley 26.773 y el decreto 472/14 al utilizar el í­ndice RIPTE sobre el importe de condena.

Sostiene que la decisión es contraria a aquella normativa, toda vez que no dispone que el mentado mecanismo deba ser aplicado del modo en que se determinó en el fallo de grado.

II.3. Además, cuestiona el quantum indemnizatorio establecido en la sentencia. En este aspecto manifiesta que la decisión del tribunal es absurda en tanto entiende que la cuantificación realizada no resulta razonable. Entiende que en el caso se ha vulnerado la doctrina legal de esta Corte que cita.

II.4. Finalmente, critica la parcela del fallo por la que se la condena a abonar intereses conforme la tasa pasiva denominada "digital".

En sustancia, afirma que el tipo utilizado no se ajusta a la doctrina legal de esta Corte que emerge de los precedentes L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009); entre otras.

III. El recurso prospera parcialmente.

III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayorí­a que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que esgrimí­ al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.

III.2. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.

Si bien el accidente in itinere que da lugar a estas actuaciones ocurrió en septiembre de 2011, la demanda en reclamo de la reparación de la incapacidad derivada de aquel infortunio se dedujo -según constancias del cargo impuesto a fs. 29- el 16 de agosto de 2013. En esa oportunidad la parte actora practicó liquidación de su crédito con fundamento en el decreto 1.694/09 (v. fs. 25 y vta.). Así­ las cosas, es fácil advertir que la accionante pudo -y nunca así­ lo hizo pese a que la norma se encontraba vigente a la época en que interpuso la demanda- peticionar la aplicación de la ley 26.773. Por el contrario -como ya se dijo- liquidó su crédito solicitando expresamente la aplicación del piso indemnizatorio previsto en el decreto 1.694/09, omitiendo toda referencia a la ley mencionada y al mecanismo de actualización periódica por RIPTE en ella previsto. Nada dijo, tampoco, a lo largo del trámite de la causa en el que, incluso, desistió del derecho a alegar.

En razón de lo expuesto, y toda vez que -como se ve- en ningún momento a lo largo del pleito, pretendió la actora algo diferente de la prestación establecida en la ley especial liquidada conforme el decreto 1.694/09, el a quo se excedió en su función al juzgar aplicable en la especie la ley 26.773.

A tenor de lo expuesto, corresponde concluir que acierta la recurrente cuando denuncia la violación del art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y pone de relieve que la peticionaria "...pretendió exclusivamente la aplicación del Decreto Nro. 1694/09" (fs. 214), toda vez que la congruencia se vulnera cuando el juzgador introduce en forma sorpresiva una cuestión que -claramente- las partes dejaron fuera de debate al solicitar expresamente la actora que su crédito se liquidara conforme las pautas previstas en una norma anterior a la que en definitiva decidió aplicar el a quo.

En consecuencia, debe revocarse el pronunciamiento de grado en cuanto dispuso calcular el crédito de la actora de acuerdo con las disposiciones de la ley 26.773, pese al indubitado alcance patrimonial que esta última dio a su pretensión.

III.3. Respecto de los agravios concernientes al modo de cálculo del ajuste por el í­ndice RIPTE y la crí­tica destinada a censurar el quantum indemnizatorio que el a quo fijó, no corresponde abordarlos en virtud de lo resuelto en el apartado anterior, donde se propuso revocar la actualización del importe de condena dispuesta por el tribunal con base en la ley 26.773. Ello así­, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 98.067, "Roldán", sent. de 9-XII-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014).

III.4. En otro orden, debe ser rechazada la crí­tica orientada a controvertir la tasa de interés cuya aplicación se determinó en el fallo impugnado.

El juzgador de origen dispuso que los intereses se liquidarí­an por los plazos que especificó conforme la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta dí­as a través del sistema "Banca Internet Provincia".

Sin perjuicio de que no he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal en materia de tasa de interés actualmente vigente en el fuero, toda vez que, como reiteradamente lo he expresado, la ley 14.399 es -en mi opinión- constitucional y por ende aplicable en casos como el presente, el modo como ha quedado resuelta la cuestión en la instancia anterior -consentido por la parte actora- y el principio que veda la reformatio in pejus determinan que deba analizar la supuesta infracción de doctrina legal denunciada por la demandada.

En ese contexto no encuentro que tal transgresión se haya configurado en la especie habida cuenta que el tribunal de origen aplicó la tasa pasiva en una de sus variantes posibles, esto es, la que paga el Banco provincial en las operaciones de depósito a treinta dí­as mediante el sistema "Banca Internet Provincia", decisión que -además- se ajusta a lo resuelto por esta Suprema Corte -por mayorí­a en la que no participé- en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, en cuanto precisó que corresponde la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traí­do y revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó en autos la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.

Costas en el orden causado, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso prospera parcialmente.

I.1. En principio, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayorí­a- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar"; L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí­ establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).

I.2. Sentado lo anterior, merece favorable recepción el agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773, ceñido al abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia juzgó el caso.

Esta Corte tiene dicho que en lo que respecta a su ámbito temporal de aplicación, la citada ley ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurí­dicas que anteriormente habí­an establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, tales lineamientos han sido establecidos en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, ello, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).

A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09 -y no así­ la ley analizada-, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso, y revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí­ se determinó el importe de las prestaciones dinerarias con apoyo en lo dispuesto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.

I.3. A tenor de lo resuelto, no cabe abordar los planteos dirigidos a rebatir el modo en que hubo de aplicarse el í­ndice RIPTE y a censurar el quantum indemnizatorio fijado por el a quo, pues no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009 y L. 101.057, "Garcí­a", sent. de 13-VII-2011).

I.4. Finalmente, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.

Para así­ decidir, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite, habré de reproducir la parte pertinente del voto que emitiera la doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), al que presté mi adhesión, por resultar sus consideraciones concordantes con las que expuse al sufragar en primer término en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).

I.4.a. Conforme se desprende de lo reseñado, en el pronunciamiento atacado se dispuso la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta dí­as a través del sistema "Banca Internet Provincia", esto es, la tasa pasiva en la variante denominada "digital" (v. fs. 196).

I.4.b. En la citada causa L. 118.587, esta Suprema Corte por mayorí­a que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que vení­a manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta dí­as, vigente al inicio de cada uno de los perí­odos comprendidos; y, por aquellos dí­as que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).

Por otro lado, por los fundamentos vertidos en el voto mayoritario, a los que me remito en honor a la brevedad, estableció las razones por las cuales no es dable afirmar que los créditos laborales constituyen alimentos stricto sensu, en consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de dichas acreencias (v. voto del colega doctor de Lázzari en los precedentes citados, y éste contrapuesto a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en las mismas causas), descartando la aplicación del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

I.4.c. Se sigue de ello, que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que también corresponde desestimar la réplica en este tramo.

II. En virtud de todo lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traí­do y revocar el pronunciamiento en cuanto dispuso la aplicación de las normas contenidas en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara en el caso.

En la instancia de origen deberá practicarse nueva liquidación con arreglo a lo que aquí­ se decide.

Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, atento el progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en los puntos I.1., I.2. y I.3. de su voto.

I.2. En torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, entiendo que el agravio debe ser desestimado.

En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte -por mayorí­a-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que vení­a manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta dí­as, vigente al inicio de cada uno de los perí­odos comprendidos y, por aquellos dí­as que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016); entre otros.

Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentí­n", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayorí­a de esta Suprema Corte de Justicia.

II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme lo establecido en el punto II del voto emitido por el doctor Soria.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I.1. En primer lugar, adhiero al voto del doctor Soria en cuanto sostiene que el recurso ha sido bien concedido.

I.2. Luego, con las siguientes consideraciones, comparto el sufragio del referido colega en cuanto al agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.

En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a su vigencia temporal, propiciando -por los motivos allí­ expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.

Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traí­do, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).

Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capí­tulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).

A tenor de lo señalado, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso en cuanto en el fallo se dispuso ajustar el capital de condena conforme las prescripciones de la ley 26.773, la que debe declararse inaplicable al caso.

I.3. En lo que respecta a los agravios dirigidos a rebatir el modo de aplicación del í­ndice RIPTE y a cuestionar el quantum indemnizatorio fijado por el juzgador de grado, comparto lo manifestado en el punto I.3. del sufragio emitido en segundo término.

I.4. Finalmente, el cuestionamiento referido a la tasa a la que se calcularán los intereses devengados merece una especial consideración a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-, a pesar de que a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todaví­a no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Dí­az", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).

Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe" como en C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo habí­a hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debí­an calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minorí­a, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así­ su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta dí­as. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).

En función de lo dicho, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y adhiero, por estas otras razones, al voto del doctor Soria y a su propuesta de desestimar este tramo del recurso deducido.

II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traí­do, con los alcances expresados en el punto II del voto del doctor Soria.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I.1. Adhiero al sufragio del doctor Soria y a su propuesta de declarar inaplicable al caso las disposiciones de la ley 26.773; esto último de conformidad con los fundamentos que expuse al votar en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), que doy aquí­ por reproducidos en razón de brevedad.

I.2. En orden a los intereses, también he de coincidir con la definición que contiene el voto del citado colega; ello, conforme las consideraciones que brindé al emitir mi sufragio en las causas L.118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-V-2016), a las que remito también por razones de brevedad.

II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traí­do, con los alcances expresados en el punto II del voto del doctor Soria.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayorí­a de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia de grado en cuanto ordenó aplicar la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.

Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.

Cor relaciones

Gómez, Hugo Oscar c/Transportes Nueva Chicago C.I.S.A. s/Despido   - Sup. Corte Just. Bs. As. - 11/07/2007

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