Acción de amparo. Cobertura de medicamento. Recurso de apelación. Deserción

Se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el pronunciamiento que admitió la medida cautelar solicitada y se ordena a la demandada que le provea al accionante la cobertura del 100% de la medicación requerida por su médico tratante, en virtud de la enfermedad que padece.

Buenos Aires, 12 de febrero de 2015.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 43/45 (concedido con efecto devolutivo a fs. 46), contra la resolución de fs. 34/36, cuyo traslado fue contestado por la actora a fs. 47/48, y

CONSIDERANDO:

I. El Sr. Juez de primera instancia admitió la medida cautelar solicitada por la Sra. M.C.S. y ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que le provea la cobertura del 100% de la medicación requerida por su médico tratante "INFLIXIMAB» en virtud de la enfermedad que padece ("Enfermedad de Bechet») y hasta que se dicte sentencia definitiva.

Contra dicha decisión se alzó la demandada, quien alega -básicamente- que no existió conducta arbitraria de su parte y que la actora no cumplió debidamente con el trámite administrativo previo.

II. Dado los términos en los cuales el PAMI ha planteado sus agravios, cabe recordar, inicialmente, que el art. 265 del Código Procesal establece que el escrito de expresión de agravios debe contener la crí­tica concreta y razonada de las partes del decisorio que el apelante considere equivocadas, no bastando remitirse a presentaciones anteriores.

Así­, pues, las quejas expuestas deben alcanzar un mí­nimo de suficiencia técnica en los términos de la norma citada, en tanto la finalidad de la actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan un mero desacuerdo con lo resuelto y en modo alguno se hacen cargo del claro enfoque jurí­dico utilizado por el a quo para resolver la cuestión controvertida (conf. esta Sala, causa 5233/98 del 22-3-01).

En este sentido, el memorial aludido no reúne mí­nimamente la condición apuntada, pues disentir con la solución judicial sin fundamentar debidamente su oposición o sin dar bases jurí­dicas a un distinto punto de vista, no constituye tal acto procesal (conf. esta Sala, causas 39.397 del 17-7-97 y 1/00 del 27-3-02 y sus citas, entre otras).

En efecto, la recurrente no se hace cargo de los fundamentos en los cuales el señor juez sustentó su resolución, en cuanto a la provisión del medicamento requerido por la actora en virtud de la enfermedad que padece y cuya prescripción se encuentra debidamente justificada con la documentación adjunta a fs. 3/7.

Por otra parte, la Sra. M.C.S. ha agotado la ví­a administrativa correspondiente, recibiendo una respuesta dilatoria por parte del PAMI (conf. fs. 8/11), lo cual no se condice con la obligación de los Agentes de Seguro de Salud de velar primordialmente por la salud de sus afiliados.

III. Con relación al peligro en la demora este Tribunal ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tener por acreditado tal recaudo, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (conf. causas N° 6655/98 del 7-5-99-, 436/99 del 8-6-99. 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99, 1056/99 del 16-12-99 y 9884/06 del 26-12-06; en ese sentido, ver Fassi - Yañez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota N° 13 y Podetti, "Tratado de las medidas cautelares», pág. 77, N° 19).

Consecuentemente, el mantenimiento de la medida dictada por el Sr. Juez es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad fí­sica de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los Pactos Internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquí­a constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; conf. esta Sala causas N° 22.354/95 del 2-6-95, 53.078/95 del 18-4-96, 1251/97 del 18-12-97, 436/99 del 8-6-99, 7208/99 del 4-11-99, 53/01 del 15-2-01 y 2038/03 del 10-7-03, entre otras).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE; declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas (art. 68 del CPCCN).

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18-11-2013, deberán registrar, validad y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (Acordada CSJN N° 31/11 y 38/13 -B.O. 17/10/13-).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regí­strese, notifí­quese -oportunamente publí­quese- y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo