Acción de amparo. Decreto 644/89. Registro de la Propiedad Automotor. Concurso de antecedentes. Inscripción tardí­a. Medidas cautelares

Se revoca la resolución apelada y se ordena admitir precautoriamente la inscripción y participación del actor en un concurso público de antecedentes para el cargo de encargado titular de un Registro Seccional de la Propiedad Automotor, sin consideración del lí­mite de edad previsto en el artí­culo 2 -inciso d- del decreto 644/89 y siempre que cumpla con los demás requisitos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva o venza el plazo de tres meses (lo que ocurriese primero). Ello así­, de manera de evitar que los derechos comprometidos se tornen de imposible reparación ulterior al tiempo de dictarse la decisión final.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017.

VISTOS:

El recurso de apelación deducido por el actor a fs. 66/69 y vta. contra la resolución de fs. 61/62, que desestimó la medida cautelar tendiente a admitir su inscripción y participación en un concurso público de antecedentes; y

CONSIDERANDO

1º) Que, el 19 de setiembre de 2017, el actor promovió una acción de amparo con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad del art. 2º, inc. d, del decreto 644/89, en cuanto fija en sesenta años el lí­mite de edad para ser designado encargado titular de un Registro Seccional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, y se condenase a la demandada a permitir su participación en el concurso público de antecedentes 189 para cubrir el cargo de encargado titular del Registro Seccional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios nº 8 de la Capital Federal, convocado por la disposición DI-2017-356-APN-DNRNPACP#MJ, sin tomar en cuenta el lí­mite de edad previsto en el art. 2º, inc. d, del decreto 644/89.

Asimismo, solicitó una medida cautelar con el objeto de que (i) se admita su inscripción y participación en el concurso público de antecedentes 189, sin tomar en cuenta el lí­mite de edad previsto en el art. 2º, inc. d, del decreto 644/89; y (ii) se suspenda cualquier decisión definitiva en tal certamen hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos. A tal fin, entendió acreditada la verosimilitud de su derecho mediante citas jurisprudenciales y, el peligro en la demora, en los plazos perentorios del concurso, el cual -sin la tutela pretendida- concluirí­a sin su participación. En este último sentido, resaltó las inversiones de infraestructura realizadas en el inmueble del registro seccional nº 8, en el que habí­a sido designado interventor en 2014, tras el fallecimiento de su hermano, quien fue el anterior encargado titular (fs. 2/17 y vta).

2º) Que, el 20 de octubre de 2017, la jueza de grado denegó la tutela pretendida, de conformidad con lo dictaminado por la fiscal de la instancia (fs. 60), con fundamento en la ausencia de verosimilitud del derecho, a tenor de la necesidad de valorar cuestiones que exceden este marco incidental y resultan propias de una sentencia de mérito. Sobre dicha base, entendió inoficioso el examen del peligro en la demora invocado (fs. 61/62).

3º) Que el recurrente insistió en la configuración del fumus boni iuris y citó en apoyo de su posición distintos precedentes jurisprudenciales que entiende aplicables al caso (fs. 66/69 y vta). Asimismo, acompañó -en esta instancia- copia de la providencia PV-2017-25379277-APN-DRS#MJ, del 25 de octubre de 2017, que rechazó su inscripción en el concurso, en virtud de lo establecido en el art. 2º, inc. d, del decreto 644/89 (fs. 71/74).

4º) Que, ante todo, conviene recordar que las sentencias de los tribunales deben ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, aunque sean sobrevinientes al recurso (con. doctrina de Fallos: 259:76; 267:499; 311:787, 329:4717, entre otros). Máxime, cuando la materia sometida al proceso de amparo tiene una dinámica que no permite una ponderación de manera consolidada al momento de deducir el escrito postulatorio, sino que exige el examen de su desarrollo en tiempo real, siempre -claro está- dentro de los lí­mites procesales que autoricen la ampliación de la demanda, la alegación de hechos nuevos en la instancia de origen o en la alzada o, en su caso, la invocación de los hechos modificativos o extintivos debidamente probados durante la sustanciación del pleito (art. 163, inc. 6º, CPCCN).

Ello exige tener en cuenta, como se verá más abajo, el dictado de la disposición DI-2017-356-APN-DNRNPACP#MJ, que dispuso el cierre de la inscripción en el concurso 189 para el 23 de octubre de 2017, término que -cabe aclarar- ya se encontraba cumplido al momento de deducir la apelación (fs. 35/vta y 69/vta). Asimismo, la providencia PV-2017-25379277-APN-DRS#MJ, del 25 de octubre de 2017, que rechazó la inscripción del actor en el concurso, en virtud de lo establecido en el art. 2º, inc. d, del decreto 644/89 (fs. 71/74). Finalmente, conforme surge del cronograma de concursos para la designación de encargados titulares (www.dnrpa.gov.ar), el 28 de noviembre de 2017, se fijó el examen teórico para el concurso 189.

5º) Que, sobre dicha base, la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto, lo que no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurí­dica (Fallos 330:1261 y 3126). Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquéllo que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 306:2060; 316:2855; 317:243; 318:532 y 2374; 319:1325; 320:1093; 326:3351 y 4572; 327:1305, 2738 y 3202; 330:1915, 2470, 2610 y 5226, entre muchos otros). Es que si el juez estuviese obligado a extenderse en consideraciones respecto de las distintas circunstancias que rodean la relación jurí­dica, peligrarí­a la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción (doctrina de Fallos: 326:1248 y 4409; 329:2949; 332:2139)

En tales condiciones, se verifica en autos la apariencia o verosimilitud en el derecho invocado, a tenor de los pronunciamientos de otras Salas de esta Cámara invocados por el actor (Sala III, expte. 5523/02, "Lo Prete, Gerardo Rafael s/ amparo ley 16.986», resol. del 30 de setiembre de 2004 -firme-; y Sala V, expte. 22929/2010 "Caamaño, Analí­a c/ EN - M Justicia - DNRPA s/ proceso de conocimiento», resol. del 22 de diciembre de 2015 -fue objeto de recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pendiente de tratamiento-), sin que ello implique en modo alguno adelantar un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión ni la efectiva aplicación de tales precedentes al caso de autos, examen propio de la sentencia definitiva que excede el estrecho marco de conocimiento precautorio.

Asimismo, los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor peligro en la demora puede atemperarse el rigor acerca del verosimilitud en el derecho y viceversa (esta sala, "Arte Radiotelevisivo Argentino SA", sent. del 16/04/98, entre muchos otros), en la medida en que ambos recaudos se hallan presentes. En este sentido, las circunstancias que se expondrán más abajo exigen una ponderación menos rigurosa del presente recaudo.

Toda vez que la juez de grado se limitó al examen de la verosimilitud del derecho, lo expuesto es suficiente para admitir el recurso y revocar la resolución de fs. 61/62.

6º) Que, a la luz de la decisión precedente y de la prohibición de reenví­o (art. 253 in fine CPCCN), se verifica en autos la reversión de la jurisdicción en favor de esta alzada para el tratamiento del resto de los requisitos de la pretensión precautoria formulada en la instancia de origen, que fueron preteridos por la juez a quo por el modo en que resolvió (esta Sala, causa nº 68640/2015/CA1, "Urbaland Argentina SA c/ EN - AFIP - DGI s/ medida cautelar autónoma», resol. del 11 de agosto de 2016).

7º) Que para acceder a cualquier medida precautoria debe evidenciarse fehacientemente el peligro en la demora que la justifique, el que debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (Fallos 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695 y 2278; 323:337 y 1849).

Tal evaluación exige ponderar tanto el gravamen que producirí­a la ejecución del acto individual de aplicación del reglamento aquí­ cuestionado (denegatorio de la inscripción al concurso) si al cabo del proceso fuera declarado ilegí­timo, como aquél que resultarí­a de la suspensión temporal de aquel requisito de edad con la consecuente inscripción y participación en el concurso público de antecedentes, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión.

Este balance arroja un saldo favorable al otorgamiento de la tutela en este juicio, ya que su denegatoria tornarí­a abstracta la cuestión sometida a este pleito y privarí­a al instituto cautelar de cumplir con su función propia de asegurar el objeto procesal; mientras que su concesión no causarí­a perjuicio al interés público ni al resto de los postulantes del concurso en el estado que se encuentra al presente, toda vez que la inscripción que se autoriza no importa desplazamiento alguno de los postulantes ya inscriptos.

En efecto, el procedimiento para la designación de encargados titulares de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor -sustancialmente regulado por la resolución 238/03- establece una serie de etapas (inscripción, evaluación de antecedentes, examen teórico y examen práctico) para la elaboración de una terna resolución.

Si bien la disposición DI-2017-356-APN-DNRNPACP#MJ dispuso el cierre de la inscripción en el concurso 189 para el 23 de octubre de 2017, término que ya se encontraba cumplido al momento de deducir la apelación (fs. 35/vta y 69/vta), lo cierto es que los efectos perentorios de tales plazos no resultan oponibles al juez, quien puede ordenar precautoriamente una inscripción tardí­a, siempre que no se afecten principios sustanciales del procedimiento competitivo, extremo que no se advierte en el sub lite.

8º) Que, sobre dicha base, la presente medida se limita a suspender precautoriamente la providencia PV-2017-25379277-APN-DRS#MJ, así­ como el art. 2º, inc. d, del decreto 644/89, permitiendo la inscripción del actor al concurso 189 sin tomar en cuenta el lí­mite de edad y, en caso de que reúna las condiciones exigidas, su participación, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos o se cumpla el plazo de tres meses, lo que ocurra primero (arts. 5º y 19, ley 26.854).

Por otra parte, si bien el referido acto individual de aplicación (PV-2017-25379277-APN-DRS#MJ), valorado por el Tribunal en los términos del art. 163, inc. 6º, CPCCN, no fue objeto de impugnación judicial en la medida en que fue sobreviniente a la presentación de la demanda, lo cierto es que fue incorporado antes de la traba de la litis, circunstancia que habilita una eventual ampliación de aquélla. A tal fin, corresponde precisar el carácter anticipado de esta medida precautoria respecto de tal impugnación (art. 195, primer párrafo y 204, CPCCN), razón por la que también resultará de aplicación el plazo de caducidad establecido por el art. 207 del CPCCN.

9º) Que el limitado alcance sustancial y temporal de la tutela dispuesta no permite vislumbrar una afectación del interés público vinculado a la selección de la persona más idónea para ocupar el cargo en cuestión. Antes bien, podrí­a resguardarlo, en caso de una eventual sentencia estimatoria de la pretensión.

10º) Que, por último, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de la tutela requerida, resulta suficiente fijar una caución juratoria, que deberá prestar el actor ante esta alzada (art. 17, ley 16.986 y 199, CPCCN).

En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE: admitir el recurso, revocar la resolución apelada y, previa caución juratoria, suspender precautoriamente la providencia PV-2017-25379277-APN-DRS#MJ así­ como el en el art. 2º, inc. d, del decreto 644/89. En consecuencia, la demandada deberá provisoriamente permitir la inscripción del actor al concurso 189 en los términos expuestos, sin tomar en cuenta el lí­mite de edad y siempre que cumpla los demás requisitos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos o venza el plazo de tres meses, lo que ocurra primero (arts. 5º y 19 de la ley 26.854), sin perjuicio del plazo de caducidad establecido por el art. 207 del CPCCN.

Regí­strese, notifí­quese a la actora y -una vez prestada la caución- a la demandada. Oportunamente, devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

  Correlaciones:

Ley 26854 - BO: 30/04/2013