Astreintes. Sanción conminatoria. ANSES. Objeto. Requisitos

Se confirma la resolución que fijó la sanción conminatoria –astreintes- a la demandada por cada dí­a hábil administrativo de demora en el cumplimiento de la sentencia dispuesta en autos. Para decidir de este modo, se tuvo en cuenta el objetivo principal compulsivo de la medida y la autoridad del Poder Judicial para vencer la resistencia de órgano autárquico de la administración pública en cumplir lo ordenado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de junio de 2016

VISTO:

El recurso de apelación que formula el ente previsional contra la resolución de fecha 6 de julio de 2006 que resuelve, en razón de lo dispuesto por esta Sala a fs. 196/199 del principal en cuanto al apercibimiento a aplicar en caso de incumplimiento, fijar a favor de la parte actora en concepto de astreintes la suma de veinte pesos diarios por cada dí­a hábil administrativo de demora en el cumplimiento de la sentencia;

Y CONSIDERANDO:

I) Que el recurso no puede tener favorable recepción, en razón de que el artí­culo 23 de la ley 24.463 ha sido abrogado por el art. 1° de la ley 26.153 el que, por referirse a normas de neto carácter procesal, es de aplicación inmediata a los procesos en trámite.

II) En primer término, cabe señalar que recientemente esta Sala se ha expedido en la causa principal caratulada "Asociación Civil de Abogados Previsionalistas y Otro c/ Estado Nacional- M° de Trabajo y el Empleo, Sec. Seg. Soc y Otro s/Amparos y Sumarí­simos», expediente n° 37.033/2000, sentencia del 30/03/2016 resolviendo, entre otras cosas, el rechazo de la excepción de prescripción que dedujera la codemandada ANSeS contra la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Se indica que la quejosa no acredita el cumplimiento de la manda judicial y justifica su proceder en el dictado de nuevas medidas de gestión que fueran implementadas por la administración, circunstancia que evidencia que, si bien ha tomado medidas tendientes a facilitar el acceso al sistema, éstas no dan acabado cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante sentencia definitiva, persistiendo así­ su actitud contumaz.

Ergo, la condena conminatoria -astreintes- impuesta se ajusta a derecho en tanto se trata de una medida adecuada para vencer la resistencia de la parte que resultó perdidosa, ya que en caso de seguirse la postura del ente previsional -el cual, como órgano autárquico de la Administración Pública no se encuentra fuera del bloque de legalidad ni sobre la autoridad de los magistrados- el Poder Judicial se verí­a inerme para contrarrestar el incumplimiento de sus pronunciamientos (en igual sentido "Corrionero, Pilar c/ A.N.Se.S. s/Incidente, sent. int. 64.719 CFSS-Sala II).

A mayor abundamiento, no resulta ocioso señalar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha dicho que: "...Sin perjuicio de que la aplicación de astreintes constituye el ejercicio de una facultad procesal discrecional que el Código le irroga al juez -arts. 25 y 36 C.P.C.C.- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 06.08.02, "Risso, Marcos Aurelio»), las mismas actúan como medio de coacción tendiente a vencer la voluntad del deudor contumaz, y su finalidad no es la de reparar el perjuicio causado por el retraso en el cumplimiento, sino forzar al deudor a saldar la deuda o cumplir con la obligación resultante de la sentencia...» (Sala M, "Caputto c/ Consorcio Jufré 460"; í­dem Sala K, "Vilar Baamil, Gustavo y otra»).

III) No obstante, en atención al carácter provisional de la condena, la demandada podrá solicitar, una vez que acate todo lo ordenado, el levantamiento de la medida o la reducción de su monto, en la medida que se configuren los extremos previstos en los arts. 37 in fine C.P.C.C.N. y 804 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Por lo expuesto el Tribunal, por mayorí­a, RESUELVE: Confirmar la resolución apelada.

Regí­strese, protocolí­cese, notifí­quese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

(En disidencia)

EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ

Juez de Cámara

LUIS RENÉ HERRERO

Juez de Cámara

La Sra. juez de cámara, Dra. Nora Carmen Dorado, dijo:

Disiento con el voto que antecede, en lo que hace a la confirmación del monto de la astreinte dispuesta por el a quo, a la codemandada Anses.

Para ello tengo en cuenta que las astreintes constituyen según doctrina un medio de compulsión consistente en la imposición de una condena pecuniaria al sujeto que no cumple con un mandato dispuesto por resolución judicial, y cuya vigencia perdura mientras no cese la inejecución, pudiendo aumentar indefinidamente o, en su caso, ser dejadas sin efecto cuando el sujeto afectado desiste de su resistencia y justifica, total o parcialmente su proceder -art.666 bis Código Civil- (conf. crit. Belluscio y Zannoni "Cód. Civil y Leyes Complementarias» tomo III pág.242; Garrone "Diccionario Jurí­dico» pág.207; Falcón "Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación» tomo I pág.311; Fassi y Yánez "Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación» Tomo I pág. 289, entre otros). El fundamento de tal medida esta dado por el "imperium» que tiene el Poder Judicial para hacer efectivos sus mandatos y lograr que sus fallos sean acatados. Ello sin recurrir a normas jurí­dicas que tipifican penalmente la desobediencia judicial a través de figuras como el desacato. Por su parte la jurisprudencia ha expresado que las astreintes solo pueden aplicarse a quienes no cumplen deberes jurí­dicos impuestos por una resolución judicial, toda vez que no constituyen una indemnización al acreedor por el incumplimiento de las obligaciones pactadas, sino una herramienta técnica destinada a lograr el acatamiento de decisiones judiciales por lo que su aplicación retroactiva contradice la función a que se hallan destinadas (conf. crit. C.N.T. Sala III sentencia del 24 de febrero de 1992 "Romero c/Frigorí­fico S.A. y otro» pub. D.T.1992-A-1052).

El monto impuesto en concepto de astreintes por el a quo a la codemandada (20 pesos diario a partir de que quede firme el decisorio), luce desproporcionado en relación al objeto de la presente acción (impugnación de un procedimiento administrativo), siendo una de los caracteres esenciales de las astreintes su provisionalidad y la ausencia de cosa juzgada respecto de la resolución que las impuso (Fallos 320:61; 326:3081). A ello debe sumarse que su determinación no causa estado porque su cuantí­a no tiene la estabilidad que otorga la cosa juzgada, en razón que pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas en cualquier momento, a criterio del juez.

En razón de lo expuesto, estimo que corresponde revocar lo resuelto por el juzgado en lo que hace a la imposición de astreintes decretada, toda vez que el mismo cuenta con otros elementos para hacer efectivo, el decisorio que se ejecuta (art. 249 Cod. Penal). Así­ lo voto.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

ANTE MÍ:

AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

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