Contrato de trabajo. Despido. Irregularidad registral

Se hace lugar a la demanda por despido interpuesta por el actor, en virtud de haberse acreditado las irregularidades registrales denunciadas en la demanda. Sin embargo, se rechazó el cobro de diferencias salariales, pues el actor no expuso de forma clara los rubros reclamados y la razón jurí­dica de su procedencia.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 dí­as del mes de mayo de 2.016, para dictar sentencia en los autos: "ENCINA WALTER ALBERTO C/ MONICA S.A. S/ DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- En este juicio se presenta el actor e inicia demanda contra MONICA S.A. en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.-

Señala que la demandada es una empresa dedicada a la venta de indumentaria que comercialmente se denomina New Man, y en ella se desempeñó en relación de dependencia desde el 01-10-1991.-

Explica las caracterí­sticas y condiciones en que se desarrolló el ví­nculo así­ como también las irregularidades e incumplimientos en que incurriera su empleadora, hasta que, con fecha 28-02-2011 fue despedido en forma directa, invocando aquélla como causa justificativa de su decisión ".GRAVISIMAS DIFICULTADES FINANCIERAS Y ECONOMICAS NO IMPUTABLES A ESTA EMPRESA, CONSTITUTIVAS DE FUERZA MAYOR Y FALTA DE TRABAJO.», lo que es rechazado por su parte.-

Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes al despido incausado, diferencias salariales, multas y recargos previstos en la normativa laboral.-

La demandada responde a fs. 32/41.-

Tras la negativa de rigor, relata su versión de los hechos indicando que la empresa se encuentra en concurso preventivo, cuyo proceso tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº9, de Capital Federal.-

Impugna liquidación, realiza algunas consideraciones más y pide, en definitiva el rechazo de la demanda.-

La sentencia de primera instancia, que obra a fs. 344/350, decide en sentido parcialmente favorable a las pretensiones del actor, lo que motiva su recurso de fs. 351/355. También hay apelación de la demandada (fs. 360/361vta.).-

II.- El actor cuestiona el fallo en tanto se desestimó su reclamo de diferencias salariales por categorí­a del convenio, mas no le asiste razón en su planteo.-

En efecto, tal como lo indicó el "a-quo», al efectuar el reclamo de dichas diferencias no cumplió con la carga que impone el art. 65 de la Ley 18.345.-

Según dicha norma la demanda debe contener una pretensión fundada en el derecho del trabajo o que deriva de una vinculación laboral o incluso que es consecuencia de un hecho acontecido o generado en el marco del contrato de trabajo, aún cuando se funde en normas de derecho común.-

Jurisprudencialmente se ha hecho hincapié en que el reclamante tiene la carga de invocar claramente los hechos en los que funda su pretensión haciendo una exposición circunstanciada de los hechos configurativos de la relación jurí­dica en que se basa la petición judicial. Es decir, deben describirse los hechos (y las omisiones o hechos omisivos) que, previstos por las normas con efectos jurí­dicos, hagan operar la regulación jurí­dica del caso, pues no basta invocar simplemente un marco jurí­dico de una situación sin explicar los hechos cuyo encuadre legal se pretende.

La claridad en esta exposición tiene importancia fundamental pues pone en juego las garantí­as de congruencia y de defensa en juicio, ya que el demandado corre con la carga de negar o desconocer los hechos.-

Finalmente, el derecho debe exponerse aunque sea en forma suscinta. La pretensión es una articulación combinada de hechos jurí­dicos que, de enmarcarse en los tipos o previsiones legales permitirán la entrada en operación de normas jurí­dicas (ver "PROCEDIMIENTO LABORAL DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO – LEY 18.345- comentada, anotada y concordada- DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN», Ediciones La Rocca- pag. 487 y sgtes.).-

El ahora apelante no describió las tareas realizadas ni vinculó las mismas con la definición de cada categorí­a del convenio colectivo que cita, de modo que su planteo resultó insuficiente a los efectos de acoger su reclamo.-

Cabe entonces la confirmación del fallo en este punto.-

III.- En relación a los pagos fuera de recibo, debo señalar que comparto la conclusión a la que ha arribado el sentenciante al considerar insuficientes los dichos de los testigos a los que alude la apelante, quienes no aportaron datos concretos sobre la cuestión sino que mas bien manifestaron desconocer la forma en que cobraba.-

Por lo demás el planteo llega desierto en tanto, para el caso de que se accediera a su pretensión no cuantifica numéricamente su reclamo de modo que resulta imposible comprender la medida de su interés (art. 116 de la Ley 18.345).-

Como consecuencia de lo expuesto y lo indicado en el considerando anterior también cabe confirmar la sentencia en cuanto rechaza el reclamo basado en el art. 1º de la Ley 25.323.-

IV.- No le veo mejor suerte a su planteo en lo atinente al art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.-

El art. 43 de la Ley 25.345 se agregó como art. 132 bis de la LCT. Allí­ se establece que si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas o contribuciones a que estuviesen obligados en virtud de normas legales o convencionales, o que resulten de ser afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores, etc. ... y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubieren ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos o entidades a los que estaban destinados, deberá partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente al momento de extinguirse el ví­nculo, importe que se devenga con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos.

A su vez, el art. 1 del Dto. 146/01 que lo reglamenta dice que, para que sea procedente la sanción conminatoria establecida, "el trabajador debe previamente intimar al empleador para que, dentro del término de 30 dí­as corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieran corresponder a los respectivos organismos recaudadores.-

Como puede advertirse en este caso, el actor no ha cumplido con este último requisito de modo que cabe sin más confirmar el fallo también en este segmento.-

V.- Sí­ en cambio le asiste razón cuando objeta el rechazo del reclamo basado en el art. 80 de la L.C.T.-

El "a-quo» basó su decisión en la circunstancia de que si bien el actor cumplió con los requisitos formales que impone el decreto reglamentario (146/2001, art. 3) una vez que requirió la entrega de los certificados la empleadora los puso a su disposición. Conclusión esta que no comparto.-

En efecto, en relación a ello he tenido oportunidad de señalar que en rigor de verdad, el cumplimiento de esta imposición legal, encierra, nada menos que un pago y que el instituto del pago, debe cumplir con los requisitos del mismo, expuestos en el Código Civil (arts. 724 y sgtes.).-

El pago se produce con la entrega de la cosa, ya que de lo contrario, la deuda de un salario quedarí­a saldada "poniendo a disposición», mientras se encuentra en la cuenta bancaria del deudor.-

La cancelación, requiere la entrega de los certificados, ya que lo que la ley quiere es que el trabajador tenga el objeto debido.-

La "puesta a disposición», es sólo, a mi modo de ver, una expresión y no un instituto jurí­dico. Valga recordar a Borda cuando enseñaba: "lo que está en el cajón de mi escritorio, no pudo haber cancelado la obligación de pago».-

El art. 80 de la L.C.T. no sólo protege al trabajador, sino que sanciona al empleador incumpliente de un deber tan delicado como el de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, y en el cuarto apartado, recalca, "si el empleador no hiciera entrega» (el subrayado es mí­o).-

Por ello, estimo que el actor resulta acreedor de esta multa.-

VI.- También es atendible su planteo acerca de la remuneración base que se debió tomar para el cálculo de los créditos reconocidos.-

Según el informe pericial contable, al que se remite el "a-quo», la mejor remuneración, con los adicionales y horas extras incluidas fue de $ ...- y es con base en esa suma que debe reformularse el monto de condena (v. fs. 297vta.).-

LIQUIDACIÓN:

-Ind. antigí¼edad $ 158.457,40

- Preaviso $ 15.845,74.-

-Integración $ 7.922,87.-

-salario febrero $ 7.922,87.-

-sac.prop/2011 $ 2.024,73.-

-vac.prop/2011 $ 950,74.-

-hs. extras $ 610,28.-

-art. 2L25.323 $ 91.113,00.-

-art.80 LCT $ 23.768,61.-

TOTAL $ 308.616,24.-

Sobre dicha suma se liquidarán intereses de acuerdo a lo dispuesto en el Acta CNAT 2601, con los alcances dispuestos en el Acta 2630 del 27-04-2016, desde que cada suma fue debida y hasta el momento del efectivo pago, sin perjuicio de deducir la suma de $ 3.212,00.- abonados según recibo de fs. 25.-

Sobre dicha última suma, deben regirse las pautas de imputación impuestas por la ley y atribuir a la misma carácter de pago parcial, por lo cual, debe imputársela en primer término a intereses y el remanente a capital. (cfr. art. 777 del Código Civil, receptado hoy en el art. 900 del Código Civil y Comercial Unificado).-

VII.- No ha de receptarse la aplicación en el caso de la pluspetición inexcusable, toda vez que la conducta observada por la parte actora y su representación letrada no encuadra en la situación prevista en los arts. 20, último párrafo, de la L.C.T. y 72 del C.P.C.C.N.-

Debe entenderse como pluspetición inexcusable un pedido o reclamo excesivo e injustificado, situación que se configura cuando se ha efectuado un reclamo manifiestamente infundado, extremo que no se configura en el "sub-lite".

A mayor abundamiento debo señalar que, la circunstancia de que muchos o la mayorí­a de los rubros puedan ser rechazados no torna procedente la declaración de pluspetición inexcusable, ya que ello se puede deber a la falta de elementos probatorios o a que la actora se creyó con mayor derecho, y no a la configuración del supuesto previsto por el art. 20 LCT.

Entiendo, que lo que la ley no quiere que sea tolerada es una conducta mañosa, la maniobra desleal, las articulaciones sin apoyo fáctico o jurí­dico alguno, máxime si son reiteradas y trasuntan dolo procesal, pero esta inconducta debe resultar de la prueba y no basta la sola circunstancia de que una pretensión no sea acogida.

En virtud de lo manifestado propongo desestimar el agravio de la demandada.-

VIII.- Los honorarios regulados en primera instancia me parecen equitativos, sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos por los profesionales, por lo que propongo sean confirmados, adecuando los porcentajes al nuevo monto de condena con intereses (arts. 38 de la Ley 18.345 y demás normas arancelarias).-

IX.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal) y se regulen honorarios a su representación letrada y a la del actor en el ...% y ...%, respectivamente, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).-

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.-

EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO No vota (art. 125 de la Ley 18.345).-

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo y elevar el monto de condena a la suma de $ 308.616,24.- (PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS) más los intereses que se indican en el considerando respectivo y sin perjuicio del descuento allí­ ordenado. 2) Confirmar el fallo en lo demás que decide. 3) Confirmar los honorarios regulados adecuando los porcentajes al nuevo monto de condena con intereses. 4) Costas de alzada a cargo de la demandada. 5) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada y del actor en el ...% (... por ciento) y ...% (... por ciento), respectivamente, de los determinados para la primera instancia. 6) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.: 15/2013.

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase

Firmado por: ESTELA MILAGROS FERREIROS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROSALIA ROMERO, SECRETARIA

Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA

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