A raí­z de la denuncia presentada por la apoderada de titulares de varias marcas, por la que indicó que en algunos centros comerciales se estaba comercializando indumentaria, accesorios y calzados presumiblemente apócrifos, se suscitó una contienda negativa de competencia entre la justicia nacional en lo criminal y correccional federal y la justicia en lo penal, contravencional y de faltas, ambas de la ciudad de Buenos Aires.
La Corte resolvió que sea la justicia federal la que continúe con la investigación. Consideró que habí­a que atenerse a los dichos de la denunciante en tanto no se encontraban desvirtuados por otras circunstancias de la causa y que el magistrado declinante habí­a encuadrado los hechos en los términos de la ley 22.362, y que por el artí­culo 33 de la referida ley se establece expresamente la competencia federal para intervenir en el juzgamiento de tales delitos.