Se hizo lugar a una acción colectiva, declaró la nulidad de una cláusula de contrato de préstamo bancario llamada "comisión de formalización», ordenó la restitución de los montos percibidos a sus clientes por la entidad demandada durante más de cuatro años y la condenó a abonar $30.242.800 en concepto de daño punitivo.

El banco demandado señaló que la comisión cuestionada respondí­a a gastos que el Banco se veí­a obligado a hacer con anterioridad al otorgamiento de un préstamo, como procesamiento y actualización de información y averiguaciones relativas al análisis crediticio. Aclaró también que ese importe era informado a sus clientes y autorizado por el Banco Central.

El magistrado sostuvo que el cargo percibido por el banco es ilí­cito y nulo, que fue cobrado a los consumidores afectados bajo un nombre inadecuado -comisión- y asignado a servicios prestados por terceros de manera genérica e imprecisa, violando así­ los arts. 36 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.