Daños y perjuicios. Cuantificación

Se cuantifican las partidas indemnizatorias otorgadas al actor como consecuencia del siniestro protagonizado.

En Lomas de Zamora, a los 28 dí­as del mes de agosto de 2017, reunidos en Acuerdo Ordinario los Jueces de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, de este Departamento Judicial, doctores: Sergio Hernán Altieri y Rosa Marí­a Caram, con la presencia del Secretario del Tribunal se trajo a despacho para dictar sentencia la causa número: 8360, caratulada: "GOMEZ RODRIGO MARTIN C/ ARENAS HECTOR ALBERTO S/DAÑOS Y PERJUICIOS". De conformidad con lo dispuesto por los artí­culos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial del mismo Estado, la Cámara resolvió votar las siguientes:

CUESTIONES:

1º) ¿Es justa la sentencia apelada?

2º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley (art. 263, "in fine» del C.P.C. y C.); dio el siguiente orden de votación: Dr. Sergio Hernán Altieri y Dra. Rosa Marí­a Caram.

VOTACION

A la primera cuestión, el Dr. Sergio Hernán Altieri dijo:

I.- Antecedentes - Sentencia - Agravios.

I.- 1) El señor juez a cargo del Juzgado Nro. 13 del fuero, dictó sentencia en estos actuados, haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Rodrigo Martí­n Gomez contra Héctor Alberto Arenas, condenándolo a abonar la suma de pesos ciento treinta y siete mil quinientos ($ 137.500.-), con más los intereses que adicionó. Asimismo, hizo extensiva la condena a la citada en garantí­a "Rí­o Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada", en la medida del seguro contratado. Impuso las costas del proceso a los accionados vencidos y difirió la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (v. fs. 351/358).

I.- 2) La parte actora y la citada en garantí­a apelaron dicho pronunciamiento, siéndoles concedidos los recursos libremente (v. fs. 359/360 y fs. 365/366).

I.- 3) Se agravia el letrado apoderado de la parte actora por los montos otorgados para resarcir los rubros "daño fí­sico", "daño psí­quico", "daño moral" y "gastos médicos y de traslado", por considerarlos exiguos (v. fs. 377/380).

I.- 4) A fs. 381 vta. se declara desierto el recurso de apelación impetrado por la citada en garantí­a por falta de presentación en esta sede revisora de la expresión de agravios.

I.- 5) A fs. 382 se llamaron autos para sentencia, providencia que se encuentra firme y consentido por las partes (art. 263 del C.P.C. y C.).

II.- Consideraciones previas:

Constituye un insoslayable marco de ulteriores desarrollos, poner de resalto que tratándose el caso bajo estudio de un accidente de tránsito acaecido con anterioridad al 1° de agosto de 2015, corresponde encuadrar normativamente el asunto dentro de los preceptos del ordenamiento jurí­dico por entonces vigente al momento del siniestro (conf. doctr. y arg. art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación).

III.- Solución:

1) Análisis del plano resarcitorio - Tratamiento de los agravios formulados por la parte actora:

a.- Daño Fí­sico:

Sabido es que las secuelas fí­sicas deben ponderarse en tanto representan indirectamente un perjuicio patrimonial para la ví­ctima; o sea, en cuanto impliquen una minusvalí­a que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, de ese modo, frustren posibilidades económicas o incrementen gastos futuros, lo cual, por lo demás, debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socioeconómicas y culturales de aquéllas. Lo que se trata de hacer en juicios de la naturaleza del presente es, pues, apreciar la concreta incidencia que las secuelas, según su naturaleza y entidad, puedan tener sobre una persona determinada en orden al mentado menoscabo patrimonial (art. 1086 del por entonces vigente C.C.).

Siendo ello así­, cuadra puntualizar entonces las consideraciones médico-legales a las que arribara la perito médica interviniente en estos actuados -Dra. Débora L. Arocha- quién, luego de examinar al actor, concluyó, que el mismo padece "...una traumatismo lumbar, que le ocasiona una incapacidad parcial y permanente de un 4%..." y "; "... traumatismo de rodilla izquierda que le ocasiona una incapacidad parcial y permanente de un 8%..." (ver. informe pericial de fs. 231/233).

A fs. 147/150, obra informe emanado del Hospital "Narciso López" de la ciudad de Lanús, del que surge que el actor ingresó al referido nosocomio a raí­z del accidente de autos.

Sabido es que el coeficiente de inhabilidad no define, por sí­ solo, la entidad económica de la reparación, pues sólo representa un factor entre las variadas circunstancias que confieren concreto perfil a las condiciones personales de la damnificada (conf. CALZ, esta Sala, causa N°6793, RSD-68-206, Sent. del 7 de abril de 2016).

En este contexto y ponderando la totalidad de los factores enunciados, aquilatando los datos vitales del reclamante, he de proponer al Acuerdo la confirmación de la suma otorgada en la anterior instancia para resarcir el rubro "daño fí­sico" (art. 1086 del por entonces vigente Cód. Civil).

b.- Daño psí­quico y tratamiento:

Sabido es que el desmedro producido en las aptitudes plenas del individuo, puede reconocer su origen en el compromiso, tanto de sus facultades fí­sicas, como de su salud psí­quica, que, por igual, pueden afectar las posibilidades laborales y de vida de relación de la ví­ctima. De consuno, y en tanto el daño psí­quico genere una restricción a la potencialidad productiva, debe ser indemnizado como daño patrimonial emergente -incapacidad- (conf. CALZ, esta Sala, causa n° 1234, Sent. del 12-07-2010, RSD-140-2010).

La perito psiquiatra, Dra. Mirta Marí­a Szober, informa que el peritado, padece un cuadro de "trastorno adaptativo crónico con sí­ntomas fóbicos-depresivos", así­ le asigna un porcentaje de incapacidad parcial y permanente del 15% según el Baremo de Castex y Silva. Asimismo, recomienda la realización de un tratamiento psicológico de un año de duración, con frecuencia semanal, a un costo de $ 400.- por sesión.

Ahora bien, a fin de medir la incapacidad que aquí­ se trata, el informe pericial, aunque constituye un elemento importante a considerar, no conforma una pauta estricta que el juzgador deba seguir inevitablemente, ya que también habrá de atenerse a las demás circunstancias que afectan a la ví­ctima. Y digo ello, sin perjuicio de entender que la prueba pericial psicológica es fundamental a los fines de formar la convicción sobre la incapacidad respectiva de la ví­ctima (arts. 384 y 474 C.P.C. y C.).

Sobre el í­tem, sabido es que la fuerza de convicción del dictamen será estimada por el juez, conforme con la sana crí­tica, los principios cientí­ficos en que se funde y las demás pruebas y elementos que la causa tenga (conf. doct. arts. 472 y 477 del C.P.C. y C.), y también efectuando el pertinente juicio de probabilidad, que determine que el daño se halla en conexión causal adecuada con el acto ilí­cito. O sea, que el efecto dañoso es el que debí­a resultar normalmente de la acción u omisión antijurí­dica, según el orden natural y ordinario de las cosas (cfr. arts. 901, 1068, 1074, y ccs. del por entonces vigente Código Civil; SCBA, C 101.032, S. 18-2-2009).

Sumado a ello, recuerdo que los porcentuales de incapacidad discernidos por los expertos constituyen una pauta meramente referencial que debe tomarse con suma prudencia, resultando de por sí­ esencial verificar los restantes elementos del caso, para evaluar el perjuicio efectivamente sufrido por la ví­ctima (doctr. art. 474 del C.P. C. y C.; esta Sala, causa nº 724, S. del 2-3-2010, entre muchas otras en idéntica dirección).

Y ello es así­, puesto que la indemnización no está tarifada en razón de baremos de incapacidad previamente establecidos. Por el contrario los baremos escogidos en las pericias médica y/o psicológica -los hay numerosos y distintos- no limitan la facultad judicial para apreciar libremente la real entidad del daño, y en consecuencia fijar la indemnización. Lo significativo en la pericia es la comprobación y la descripción de las lesiones y sus secuelas (conf. esta Sala, causa nº 1236, S. del 12-7-2010).

En este contexto y ponderando la totalidad de los factores enunciados, aquilatando los datos vitales del reclamante, he de proponer al Acuerdo la confirmación de la suma otorgada para resarcir el daño psicológico y el tratamiento psicoterapéutico recomendado (arts. 499, 519, 520, 901, 903, 904, 1068, 1083, 1086 y concordantes del por entonces vigente Código Civil; y 165, 375, 384, 385, 456 y 474 del C.P.C. y C.).

c.- Daño moral:

Corresponde recordar que la cuantificación del daño moral queda sujeta, más que cualquier otro concepto, al prudente arbitrio judicial, dependiendo del hecho generador, así­ como de las particulares situaciones que en cada supuesto se verifican (SCBA, Ac. 42.303, Sent. del 3-4-90).

Se debe recurrir entonces a pautas relativas según un criterio de razonabilidad que intente acercar equitativamente la tasación a la realidad del perjuicio. Y en esa misma dirección, siendo que el daño moral es una alteración profundamente subjetiva e inescrutable, la apreciación por el juez para fijar en dinero su compensación debe ser necesariamente objetiva y abstracta. Para ello debe tomar en consideración cual pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las misas condiciones en que se halló el damnificado (Bustamante Alsina, Jorge, "Equitativa valuación del daño no mensurable», La Ley, 1993-A-347 y ss.).

Lo que se procura, en definitiva, es alcanzar un objetivo justo dentro de una seguridad mí­nima, que no priorice la situación del dañador, ni automatice la indemnización, desentendiéndose de las particularidades de cada suceso.

Dentro de dicho contexto interpretativo, considero adecuado confirmar el guarismo establecido en el fallo recurrido, pues a mi entender, dicha cifra resume con integridad los disturbios espirituales que el accidente debió haberle provocado al actor (arts. 1078 del por entonces vigente Código Civil y 165, 384 y concs. del ordenamiento adjetivo).

d.- Gastos médicos:

Partiendo del principio de la reparación integral, demostrada la existencia de lesiones corporales y, atento a las caracterí­sticas del siniestro, corresponde acceder a la solicitud por los gastos médicos, de farmacia, traslados, etc., aún cuando los mismos no se encuentren cabalmente acreditados, hayan sido cubiertos por una obra social o el accidentado hubiese sido atendido en un sanatorio público, pues es notorio que siempre existen erogaciones que deben ser solventadas por las propias ví­ctimas (arts. 1086 y 1109 del por entonces Código Civil; cfr. CALZ, esta Sala, causa n° 602, Sent. del 3-11-2009, RSD-232-09).

No obstante ello y, como es bien sabido, estos desembolsos se hallan ligados con la naturaleza de las lesiones y sus secuelas, de modo que deben ser evaluados con suma prudencia; en base a lo cual, considero que la cuantí­a otorgada en la instancia de grado resulta ajustada, por lo que he de proponer al Acuerdo su confirmación (arts. 165 y 384 del C.P.C. y C.).

VOTO POR LA AFIRMATIVA

A la primera cuestión, por compartir los mismos fundamentos, la Doctora Caram dijo que: VOTA EN IGUAL SENTIDO.

A la segunda cuestión, el Dr. Sergio Hernán Altieri expresó:

Visto el Acuerdo logrado al tratar la cuestión anterior, corresponde confirmar -en cuanto fuera materia de recurso y agravios- la apelada sentencia de fs. 351/358. Las costas de Alzada habrán de imponerse a los accionados que mantienen la condición de vencidos (art. 68 del C.P.C. y C.). Propicio diferir la consideración de los honorarios profesionales, hasta la oportunidad en que se practiquen las correspondientes determinaciones en la Instancia de origen.

ASI LO VOTO

A la segunda cuestión, por compartir idénticos fundamentos, la Doctora Caram expresó que: VOTA EN IGUAL SENTIDO.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Que en el Acuerdo celebrado quedó establecido:

1º) Que la apelada sentencia de fojas 351/358 debe confirmarse -en cuanto fuera materia de recurso y agravios-.

2º) Que las costas de Alzada deberán imponerse a los accionados vencidos.

  POR ELLO: Y fundamentos consignados en el Acuerdo, confí­rmase -en cuanto fuera materia de recurso y agravios- la apelada sentencia de fs. 351/358. Impónense las costas de Alzada a los accionados vencidos. Difiérase la consideración de los honorarios profesionales hasta la oportunidad señalada al tratar la segunda y tercer cuestión. Regí­strese. Notifí­quese por cédula en formato papel conforme lo dispuesto por el art. 143 del C.P.C.C. y, oportunamente, devuélvanse las actuaciones al juzgado de origen.