Daños y perjuicios. Responsabilidad del fabricante. Automotor defectuoso

Se revoca la sentencia que rechazó la demanda deducida contra el fabricante automotriz, pues la prueba de una reparación finalmente superadora del problema técnico no descarta el deber resarcitorio del obligado si el arreglo fue tardí­o, demorado o logrado después de varios intentos fallidos de reparación sufriendo el consumidor, entre tanto, daños indemnizables.

En Buenos Aires, a 14 de junio de 2016, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentí­sima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, -en la cual se halla vacante la vocalí­a 12- con el autorizante, para dictar sentencia en la causa "PARODI MARTIN FRANCISCO C/ RENAULT ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ ORDINARIO», registro n° 32877/2012, procedente del JUZGADO N° 16 del fuero (SECRETARIA N° 32), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debí­an votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Vassallo.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:

1°) Martí­n Francisco Parodi promovió la presente demanda contra Renault Argentina S.A. y Centro de Automotores S.A.

Al efecto, relató que el 30/1/2012 adquirió un rodado 0km, marca Renault, modelo Fluence Full Privilege 2.0, 16.V, y que el fin de semana siguiente a la compra, al atravesar zonas de lluvia, notó que entraba agua a su interior. Señaló que, ante tal situación, llevó el automotor a la concesionaria codemandada para que verificaran y solucionaran el problema, y que fue sucesivamente derivado a Sound Renault y a Osvaldo Giró S.A., sin hallarse una solución. En tal sentido, dijo que a pesar de haber llevado el vehí­culo a reparar en más de diez oportunidades, el agua continuaba ingresando en el habitáculo del rodado. Expresó que el desperfecto hací­a que el vehí­culo resultara impropio para su uso, lo que le ocasionó perjuicios en su actividad como médico y para el disfrute familiar.

Con base en lo expuesto, ejerció la opción contenida en el art. 17 de la ley 24.240 consistente en devolver el automotor adquirido y reclamar la devolución de su precio, más daños y perjuicios (lucro cesante y daño moral) y la imposición de una sanción en los términos del art. 52 bis de la ley citada (fs. 32/37).

Las codemandadas resistieron la demanda (fs. 52/55 y 68/71).

2°) A fs. 219/223 se dictó la sentencia de primera instancia, rechazando la acción promovida, con costas al actor.

Para así­ decidir, el juez a quo tuvo por probado que el vehí­culo sufrió desperfectos y que, por ello, debió ser sometido a reparaciones dentro del periodo de garantí­a. Señaló que constituí­a recaudo esencial a los fines de reclamar en los términos del art. 17, inc. b, de la ley 24.240 que el bien reparado no se encuentre en "condiciones óptimas» para cumplir con el uso al que estaba destinado. Y ponderando lo concluido por el peritaje mecánico en el sentido de que las reparaciones hechas al rodado habí­an sido satisfactorias, encontrándose en buen estado de conservación, juzgó inaplicable al caso lo dispuesto por el indicado precepto y declaró que, por consiguiente, era innecesario ingresar en el conocimiento de los rubros indemnizatorios pretendidos.

3°) La sentencia fue apelada únicamente por el actor, quien fundó el recurso a fs. 246/251, sin que mereciera respuesta de las demandadas.

No discute el actor ante esta alzada el resultado del peritaje mecánico. Por el contrario, expresa lo siguiente: "Coincide mi parte que en la oportunidad de la constatación técnica no se pudo constatar el ingreso de agua dentro del habitáculo pese a las pruebas hidráulicas que el experto se ocupó de aplicar y detallar...» (fs. 246 vta.).

Frente a semejante admisión y ponderando que no hay constancia de que el automotor hubiera sido sometido a otras reparaciones que las hechas en el marco de la garantí­a legal de venta, no puede sino concluirse que aquellas fueron, en definitiva, superadoras del problema técnico que la unidad presentaba.

Ahora bien, aun aceptando esto último, la respuesta jurisdiccional no puede agotarse en la dada por el juez a quo, esto es, propiciar el rechazo de la demanda porque el presupuesto fáctico de las opciones autorizadas por el art. 17 de la ley 24.240 (que "... la reparación efectuada no resulte satisfactoria...») no se encuentra presente y, desde tal perspectiva, también declarar improcedente todo resarcimiento de daños y perjuicios en los términos de la parte final de ese precepto.

Es que la prueba de una reparación finalmente superadora del problema técnico, no descarta el deber resarcitorio del obligado si el arreglo fue tardí­o, demorado o logrado después de varios intentos fallidos de reparación sufriendo el consumidor, entre tanto, daños indemnizables.

Dicho de otro modo, si la garantí­a legal no ofreció una reparación satisfactoria en forma inmediata y, por el contrario, la completa y definitiva sobrevino después de sucesivas intervenciones carentes de éxito, con irrazonable tardanza o que de cualquier otro modo pudieron causar perjuicios al consumidor, tiene este último derecho al correspondiente resarcimiento civil.

Ello es así­, valga aclararlo, porque -como lo ha destacado esta alzada mercantil- el cumplimiento de la garantí­a legal no constituye una circunstancia limitante del sistema de atribución de responsabilidad previsto por la ley 24.240 (conf. CNCom. Sala E, 5/11/2008, "Deleo, Emilio I. v. Renault Argentina S.A. y otro»).

Pues bien, en esta última hipótesis se coloca el primer agravio del actor y, ciertamente, no sin razón, ya que el examen de la documentación acompañada con la demanda muestra con elocuencia que hasta obtenerse el resultado detallado por el peritaje mecánico (la reparación satisfactoria), debió el señor Parodi tolerar varios fallidos intentos previos.

En efecto, por un problema que se detectó el 16/2/2012, debió ingresar a taller su vehí­culo en diversas oportunidades, a saber, tres veces entre esa fecha y el 29/3/2012 (conf. nota de Osvaldo Giró S.A. de fs. 20) y al menos cuatro veces más con posterioridad, según resulta de las órdenes de trabajo emitidas los dí­as 20/8/2012, 4/10/2012, 23/10/2012 y 27/11/2012, y siempre por el mismo problema, o sea, una entrada de agua en el lado trasero izquierdo (fs. 12, 14, 16 y 18).

De tal suerte, no parece dudoso que las demandadas deben responder frente al actor, en forma solidaria, por los daños que pudiera haber soportado como derivados del contexto referido (art. 13, ley 24.240), toda vez que la reparación de un defecto que se detectó el 16/2/2012 y que recién habrí­a sido superado el 27/11/2012 después de sucesivos e innegables intentos frustrados, no puede catalogarse como cumplimiento adecuado de la garantí­a legal prevista por el art. 11 de la ley 24.240.

Con tal base, entiendo procedente revocar la sentencia apelada y, sin necesidad de devolver los autos a primera instancia, examinar la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados por el actor.

4°) Bajo la denominación "lucro cesante», reclamó el actor el resarcimiento derivado de la imposibilidad de utilizar su vehí­culo y de la necesidad de recurrir en sustitución a otros medios de transporte como taxis o remises. Refirió, asimismo, que por su profesión de médico debe realizar viajes constantes "... a toda la provincia...» y que al no contar con un medio idóneo de transporte a tal fin, fue reemplazado por colegas, perdiendo comisiones y privilegios dentro de "... la empresa para lo cual trabaja...» (fs. 34).

Como lo expuse en la causa "Toneguzzo Honorio Carlos c/ Columbia SA de Seguros s/ ordinario», sentencia del 21/9/2006, no obstante su estrecha relación, lucro cesante y privación de uso del vehí­culo constituyen conceptos independientes y diferenciados en lo que respecta a la admisión de los mismos frente a reclamos efectuados. La privación de uso de un rodado representa, en efecto, un daño emergente, distinto del lucro cesante que, es la ganancia dejada de percibir a raí­z de un accidente (CNCiv. Sala E, 26/6/1989, "Olleros, Jorge Adolfo c/ Seoane, Marcelo s/ sumario - accidente de tránsito"). De esto se infiere que lo que se pudiera establecer en concepto de indemnización por uno no implica una disminución de lo fijado por el otro, lo cual es así­ habida cuenta de la posibilidad de explotación económica del vehí­culo por un lado y la factibilidad de la utilización del mismo en otras actividades (esparcimiento, recreación, etc.), en el lapso en que el automotor no es utilizado en su faz laboral (conf. CNCiv. Sala M, 7/12/1990, "Moyano, Armando A. c/ Placon, Alberto s/ sumario").

Así­ pues, la sola privación del automotor afectado a un uso particular produce por sí­ misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe ser resarcida como tal (conf. Corte Suprema, Fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065), y sin necesidad de prueba especí­fica. En otras palabras, la privación del uso del vehí­culo es un daño emergente presumido en cuanto a las erogaciones para el transporte que debe hacer el damnificado ante la imposibilidad de utilizar su propio medio (conf. Kemelmajer de Carlucci, A., El cumplimiento tardí­o de la obligación de entregar el automóvil vendido y la reparación del daño producido por la privación del uso, RDPC, t. 2003-3, p. 215, espec. p. 224).

Pero en los casos en que se lo destine a un uso comercial, a aquél daño se agrega el lucro cesante que, en cambio, sí­ debe ser probado (CNCiv. Sala G, 7/6/1989, "Seoane, Elsa Marta c/ Formica, Luis Alberto y otro s/ cobro de pesos"; esta Sala, cit. causa "Toneguzzo»).

En el sub lite el actor tituló su reclamo como "lucro cesante», pero su pedido resarcitorio incluyó no sólo ello, sino también una indemnización por privación de uso, toda vez que, al primer concepto corresponden las pérdidas que dijo sufrir en concepto de "comisiones y privilegios», y al segundo el perjuicio patrimonial derivado de las sumas irrogadas en taxis y remises.

Pues bien, como se dijo, el daño derivado de la privación de uso puede ser presumido y no requiere prueba especí­fica. Desde tal perspectiva, admitiré su resarcimiento por la cantidad de $ 15.000 (art. 165 del Código Procesal), la cual es considerablemente menor que la reclamada, pues si bien el actor se vio privado del uso del vehí­culo cada vez que ingresó a reparaciones, no hay prueba de que el ingreso y el egreso hubiera demandado más de un dí­a en cada oportunidad (véase, por ejemplo, las órdenes de trabajo de fs. 12, 14 y 16, donde constan fechas de ingreso y egreso en el mismo dí­a), a la par que no es razonable suponer que el automotor no fuera utilizado por él los dí­as sin lluvia.

La indicada cantidad llevará intereses a la tasa del 6 % anual desde la notificación de la demanda hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, y desde esta última hasta el efectivo pago a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta dí­as, sin capitalizar.

Rechazaré, en cambio, el resarcimiento por lucro cesante por no haber sido debidamente probado. En efecto, el actor no logró acreditar que debió trasladarse fu era de esta jurisdicción por motivos laborales y que, por no hacerlo, fue reemplazado por colegas perdiendo comisiones y privilegios dentro de la empresa en la que dijo trabajar. Al respecto, tanto la Clí­nica San Jerónimo como el Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, informaron que el señor Parodi se desempeña en las sedes ubicadas en esta jurisdicción (fs. 154/155 y 156/157). De su lado, si bien la prueba testimonial refiere que, debido a los desperfectos del vehí­culo y sus entradas a taller, en varias ocasiones tuvo el actor que enviar reemplazos para procedimientos en los que ayudaba a otros cirujanos (conf. testigos Daniotti y Chichizola, respuesta 5°, fs. 178 y 180), y cancelar turnos, visitas a pacientes y actividades propias de su profesión (conf. testigos Chichizola y Gural Romero, respuesta 5°, fs. 180 y 182), lo cierto es que las declaraciones no aclaran si los referidos reemplazos fueron costeados personalmente por el actor, ni que la cancelación de turnos o visitas hubieran sido definitivas y sin reprogramación alguna convirtiéndose en pérdidas irrecuperables.

5°) En el ámbito contractual para que el incumplimiento produzca un daño moral resarcible es preciso que la afectación supere las incertidumbres o zozobras propias del mundo de los negocios (conf. CNCom. Sala B, 2/9/2007, "Fernández, Santos R. c/ Federación Patronal de Seguros S.A.»; í­d. Sala B, 2/5/2006, "Gómez, Juan M. c/ La Perseverancia del Sur S.A. Argentina»; etc.). Particularmente, como lo he señalado antes de ahora (véase mi voto en la causa "Degaetano, Walter c/ Fiat Auto Argentina S.A.», sentencia del 14/2/2007), la privación del uso de un automotor no constituye causa eficiente de una lesión espiritual que sea jurí­dicamente relevante por sí­ sola para producir un verdadero agravio moral, desde que este último no debe confundirse con las meras molestias o contrariedades que pudieran derivarse de la falta de un bien material (conf. CNCom. Sala A, 10/11/1987, "Atec S.A. c/ Guar Car S.R.L. s/ daños y perjuicios»; CNCiv. Sala I, 23/2/1994, "Vázquez, Carlos Alberto c/ Garage Galicia s/ daños y perjuicios»).

Pero lo anterior, ciertamente, puede tener excepción en diversos supuestos contemplados por la jurisprudencia, uno de los cuales es cuando hay un incumplimiento contractual excesivamente prolongado (conf. CNCom. Sala E, 14/2/1990, "Dí­az, Susana c/ Plan de Planes S.A. s/ ordinario»).

A mi modo de ver, en el sub lite se presenta tal hipótesis.

Es que constituye una contingencia negocial normal que, eventualmente, el adquirente de un automotor tenga que hacer uso, alguna vez, de la garantí­a legal de compra. Esa posibilidad es asumida por el consumidor al adquirir el producto y de ella no puede derivar daño moral alguno. Pero esto último es bajo la condición de que la garantí­a legal cumpla su función especí­fica en tiempo y forma razonable. Cuando por el contrario el consumidor es sometido a tardí­os actos de ejecución de la garantí­a legal, reiteradamente insuficientes o inadecuados, con el efecto de someterlo a un largo e irrazonable peregrinar para lograr una reparación satisfactoria, la cuestión escapa a la de una contingencia negocial normal, para convertirse, lógicamente, en causa de mortificaciones, injustificados disgustos, desazón o angustia, que merece resarcimiento como daño moral.

En el caso, la prueba testimonial ha reflejado, además, es situación con impacto en el actor (fs. 177/178; 179/180; 181/182), por lo que, entonces, resulta pertinente admitir el rubro de que se trata.

Por ello, teniendo en cuenta la í­ndole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso (art. 522 del Código Civil), así­ como que asigno a la indemnización del daño moral carácter exclusivamente resarcitorio, descartando que tenga -siquiera parcialmente- finalidad punitiva o sancionatoria del deudor (conf. CSJN, Fallo 311:1018; 316:2894; 318:1598; 321:1117; 325:1156; 326:847; 327:5991; 328:4175; 329:2688; 329:3403; 329:4944; 330:563; etc.), juzgo prudente fijar el resarcimiento de que se trata en la cantidad de $ 25.000 (art. 165 del Código Procesal).

La indicada cifra llevará intereses según las mismas modalidades precisadas en el considerando anterior.

6°) El segundo y último agravio del actor refiere a la imposición de costas efectuada en la sentencia dictada en la instancia anterior, en tanto afirma encontrarse amparado por el beneficio de gratuidad previsto por la ley 24.240, art. 53.

La revocatoria del fallo que queda propiciada torna de abstracto tratamiento el agravio, pues las expensas del juicio deben ser impuestas en ambas instancias a los demandados vencidos de acuerdo a lo previsto por los arts. 68 y 279 del Código Procesal.

No forma óbice a lo anterior que no todos los rubros resarcitorios se hubieran admitido y que el único acogido lo haya sido en cantidad menor a la reclamada.

Así­ lo entiendo, porque la noción de vencido ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio, y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los resultados. Con tal base, es procedente que las costas sean impuestas í­ntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues aunque el pedido fuera exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente necesaria al no haber la parte demandada pagado aquello procedente (conf. CNCom. Sala D, 30/7/1982, LL 1982-D, p. 465; í­d. Sala D, causa n° 43.072, "Toledo, Rolando de Carmen c/ Navarro, Miguel Ángel s/ ordinario», sentencia del 10/4/2007; í­d. Sala D, 3/10/2007, "Ferreyra Edgardo Leopoldo c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ ordinario»; í­d. 5/6/2008, "Gaggero, Mercedes Alselma c/ Banco Patagonia Sudameris S.A.»; Morello, A., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de La Nación, comentados y anotados, t. II-B, p. 112, La Plata-Buenos Aires, 1985; Highton, E. y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t. 2, ps. 60/61, Buenos Aires, 2004).

7°) En las condiciones expuestas, propongo al acuerdo revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, admitir la demanda con el efecto de condenar solidariamente a las demandadas al pago de $ 40.000 más los intereses indicados en los considerandos 4° y 5°, con costas de ambas instancias a las vencidas. La condena deberá cumplirse en el plazo de diez (10) dí­as contado a partir de que se produzca la notificación prevista por el art. 135, inc. 7°, del Código Procesal.

ASÍ VOTO

El señor Juez de Cámara, doctor Vassallo, adhiere al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, admitir la demanda con el efecto de condenar solidariamente a las demandadas al pago de $ 40.000 más los intereses indicados en los considerandos 4° y 5°.

(b) Las costas de ambas instancias quedan a cargo de las demandadas vencidas.

(c) La condena deberá cumplirse en el plazo de diez (10) dí­as contado a partir de que se produzca la notificación prevista por el art. 135, inc. 7°, del Código Procesal.

(d) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.

Notifí­quese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

PABLO D. HEREDIA

Juez de Cámara

GERARDO G. VASSALLO

Juez de Cámara

JULIO FEDERICO PASSARÓN

Secretario de Cámara