Declaración de incompetencia. Artí­culo 36 de la ley 24240

En el marco de un secuestro prendario, se confirma la resolución por la cual el magistrado interviniente se declaró incompetente para conocer en las presentaciones actuaciones, al amparo de la preceptiva del artí­culo 36 de la ley 24.240.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018.

Y Vistos:

1. Viene apelada por la accionante, la resolución de fs. 27/28, por la cual el magistrado interviniente se declaró incompetente para conocer en las presentaciones actuaciones, al amparo de la preceptiva del art. 36 de la ley 24.240. Los agravios fueron esgrimidos a fs. 31/35.

La Sra. Fiscal General ante esta Cámara se pronunció confirmando la resolución apelada (v. fs. 44/60).

2. En el caso, debe tenerse presente que la acción la inicia una entidad financiera contra una persona fí­sica y que el contrato prendario que sostiene documentalmente la petición exhibe que el vehí­culo ha sido afectado para uso particular y/o privado (v. fs. 9/ 10); por lo que ineludiblemente a criterio de esta Sala, tal actividad financiera queda comprendida en el ámbit o de la relación de consumo definida en el art. 3 de la Ley n° 24.240 (cfr. 27/9/11, "Volskwagen SA de Ahorro p/f dtdos. c/Aybar Rosa B. s/ejec. prend."; 29/9/11, "Volskwagen SA de Ahorro p/f dtdos. c/Maspero Claudia Ana s/ejec. prend."; í­d. 20/10/11, "Volskwagen SA de Ahorro p/f dtdos. c/Helbert Alberto s/ejec. prend."; í­d. 27/12/11,"Chevrolet SA de Ahorro p/f dtdos. c/Lo Presti Roberto Gabriel y ot. s/ejec. prend."; í­d. í­d. "Banco Comafi SA c/Aldanaz Graciela s/sec. prend."; Id.»HSBC Bank Argentina S.A c/ Gialleonardo Yesica Soledad s/ Secuestro Prendario, del 1/3/2016», entre muchos otros»).

3.a. La condición de orden público de los derechos de consumidores y usuarios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado desde una perspectiva realista, lo que impone una interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal.

Efectivamente, la ley de defensa del consumidor regula lo que la propia Constitución Nacional denomina "relación de consumo" (art. 42); por lo que sus disposiciones afectarán no sólo normas de derecho civil, sino también comercial, procesal, administrativo, penal, etc. En este sentido, al regularse un tipo de relación especí­fica, se incide en el régimen de competencia establecido en el sistema jurí­dico, por cuanto se dictan reglas particulares, aplicables para este tipo de ví­nculo.

Así­, en función de la nueva redacción del art. 36 de la LDC, debe concluirse que resultan enteramente aplicables sus especí­ficas disposiciones aún para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como la que nos ocupa, puesto que la tutela ha sido dirigida en términos generales -sin excepcionar, sin ceñir, ni restringir su ámbito de aplicación-. Y esto resulta de toda lógica, dado que pretende restablecerse el equilibrio entre las partes, en una relación que por su naturaleza muestra al consumidor como la parte débil.

Puntualí­zase en este aspecto, que el normal funcionamiento de la actividad principal y caracterí­stica de entidades como la accionante, requiere de una dinámica movilización de fondos a través de créditos para consumo para satisfacer las necesidades de los consumidores, que habitualmente se concreta por contrataciones de tí­pico corte masivo, esto es, instrumentadas mediante cláusulas predispuestas, en donde el consumidor sólo puede limitarse a aceptarlas o, en su defecto, rechazar el convite.

3.b. Partiendo entonces del presupuesto que, por la propia caracterí­stica de la accionante, su objeto encuentra subsunción en la casuí­stica del art. 36 de la Ley n° 24.240, y resultando su aplicación de orden público -conf. art. 65 ley cit.-, encontrándose el domicilio real del accionado en extraña jurisdicción (Venezuela Bis 1650 La Resistencia de la localidad de Ezpeleta, Provincia de Buenos Aires). Corresponde que sea en tal localidad donde se incoe el reclamo.

Y es que cabe inteligir que la previsión especí­fica que determina la competencia en el domicilio del deudor, fulminando de nulidad cualquier pacto en contrario (art. 36 LDC), debe prevalecer -en supuestos de pugna, tal como aquí­ acontece- por sobre la que trae el Dec. Ley 15.348/46 a partir del carácter de orden público de la Ley n° 24.240.

Véase, en efecto, que la ley de Defensa del Consumidor -sin admitir prueba en contra y bajo pena de nulidad- presupone que la prórroga territorial obstruye y/o perjudica la defensa del consumidor. Frente a lo prí­stino del texto legal, los tribunales no pueden desatender tal mandato legal, ni realizar interpretaciones que lo priven de contenido.

4. En razón de la forma en que se decide, no cabe admitir el pronunciamiento en lo relativo a la pretensión de la Sra. Fiscal General; máxime teniendo en cuenta que de iniciarse nuevamente el trámite deberá serlo ante la Pcia. de Buenos Aires y estas actuaciones habrán de ser oportunamente archivadas (arg. aplicación analógica Cpr:354:1).

5. Corolario de ello, se resuelve: confirmar la decisión apelada. Notifí­quese y a la Sra. Fiscal General (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1°, N° 3/2015 y N° 23/2017). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretarí­a de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalí­a n° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Rafael F. Barreiro

Alejandra N. Tevez

Marí­a Eugenia Soto

Prosecretaria de Cámara