Declaración de incompetencia. Secuestro de vehí­culo destinado a uso particular. Ley 24240

En el marco de un secuestro prendario, se confirma la decisión en la que la Jueza a quo declaró oficiosamente su incompetencia para conocer en las presentes actuaciones.

Buenos Aires, 10 de julio de 2018.

1. El banco accionante apeló en fs. 33 la decisión de fs. 29/30, en la que la Juez a quo declaró oficiosamente su incompetencia para conocer en las presentes actuaciones.

Los agravios fueron expuestos en fs. 35/38.

La Representante del Ministerio Público dictaminó en fs. 44/60.

2. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que tratándose de la compraventa de un automotor instrumentada en un formulario pre-impreso, cuyo presunto incumplimiento es el que da lugar a este proceso, el contrato podrí­a considerarse de adhesión por lo que sus cláusulas generales predispuestas (entre ellas, la de prórroga de jurisdicción) deben interpretarse en función de la normativa especí­fica (art. 3°, ley 24.240), que predica que debe cumplirse en el sentido más favorable a la parte más débil, cual es, usualmente el consumidor (CSJN, "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados c/Giménez, Carmen Élida", Fallos 329:4403).

En forma coincidente cuando, como en el caso, se promueve el secuestro de un vehí­culo destinado a uso particular (tal lo que surge del contrato prendario, fs. 9/16), es posible presumir la existencia de una operación de financiación para el consumo y concluir, por lo tanto, que ese ví­nculo contractual se encuentra regido, en general, por la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240 modif. ley 26.361). Así­, cabe aplicar la regla de competencia especí­fica en esa materia, según la cual en cualquier litigio derivado de ese contrato, que garantiza una operación de crédito, debe entender el magistrado del domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario (art. 36).

Es que cuando una cláusula de prórroga de jurisdicción predispuesta, es decir, sin posibilidad alguna de discusión por parte del aceptante, tiene por efecto colocar a este último en un estado de indefensión cierto y concreto, es nula, debiendo así­ declararse sobre la base de los principios del abuso del derecho y la lesión (conf. esta Sala, 29.12.16, "Cí­rculo Cerrado S.A. de ahorro para fines determinados c/ Dí­az, Juan Eduardo s/ ejecución prendaria»).

Y no obsta a la solución propuesta lo previsto por el art. 28 de la ley 12.962, habida cuenta que por aplicación del principio lex posterior derogat prior y lex specialis derogat generalis prevalece el marco legal protectorio del consumidor.

3. Por ello, y oí­da la Fiscal, se RESUELVE:

Confirmar la decisión apelada.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13), notifí­quese electrónicamente a la Fiscal General y a la parte. Fecho, devuélvase sin más trámite, confiándose a la magistrada de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º).

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara