Defensa del Consumidor. Publicación de edictos

En el marco de un juicio sumarí­simo, se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que ordenó publicar edictos por dos dí­as en el Boletí­n Oficial para publicitar la existencia del proceso entre clientes y ex-clientes del banco.

Buenos Aires, 22 de abril de 2016.

Y VISTOS:

I. Apeló subsidiariamente la entidad accionada, la decisión de fs. 1363/1364 que ordenó publicar edictos por dos dí­as en el Boletí­n oficial para publicitar la existencia del proceso entre clientes y ex clientes del banco.

Sus agravios corren a fs. 1377/1383 y fueron respondidos por la actora a fs. 1447/1454.

II. Los argumentos del dictamen fiscal de fs. 1470/1474 resultan suficientes para desestimar el recurso.

La cuestión se dirime a la luz de los preceptos establecidos por la ley 24.240 que postula como principio rector, que las interpretaciones deben realizarse en el sentido más favorable a los consumidores (arg. art. 37).

La universalidad que caracteriza a este tipo de accionantes, impone un control judicial mayor, pues importa la real aplicación de la pertinente ley cuya telésis radica en su protección como usuarios e integrantes del mercado.

Otra actitud jurisdiccional, tornarí­a ilusoria la aplicación de una norma creada para tutelar derechos de las partes más débiles en la contratación, por lo que cualquier defensa así­ perfilada, resulta improponible.

Considerando además que el art. 54 LDC, no prevé mecanismos especí­ficos, corresponde a los Magistrados la implementación de la aludida publicidad, ergo se comparte el modo implementado en estas actuaciones.

No se soslayan los reparos del recurrente respecto de la necesidad de "certificar» la existencia de una clase, más, cómo señaló la Fiscalí­a de Cámara está firme la decisión de la Colega Sala A de fs. 1351/1355 donde se atribuye legitimación para obrar a la accionante.

Pero además, la Acordada 32/2014 del Máximo Tribunal de la Nación, no supedita la necesaria publicidad referida a la existencia del proceso a la aludida certificación, lo que coadyuva a descartar el planteo de los accionados.

Como ya se señaló en este decisorio, nos encontramos en presencia de situaciones novedosas acaecidas a la luz de una ley que propugna la protección de un universo de justiciables. Ello convoca a los Tribunales a implementar medidas, según la naturaleza de los derechos en juego, en las que debe preponderar el respeto al orden público (arg. art. 12 Código Civil y Comercial T.O ley 26.994).

En esa orientación, no se advierte óbice para refrendar lo decidido por el Magistrado de grado.

III. Se rechaza la apelación subsidiaria de fs. 1377, con costas.

IV. Notifí­quese por Secretarí­a del Tribunal, en su caso, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN, y a la Fiscalí­a de Cámara en su despacho, y devuélvase al Juzgado de origen.

V. Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN.

VI. La Sra. Juez Dra. Marí­a L. Gómez Alonso de Dí­az Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).

MATILDE E. BALLERINI

ANA I. PIAGGI