Delito de reducción a la servidumbre. Sobreseimiento. Perfeccionamiento. Captación de voluntad

Se revoca la resolución en cuanto dispuso el procesamiento del imputado en orden al delito previsto en el artí­culo 140 del Código Penal y mandó a trabar embargo sobre sus bienes, pues no se logró acreditar que el imputado ejercí­a sobre sus dependientes un dominio equiparable al que podrí­a ostentar sobre los bienes de su propiedad. Se destaca que el delito de reducción a la servidumbre exige la constatación de una particular situación en la que el sujeto activo capta la voluntad de sus ví­ctimas al punto en que aniquila su personalidad, no resultando ese el escenario ofrecido en la causa.

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de W R N a fs. 31/3, contra la resolución obrante en copias a fs. 6/30, en cuanto dispuso el procesamiento del nombrado en orden al delito previsto en el artí­culo 140 del Código Penal y mandó a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $15.000.

II. Al expresar sus discrepancias, el Dr. Stornelli adujo que en el caso no se ha acreditado uno de los recaudos tí­picos de la figura aplicada por el a quo, como es la relación de sometimiento que ha de mediar entre el agente y los sujetos pasivos. Así­, y aun concediendo que podrí­an haber existido irregularidades de í­ndole administrativa o laboral, dijo el letrado que sin tal elemento distintivo estarí­amos ante comportamientos que no pueden ser abordados desde este ámbito fragmentario.

De la pieza analizada se desprende, por último, que el recurrente cuestionó el embargo dispuesto por el Juez de grado en la inteligencia de que el monto estipulado -de acuerdo a las reglas que sirven de cauce para su fijación- se evidencia excesivo.

A fs. 40/4 la defensa se valió de la oportunidad prevista en el artí­culo 454 del C.P.P.N. para clamar, ahora ante estos estrados, la procedencia de sus pretensiones.

III. Llegado el tiempo de brindar una solución a la controversia suscitada, estimamos pertinente recordar que en autos se imputó a W R N el haber explotado, en su carácter de titular de las firmas "T E L S.R.L.» y "T S.R.L.», a los trabajadores que cumplí­an funciones en los talleres textiles ubicados en Avenida Riestra #### y Oceaní­a #### de esta Ciudad. Tal despliegue, en el que el encausado presuntamente se aprovechó de la vulnerabilidad de los damnificados, habrí­a tenido lugar entre los dí­as 11 de septiembre de 2014 y 6 de septiembre del año 2016 (según surge de la declaración indagatoria obrante a fs. 803/7 del expediente principal).

Frente a esa concreta atribución, y para no verse privada de razonabilidad, la decisión a adoptar debe insertarse dentro la lógica que esta Alzada ya trazó en sus anteriores intervenciones en el expediente.

Es que aun cuando en momento alguno se puso en tela de juicio la naturaleza del objeto procesal que nos ocupa, a su vez, no es menos cierto que ya en tres ocasiones se habí­a impulsado la ví­a recursiva a los efectos de que se revisaran los sucesivos archivos dispuestos por el instructor.

En cada caso, valorando el trámite impreso a estos actuados, concluimos que las crí­ticas introducidas por los fiscales actuantes devení­an atendibles, desde que dejaban al descubierto senderos investigativos que todaví­a no habí­an sido transitados con suficiente profundidad.

En efecto, fue el desconocimiento de las condiciones en las que se desempeñaban los trabajadores del taller de Avenida Riestra el que en un primer momento justificó la continuación de la pesquisa; a partir de esa decisión se explica, también, el allanamiento de dicho inmueble y la indicación de oí­r los testimonios de quienes allí­ eran empleados (fs. 133/4 del expediente principal).

Luego, en una segunda revisión, se alertó al Magistrado acerca de la necesidad de agotar el marco acusatorio acordado por el Ministerio Público Fiscal. Hasta ese entonces el eje de la instrucción se habí­a situado en torno al taller recién mencionado, cuando la actividad requirente apuntaba por igual a otro emplazamiento en el que se desarrollarí­an conductas similares a las investigadas (cfr. fs. 371/3 de los autos principales).

Finalmente, y una vez adecuado el expediente al cauce sugerido por el acusador, consideramos prudente que se aguardara el resultado de las medidas probatorias ordenadas por aquél mientras la instrucción se hallaba delegada, como así­ también que se convocara a prestar declaración testimonial a los operarios del taller que funcionaba en la calle Oceaní­a (según se desprende de 666/7 del principal).

Dicho esto, se advierte que la investigación ha llegado por fin a un estadio en el que es posible juzgar el mérito de la hipótesis que le dio vigor, y que en tal cometido, en razón de las crí­ticas introducidas, debemos dirimir si el imputado ejercí­a sobre sus dependientes un dominio equiparable al que podrí­a ostentar sobre los bienes de su propiedad.

Sucede que el delito de reducción a la servidumbre exige, para su perfeccionamiento, la constatación de una particular situación en la que el sujeto activo capta la voluntad de sus ví­ctimas al punto en que aniquila su personalidad. Se trata del ejercicio de un dominio psí­quico tan intenso, tan penetrante, que arrastra consigo las posibilidades de realización personal y el libre albedrí­o de los damnificados.

No es ese, sin embargo, el escenario ofrecido por el sub examine.

Para empezar, las tareas investigativas ordenadas en autos arrojaron que en el taller de la Avenida Riestra no se observó comportamiento alguno que infringiera las disposiciones de la ley 26.364 -para ese entonces ya modificada por la ley 26.842-. Por el contrario, allí­ se dejó asentado que los trabajadores egresaban de la fábrica por su propia voluntad y que se presumí­a, en tanto adoptaban diferentes direcciones, que cada uno de ellos se dirigí­a a su respectivo domicilio (cfr. fs. 165/7 del legajo principal).

Similares conclusiones se expusieron, aunque en lo relativo al domicilio de la calle Oceaní­a, a fs. 187/202 y 204/7 de los autos principales.

No obstante, y juzgando insuficientes las observaciones practicadas desde el exterior de los talleres, las directivas brindadas por esta Alzada se encaminaron en todo momento a conocer las reales condiciones en las que se desenvolví­an los empleados de T E C S.R.L. y T S.R.L. Esa pretendida inmediación con su contexto diario sólo podí­a lograrse allanando sus lugares de trabajo y oyendo su testimonio.

Fue así­ que se incorporaron, a fs. 234/56 y 493/519 del expediente principal, las constancias relativas a los registros de los talleres denunciados. Lo relevante de esas medidas -en las que participó personal interdisciplinario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la Dirección Nacional de Migraciones y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-radica en que ninguno de los trabajadores quedó al resguardo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata que instrumenta la Cartera nombrada en primer lugar.

Más aun, de los informes elevados por esa oficina se desprende que todos los trabajadores brindaron datos de sus domicilios particulares, que no tení­an obstáculo alguno para ingresar o egresar de los talleres y que habitaban en el paí­s con anterioridad a comenzar las tareas laborales denunciadas. En definitiva, las personas entrevistadas en la Avenida Riestra "...contaban con dinero en su poder (...), conocí­an las instituciones de la zona y (...) circulaban por redes socioculturales especí­ficas». En el caso del emprendimiento de la calle Oceaní­a, los expertos remarcaron que los operarios "...habrí­an logrado formar redes sociales y conocer la ciudad y sus alrededores, refiriendo en varios casos tener actividades por fuera del ámbito hogareño y de trabajo» (fs. 335/9 y 591/4 de los autos principales).

Resta indicar que las declaraciones testimoniales materializadas, lejos de dejar entrever una situación análoga a la servidumbre, demuestran que quienes respondí­an a W R N consiguieron su empleo a través de familiares o conocidos y que se ausentaban de sus puestos temporalmente por razones de enfermedad o por situaciones cotidianas como acompañar a sus hijos menores de edad hasta el establecimiento donde cursaban sus estudios (fs. 258/60, 261/2, 263/5, 266/7, 286 y 287/9 del legajo principal).

Así­, y sin soslayar que las irregularidades edilicias y laborales advertidas pueden ser sancionadas desde otros ámbitos -como fue, por caso, la clausura dispuesta a fs. 283 por la Dirección General de Protección del Trabajo del GCBA-, el agotamiento de la pesquisa nos conduce a adoptar un temperamento liberatorio como el previsto en el artí­culo 334 del C.P.P.N. Sostener lo contrario llevarí­a al inadmisible extremo de preservar, sine die, la vigencia de una acción penal en la que se han transitado todas las variantes investigativas que desde un comienzo se reputaron idóneas para dilucidar los hechos que fueron objeto de denuncia.

En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución obrante en copias a fs. 6/30, disponiendo en consecuencia el sobreseimiento de W R N en orden al hecho por el que fuera investigado, haciendo expresa mención de que la formación de la presente en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado (artí­culos 334 y 336 inc. 3° del C.P.P.N.).

Regí­strese, notifí­quese conforme lo dispuesto por las acordadas 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hágase saber a la Secretarí­a de Comunicación y Gobierno Abierto (Acordada 42/15 de la C.S.J.N.), y devuélvase a la anterior instancia.

Sirva la presente de atenta nota de enví­o.

LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA

JUEZ DE CÁMARA

JORGE LUIS BALLESTERO

JUEZ DE CAMARA

IVANA S. QUINTEROS

SECRETARIA DE CÁMARA

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