Derechos económicos de autor. Shows musicales. Patio de comidas. Rechazo de la demanda. Falta de prueba

En el marco de un juicio por daños y perjuicios, se confirma la sentencia que rechazó la demanda pues la actora no logró acreditar lo afirmado en la demanda.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 5 dí­as del mes de julio del año dos mil diecisies, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala "I» de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: "SADAIC c/COTO Centro integral de Comercialización S.A. s/ daños y perjuicios» respecto de la sentencia corriente a fs. 256/259 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debí­a hacerse en el orden siguiente: Dras. UBIEDO, CASTRO y GUISADO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. UBIEDO dijo: I.- La sentencia de fs. 256/259 que rechazó la demanda promovida por la Sociedad Argentina de autores y compositores de música (SADAIC) contra COTO Centro Integral de Comercialización S.A., con costas, fue apelada por la actora, quien a fs. 287/290 expresó sus agravios, los que fueron respondidos por la empresa demandada a fs. 292/297.

II. La actora en virtud de la facultad que surge del Decreto 5146/69 para recaudar los derechos económicos del autor emergentes de la utilización de las obras musicales y literarias musicalizadas, cualesquiera sea el medio y/o modalidad, persigue el cobro de $ 61.400 con más sus intereses, en concepto de retribuciones impagas devengadas desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de abril de 2012 por los supuestos "shows musicales» que se habrí­an llevado a cabo los fines de semana en el patio de comidas de la Sucursal COTO de Ciudadela, Pcia. de Buenos Aires.

Por su parte la accionada si bien admite que dentro de sus locales comerciales se reproducen temas musicales de diferentes autores a fin de mejorar la atención de sus clientes, por lo que abona los aranceles correspondientes, niega que en el local individualizado en el escrito inicial se realicen o se hayan realizado "shows musicales» en vivo.

El juez a quo luego de efectuar el encuadramiento jurí­dico del caso y analizar las pruebas arrimadas al proceso entendió que la actora no cumplió con la carga de demostrar los hechos invocados como fundamento de la pretensión (art. 377, Código Procesal), por lo que rechazó la demanda, y ello motiva las quejas de la recurrente. Mas a mi modo de ver -lo adelanto- no conducen a la modificación del pronunciamiento.

III. Es sabido que el planteo de simples apreciaciones personales del recurrente, sin dar bases jurí­dicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habrí­a incurrido el a quo respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción que le permitieron decidir, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios. El memorial, para poder ser considerado como tal, debe contener la crí­tica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. En tal sentido, la carga sólo puede considerarse cumplida cuando se indican puntualmente deficiencias de la sentencia apelada, actividad que no corresponde considerar suplida con la mera postulación de afirmaciones genéricas, la remisión a escritos anteriores o la manifestación de desacuerdo con lo resuelto. Tales extremos -como lo ha decidido reiterada y pací­fica doctrina de todas las salas de esta Cámara- no pueden considerarse agravios en los términos exigidos por el art. 265 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dichos recaudos no pueden considerarse cumplidos por la pieza en estudio, por lo que el recurso devendrí­a desierto.

Sin embargo, para satisfacción de la recurrente señalo que, en el caso, el apelante se limita a manifestar su disconformidad tildando a la sentencia de grado de arbitraria e infundada por las razones que expone, extendiéndose en conclusiones de í­ndole dogmática y transcribiendo citas jurisprudenciales, sin relacionarlos concretamente con el caso en análisis. Intenta "ilustrar» al Tribunal acerca de la metodologí­a que a su criterio corresponderí­a aplicar al caso, sin hacerse cargo de la puntual razón por la que el a quo desestimó el reclamo, cual es "no haber probado el hecho denunciado», es decir, la efectiva realización de shows musicales en vivo en el patio de comidas del hipermercado COTO situado en la localidad de Ciudadela Pcia. de Buenos Aires, que podrí­a - eventualmente- haber dado lugar al reclamo de autos (v. considerando V). Por lo expuesto y de conformidad con el art. 266, la solución adelantada se impone.

No puede perderse de vista que los reproches se basan en que el juez de grado se apartó del principio de congruencia, alterando la causa petendi, lo que importó -a su entender- un claro pronunciamiento ultra petita, ello así­ en razón de que restó valor probatorio a las declaraciones testimoniales de los testigos ofrecidos por su parte, declaraciones que demás habí­an sido cuestionadas por la contraria (v. alegato de fs. 249/252).

Al respecto, cabe destacar que de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 456 y 386 del Cod. Procesal, el juez apreciará en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan las fuerzas de las declaraciones, apreciándose el testimonio en función de los elementos que lo integran, la percepción, la memoria, la comunicación de los recuerdos y sopesando las condiciones individuales y las genéricas del testigo, teniendo en cuenta el carácter más o menos verosí­mil, más o menos fácil de percibir y de recordar del hecho narrado, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar (Kielmanovich Jorge, Córido Procesal Civil y Comercial de la Nación- Tomo I pag.775).

En tal sentido, coincido con el sentenciante en que no se puede reconocer eficacia probatoria al testimonio de Ví­ctor Daniel Cabanillas (v. fs. 179), cuyos fundamentos no fueron -por lo demás- debidamente rebatidos por la quejosa en sus agravios.

Tampoco la declaración de Daniel Grosskopf -Jefe de la División Cobranzas de la actora- resulta procedente pues, si bien relató que la demandada "...utiliza en su patio de comidas, música en vivo...», no se trata sino de un testigo que obtuvo su información de quien -según dije antes- no resultaba idóneo a los fines pretendidos.

En sí­ntesis, la opinión que la apelante posee acerca del valor y eficacia de la prueba en estudio, que difiere de la que surge de la sentencia, no resulta suficiente argumento en ésta instancia para formar convicción en sentido contrario al expuesto en el fallo recurrido, más aun cuando no se ha acompañado -como se dijo- ningún elemento que la avale.

Tampoco cuestionó la actora las declaraciones testimoniales de la demandada, lo que demuestra, sin que sea menester mayor análisis, la inconsistencia de su reclamo.

No mucho más se puede agregar respecto de la prueba documental que la actora solicita se revalorice. En principio, por cuanto no media de su parte un agravio concreto sobre aquellas consideraciones en las que se basó el a quo para restarle eficacia probatoria a los informes que acompañó. En segundo termino porque los restantes elementos que menciona (fotografí­as de fs. 100/101, publicaciones de fs. 97/99 y carta documento de fs. 94/5) no resultan hábiles a los fines pretendidos, ya que no fueron debidamente autenticados ni permiten a titulo indiciario tener por cierta la infracción que se le atribuye a la demandada.

Así­ las cosas, estimo que la actora no logró acreditar -como le correspondí­a (art. 377 de la ley de forma)- lo afirmado en la demanda, lo que sella sin más la suerte de su reclamo.

Por estas breves consideraciones y las propias de la sentencia recurrida, propongo confirmarla, con costas a la actora vencida (art. 68 CPCC).

Por razones análogas, los Dras. CASTRO y GUISADO adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N..-

MARIA LAURA RAGONI

Secretarí­a

Buenos Aires, 5 de julio de 2016.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: Confirmar la sentencia de fs. 256/259, con costas a la actora.

Para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs.260, 262 y 271 contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada a fs.256/259, cabe ponderar las constancias de autos, la labor profesional desarrollada en autos, apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto reclamado, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 9, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados al letrado apoderado de la parte demandada Dr. Claudio Alberto Galli resultan equitativos, por lo que se los confirma.

Considerando los trabajos efectuados por el experto, las pautas del decreto ley 16.638/57, el art.478 del código procesal y las pautas de la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria, los honorarios regulados al perito contador Mariano Hernán Arena resultan reducidos, por lo que se los eleva a la suma de dos mil quinientos pesos ($2.500).

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas de los arts.14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr. Claudio Alberto Galli en la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500).

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA E. CASTRO

CARMEN N. UBIEDO