Determinación del haber inicial. Invalidez de acto administrativo

En el marco de un juicio de reajustes por movilidad se resuelve hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de que hizo lugar a la demanda y declaró la invalidez de cierto acto administrativo estimando procedente la redeterminación del haber inicial y la movilidad peticionada por la actora.

En la ciudad de Corrientes, a los nueve dí­as del mes de mayo del año dos mil diecinueve, estando reunidos los Señores Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, Dres. Selva Angélica Spessot y Ramón Luis González, asistidos por la Sra. Secretaria de Cámara, Dra. Cynthia Ortiz Garcí­a de Terrile, tomaron conocimiento del expediente caratulado "Aryento Marí­a Lidia c/ANSeS s/Reajustes por Movilidad» Expte. Nº 11000311/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes.

Efectuado el sorteo para determinar el orden de votación, resultó el siguiente: Dres. Selva Angélica Spessot, Ramón Luis González y Mirta Gladis Sotelo de Andreau.

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

­¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

­¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA DRA. SELVA ANGELICA SPESSOT DICE, CONSIDERANDO:

1. Que vienen los autos al Tribunal con motivo del recurso de apelación de la parte demandada de fs. 158/161 y vta. contra la sentencia de primera instancia por la que se hizo lugar a la demanda, se declaró la invalidez del acto administrativo identificado como Resolución Nº RNE­F 00900/09 dictado por Anses, estimando procedente la redeterminación del haber inicial y la movilidad peticionada por la actora. Ordenó a la demandada a recalcular el haber inicial de conformidad con las pautas dadas en el considerando V y VI y la movilidad de acuerdo a lo establecido en el considerando VII, debiendo ser cumplida dentro del plazo de 120 dí­as contados a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo. Hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos del art. 82 de la ley 18037. Decretó que las diferencias a pagar serán únicamente las devengadas a partir de la retroactividad de dos años desde el reclamo administrativo de fecha 19/03/2009. Estableció la tasa de interés hasta el momento del efectivo pago. Impuso las costas del proceso en el orden causado y difirió la regulación de los honorarios profesionales.

2. La demandada al expresar agravios, reitera las defensas opuestas anteriormente sobre la limitación de los recursos del Estado Nacional en el Régimen de Reparto Previsional y el riesgo de quiebre del sistema con perjuicio para sus demás integrantes. Insiste en la deducción de la prescripción del art. 82 de la Ley 18037, y el 168 de la Ley 24241 y pide se tenga en cuenta en esta Alzada.

Expone que la actora, luego de percibir su primer haber jubilatorio, no realizó impugnación del acto administrativo que le otorgó el beneficio. Indica que los fallos referenciados en el considerando VIII de la sentencia atacada no se condicen con el beneficio en cuestión, pues el precedente "Quintana Luis Majin» dictado por la CFSS se aplica sólo para ese caso particular.

Le agravia la quantí­a dispuesta por el a quo y considera que se está en presencia de dispendio judicial y administrativo.

Se queja de la imposición de las costas a su cargo omitiendo considerar lo preceptuado por el art. 21 de la Ley 24463.

Destaca que los considerandos de la sentencia devienen inconducentes y nulos y sin valor alguno en la causa, ya que adjudica a la demandada un accionar inexistente. Asevera que la actora no ha realizado función probatoria alguna tendiente a desvirtuar los cálculos de los haberes de pasividad realizados por la Administración.

Alega que antes de la instancia judicial la actora no objetó de inconstitucional la ley que regí­a dichas operaciones, y durante mucho tiempo percibió sus haberes sin reparo alguno.

Manifiesta que, no obstante lo expuesto, la sentencia concluye de manera abrupta ordenando el recalculo del haber de pasividad tomando en consideración los parámetros de otro antecedente jurisprudencial, sustituyendo de manera improcedente y parcializada la inactividad de la parte en base a la aplicación de criterios errados e invocándose jurisprudencia amañada.

Cita jurisprudencia de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social (in re: "Cáceres José Pablo c/ ANSES» del 19/02/2001) que habrí­a empleado el precedente de Corte "Heit Rupp Clementina c/ANSES» del 16/08/99 y pide su utilización.

Aduce, asimismo, que es de aplicación obligatoria al caso lo resuelto por la CSJN "Badaro» en cuanto sostiene que no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantí­a constitucional en juego, razón por la cual entiende que el tribunal se arrogó facultades propias del Poder Legislativo transgrediendo las disposiciones del art. 7, ap. 2º y 5º de la Ley 24463 y dispone una movilidad del haber sin sustento legal y con total exceso de sus facultades jurisdiccionales.

Solicita, en lo atinente la determinación del haber inicial, se deje sin efecto el empleo del Índice de Salarios Básicos de la Construcción -ISBIC­ para la actualización de las remuneraciones por el perí­odo que va del 01/04/1995 al 30/06/2008, reemplazándose por el í­ndice combinado previsto en la Ley 27260, Decreto 807/16 y Resolución SSS N° 6/16.

Afirma, en apoyo de este pedido, que el precedente de Corte aplicado -"Eliff»­ ni siquiera menciona el ISBIC, sino que solamente indica que las remuneraciones tomadas en cuenta para el cálculo del haber inicial deben ser actualizadas sin limitación temporal.

Formula reserva del Caso Federal.

3. Corrido el traslado del recurso la parte actora contestó a fs. 183/186 manifestando -sustancialmente­ que la contraria realiza un relato de contestación de demanda no de los agravios que le causa la sentencia impugnada, efectúa referencias muy generales y abstractas, no cumpliendo con los términos del código procesal para que su recurso sea válidamente considerado, por ello debe ser rechazado.

Alega que la demandada miente cuando expresa que la parte que representa no respetó los plazos, ni el procedimiento para este tipo de acción, quedando desvirtuado ese argumento con las pruebas obrantes en el expediente administrativo y judicial.

Expresa que la contraria confunde el proceso seguido en la causa con un amparo, en consecuencia, las manifestaciones formuladas en el memorial de agravios no se relacionan con la presente acción.

Continúa enunciando que la parte actora es la única que impulso todo el proceso contencioso administrativo, no habiendo la demandada realizado diligencia alguna.

Por último, señala que la accionada no ofreció convenio de reparación histórica en consecuencia, no puede pretender la aplicación de la Ley 27260, a los fines de evitar abonar la condena y abstenerse de su obligación legal, no pudiendo aplicar las leyes a su conveniencia. Concluye peticionando el rechazo del planteo impetrado debiendo confirmarse la sentencia apelada, con costas por su orden.

4. Al folio 187 se llamó al Acuerdo para resolver la cuestión.

5. Habiéndose realizado el control de admisibilidad previo, cabe adelantar que la presente cuestión debe analizarse sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, tales, los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional y las normas internacionales con jerarquí­a constitucional ­arts. 75 inc. 22 y 23 de la Ley Fundamental­ como la "Convención Americana sobre Derechos Humanos» que en su art. 21 protege el derecho de propiedad sobre el haber jubilatorio, precepto plasmado en la causa "Cinco Pensionistas vs. Perú» (Corte IDH. Sentencia 28/02/2003. Serie C Nº 93) y aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 333:2338). Asimismo, resultan trascendentales el art. 26 de la mencionada Convención, que reconoce el principio de la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y el art. 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador» que dispone la obligación de los Estados partes de adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que allí­ se reconocen, entre ellos, el derecho a la seguridad social establecido en su art. 9.

6. Efectuado el encuadre constitucional del asunto en examen, corresponde tratar los agravios esgrimidos, adelantando que se analizarán no en la gradación en que fueron planteados en su escrito impugnativo, sino en su orden lógico expositivo.

Ello así­, en lo referido a la redeterminación del haber de la actora, a mi modo de ver y, teniendo en cuenta que la Sra. Marí­a Lidia Aryento adquirió el derecho al beneficio jubilatorio en fecha 07/12/2006 al amparo de la Ley 24241, registrando servicios autónomos ­E.A. N° 024­27­04858735­1­991­000001 que en este acto tengo a la vista­, resultan parcialmente utilizables las pautas fijadas en la sentencia de primera instancia debiendo realizarse las siguientes aclaraciones.

En lo que concierne al elemento Prestación Básica Universal (PBU) debe confirmarse la decisión emitida por el a quo en consonancia con los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Quiroga Carlos Alberto c/ANSeS s/Reajustes varios», dejándose a resguardo el derecho de la parte actora en caso de que, al tiempo de la liquidación, queden acreditados los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo, oportunidad en la que podrá replantear la cuestión (doctrina del caso "Tudor», Fallos: 327:3251, considerandos 8, 9 y 10).

En cuanto a la determinación de la remuneración promedio para el cálculo de la Prestación Compensatoria (PC) ­servicios autónomos­, la reglamentación alude a los valores vigentes a la fecha de solicitud de la prestación, cuando se trata de jubilación ordinaria (art. 3 del Decreto 679/1995, Reglamentario del art. 24 de la Ley Nº 24241), por lo tanto, no corresponde otro ajuste para la determinación del haber inicial que el señalado por la norma, el cual debe ser utilizado por el órgano demandado para efectuar el cálculo, debiendo computarse la totalidad del periodo revistado por el actor en cada una de las categorí­as de autónomos que aportó. Todo ello en consonancia con el criterio expuesto sobre este punto en el precedente "Makler» (Fallos 331:2166) ratificado en autos "Tognon Sergio José c/ ANSeS s/ reajustes varios» -de fecha 31/08/2010­.

En lo atinente a la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), corresponde revocar lo dispuesto por el magistrado de primera instancia, dado que dicho elemento no le fue liquidado al actor por no registrar servicios posteriores al año 1994 (fs. 3 E.A.).

Por lo expuesto, deberá confirmarse la sentencia en relación a la redeterminación de los componentes Prestación Básica Universal (PBU), Prestación Compensatoria (PC) -con las aclaraciones formulas­, revocando lo decidido sobre la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

7. Respecto de la solicitud de la recurrente referida al reemplazo del ISBIC por el RIPTE (previsto en la Ley 27260) como í­ndice de actualización de las remuneraciones para el perí­odo 1995/2008, a mi modo de ver corresponde desestimarse, siguiendo el temperamento adoptado por este tribunal en la causa "Vilar José Hipólito c/ANSeS s/Reajustes Varios» Expte. Nº 1641/2015, sentencia de fecha 17/04/2018, dado que de las constancias de autos no surge que el actor haya adherido al Programa de Reparación Histórica ni suscripto el acuerdo transaccional previsto en la Ley 27260, razón por la cual resulta improcedente la aplicación de sus términos a un tercero -actor­ 

En cuanto al Decreto Nº 807/16, deviene inaplicable al caso de autos, toda vez que la actora adquirió su beneficio previsional con anterioridad a la fecha establecida en el art. 5 (alta a partir del mensual agosto 2016).

Cabe aclarar que sobre estas cuestiones se ha expedido recientemente el Alto Tribunal en la causa "Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios», sentencia de fecha 18 de diciembre de 2018, arribando a idéntico temperamento -considerando 5­.

8. Por otra parte, entiendo atinadas la declaración de inconstitucionalidad del artí­culo 7 apartado 2 de la ley 24463 y la aplicación del criterio de movilidad por el juez de primera instancia conforme al precedente "Badaro» (Fallos 330: 4866) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyas consideraciones me remito "brevitatis causae».

A partir del 01/01/2007, juzgo acertado aplicar los aumentos de alcance general otorgados por la Ley 26198 y los posteriores decretos del Poder Ejecutivo hasta el 28/02/2009. Asimismo, a partir del 01/03/2009 surge apropiado el empleo del í­ndice de movilidad fijado por la Ley 26417, tal como lo indicó el a quo.

9. Ya para concluir, es necesario recalcar que una vez redeterminada la Prestación Compensatoria (PC) en la forma indicada en el considerando 6, dejando a salvo respecto del componente PBU los fundamentos vertidos en el mismo punto, el cálculo de la movilidad debe realizarse desde el 07/12/2006 -fecha de adquisición del beneficio­ al 31/12/2006, conforme al criterio indicado en el fallo "Badaro» y, desde el 01/01/2007 al 28/02/2009 de acuerdo a los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo, empalmando a partir del 01/03/2009 con el í­ndice de movilidad fijado por la Ley 26417.

Lo expresado no obsta a que la obligación de pagar de la demandada se limite a las sumas devengadas por el perí­odo no prescripto (art. 82 de la Ley 18037 ratificado por el art. 168 Ley 24241), esto es desde el 19/03/2007 (de acuerdo a la declaración de prescripción efectuada por el juez de primera instancia, que no ha sido impugnada).

10. En lo atinente a la queja formulada respecto de la imposición de costas a la demandada, resulta falaz y no puede estimarse porque no ha sido utilizada como fundamento de la decisión impugnada.

11. Respecto de los demás agravios no se tratan en el entendimiento de que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos, bastando que se hagan cargo de los conducentes para la decisión del litigio. (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320; 294:261).

12. En relación a las costas, corresponde sean impuestas por su orden, en los términos del art. 21 de la Ley 24463.

13. En cuanto a los honorarios por la labor realizada en esta alzada por la letrada de la parte actora, corresponde diferir su fijación para el momento en que haya base regulatoria firme.

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL DR. RAMON LUIS GONZALEZ DICE: Que adhiere al voto de la Dra. Selva Angélica Spessot por compartir sus fundamentos.

En mérito del Acuerdo que antecede, la Cámara Federal de Apelaciones dicta la siguiente SENTENCIA: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, por ello: a) diferir la redeterminación de la Prestación Básica Universal con los alcances fijados en el considerando 6; b) ordenar el recálculo de la Prestación Compensatoria de conformidad a lo dispuesto en el considerando 6 y c) revocar la redeterminación de la Prestación Adicional por Permanencia por lo expuesto en el considerando 6. 2) Confirmar la aplicación del criterio de movilidad del fallo "Badaro», desde el 07/12/2006 al 31/12/2006, continuando desde el 01/01/2007 al 28/02/2009 de acuerdo a los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo y empalmando a partir del 01/03/2009 con el í­ndice de movilidad fijado por la Ley 26417, debiendo tener especialmente en cuenta al momento del pago el considerando 9 de la presente. 3) Confirmar la sentencia apelada en lo demás, con el alcance indicado en los fundamentos vertidos. 4) Costas por su orden. 5) Diferir la regulación de los honorarios de la letrada de la parte actora por su labor en esta instancia, para el momento de contar con base regulatoria firme. 6) Firme que estuviere la presente resolución: a) deberán ponerse a disposición de la parte actora estos autos y las actuaciones administrativas ­reservadas como prueba­por el término de cinco (5) dí­as a fin de extraer las fotocopias que considere pertinentes; b) vencido dicho término, lí­brese oficio a la Anses -Seccional Corrientes­, a efectos de que, por su intermedio, se remitan las actuaciones administrativas -reservadas en caja fuerte­ al organismo competente a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en autos, adjuntándose al despacho las copias de los fallos extraí­das del Sistema Lex 100, debidamente certificadas por Secretarí­a. 7) Regí­strese, notifí­quese, comuní­quese al Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cf. Acordada 05/19 CSJN), cúmplase con la carga en el sistema Lex 100 y devuélvase -oportunamente­ sirviendo la presente de atenta nota de enví­o.

Firmado por: RAMÓN LUIS GONZÁLEZ

JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: SELVA ANGÉLICA SPESSOT

JUEZ DE CÁMARA

Nota: El Acuerdo que antecede fue suscripto por los Sres. Jueces que constituyen mayorí­a absoluta del Tribunal, por encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara Dra. Mirta Gladis Sotelo de Andreau (art. 109 R.J.N.) Secretarí­a de Cámara, 09 de mayo de 2019.

Firmado por: CYNTHIA ORTIZ GARCÍA DE TERRILE

SECRETARIA DE CÁMARA