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Lomas de Zamora, 25 de Junio de 2020.
AUTOS Y VISTOS:
Vienen los autos por ante este Tribunal a fin de tratar el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Esteban Echeverría contra la resolución de fecha 14/4/2020, por la cual el señor Juez a quo admitió la medida cautelar requerida por la accionante.
CONSIDERANDO:
I.- Se agravia el Municipio respecto de la medida cautelar dictada en la instancia de grado, por considerar que no se encuentran dados los requisitos para su admisibilidad. Estima que la falta de los presupuestos comunes de las cautelares verificados en la especie, sobre los cuales hace especial y separada referencia impiden su procedencia.
Manifiesta, en sustancia, que la conducta del Hospital siempre se encontró ajustada a derecho y señala que la situación particular de los actores impone que los mismos deleguen el cuidado de sus hijos en una tercera persona, como se evidencia que lo hacen en condiciones normales.
Cuestiona además el trámite que se imprimió al proceso, pues entiende que por haberse adoptado el camino de una cautelar autónoma, el a quo no debió prescindir como lo hizo de bilateralizar la cuestión; expresando además que de haberse observado el trámite original –acción de amparo– la pretensión hubiera sido rechazada por la carencia de sus requisitos.
Dice que para decidir como lo hizo el sentenciante de origen debió expedirse sobre la constitucionalidad de la legislación de emergencia, por lo que mal pude apartarse de aquella sin ejercer su valoración.
Por los motivos expuestos peticiona que se revoque la resolución apelada dejando sin efecto la medida cautelar recurrida.
II.- Cabe Inicialmente recordar que los Jueces no están obligados a tratar todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino que basta que hagan mérito de aquéllas que consideren más adecuadas para sustentar sus conclusiones. (CSJN, noviembre 8-1981, “Dos Arroyos SCA c/ Ferrari de Noailles” en “Actualización de Juris.”, N° 1440, La Ley, 1981 – D, pág. 781). Tales cuestiones esenciales son ésas que, según las modalidades del caso, resultan para la correcta solución del pleito y vienen constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento. (SCBA, AC. 21917, DJBA, T. III, pág. 15, ídem Ac. 35.221 “Ramos de Pagella c/ Escot”, 22-4-86).
Dicho esto, y más allá del `nomen iuris´ que se le haya dado a la medida cautelar peticionada -autosatisfactiva, innovativa, etc- se comprende claramente el objeto que se persigue con la misma, razón por la cual entiendo que esa cuestión técnica no puede en definitiva inhibir la consideración de su procedencia, so riesgo de incurrirse en un exceso ritual inadmisible.
De una detenida lectura del pronunciamiento atacado puede ciertamente interpretarse de algunos de sus párrafos que, en rigor, el señor Juez a quo no selló la suerte de la contienda, sino que -en el contexto excepcional en el que se desarrollan los hechos- sólo admitió la cautelar provisionalmente y hasta tanto pudiese contar con mayores elementos, escuchando a los accionados.
Así parece desprenderse cuando afirma que “el tipo de tutela requerida en estas actuaciones… me lleva a tomar una decisión que de forma cautelar, trate de brindar soluciones, pero que a la vez me permita tener un mayor conocimiento de la situación para poder disponer [en el] futuro una medida con mayor conocimiento de la plataforma fáctica desplegada…” circunstancias que, a nuestro modo de ver, condice con las conclusiones de las párrafos siguientes, donde estableció que “… dentro del plazo de cinco días de notificada la presente, el nosocomio donde presta servicios la actora o bien el municipio, podrá(n) efectuar las consideraciones pertinentes a fin de torcer lo aquí decidido en los términos del art. 195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial…”
III.- En el marco de ese contexto particular, deviene necesario precisar entonces que aún cuando resultara innegable la legalidad de las medidas de extrema urgencia adoptadas por el Gobierno Nacional, Provincial y Comunal en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, tal circunstancia no importaría en modo alguno un impedimento que “per se” permitiera soslayar el derecho constitucional cuya tutela pretenden los accionantes. (art. 28 de la C.N)
Es que, no hay duda que tratándose ambos actores de profesionales de la salud -considerados trabajadores esenciales por la normativa de emergencia citada- ninguno de ellos estaría exceptuado de realizar su labor en el nosocomio demandado, por lo que es precisamente tal circunstancia de hecho la que “prima facie” evidenciaría también -en este caso particular-, que una interpretación restrictiva y abstracta de las excepciones contempladas en la normativa de emergencia podría conducir a la vulneración de los derechos aquí en pugna, restringiendo sus obligaciones como padres y, a su vez, el derecho de sus hijos menores quienes carecerían de un adulto que pueda cuidarlos. (vr. DNU 260/2020, 297/2020, 459/202 y concordantes)
Aún en este estado embrionario del proceso, de las constancias de la causa se aprecian sumariamente acreditados los presupuestos esenciales para el andamiento de la cautelar provisoria decretada, pues los pretendientes han acompañado documentación que comprueba su profesión, su relación de dependencia en el Hospital Sofía Terrero de Santamarina, la identidad y edades de sus hijos (ver certificados de nacimiento acompañados y recibos de sueldo de los accionantes digitalizados en la instancia de origen) y la enfermedad que aquejara recientemente a uno de ellos -la actora, por neumonía- pudiendo considerarse dentro de los denominados grupos de riesgo.
En el mentado contexto particular, entiende este Tribunal que la resolución apelada debe confirmarse, a efectos de otorgar una tutela provisoria que permita asegurar el derecho pretendido hasta tanto se resuelva el debate que ha planteado el Municipio de Esteban Echeverría al integrarse a la litis. Controversia esta que deberá ser dirimida en la instancia de grado. (art. 28, 75 inc. 22 de la C.N.; arts. 3, 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 17, 19 del Pacto de San José de Costa Rica; arts. 23 inc. 1) y 24 inc. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 202, 204, 232 del CPCC)
POR ELLO: Con el alcance indicado, confírmase el decisorio apelado. Costas de Alzada por el orden causado. (art. 68 segundo párrafo del CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE ELECTRONICAMENTE (ARTS. 3, 4 Y 6 RES. SCBA 480/20) CONSENTIDA O EJECUTORIADA, DEVUELVASE A LA INSTANCIA DE ORIGEN.
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO
JUEZ DE CÁMARA
CARLOS RICARDO IGOLDI
JUEZ DE CÁMARA
GERMÁN PEDRO DE CESARE
SECRETARIO
Decreto 332/2020 – 01/04/2020
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