Exceso de velocidad. Cinemómetro. Margen de error. Principio de insignificancia. Absolución

Se revoca la sentencia apelada y se absuelve al imputado por la contravención consistente en haber excedido la velocidad permitida, atento a la insignificancia de la infracción.

AUTOS Y VISTOS:

Los de la presente causa contravencional nro. 111/17 (nro. interno 6213) seguida a GASTÓN HERNÁNDEZ JORQUERA, DNI ..., por infracción a los arts. 51 y 52 de la Ley 24.449.

RESULTA:

Que el señor Juez de Faltas Municipal condenó al citado a la pena de $ 2.695,66 de multa por la referida infracción (fs. 21). Contra ese decisorio el imputado interpuso recurso de apelación y nulidad por derecho propio (fs. 23 y vta.), el que fue ratificado por el doctor Leandro José Rossi (fs. 31).

Y CONSIDERANDO:

úNICO: I. La sentencia en crisis condenó al imputado por haber excedido la velocidad permitida en la calle Don Bosco al  ... de esta ciudad el 29 de mayo de 2016 a las 11.36 horas, a bordo del automóvil Chevrolet Corsa Classic dominio ... (ver acta de fs. 1).

II. El impugnante planteó que el cinemómetro utilizado no se encontraba homologado y por ende era inhábil a los fines de mensurar la velocidad a la que circulaba. Sostuvo que el Juez de Faltas debió chequear la verosimilitud de sus dichos, y que en la fotografí­a del vehí­culo y en el acta figuran velocidades diferentes.

Agregó el recurrente que la infracción que se le aplica es tardí­a y/o extemporánea dado que la misma es de fecha 29/05/16 y le fue notificada recién el 11/07/16, es decir pasado el plazo que indica la ley para un adecuado derecho de defensa. Pidió finalmente la nulidad de todo lo actuado en las presentes actuaciones y que se deje sin efecto la multa que le fuera aplicada.

III. En primer lugar debo señalar que contrariamente a lo afirmado por el causante, el cinemómetro cumple con los requisitos legales, pues consultado por secretarí­a, ví­a telefónica, el INTI, al no recibir respuesta a varios oficios remitidos por este juzgado por distintos medios, un técnico en verificación de ese organismo oficial informó que el aparato empleado se encontraba verificado en el perí­odo en que se constatara la infracción; estaba homologado, habilitado, registrado y certificado (fs. 33).

En cuanto a la notificación de la presunta infracción, ella fue realizada dentro del plazo legal, que es de sesenta dí­as hábiles (art. 28 de la Ley 13.927 reformada por la Ley 14.393), dado que presentó escrito de descargo el 22 de julio de 2016. Y aun cuando ese plazo se hubiera excedido, la ley no establece que fuera bajo sanción de nulidad tratándose de un plazo ordenatorio, debiendo recordarse que la nulidad es un remedio extremo y debe alegarse y acreditarse el efectivo perjuicio que ocasiona la irregularidad que se denuncia.

Ahora bien, despejadas esas cuestiones y entrando al fondo del asunto planteado debo adelantar que a mi juicio el fallo en crisis debe ser revocado, absolviendo al causante.

Según el acta de fs. 1 la velocidad máxima permitida en ese sector es de 40 km/h y el imputado circulaba a 44,18 km/h (según lo impreso en la fotografí­a del vehí­culo); en otra parte del instrumento figura que lo hací­a a 44,17.

Según lo informado por el INTI (fs. 33) el margen de error de los cinemómetros es de tres km, por tanto es muy exigua la diferencia y la duda debe favorecer al causante porque como bien lo sostuviera éste los automóviles no poseen esa precisión en la medición del velocí­metro, el que también puede poseer un margen de error.

Asimismo, y a todo evento, entiendo que resulta aplicable el principio de insignificancia que aparece contemplado en nuestro Código Procesal Penal como criterio especial de archivo (arts. 56 bis inc. 1 del CPP, 49 de la Ley 13927 reformada por la Ley 14393, y 4 del Código Fiscal, Ley 10397). Digo ello porque teniendo en cuenta el margen de error ya aludido, el exceso serí­a de poco más de un kilómetro, lo cual a mi entender resulta insignificante tornando atí­pica la conducta por no advertirse la presencia significativa del principio de lesividad.

El principio de razonabilidad es una garantí­a innominada que fluye de los arts. 1, 14, 28 y 33 de la Constitución Nacional. Las leyes que reglamentan los derechos consagrados constitucionalmente, no pueden alterar sustancialmente esos derechos, desnaturalizándolos o suprimiéndolos. El principio de razonabilidad implica un intento de delimitación entre la reglamentación legí­tima y la que altera los derechos y garantí­as. Se trata de una norma operativa, ineludible de aplicar por todos los órganos de poder en un Estado de Derecho, pues lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario (cfme. Marí­a A. Gelli, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, pág. 329). En ese marco, el Poder Judicial debe velar para que las normas infraconstitucionales se mantengan en adecuada coherencia con las directrices constitucionales, sin que se produzcan situaciones inequitativas o irrazonables en la resolución de los casos concretos. El poder punitivo del Estado debe ejercerse dentro de ciertos lí­mites razonables, siendo la proporcionalidad una medida de la razonabilidad.

En consecuencia, atento la insignificancia de la infracción, lo cual es un criterio restrictivo de la tipicidad (cfme. Enrique Garcí­a Vitor, la insignificancia en el Derecho Penal, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2000, pág. 40), dados los márgenes de error ya aludidos, y en función de los principios de lesividad, prohibición de exceso y ultima ratio, corresponde disponer la absolución del causante y esa es mi convicción.

POR ELLO, y lo dispuesto por los arts. 10, 166 y 171 de la Const. Pcial., 24 inc. 3 del CPP, 40 y 41 de la Ley 13.927, RESUELVO: REVOCAR LA SENTENCIA APELADA DE FS. 21 Y ABSOLVER LIBREMENTE A GASTÓN HERNÁNDEZ JORQUERA por infracción a los arts. 51 y 52 de la Ley 24.449, como constatada en esta ciudad el 29 de mayo de 2016.

Notifí­quese al imputado al domicilio constituido. Resérvese copia para el protocolo del Juzgado, y oportunamente devuélvase al Juzgado Municipal de Faltas de esta ciudad.

DADA, FIRMADA Y SELLADA en la Sala de mi Público Despacho, en la ciudad de Bahí­a Blanca, Provincia de Buenos Aires a los once dí­as del mes de mayo de dos mil diecisiete.-

José Luis Ares

Juez en lo Correccional