Falsificación de documentos públicos. Partí­cipe necesario

Se revoca el auto mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados por considerarlos prima facie penalmente responsables como partí­cipes necesarios del delito de falsificación de documentos públicos y mandó a trabar embargo sobre sus bienes.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2018.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 11/13 por el Dr. Juan Martí­n Vicco, Defensor Auxiliar interinamente a cargo de la Defensorí­a Pública Oficial N°3, contra los puntos I, II, III y IV del auto mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de R A M y J A M por considerarlos prima facie penalmente responsables como partí­cipes necesarios del delito de falsificación de documentos públicos y mandó a trabar embargo sobre sus bienes por la suma de cincuenta mil pesos ($50.000).

De las constancias de la causa surge que a J A M y a R A M se les imputó: "...La adulteración de la cédula de identificación N° ... correspondiente al vehí­culo marca ‘Chevrolet’, dominio ..., en la que el sello y la firma que se atribuyen a Juan M. Acosta y Lara -encargado titular del Registro Automotor Seccional 42- no son originales; se consigna como titular del vehí­culo a ‘T I S.A.’ mientras que el verdadero es ‘T I P S.A.’, y la que, asimismo, sufrió una maniobra de ‘raspado’ en el número de control. Por su parte, se le imputa haber utilizado dicho documento apócrifo, el dí­a 2 de julio de 2010, para concretar la venta del vehí­culo a J A V...».

II. El Dr. Vicco en su escrito de apelación, basó sus agravios en torno a dos cuestiones.

En primer lugar, solicitó el sobreseimiento de sus pupilos por considerar que, por un lado, no existí­a prueba en autos que desmintiera sus versiones, y que en definitiva, resultaban ser los únicos perjudicados toda vez que no pudieron vender el rodado que adquirieron años atrás, y por el otro, que el no haber hecho la transferencia a su favor al momento de su adquisición -aunque sí­ la denuncia de venta-, no implicaba que hubiesen tenido algún tipo de participación.

Así­, la defensa refirió que en el año 1997 G les vendió la camioneta a los hermanos M, y que el pedido de secuestro del rodado era del año 1993, dejando entrever que su pupilo habí­a adquirido la cédula ya adulterada.

Finalmente, solicitó la reducción del monto del embargo diciendo que deberí­a tenerse en cuenta la capacidad económica de sus pupilos, y que a su vez, en el caso, no corresponde indemnización civil, no prevé pena pecuniaria, no restan medidas por realizar, y poseen defensa oficial, con lo cual, sólo deberí­an responder por la tasa de justicia.

III. Llegado el momento de resolver el procesamiento, se advierte que la decisión del a quo resulta prematura, toda vez que tras haber sido analizadas las constancias habidas en la causa principal, este tribunal considera que no se han extremado los recaudos en la tarea pesquisitiva a fin de lograr el conocimiento necesario que habilita la adopción de un auto de mérito debidamente fundado, por lo que habrá de revocarse el auto recurrido.

En efecto, de las constancias de la causa surge que el dí­a 30 de enero del año 1998 se realizó una denuncia de venta respecto del rodado de "T I S.A.» a favor de los hermanos M, y el dí­a 16 de marzo del mismo año se decretó el pedido de secuestro. Luego, el 10 de julio del año 2006 se decretó la inhibición de la empresa "T P S.A.» y al seguir figurando como titular registral del vehí­culo es que el mismo resultó gravado.

Al respecto, J A M en su declaración indagatoria de fs. 193/194 de los autos principales, dijo "Yo le vendí­ el camión al Señor V, quien es un vecino mí­o, así­ como estaba. No se podí­an hacer los papeles porque estaba inhibido. No me acuerdo bien si le di el tí­tulo y cédula, pero de habérselos entregado fueron los que me dio G así­ como estaban. G es el dueño de la empresa de "T I D P S.A.», a quien yo le compre el camión. A él le compramos varios camiones e hicimos los papeles y todo bien. Pero luego varios de los camiones lo inhibieron y por eso no pudimos hacer el traspaso de dominio. Y luego, nosotros también los vendimos así­. Por eso, el precio tan barato al que se lo vendimos, porque se encontraban inhibidos. No recuerdo bien con que papeles se lo dí­a a V pero sí­ que lo hice en la misma forma en que lo compre». Luego, se comprometió a buscar la documentación de la venta que G le habí­a hecho, y se ofreció a realizar un cuerpo de escritura.

Si bien se han corroborado algunos de los datos aportados, lo cierto es que, a criterio de los suscriptos, corresponderí­a continuar con la lí­nea investigativa para averiguar en qué condiciones obtuvieron el vehí­culo y la documentación, es decir, consideramos que resta profundizar la investigación a fin de, poder confirmar o desechar la versión suministrada por R A M y por J A M. Por ello, resultarí­a pertinente contar con el descargo del primigenio titular del vehí­culo y ahondar sobre el pedido de secuestro a fin de dilucidar quién y cuándo lo realizó.

Todo ello a fin de poder adoptar una decisión basada en una adecuada ponderación de los elementos probatorios que permita precisar, con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, la calificación legal y grado de participación que cabrí­a asignarle a sus conductas.

En base a lo expuesto habrá de decretarse la falta de mérito de los encausados en los términos del artí­culo 309 Código de rito.

En virtud de ello, el Tribunal RESUELVE:

-REVOCAR EL PROCESAMIENTO de R A M y por J A M y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesarlos o sobreseerlos -art- 309 del C.P.P.N, DEBIENDO continuar con el trámite de la causa de acuerdo con lo indicado en los considerandos.

Regí­strese, notifí­quese conforme lo dispuesto por las acordadas 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hágase saber a la Secretarí­a de Comunicación y Gobierno Abierto (Acordada 42/15 de la C.S.J.N.), y devuélvase a la anterior instancia.

Sirva la presente de atenta nota de enví­o.

MARIANO LLORENS

JUEZ DE CÁMARA

LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA

JUEZ DE CÁMARA

TALARICO MARIA VICTORIA

Secretaria de Camara