Hábeas corpus. Establecimiento penitenciario. Policí­a. Interpretación restrictiva

Se confirma la resolución que ordenó el traslado de un interno a un establecimiento penitenciario más alejado de su grupo familiar y sin considerar su condición de policí­a, en lo que implicarí­a su relación con otros internos que no comparten su profesión. Ello así­, al interpretarse que las acciones de esta clase no deben convertirse en una especie de atajo para evitar el tránsito por la ví­a procesal regular, mientras que tampoco se advirtió que pudiera resultar un agravamiento en las condiciones de detención la lejaní­a del interno con su grupo familiar.

Rosario, 21 de octubre de 2017.

Visto, en Acuerdo de la Sala "A» el expediente n° FRO 52686/2017/CA1 "A., D. J. s/ Habeas Corpus», procedente del Juzgado Federal n° 4 de esta ciudad, del que resulta que:

La Dra. Antonela Travesaro, defensora del causante en el proceso que se le sigue ante el Juzgado Federal nº 3 de esta ciudad (autos "G. y otros s/ 142 inc. 5 CP», nº 22074/2014), interpuso éste en favor de su asistido a raí­z de que se lo trasladó desde la sede local de Gendarmerí­a a la U 28 de CABA -transitorio- para alojarlo de manera definitiva en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Considera que tal acto conspira contra la buena marcha del proceso judicial que se le sigue en esta jurisdicción, más aún al no estar firme porque fue apelado el procesamiento y prisión preventiva ordenado y la denegatoria de la excarcelación, impugnaciones que se hallan en trámite. Afirmó que también configura una mortificación innecesaria para el imputado -que se puso por propia voluntad a disposición del tribunal-, agravando las condiciones en que se cumple el encierro al alejarlo de su núcleo familiar y no tenerse en cuenta que su mera presencia en un penal generarí­a inquina con cualquier otro interno de condición no policial, algo que es sabido por los operadores judiciales y penitenciarios. Además, otros imputados privados de la libertad para la misma causa permanecen en esta jurisdicción, en clara desigualdad con el amparado. Peticionó el cese inmediato del hecho denunciado (fs. 1-2).

El Juzgado Federal nº 4 desestimó esta acción y la remitió en consulta (art. 10 ley 23.098), por resolución del dí­a de ayer. La decisión se basó en que no se da el supuesto de procedencia previsto en el artí­culo 3 inciso 2 de la ley 23.098, pues al no contarse en esta provincia con una cárcel federal en la mayorí­a de las causas que se tramitan ante este fuero se aloja a los presos en alguna del Servicio Penitenciario Federal, no siendo violatorio del principio de igualdad que en algún supuesto tal circunstancia no se cumpla. Asimismo, porque la defensa puede controvertir ante el juez de la causa la medida dispuesta si lo estima pertinente (fs. 4-5).

Y considerando que:

1. En primer lugar corresponde señalar que el Hábeas Corpus presentado se dirige contra una decisión judicial ordenada por el tribunal de la causa a cuya disposición se halla el amparado en un proceso que a él se le sigue, razón por la cual se adelanta que será confirmada la desestimación venida en consulta. En el contexto de dicha causa es que deben emplearse las ví­as recursivas legalmente previstas para el cuestionamiento de las decisiones que allí­ se adopten o para canalizar los planteos que se estimen necesarios, como el caso del traslado efectuado que por esta acción se pretende objetar.

Al respecto, Néstor Pedro Sagí¼és en su obra "Derecho Procesal Constitucional» (Tomo 4 referido a Hábeas Corpus, Ed. Astrea, Ed. 1998, p. 157) señala que es fundamento de la tesis restrictiva que "...de admitirse el hábeas corpus contra pronunciamientos de jueces, se quebrarí­a el buen orden en los pleitos, auspiciándose la anarquí­a judicial.» (conf. Sala "A» de esta Cámara Acuerdo nº 229/09 y del 10-2-2017, expte. FRO 887/2017/CA1 "M., Daniel Francisco s/ Habeas Corpus», entre otros).

Asimismo, se comparte el criterio de que no corresponde emplear la acción de hábeas corpus para sustituir, alterar o provocar un indebido contralor sobre las decisiones propias de quienes resultan ser jueces naturales de cada causa, respecto de las que existen en su caso las ví­as recursivas pertinentes para lograr su impugnación (CSJN, "Tortora, Daniel Eduardo y otros s/ habeas corpus», Fallos, 313:1262, 27/11/90; CCrim. y Corr., Sala XI, "Llalobos, Gonzalo», 21/6/92, causa 733 y, en sentido concordante, Sala VII, "Cartala, Jorge», 25/8/89, causa 12.242) (cf. Acuerdos nro. 42/07-P (def.), 4/11-P (def.) y 9/13-P (def.) de la Sala "B»).

En esa dirección, ha sostenido la CSJN en el caso "Rowe» (Fallos 233:105) como principio rector del tema "... que el hábeas corpus no autoriza a sustituir en las decisiones que les incumben, a los jueces propios de la causa, respecto de cuyas resoluciones, en caso de existir agravio constitucional, caben en todo caso los recursos de ley...», criterio que luego aplicó en una causa más reciente ("Luconi, Carlos», Fallo del 26.12.95, publicado en la L.L., 1996-B-670,) con comentario favorable en igual sentido de Francisco J. D’Albora. También que "...El habeas corpus, no procede si la privación de la libertad se originó en una causa seguida ante el juez competente...Los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de la detención o las falencias en el procedimiento....no pueden resolverse por la ví­a del hábeas corpus, e incumben a los jueces propios de la causa, respecto de cuyas resoluciones -en caso de existir agravios- deberán hacerse valer los medios legales correspondientes.» ("Zariquiegui de Seara, Norma Ilda s/ Habeas Corpus», 01-10-87, T. 310-II, pág. 2005, entre otros) (cf. Acuerdo nro. 37/07 P (def.) de esta Sala).

En resumen, acciones de esta clase no deben convertirse "en una especie de atajo para evitar el tránsito por la ví­a procesal regular» (conf. SC. Tucumán, 11-2-94, DJ 1995-1-520).

2. Tampoco se advierte que pueda resultar un agravamiento en las condiciones de detención la lejaní­a del interno con su grupo familiar. Al respecto y como ya lo expresó esta Sala al resolver una situación semejante a la presente por acuerdo del 10-2-2017, expte. FRO 887/2017/CA1 "M., Daniel Francisco s/ Habeas Corpus», el decreto nro. 1136/97 reglamentario del capí­tulo XI la ley 24.660 que establece las condiciones de ejecución de la pena privativa de libertad, regula el régimen legal referido a los internos que se encuentran alojados fuera del lugar de residencia de su familia, estableciéndose visitas por razones de distancia, salud o trabajo, así­ como prevé el caso de familiares que carecen de medios económicos para afrontar el costo del traslado al lugar de detención (arts. 39 y ss. decreto reglamentario), sistema legal que no ha sido cuestionado por inconstitucional, ni surge en forma manifiesta que ello deba ser declarado de oficio. La afectación que podrí­a eventualmente suscitarse por cuestiones derivadas del incumplimiento de cualquiera de ellos, corresponderí­a analizarlas, para el caso que se presentaran, de manera individual, no obstante lo cual no han sido éstas de antemano especificadas en forma concreta, todo lo cual obsta a que se pueda tener por configurado el agravamiento mencionado.

3. También debe descartarse que esta misma causal se configure por la condición policial del detenido. En este sentido, se pronunció la Sala "B» de esta Cámara ante un planteo similar, mediante acuerdo del pasado 19 de setiembre del año en curso (autos N° FRO 44741/2017/CA1, "Detenidos en el Pabellon XIV - Instituto Correccional U. 1 s/ habeas corpus»). Por compartirlos se citan los fundamentos allí­ expresados: "Tampoco se aprecia la existencia de alguna situación concreta y actual que implique agravamiento en las condiciones de detención de los denunciantes, desde que refieren a un "potencial conflicto». Ello, sin perjuicio de las recomendaciones que cabe efectuar a las autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe y del Instituto Correccional Modelo U-1 de Coronda, en orden a que se dispongan las medidas necesarias para garantizar la convivencia armónica de los internos en general, y en particular de los alojados en el Pabellón XIV en cuestión, en consonancia con las Reglas Mí­nimas para el Tratamiento de Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, art. 8; Resolución nro. 13/97 de la Secretarí­a de Polí­tica Penitenciaria, Texto ordenado del Reglamento General de Procesados, art. 3º y normas concordantes que resulten de aplicación».

4. En mérito a lo expuesto se confirmará el auto venido en consulta, encomendando al juez que, en forma urgente, se efectúe la recomendación señalada en el considerando tercero a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal y del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y U 28 de CABA, para que dispongan las medidas necesarias para garantizar la convivencia armónica de los internos en general y del beneficiario del presente, atendiendo a la condición de policí­a de este último. Asimismo, el juzgado pondrá en conocimiento del juzgado a cuya disposición está detenido el amparado, de la acción aquí­ entablada y de los pronunciamientos emitidos, a sus efectos.

Por tanto,

SE RESUELVE:

Confirmar, en cuanto fue materia de consulta, la resolución del 20 de octubre de 2017 de fs. 4-5, encomendando al juez el cumplimiento de lo establecido en el considerando tercero. Insértese, hágase saber, comuní­quese según Acordada Nº 15/13 de la C.S.J.N. y devuélvase, sirviendo la presente de atenta nota de remisión. No participa del acuerdo el Dr. Aní­bal Pineda porque se encuentra enfermo.

FERNANDO LORENZO BARBARÁ

JUEZ DE CAMARA

JORGE SEBASTIAN GALLINO

JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE

ANTE MI

ROBERTO FELIX ANGELINI

SECRETARIO DE CAMARA

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G., L. D. s/hábeas corpus - Cám. Fed. Gral. Roca - 16/01/2017- Cita digital IUSJU013511E