Haber previsional. Invalidez de acto administrativo

Se acoge parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia que hizo lugar a la demanda y que declaró la invalidez del acto administrativo identificado como resolución 540, dictado por ANSeS, ordenando reajustar los haberes del actor, con actualizaciones y retroactividades.

En la ciudad de Corrientes, a los veintinueve dí­as del mes de agosto del año dos mil diecinueve, estando reunidos los Señores Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, Dres. Mirta Gladis Sotelo de Andreau, y Ramón Luis González, asistidos por la Sra. Secretaria de Cámara, Dra. Dra. Cynthia Ortiz Garcí­a de Terrile, tomaron conocimiento del expediente caratulado "Machuca Fernando Leoncio (Hoy Laura Hilda Avalos) c/ANSES s/Reajustes por movilidad» Expte. Nº 11000398/1998/CA1, proveniente del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes.

Efectuado el sorteo para determinar el orden de votación, resultó el siguiente: Dres. Mirta Gladis Sotelo de Andreau, Ramón Luis González y Selva Angélica Spessot.

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

­¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

­¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA DRA. MIRTA GLADIS SOTELO DE ANDREAU DICE, CONSIDERANDO:

1. Que vienen los autos a este tribunal con motivo del recurso de apelación de la parte demandada ­a fs. 158­, contra la sentencia del juez de primera instancia que hizo lugar a la demanda, declaró la invalidez del acto administrativo identificado como Resolución Nº 540, dictado por Anses, ordenando reajustar los haberes del actor en la forma dispuesta en sus considerandos, con actualizaciones y retroactividades. Declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la ley 24463 y asimismo, si correspondiere la inconstitucionalidad de los arts. 24 y 25 de la ley 24241. Consecuentemente ordenó a Anses: a) revisión del haber jubilatorio y b) al reajuste por movilidad de los haberes de jubilación concedido al actor. Declaró el carácter de acreedora de la obligación a la Sra. Laura Ilda Avalos. Difirió el tratamiento del art. 9 de la Ley 24463 y 26 de la Ley 24241, como así­ también lo referido a la PBU. Hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos del art. 82 de la ley 18037. Decretó que el cálculo de la movilidad deba realizarse desde la fecha de adquisición del derecho al beneficio sin que ello obste a que la obligación de pagar de la demandada se limite a las sumas devengadas por el periodo no prescripto, esto es dos años previos al reclamo administrativo de fecha 17/07/1998 y hasta el fallecimiento del actor ­06/05/2013­. Asimismo, autorizó la deducción de las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones del decreto 764/06. Estableció la tasa de interés hasta el momento del efectivo pago. Respecto a las diferencias que pudieran existir, dispuso que se tenga en cuenta las leyes 23982, 24130, 25344, 25565, 25725, 25827, 26175, 26198 y 26337, según sea la situación del crédito. Expresó que los haberes así­ reajustados no deberán exceder las limitaciones consignadas en la causa "Villanustre», debiendo acreditar la Anses su aplicación. Impuso las costas del proceso en el orden causado y difirió la regulación de los honorarios profesionales.

2. La demandada al expresar agravios indica que el mecanismo de cálculo de la PBU está fijado por la Ley 24241, por lo que es improcedente el pedido de inconstitucionalidad dado que todos los afiliados del sistema tienen derecho a la misma PBU con independencia de los aportes y de la mayor o menor proporcionalidad que estos puedan tener con el haber de la prestación -cita fallo Melfi Alejandro­.

Con respecto a las remuneraciones de los últimos diez años expresa que las mismas fueron actualizadas conforme el ISBIC hasta el 31/03/1991 y con el í­ndice de movilidad con posterioridad a dicha fecha según los arts. 12 y 32 de la Ley 26417, Dto. 279/08, Res. SSS 6/2009 y Res. D.E. 298/08 de ANSES, por lo que sostiene la inexistencia de perjuicio para el demandante -cita fallo Jalil Ana­.

Agrega, que para el hipotético caso que se considere incorrecto el í­ndice utilizado por su representada para la actualización de las remuneraciones al momento de la determinación del haber inicial, se ordene la aplicación de los í­ndices dispuestos por el Decreto 807/16 y el previsto en la Ley 27260, para el perí­odo que va del 01/04/1995 al 30/06/2008, explicando cómo se realiza actualmente este proceso. Afirma, en apoyo de este pedido, que el precedente de Corte -»Eliff»­ no realizó un cuestionamiento especí­fico sobre cuál era el í­ndice más equitativo y justo, sino que ordenó la aplicación por extensión del Índice de Salarios Básicos de la Construcción -ISBIC­, establecido por la ANSES en Resolución 140/95. Formula consideraciones sobre el í­ndice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE­ subrayando su generalidad y objetividad.

En relación a la fijación de los topes a los haberes previsionales, expresa que se basan en el principio de solidaridad, priorizando la situación de aquellos que se encuentren en desventaja al asegurarles un haber mí­nimo garantizado, por ello los principios de proporcionalidad, sustitutividad y movilidad se hallan limitados razonablemente por el de solidaridad. Agrega que la aplicación del precedente "Villanustre» se torna indispensable cuando los topes legales son declarados inconstitucionales en el marco de un proceso judicial. Realiza un raconto de los topes fijados por los arts. 9, 24, 25 y 26 de la ley 24241 y 9 de la ley 24463, concluyendo en reafirmar que han sido fijados por razones de solidaridad y equidad, con la finalidad de lograr una mejor distribución de los recursos con los que cuenta el sistema previsional, por tanto, dado el carácter público de dichas normas no existe violación alguna a las garantí­as constitucionales.

Insiste en la deducción de la prescripción del art. 82 de la Ley 18037, y el 168 de la Ley 24241 y pide se tenga en cuenta en esta Alzada.

Expone que de todo el memorial de demanda no se extrae que la accionada haya opuesto o alegado de que la acción intentada haya sido interpuesta legí­timamente ni habiendo ella cumplido con los alcances de la normativa aplicable. Expresa que los considerandos de la sentencia devienen inconducentes y nulos y sin valor alguno en la causa, ya que adjudica a la demandada un accionar inexistente.

Asevera que la actora no ha realizado función probatoria alguna tendiente a desvirtuar los cálculos de los haberes de pasividad elaborados por la Administración. Alega que antes de la instancia judicial la actora no objetó de inconstitucional la ley que regí­a dichas operaciones, y durante mucho tiempo percibió sus haberes sin objeción alguna. Manifiesta que, no obstante, lo expuesto la sentencia concluye de manera abrupta ordenando el recalculo del haber de pasividad tomando en consideración los parámetros de otro antecedente jurisprudencial, sustituyendo de manera improcedente y parcializada la inactividad de la parte; en base a la aplicación de criterios errados e invocándose jurisprudencia amañada.

Cita jurisprudencia de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social (in re: "Cáceres José Pablo c/ ANSES» del 19/02/2001) que habrí­a empleado el precedente de Corte "Heit Rupp Clementina c/ANSES» del 16/08/99 y pide su utilización. Aduce, asimismo, que es de aplicación obligatoria al caso lo resuelto por la CSJN "Badaro» en cuanto sostiene que no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantí­a constitucional en juego, razón por la cual entiende que el tribunal se arrogó facultades propias del Poder Legislativo transgrediendo las disposiciones del art. 7, ap. 2º y 5º de la Ley 24463 y dispone una movilidad del haber sin sustento legal y con total exceso de sus facultades jurisdiccionales. Formula reserva del Caso Federal.

3. Corrido el traslado del recurso la parte actora contestó a fs. 182/185. Expone que no es cierto que la parte que representa no haya interpuesto legí­timamente la acción, tampoco es cierto que el a quo haya establecido en forma irracional que le asiste el derecho a la actora, pues con las probanzas ofrecidas surge clara y precisamente su derecho, manifestando asimismo que con la sanción de la ley de reparación histórica el mismo ANSES reconoció que no estaba utilizando í­ndices correctos para determinar los haberes a los jubilados y pensionados.

Expresa que el fallo resulta justo, previsor y prudente pues ordena la redeterminación y posterior reajuste del haber, reconociendo el derecho a una jubilación digna y móvil consagrado en la Constitución Nacional y Pactos Internacionales. Afirma que tampoco es cierto que se haya violado el principio de división de poderes por cuanto ante la ausencia de medidas por parte de los poderes legislativo y ejecutivo, le cabe a la justicia reparar las omisiones de los mismos.

Concluye expresando que los presuntos agravios de la demandada no tienen asidero legal, son medidas dilatorias y deben ser rechazados, confirmándose el fallo de la instancia anterior. Formula reserva del caso federal.

4. Al folio 186 se llamó al Acuerdo para resolver la cuestión.

5. Habiéndose realizado el control de admisibilidad previo, cabe adelantar que la presente cuestión debe analizarse sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, tales, los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional y las normas internacionales con jerarquí­a constitucional ­arts. 75 inc. 22 y 23 de la Ley Fundamental­ como la "Convención Americana sobre Derechos Humanos» que en su art. 21 protege el derecho de propiedad sobre el haber jubilatorio, precepto plasmado en la causa "Cinco Pensionistas vs. Perú» (Corte IDH. Sentencia 28/02/2003. Serie C Nº 93) y aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 333:2338). Asimismo, resultan trascendentales el art. 26 de la mencionada Convención, que reconoce el principio de la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y el art. 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador» que dispone la obligación de los Estados partes de adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de logar progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que allí­ se reconocen, entre ellos, el derecho a la seguridad social establecido en su art. 9.

6. Efectuado el encuadre constitucional del asunto en examen, corresponde tratar los agravios esgrimidos, adelantando que se analizarán no en la gradación en que fueron planteados en su escrito impugnativo, sino en su orden lógico expositivo.

En lo atinente al tópico referido a la redeterminación fijada en la sentencia recurrida, a mi modo de ver, y teniendo en cuenta que el causante adquirió el derecho al beneficio de jubilación por invalidez el 12/05/1983 -ver fs. 8/10 del E.A. N° 024­20­08594228­0­717­000001 que en este acto tengo a la vista­, al amparo de la Ley 18037, no resultan utilizables las pautas fijadas por el juez de primera instancia pues refieren a beneficios otorgados bajo el régimen de la Ley Nº 24241.

Por tal razón corresponde revocar la sentencia apelada en este punto y ordenar que la determinación del haber inicial del causante se practique siguiendo las pautas fijadas por el art. 49 de la Ley 18037, en mérito a que fue diseñada teniendo en cuenta las variaciones ocurridas en el nivel general de las remuneraciones de los trabajadores en actividad, por lo que su estricta y correcta aplicación posibilitará mantener incólumes los principios de sustitutividad y proporcionalidad que deben contener los haberes previsionales respecto de los salarios activos, a fin de cumplir con el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

7. En relación a la solicitud de la recurrente referida al reemplazo del ISBIC por el RIPTE (previsto en la Ley 27260) como í­ndice de actualización de las remuneraciones para el perí­odo 1995/2008, a mi modo de ver corresponde desestimarse, dado que de las constancias de autos no surge que el actor haya adherido al Programa de Reparación Histórica ni suscripto el acuerdo transaccional previsto en la Ley 27260, razón por la cual resulta improcedente la aplicación de sus términos a un tercero -actor­.

Asimismo, cabe destacar que las remuneraciones a actualizar no abarcan dicho lapso, dada la fecha de cese ­1983­.

8. Por otra parte, entiendo atinadas la declaración de inconstitucionalidad del artí­culo 7 apartado 2 de la ley 24463 y la aplicación del criterio de movilidad por el juez de primera instancia conforme al precedente "Badaro» (Fallos 330: 4866) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyas consideraciones me remito "brevitatis causae».

A partir del 01/01/2007, juzgo acertado aplicar los aumentos de alcance general otorgados por la Ley 26198 y los posteriores decretos del Poder Ejecutivo hasta el 28/02/2009. Asimismo, a partir del 01/03/2009 surge apropiado el empleo del í­ndice de movilidad fijado por la Ley 26417, tal como lo indicó el a quo.

9. En lo atinente a la queja formulada en relación a la validez de los topes fijados por los arts. 9, 24, 25 y 26 de la Ley 24241 y 9 de La ley 24463, ellos no son aplicables al caso por cuanto como se acotara "supra» el actor adquirió el beneficio jubilatorio al amparo de la Ley 18037, razón por la cual deberá revocarse la sentencia en este punto.

10. En cuanto a lo aducido sobre la aplicación indispensable de los lí­mites fijados en el precedente "Villanustre», cabe confirmar lo determinado por el magistrado de primera instancia en cuanto a la necesaria acreditación de la circunstancia que habilita su aplicación, por parte de Anses, en la etapa de liquidación.

11. Ya para concluir, es necesario recalcar que una vez redeterminado el haber inicial del causante Sr. Fernando Leoncio Machuca conforme a las pautas fijadas en el considerando 6 se determinará la consiguiente movilidad, la cual debe realizarse desde el 01/01/2002 al 31/12/2006, conforme al criterio indicado en el fallo "Badaro», continuando desde el 01/01/2007 al 28/02/2009 acorde a los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo, empalmando a partir del 01/03/2009 con el í­ndice de movilidad fijado por la Ley 26417.

Lo expresado no obsta a que la obligación de pagar de la demandada se limite a las sumas devengadas por el perí­odo no prescripto, esto es desde el 17/07/1996 (de acuerdo a la declaración de prescripción efectuada por el a quo, que no ha sido impugnada).

12. Respecto de los demás agravios no se tratan en el entendimiento de que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos, bastando que se hagan cargo de los conducentes para la decisión del litigio. (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320; 294:261).

13. En relación a las costas en esta Alzada, corresponde sean impuestas por su orden, en los términos del art. 21 de la Ley 24463.

14. En cuanto a los honorarios por la labor realizada en esta alzada por la letrada de la parte actora, corresponde diferir su fijación para el momento en que haya base regulatoria firme.

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL DR. RAMON LUIS GONZALEZ DICE: Que adhiere al voto de la Dra. Mirta Gladis Sotelo de Andreau por compartir sus fundamentos.

En mérito del Acuerdo que antecede, la Cámara Federal de Apelaciones dicta la siguiente SENTENCIA: 1) Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en consecuencia: a) ordenar el recálculo del haber inicial, de conformidad a las pautas establecidas en el considerando 6 de la presente; b) confirmar el criterio de movilidad indicado en el fallo "Badaro» al lapso comprendido desde el 01/01/2002 hasta el 31/12/2006; debiendo emplearse, desde el 01/01/2007 al 28/02/2009, los aumentos de alcance general otorgados por la Ley 26198 y los posteriores decretos del Poder Ejecutivo; empalmando a partir del 01/03/2009 con el í­ndice de movilidad establecido por la Ley 26417. 2) Confirmar la sentencia apelada en lo demás, con el alcance indicado en los fundamentos, debiendo tener especialmente en cuenta al momento del cálculo el considerando 11 de la presente. 3) Costas por su orden. 4) Diferir la fijación de los honorarios de la letrada de la parte actora para el momento en que haya base regulatoria firme. 5) Firme que estuviere la presente resolución: a) deberán ponerse a disposición de la parte actora estos autos y las actuaciones administrativas -reservadas como prueba­, por el término de cinco (5) dí­as a fin de extraer las fotocopias que considere pertinentes; b) vencido dicho término, lí­brese oficio a la Anses -Seccional Corrientes­, a efectos de que, por su intermedio, se remitan las actuaciones administrativas -reservadas en caja fuerte­ al organismo competente a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en autos, adjuntándose al despacho las copias de los fallos extraí­das del Sistema Lex 100, debidamente certificadas por Secretarí­a. 6) Regí­strese, notifí­quese, comuní­quese al Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cf. Acordada 05/19 CSJN), cúmplase con la carga en el sistema Lex 100 y devuélvase -oportunamente­ sirviendo la presente de atenta nota de enví­o

Dr. RAMON LUIS GONZALEZ

Juez de Cámara

Cámara Federal de Apelaciones

Corrientes

Dra. MIRTA G. SOTELO de ANDREAU

Juez de Cámara

Cámara Federal de Apelaciones

Corrientes

Nota: El Acuerdo que antecede fue suscripto por los Sres. Jueces que constituyen mayorí­a absoluta del Tribunal, por encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara Dra. Selva Angélica Spessot (art. 109 R.J.N.). Secretarí­a de Cámara, 29 de agosto de 2019.

Ante mí­ Dra. CYNTHIA ORTIZ GARCIA de TERRILE

Secretaria de Cámara

Cámara Federal de Apelaciones

Corrientes