Homicidio. Lesiones graves. Disparos contra un grupo de personas

Se confirma la condena del encartado en orden a los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves culposas, en concurso ideal (en perjuicio de dos ví­ctimas), y homicidio simple y lesiones graves culposas, en concurso ideal (en perjuicio de tres ví­ctimas), ambos hechos en concurso real; ello, al haber efectuado numerosos disparos contra un grupo de personas, entre las que se encontraba su pareja.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 dí­as del mes de abril del año 2016, se reúne la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal integrada por los jueces Pablo Jantus, Marí­a Laura Garrigós de Rébori y Eugenio Sarrabayrouse, asistidos por la secretaria actuante, Paola Dropulich, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la causa nº CCC 64481/2013/TO1/CNC1, caratulada "G., M. D. s/ homicidio simple», de la que RESULTA:

I. Mediante veredicto del 9 de abril de 2015 -cuyos fundamentos fueron dados a conocer el dí­a 16 del mismo mes-, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 condenó a M. D. G. a la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, como autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves culposas, en concurso ideal (en perjuicio de M. B. O. y de E. E. V.), y homicidio simple y lesiones graves culposas, en concurso ideal (en perjuicio de P. R. D. A. y de F. N. R.), ambos hechos en concurso real (fs. 933 y 937/957).

II. Contra esa sentencia, los abogados defensores, doctores Noelia Coelho Silva y Diego José Martí­n Raidan, interpusieron recurso de casación (fs. 960/990), que fue concedido (fs. 991/993) y mantenido (fs. 996).

III. El 5 de junio del mismo año se reunió en acuerdo la Sala de Turno de esta Cámara y sus integrantes decidieron otorgar al recurso el trámite previsto en el art. 465 del Código Procesal Penal de la Nación (fs. 999).

IV. En el término de oficina, previsto en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del mismo código, no se realizó ninguna presentación.

V. El 25 de agosto de ese año se celebró la audiencia prevista por el art . 468, CPP, a la que compareció la doctora Coelho Silva (fs. 1.008), y el 22 de octubre siguiente la prevista en el art. 41 del Código Penal (fs. 1.015).

VI. Tras la deliberación del tribunal, se arribó a un acuerdo en los términos que seguidamente se pasan a exponer.

Y CONSIDERANDO:

El juez Pablo Jantus dijo:

1) En el fallo recurrido se tuvieron por probados los siguientes hechos:

Por un lado, que "entre los últimos minutos del dí­a 10 de septiembre de 2013 y los primeros de la jornada siguiente, M. G., conduciendo un vehí­culo marca "Peugeot 206», color negro, dominio X, por las inmediaciones de las calles L. y P. G. de esta Ciudad, pasó en dos oportunidades a alta velocidad y muy cerca de donde se hallaban parados M. O. y su novio C. T., de forma tal que en la primera oportunidad ambos debieron resguardarse para no ser arrollados. Luego, en una tercera pasada, detuvo el automóvil en la esquina de Av. L. y desde la ventanilla del conductor, disparó un arma de fuego en varias oportunidades contra un núcleo de personas entre los que se hallaban los mencionados O. y T., a la sazón la primera de ellas su ex pareja, no siendo alcanzados éstos por los impactos, pero sí­ la humanidad de E. E. V. quien, junto a A. G., caminaba por la calle que -en croquis de fs. 286- figura sin nombre oficial, concretamente en la misma lí­nea de O., pero a punto de llegar a la otra esquina, es decir, más alejada del agresor que ésta y su novio. Que como consecuencia de los disparos, V. sufrió lesiones en ambas piernas, que conforme certificación médica, tuvieron un tiempo de curación superior a los dos meses».

Por el otro, que "alrededor de las veintidós horas del dí­a 9 de noviembre de 2013, en circunstancias en que P. R. D. A. se hallaba junto a un grupo de amigos en las inmediaciones de las calles R. y L. de esta ciudad, el imputado G. salió de su casa -sita en la esquina de las calles mencionadas- y, luego de mantener una discusión con los allí­ presentes, reingresó a su domicilio para luego salir portando un arma de fuego. En esas circunstancias descerrajó varios disparos (al menos cinco) dirigidos hacia el nombrado P. A. y el grupo de jóvenes que lo acompañaba, toda vez que lo hizo en todas direcciones, impactando en ese contexto en el tórax y abdomen de A., quien, mientras sus amigos se refugiaban, habí­a quedado parado en la esquina. Como consecuencia de ello, la ví­ctima fue trasladada al Hospital de Agudos Parmenio Piñero, produciéndose allí­ su fallecimiento a causa de esos disparos el 11 de noviembre de 2013 a las 04,15 hs. Asimismo, se ha logrado probar que en el mismo episodio fue lesionado F. R., quien, mientras se desplazaba a bordo de un motovehí­culo como acompañante, sufrió heridas en la región posterior del omóplato izquierdo y en región anterior, con fractura en el cuello de omóplato homolateral, provocándole ello una inmovilidad por un lapso superior a tres meses».

2) La intervención de este tribunal está dada por el recurso de casación presentado por la defensa del condenado contra la sentencia mencionada, en el que desarrolló dos agravios principales: por un lado entendió -por las razones que expuso- que en el caso no se habí­a reunido prueba suficiente para poder sostener, con certeza, la participación del encartado en los acontecimientos, sosteniendo que la valoración que realizó el tribunal era arbitraria y que, en consecuencia, correspondí­a absolver a G. por aplicación del art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación.

Por otra parte, consideró la recurrente que el tribunal habí­a realizado una errónea aplicación de la ley sustantiva, al no demostrarse acabadamente en el fallo el dolo que requiere el delito atribuido y reclamando, en subsidio, con relación al segundo hecho, la aplicación de la figura imprudente.

Por último, respecto del quantum de la pena, consideró que resultaba desproporcionado por alejado de los parámetros de racionalidad, y observó, en este orden, que se impuso al imputado una sanción que es casi igual a su edad, omitiéndose además la valoración de diversos atenuantes.

3) Ahora bien, los parámetros que, a mi modo de ver, deben ser tenidos en cuenta a la hora de revisar la sentencia desde el tribunal de casación, han sido desarrollados in extenso al resolver en la causa nº 11375/2013/TO1/CNC1, caratulada "M., P. y otro s/ lesiones leves» (Rta. 16/7/2015, Reg. n° 252/2015), ocasión en la que se analizaron las pautas de una interpretación constitucional del recurso de casación a partir de la doctrina que surge del precedente "Casal» de la C.S.J.N. (Rta. 20/9/2005).

Allí­ se sostuvo también, y es pertinente en este caso, que el examen de la plataforma fáctica de una sentencia de condena está orientado a determinar si los elementos de convicción ponderados en el pronunciamiento cuestionado y los razonamientos utilizados permiten demostrar que, en ese caso, se ha acreditado con certeza la acción imputada, con cita de José I. Cafferata Nores (La prueba en el proceso penal, 3ª edición, Depalma, Bs. As., 1998, p. 8) y Luigi Ferrajoli (Derecho y Razón, Ed. Trotta, España, 1998, p. 105 y ss.) para el desarrollo de ese concepto.

Sobre la base de estas consideraciones corresponde, a mi juicio, efectuar el examen de la fundamentación del fallo recurrido.

4) a. En primer lugar, la defensa ha cuestionado la forma en que en dicha resolución se valoró la prueba rendida en el debate para fundar la participación de M. D. G. en los dos sucesos investigados en el caso.

Para efectuar tal afirmación la defensa destacó, concretamente, con relación al primer hecho, la ausencia de secuestro del arma de fuego empleada para cometerlo; las malas condiciones de visibilidad de la zona en que ocurrió el suceso; la fluidez del tránsito allí­ y que el automóvil desde el que se efectuaron los disparos corresponde a un modelo muy popular que, por lo demás, poseí­a los cristales polarizados y no se individualizaron su número de dominio, ni otros detalles. Observó también que, a excepción de la denunciante M. O., quien señaló al imputado pero no pudo dar mayores precisiones, los restantes testigos - su novio, C. T.; su madre, N. G.; la pareja de ésta, J. A.; la ví­ctima, E. E. V. y su amiga, V. G.-, no identificaron al autor del suceso, con lo que, en definitiva, existí­a duda acerca del extremo indicado y correspondí­a la absolución de G.

La recurrente sostuvo que a esa misma conclusión debí­a arribarse con relación al segundo hecho juzgado, ya que en la sentencia se valoraron, como evidencias de cargo, las versiones de los familiares y amigos de la ví­ctima, quienes no sólo se encuentran vinculados con ésta, sino que además poseen una manifiesta enemistad con el condenado por cuestiones de vecindad.

Sin embargo, a mi modo de ver y de adverso a lo sostenido por la recurrente, en la sentencia en cuestión se ha realizado una prolija descripción de las declaraciones de los testigos y, de la valoración que se efectuó luego de esas diversas manifestaciones, se desprende la conclusión a la que finalmente arribaron, al tener por acreditada la participación de G. en los hechos juzgados. Veamos.

b. En primer lugar, con relación al suceso que damnificó a los nombrados O., T. y V., los sentenciantes tuvieron en cuenta los dichos de éstos y de la también aludida G.

Así­, por un lado destacaron que O. identificó a G. como el autor de los disparos y explicó que lo conocí­a por haber mantenido con él una relación de noviazgo, agregando que instantes antes habí­a pasado por el lugar, conduciendo su automóvil, solo, y habí­a intentado atropellarlos. Si bien refirió que no lo vio en la tercera ocasión, esto es, cuando el rodado se detuvo, se bajó el cristal y se efectuaron los disparos, explicó que ello se debió a que la zona en que quedó aparcado era oscura, mas señaló que conocí­a el automóvil, aunque hubiera sido adquirido con posterioridad a la ruptura.

También se valoró la versión de V., quien aseguró que conocí­a al imputado a través de la madre de éste, llamada M., y expresó que pese a que no vio al agresor por encontrarse de espaldas, sabí­a que se trataba de G. por dos razones: porque se lo informó O. y porque tiempo después se presentó en su domicilio dicha progenitora recién mencionada, le ofreció ayuda y aclaró que, en realidad, su hijo no habí­a querido pegarle a ella, y que el problema era con otros.

Por último, en el mismo sentido, se citaron los dichos de G. y de T., quienes conocí­an y observaron al imputado pasar por allí­ en su vehí­culo, destacando el último que vio los fogonazos provenientes de ese rodado.

En definitiva, se fundó este aspecto de la sentencia recurrida argumentándose centralmente que los testimonios citados fueron coincidentes en el sentido indicado y apreciados como sinceros, por lo que al haber identificado O. a G. en las dos primeras oportunidades en las que pasó por allí­ en su automóvil, inmediatamente previas al hecho, sumado a que éste resultarí­a zurdo y que los disparos provinieron del sujeto ubicado al volante del vehí­culo, al reconocimiento efectuado por su madre ante la damnificada V. y a que el policí­a Weissenbacher identificó el rodado y vinculó al imputado con los datos proporcionados por aquellos, existí­an fundamentos aptos y suficientes para acreditar con la certeza que requiere el pronunciamiento del que se trata la cuestión por la que la defensa se agravia.

De tal forma, a mi modo de ver, es absolutamente fundada la atribución al condenado del hecho que se tuvo por probado y queda descartada la duda introducida por la defensa sobre el tópico, ya que la falta de secuestro del arma no impide vincular a G. con el hecho ni las condiciones lumí­nicas de la zona han vedado la correcta identificación de éste por parte de dos de las ví­ctimas y los testigos, ya que todos fueron contestes al señalar que se trataba de su automóvil. Sobre este aspecto, es importante destacar que aun tratándose de un modelo común como sostiene la defensa, aquellos pudieron identificarlo y permitir en definitiva individualizar al imputado; sobre todo O., por haber mantenido con él una relación de noviazgo y porque observó que en las dos oportunidades descriptas, inmediatamente previas, estaba solo. Y a ello se agrega lo aseverado por V. -cuya animosidad contra el imputado no fue alegada en el recurso ni se ha probado en la encuestas-, quien fue elocuente al señalar que la madre de aquél se presentó en su casa luego del hecho para justificar de algún modo la acción de su hijo e intentar reparar el daño mediante la provisión de medicamentos.

Concretamente, observo, al igual que los integrantes del tribunal de juicio, que los diferentes relatos de los testigos son concordantes acerca de la participación de G. en el hecho, ya que fueron muy claros y precisos en la descripción del suceso que percibieron de modo directo a través de sus sentidos, además de aparecer y apreciarse sus dichos como veraces y coherentes. En el caso de O., es importante destacar, porque resulta un indicador de la verosimilitud de su relato, que, amén de ser contundente en la identificación del imputado, no dudó en admitir y expedirse sobre aquellos aspectos sobre los que no podí­a dar precisión, al expresar que no vio a G. disparar porque para hacerlo se ubicó en un lugar oscuro, sin formular ningún tipo de suposición al respecto, cuando claramente podrí­a haberlo hecho, en caso de que su ánimo fuera el de perjudicarlo.

c. En segundo lugar, respecto del suceso del que resultaron ví­ctimas P. R. D. A. y F. N. R., observo que en el fallo se han ponderado, también adecuadamente a mi modo de ver, diversas evidencias que permiten arribar al mismo veredicto y descartar el alegato de la defensa, que pretende desacreditar a los testigos sosteniendo que poseen interés en el asunto.

Así­, en primer lugar, se citaron los dichos de F. D. R. F., quien acompañaba a A. junto a otros amigos cuando ocurrió el hecho, y explicó que G. lo increpó frente a su domicilio, ingresó al mismo refiriendo "ahora vengo» y salió portando una pistola negra con la que abrió fuego contra ellos, hiriendo a aquél; aclaró que habí­an tenido entre ellos inconvenientes previos.

Este testimonio fue ratificado, en lo sustancial, por el testigo C. D. D., conforme lo relevado en los fundamentos del fallo.

Se analizó asimismo la versión del damnificado R., quien explicó que recibió un impacto de bala cuando circulaba por la zona como tripulante de una motocicleta y que los vecinos del barrio atribuí­an el hecho al encartado.

Se destacó en la sentencia, además, el testimonio de J. G., quien también presenció cuando G. ingresó a su casa diciendo "ahora vas a ver», para regresar armado y disparar contra la ví­ctima; acotó que aquél solí­a "hacerse el malo» y prohibirles transitar por la zona.

Luego de repasar la versión de P. S. A., madre de uno de los damnificados, se tuvieron en cuenta los dichos de A. J. B., quien se expidió en similares términos a los anteriores y agregó que escuchó que el imputado, antes de disparar, referí­a palabras tales como "ahora van a ver todos» y "los voy a matar a todos».

Por último, se valoró lo declarado por J. D. C. M., en tanto refirió que G. habí­a amenazado a A. en otras ocasiones, sosteniendo que la esquina le pertenecí­a y que no podí­an circular por allí­; que el dí­a del hecho, antes de disparar, refirió "bueno, ahora salgo y te mato», dando cuenta del pedido de A. para que no lo hiciera y de la presencia en el lugar de R.

En definitiva, el fallo, luego de reseñar exhaustivamente esos testimonios y sin desmerecer el hecho de que se trate de personas vinculadas al fallecido A., demuestra una conclusión fundada y razonable sobre la participación que se atribuye a G., al vincular y destacar que tales relatos, que son numerosos, coinciden en lo sustancial y se complementan con los diversas vainas incautadas en la escena del crimen.

Observo, en suma, que los distintos testimonios recabados en la encuesta han sido consistentes en la descripción de las caracterí­sticas del hecho y en la identificación del imputado, y que pese a que la defensa introdujo una sospecha de parcialidad acerca de tales evidencias, no se ha alegado seriamente ni mucho menos demostrado una causa de animadversión contra aquél, que los llevara a declarar como lo hicieron para perjudicarlo.

A ello se agrega que, a poco de revisar la peritación efectuada por Gendarmerí­a Nacional e incorporada al debate -particularmente las fotografí­as de fs. 61 y el plano de fs. 64-, se observa que las cinco vainas incautadas luego del suceso aquí­ juzgado se ubican en lí­nea, una sobre la acera, al lado de la puerta de ingreso a la vivienda de G., y las restantes sobre la calzada, separadas por corta distancia. A mi modo de ver, ese dato refuerza la versión de los distintos testigos antes mencionados, en tanto describieron que el imputado, luego de la discusión, anunció lo que harí­a, ingresó a la finca y salió disparando, dirigiéndose hacia A. La ubicación final de esas vainas demuestra que tal reiterado relato es verosí­mil, ya que, como se mencionó, esos materiales se ubican en una lí­nea que une la calzada con la finca y, de haber resultado el trayecto de los disparos en sentido contrario, la ví­ctima debió haber quedado tendida sobre la puerta de acceso a la casa del condenado, lo que no ocurrió.

De tal forma, resulta que de la armónica consideración de todos los elementos de prueba consignados se arriba fácilmente a la conclusión mencionada y, desde mi punto de vista, también en este aspecto, la pretensión de la defensa se sostiene en una valoración parcializada de los elementos de convicción que, por cierto, ha sido correctamente desvirtuada en la sentencia puesta en crisis.

5) En otro orden, la recurrente ha impugnado la consecuencia jurí­dica del fallo, argumentando que en ninguno de los dos casos se probó el dolo requerido por la faz subjetiva del tipo penal del delito de homicidio. De adverso a lo argumentado para sostener esa hipótesis, considero que las circunstancias antes indicadas, minuciosamente descriptas y razonadamente valoradas conforme la sana crí­tica racional en el fallo, vienen a dar sustento también a este aspecto.

Así­, por un lado, con relación al primer hecho, en la sentencia se consideró que la alta ofensividad del medio empleado para cometer los hechos, la cantidad y distancia de disparos ejecutados y el hecho de haber sido dirigidos contra un grupo de personas, resultaban indicadores suficientes en ese sentido, aun cuando mediara una desviación del curso causal ajeno a la voluntad del autor que le impidió concretar el acto, y derivara en otro resultado más leve -lesiones a V.-, con fundado desarrollo de la teorí­a de la aberratio ictus, que aquí­ no viene cuestionada.

Con relación al segundo suceso se agregó, en idéntico sentido, la advertencia previa formulada por el imputado a la ví­ctima y a sus acompañantes, de que los matarí­a, y el hecho de que, mientras avanzaba hacia el agredido A., efectuó gran cantidad de disparos dirigidos a una zona vital.

En consecuencia, las diversas circunstancias expuestas, correctamente relevadas en el fallo, resultan suficientes para fundar que G. obró dolosamente.

En este orden, a mi modo de ver, la aparente ausencia de un móvil, más allá de no resultar un elemento determinante, no es tal, ya O. habí­a sido la novia del acusado y su actitud posterior no habrí­a sido pací­fica; y con A. mantení­a un pleito vecinal.

Luego, la demostración de que el autor es consciente de que puede producir el resultado tí­pico y la predisposición a tolerar la realización del tipo como consecuencia de la propia conducta, para la conformación de esa decisión contra la norma jurí­dica de conducta que importa el dolo, remite a los elementos individuales del hecho que siempre representan un factor de la valoración (cf. G. Stratenwerth, Derecho Penal, Parte General I, el hecho punible, 4ª Ed., Hammurabi, Bs. As., 2008, pp. 168/192) y en ese sentido, como se mencionó, en la sentencia recurrida se ha efectuado un relevamiento detallado y concienzudo de los elementos decisivos para arribar a esa conclusión, que son pertinentes a mi modo de ver, por lo que también en este aspecto posee suficiente fundamento.

6) Por último, la recurrente manifestó su desacuerdo con la pena aplicada por el tribunal en el caso en concreto, de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, por el concurso de delitos mencionado. Se quejó sosteniendo que la valoración de las pautas previstas en el art. 41, CP fue inadecuada, desproporcionada, inhumana y excesiva, y observó que dicho monto es similar a la edad de G., solicitando que se pondere adecuadamente su juventud, ausencia de antecedentes penales y su situación de alta vulnerabilidad.

En el fallo, a su vez, se valoraron como agravantes, en el plano objetivo, la temeridad demostrada por el imputado en las acciones descriptas -por la cantidad de disparos y el transitado lugar en el que se ejecutaron-, el empleo de un arma de fuego y su altí­simo calibre -porque ello importa un mayor grado de precisión y la posibilidad de multiplicar fácilmente la ofensa y de resguardarse, accionando a distancia y disminuyendo la defensa de la ví­ctima-, que V. fuera herida en las piernas cuando caminaba con un carrito con un bebé que podrí­a haber resultado alcanzado, y la desproporcionada y previamente meditada reacción celotí­pica presunta. En el ámbito subjetivo, se ponderó el autoritarismo con el que actuó.

Por otro lado, se meritó como atenuante su juventud. Se tuvo en cuenta, además, que poseí­a contención familiar, evidenciada por la actitud de su madre, y medios para desarrollarse, poseyendo bienes a su nombre, trabajo y estudios, circunstancias excluidas de esa valoración.

Sin embargo, a mi modo de ver, el recurso de la defensa, en el agravio ahora examinado, es procedente, de modo que corresponde determinar cuál es la sanción penal que en definitiva ha de imponerse al condenado G., ya que considero que las razones expuestas en el fallo son insuficientes para fundar el monto de pena finalmente impuesto, por su importante apartamiento del mí­nimo previsto para el concurso de delitos escogido y porque las cuestiones presentadas por la recurrente merecen mayor reconocimiento e impacto en esa dosificación.

Concretamente, sin soslayar las circunstancias objetivas debidamente descriptas en la sentencia, entiendo que la situación personal de G. debe ser particularmente atendida, para adecuar el monto de la sanción a sus caracterí­sticas personales, de modo tal que opere la prevención especial y se proyecte un mejor pronóstico de readaptación social.

De tal forma, considero que la edad del condenado y la falta de antecedentes y de actual contención familiar, a raí­z del fallecimiento de su progenitora, debe tener una mayor incidencia entre la ponderación de los atenuantes, por lo que ello, sumado a la buena impresión que me causó en la audiencia de conocimiento determina, a mi modo de ver, que resulte adecuada a las circunstancias del caso y a la personalidad del autor, la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas.

En definitiva, voto porque se rechace parcialmente el recurso de casación con relación a los planteos vinculados a la participación del imputado en los hechos y al encuadre jurí­dico de éstos; y que se haga lugar parcialmente a la impugnación, se case parcialmente la sentencia puesta en crisis y se imponga en definitiva a M. D. G., de las demás condiciones personales obrantes en autos, la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los hechos por los que fue condenado en este proceso; sin costas en esta instancia (arts. 5, 12, 29 inciso 3°, 40 y 41, CP, y 456, 457, 469, 470, 530 y 531, CPP).

La jueza Marí­a Laura Garrigós de Rébori dijo:

Concuerdo con el colega preopinante en la decisión que adoptó para el caso en cuestión.

No me cabe duda, como también lo expuso el juez Jantus, sobre la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen. Esto a partir del relato de los elementos de prueba concordantes que fundan el fallo recurrido. Pero lo que me parece que debo destacar sobre el punto es que, como bien lo explica mi colega en su voto, el tribunal hizo un análisis adecuado de la prueba rendida en el juicio y las crí­ticas del recurrente no alcanzaron a conmover esa reconstrucción del hecho atribuido.

En cuanto al recurso sobre el monto de la sanción a imponer, también he de concordar con mi colega en cuanto a que al momento de evaluar las pautas mensurativas que prevén los artí­culos 40 y 41 del Código Penal, el tribunal se alejó considerablemente del mí­nimo previsto para el concurso que se atribuye en la sentencia y no consideró como atenuantes aspectos de vida e historia del imputado que, también a mi juicio, han de merecer esa caracterización.

De resultas de ello, considero adecuada la disminución del monto de la sanción a imponer, según el voto que antecede, máxime que si el tratamiento previsto por las normas de ejecución se cumpliera conforme a las pautas que establece la ley que la rige, G. podrá finalizar la etapa de encierro al momento de arribar a una instancia de madurez etaria.

El juez Eugenio Sarrabayrouse dijo:

1. Tal como lo ha resumido el colega Jantus (punto 2 de su voto), tres son las cuestiones que se discuten en el presente caso: a) la valoración de la prueba reunida para afirmar la participación de G. en los hechos que se le reprochan; b) la comprobación del dolo exigido por los tipos penales en que se subsumieron los hechos probados; y c) el monto de la pena impuesta.

2. Con respecto a los dos primeros puntos indicados anteriormente, coincidimos con la solución propuesta en el voto del colega preopinante. En relación con la prueba del dolo, corresponde remitirse por razones de brevedad a lo dicho en los precedentes "P.»(1) y "G.»(2).

3. Para fijar la pena de diecinueve años de prisión, los colegas de la instancia anterior tuvieron en cuenta:

a. La temeridad de la conducta de G., en relación con el hecho donde resultaron damnificadas O. y V.: "...la cantidad de disparos descerrajados en la ví­a pública cuando era de toda evidencia que existí­an más de dos personas circulando...introduce la posibilidad de un daño directo y colateral enorme...».

b. La utilización de un arma de fuego de altí­simo calibre, que si bien no habí­a sido considerada en los términos del art. 41 bis, CP, "...nada impide que dicho medio comisivo se tenga en cuenta al tiempo de evaluar la pena...».

c. La zona del cuerpo donde se lesionó a V. (las piernas a la altura de las rodillas) sumado a que la ví­ctima circulaba con un cochecito transportando a un bebé, lo que significaba "...un gran riesgo potencial colateral...».

d. La falta de un motivo para el ataque no era un atenuante; y si habí­a ocurrido por celos, era excesivo, a destiempo y premeditado.

e. En cuanto al hecho donde resultaron ví­ctimas A. y Rufino, juzgaron aplicable lo dicho con respecto al uso de un arma de fuego. Se agregó la cantidad de disparos realizados, el número de jóvenes que pudieron ser alcanzados y los motivos que llevaron a la realización de este suceso: el carácter autoritario de G., "...tí­pico de aquél que se cree con derecho a decidir quién pasa o se detiene en su vereda, accionando sin derecho en forma absolutamente excesiva y desajustada de lo socialmente esperable...».

f. Como atenuante, únicamente se juzgó la juventud de G. (18 años al momento del primer hecho y 19 al del segundo). Se rechazó considerar de la misma manera: su situación socioeconómica y ambiental, pues viví­a con su madre (quien trató de morigerar los efectos de la conducta de su hijo), era propietario de un automóvil, por lo cual, no se trataba "...del caso tí­pico del imputado que desde menor ha sido ví­ctima de la exclusión social o familiar o cuyo sustento le resulta difí­cil de obtener...». Por el contrario, el imputado habí­a tenido a su disposición los medios para desarrollarse normalmente.

4. El recurso, por su parte, cuestionó la pena impuesta por desproporcionada, excesiva e inhumana, pues G. fue condenado a la misma cantidad de años de prisión que tiene de vida. Por esta razón, pidió se evaluara el daño psicológico que se le podí­a causar. De manera general, indicó que debí­a analizarse el grado de madurez y contención de los impulsos que posee "...un sujeto de esa edad...».

La defensa señaló, además, que para el derecho civil G. todaví­a serí­a un menor de edad, pues no habí­a superado los 21 años. A esto, sumó su falta de antecedentes penales, la muerte de su madre y que padece de claustrofobia.

5. La parte recurrente no ha logrado demostrar de qué manera la pena impuesta resulta desproporcionada, excesiva e inhumana de acuerdo con los parámetros valorados por los colegas de la instancia anterior. En este sentido, el art. 41, inc. 1°, CP, tiene en cuenta la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y peligros causados. En el caso, se ha ponderado la utilización de un arma de fuego de grueso calibre (cuya aplicación previamente habí­a sido descartada en los términos del art. 41 bis, CP), la cantidad de disparos realizados y el peligro corridos por un bebé y por otros jóvenes que no fueron alcanzados por las detonaciones.

En el primer aspecto, y tal como se señaló en el precedente "M.»(3), se trata de ponderar la naturaleza de la acción, que no es un concepto abstracto, sino la manera concreta en que se ha ejecutado la acción tí­pica, particular de cada hecho y reveladora de múltiples aspectos que pueden y deben ser valorados al momento de medir en la pena la intensidad del reproche penal. De la misma manera, no se advierte arbitrariedad ni que sea irrazonable la fundamentación de la sentencia en cuanto al daño causado y los peligros corridos, cuestiones que no han merecido ninguna crí­tica fundada de la defensa.

En cuanto a la desproporcionalidad de la pena, la parte tampoco ha demostrado las razones de su afirmación, si se tiene en cuenta el mí­nimo y el máximo de la escala penal aplicable al caso, de acuerdo con el art. 55, CP.

Con respecto a la minorí­a de edad, la defensa yerra en su planteo: desde la sanción de la ley 26.579, aquel estado cesa a los 18 años.

En referencia a la muerte de la madre de G., la parte tampoco ha demostrado la incidencia de esta circunstancia lamentable en la medición de la pena. Del mismo modo, la alegación referida a la claustrofobia que padecerí­a el imputado, además de no encontrarse probada, en todo caso y eventualmente, podrí­a ser fundamento para morigerar la ejecución de la pena pero no se demuestra cómo y por cuáles razones deberí­a considerarse para medir la sanción, de acuerdo con los arts. 40 y 41, CP.

Por lo demás, la defensa tampoco se ha hecho cargo de rebatir los argumentos del tribunal a quo relacionado con los elementos que no tuvo en cuenta como atenuantes (punto 3, f). Tampoco ha indicado sobre qué base deberí­a considerárselos en ese sentido. De esta manera, corresponde confirmar la sentencia recurrida, en todo aquello que fue materia de recurso, sin costas.

En virtud del acuerdo que antecede, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

RESUELVE:

I. Por unanimidad, RECHAZAR PARCIALMENTE el recurso de casación interpuesto por la defensa y, en consecuencia, CONFIRMAR el punto dispositivo I de la sentencia de fs. 933 y 937/957, en cuanto condena a M. D. G. por considerarlo autor de los hechos que fueron calificados como constitutivos de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves culposas, en concurso ideal (en perjuicio de M. B. O. y de E. E. V.), y homicidio simple y lesiones graves culposas, en concurso ideal (en perjuicio de P. R. D. A. y de F. N. R.), ambos hechos en concurso real; sin costas en esta instancia (arts. 456, 457, 469, 471 a contrario sensu, 530 y 531 del CPP).

II. Por mayorí­a, HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la defensa, CASAR parcialmente el punto dispositivo I de la sentencia de fs. 933 y 937/957 y, en consecuencia, REDUCIR la pena impuesta a M. D. G., de las demás condiciones personales obrantes en autos, la que se fija en quince años de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los hechos por los que fue condenado en este proceso (arts. 5, 12, 29 inciso 3°, 40, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 79 y 94 del Código Penal y arts. 456, 457, 469, 470, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

La jueza Marí­a Laura Garrigós de Rébori y el juez Eugenio Sarrabayrouse intervienen en la presente en reemplazo, respectivamente, de los jueces Luis F. Niño y Mario Magariños, quienes se encontraban en uso de licencia en la fecha prevista para celebrarse audiencia en los términos de los arts. 465 y 468 del Código Procesal Penal de la Nación (conf. Regla Práctica 18.11 del Reglamento de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional).

Regí­strese, notifí­quese, comuní­quese (acordada 15/13 C.S.J.N. y lex 100) y remí­tase al tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota.

PABLO JANTUS

MARÍA LAURA GARRIGÓS DE RÉBORI

EUGENIO SARRABAYROUSE

Ante mí­:

PAOLA DROPULICH

SECRETARIA DE CÁMARA

Notas:

  (1) Sentencia del 19.10.2015, registro n° 567/15, Sala II, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin.

  (2) Sentencia del 21.12.2015, registro n° 793/15, Sala II, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin.

  (3) Sentencia del 3.09.2015, registro n° 406/15, Sala II, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin.