Honorarios del mediador. Regulación de honorarios. Facultades de los jueces. Declaración de inconstitucionalidad. Ley 13.951. Decreto 2530/10

Se declara la inconstitucionalidad del artí­culo 27 del decreto 2530/10, al concluirse que el mismo exorbitó las facultades delegadas por el artí­culo 31 de la ley 13.951 en cuanto a la determinación de una suma fija de remuneración para la tarea de mediación, habiendo sido clara la expresión legal al excluir la posibilidad de establecer la misma en relación a una unidad de valor tal como el ius.

En la ciudad de La Plata, a los 27 dí­as del mes de Febrero de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "SAN MARTIN MIGUEL ELIAS C/ SECO JUAN CARLOS ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " (causa: 123006 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artí­culos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debí­a votar en primer término el doctor López Muro.

LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1ra. ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 115 y vta?.

2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACION

A la primera cuestion planteada el doctor López Muro dijo:

I.- En las presentes actuaciones se regularon honorarios en favor de la mediadora interviniente, los que vienen apelados por el apoderado de la citada en garantí­a, conforme memorial de fs. 119. Funda su queja sosteniendo que el monto fijado es exorbitante y desproporcionado, plantea la inconstitucionalidad del decreto 2530/10 (art. 27).-

II.- El caso encuadra en el contexto de lo previsto en el Decreto 2530/10, reglamentario de la ley 13.951, que en su art. 27 fijó las pautas mí­nimas para la determinación de los emolumentos de los mediadores fijando una escala de ius arancelarios en función del valor económico del litigio. Para tales supuestos esta Sala ha resuelto reducir "equitativamente el monto» señalando que rigen los principios de una remuneración adecuada y el de proporcionalidad, tanto en relación al monto en juego y a la labor efectivamente desarrollada, como a los honorarios que se deban justipreciar para otros profesionales intervinientes. La finalidad, está no sólo en asegurar la dignidad personal y profesional, sino también en establecer estándares de moralidad y responsabilidad poniendo una valla a regulaciones desmesuradas o í­nfimas (conf. Cám. Civil y Com. de Dolores, causa nro. 85696, RSD 292-7, del 4-12-2007; Cám. Civ y Com Sala II, Mar del Plata, 160.594, RSI 280/2017, 29/06/2017; esta Cámara, Sala I, causa nro. 122.786, RSD nro. 264/17, del 08/11/2017).

Tal posición se abastece en la potestad de los jueces para disminuir los honorarios, incluso por debajo de las escalas arancelarias, ante una evidente e injustificada discordancia en las prestaciones, sean estas de cualquier servicio profesional (arts. 1627 Código Civil y 1255, CCCN; SCBA, C 92207, del 10-8-2011 y Ac. 86346 del 26-9-2007; esta Sala, causa 120090, RSD 26/17), frente a lo cual corresponde recurrir a la equidad (SCBA, Ac. 86.346, 26/09/2007).

Y así­ se ha considerado aplicable un criterio comparativo para juzgar la congruencia de la cuantificación estipendial en relación a la importancia de la labor desempeñada como también a las retribuciones asignadas a los demás profesionales que intervinieron en la causa (Hitters-Cairo "Honorarios de Abogados y Procuradores», pág. 232, Ed. Lexis Nexis, 2007).

Por ello y con cita de los arts. arts. 16 C. Nac.; 13 Ley 24.432, 3, 505 y 1627 Código Civil; 163, 164,260, 261, 266, 330, 375 y 384 CPCC; 7 y 1255, CCCN; 9, 10, 16 y cctes. dec. ley 8904/77 y el precedente de esta Sala causa nro. 120.090, rsd 26/17, se admitió que la aplicación del artí­culo 1.255 CCC permite regular por debajo de los montos mí­nimos establecidos en la norma arancelaria de los mediadores, conforme una interpretación coherente de ambas normas (art. 2 CCC), no resultando entonces necesario declarar la inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 y art. 27 del decreto reglamentario 2530/10.

El criterio se ha renovado recientemente en los autos caratulados: "CORIA MAXIMILIANO MARTIN C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)» (causa: 122.786) REG. SENT. NRO. 264 /17, sentencia de fecha 8 de NOVIEMBRE DE 2017 y ha sido sostenido por otros tribunales de la Provincia (v. gr. Cám. Apel. Civ. y Com. de Trenque Lauquen, in re: "Egozcue, Eduardo Rubén c. Izquierdo Norma Elba y otro/a s/ división de condominio», sent. del 17/03/2015, publicado en LLBA 2015, agosto, 751; Cám. Apel. Civ. y Com. de Morón, sala II, in re: "Vernengo Lima, Mario Héctor c. Vernengo Lima, Héctor Alejandro y otros s/ división cosas comunes», sent. del 26/02/2015, publicado en: LLBA 2015, agosto, 731, Cam. Civ. y Com. Sala III, Lomas de Zamora , 8022, 29/12/2016, RSI. 287/2016, "Rojas, Gladys Susana c/ Sociedad Argentina de autores y compositores de musí­ca s/ejecución de honorarios").

III.- En tanto, otras dos Salas de esta Excma. Cámara se han expedido limitando o reduciendo las regulaciones de los mediadores por debajo del lí­mite del decreto 2530, pero recurriendo a la ví­a de la declaración de inconstitucionalidad del mismo. Abrió tal sendero la Sala Segunda, mediante un elogiable voto de la Dra. Silvia Patricia Bermejo en decisión que acompañó el Dr. Agustí­n Hankovits (Causa N° 120368; autos caratulados "Cosentino Eduardo David C/ Cervan Carlos Diego S/Daños Y Perj. Autom. C/Les. O Muerte (Exc. Estado), sent. 23/11/2016) . En similar sentido se expidió la Sala III el 7 de marzo de 2017 (autos Porozwsky c/ Xelibri s/daños y perjuicios» causa 120.209, Votos de los Dres. Soto y Larumbe).

Para declarar inconstitucional la norma la Dra. Bermejo sostuvo "III... cuando existe una norma particular y especí­fica para la resolución de la controversia, no podrí­a acudirse por ví­a interpretativa a otra distinta si no se explicita el motivo de tal decisión y el por qué de su desplazamiento. Cuando el universo jurí­dico ofrece diversas posibles disposiciones para resolver una controversia, podrá elegirse una norma por otra, acorde las particularidades del supuesto a dirimir, pero cuando la ley es clara y precisa se enfrenta a su declaración de inconstitucionalidad para así­, luego, si así­ se dispusiere, aplicar otra disposición. "

Más abajo, precisando la cuestión, luego de tratar la habilitación que tienen los jueces de las diversas instancias para analizar y declarar de oficio la inconstitucionalidad en las causas que les fueran sometidas a su evaluación, señala transcribiendo ampliamente un fallo de la SCJN en la causa "Rodrí­guez Pereyra, Jorge Luí­s y otra c. Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (sent. del 27-XII-2012 Fallos: 335: 2333). en el que se dijo "...el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar "en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes" (Conf. casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña" y "Gómez Lundy otros"). Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantí­a, derecho, tí­tulo o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así­ como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación. En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurí­dico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera.» (Considerando 13, fallo cit.).

En resumen, la tarea que ahora se emprende, la de la revisión judicial, es la más cuidadosa de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal, no concluyendo en la declaración de inconstitucionalidad más que de ser de estricta necesidad y si la interpretación del texto legal en juego no permite estar a favor de la validez de la misma (conceptos plasmados en el considerando 14, causa cit.).»

IV.- Conforme lo expuesto, para el supuesto de que se considere que la regulación de los honorarios del mediador resulta excesiva, desproporcionada o escasa, se han seguido dos vertientes: la de la adecuación de la regulación, en caso de que sea ello posible dentro de las disposiciones de la norma vigente, aún superando los lí­mites de la misma por aplicación del art. 1255 del CCCN o la descalificación de la norma, por contraponerse, como se ha dicho, al orden Constitucional.

Ello me impone una nueva reflexión sobre el camino más adecuado, para lo que habré de analizar si el criterio que el legislador estableció en la ley de honorarios del mediador fue seguido por el decreto reglamentario al fijar en su art. 27 las pautas para tarifar los emolumentos.

Por una parte, la ley previó que los honorarios del mediador serí­an retribuidos mediante una suma fija, en tanto que el decreto reglamentario previó montos variables y proporcionados a la cuantí­a del acuerdo y aún a la cantidad de audiencias celebradas, independientemente del resultado de la mediación.

Los desaciertos que conlleva la metodologí­a seguida por el decreto 2530 en su sistema de regulación han sido perfectamente destacados y detallados por el recurrente de marras y por la Dra. Bermejo en el voto citado. Cabe agregar que, por efectos de la emisión monetaria, al resultar de ello el envilecimiento de la moneda de curso corriente, cada vez será mayor la asimetrí­a que se observará en las regulaciones. El paso del tiempo, en caso de mantenerse el sistema del decreto mencionado, generará honorarios más altos por procesos de menor valor, porque su cuantí­a, medida en dinero desvalorizado, será creciente. Pero ese argumento, aunque permite advertir la intensidad del agravio, no me parece adecuado para progresar en el análisis de constitucionalidad de la norma porque no bastarí­a su morigeración por ví­a del criterio judicial para resolver con claridad el problema. Es que la crisis no se vincula con la desproporción entre la regulación y las tareas realizadas en un caso especí­fico sino con los criterios previstos por la ley 13951 que no solo difiere profundamente con los del art. 27 del dec. 2530/10, como quedó explicado, sino también con los de proporcionalidad que se han aplicado y en lo que se imbrica la ley 14.967 de honorarios profesionales de los abogados, que resulta por ello, inadecuada para resolver el caso, aun por analogí­a.

El art. 31 de la ley 13.951 dice: "El Mediador percibirá por la tarea desempeñada en la Mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por la o las partes conforme al acuerdo transaccional arribado....».

No queda ninguna duda que la ley ha dispuesto que el honorario del mediador resultará de una suma "fija», delegando en el decreto reglamentario la determinación de su monto, condiciones y circunstancias. En consecuencia y frente a la expresa indicación de la norma, el decreto debió establecer un importe a abonar por los servicios del mediador, y esa suma debió ser expresada en moneda corriente, no sujeta a variaciones. Ciertamente, a medida que se experimentaren los efectos inflacionarios, la suma fija deberí­a adecuarse.

A mi entender, quiso el legislador que la remuneración del mediador estuviera exenta de toda vinculación al monto o trascendencia del asunto y de allí­ que la suma de su remuneración debí­a ser "fija». Ello no compadece con el hecho de que el sistema implementado no permite conocer cual ha sido su labor, complejidad, extensión, duración de las audiencias y demás pautas que permitan distinguir la labor desempeñada. Si ello es justo o injusto es materia de otro debate.

No se advierten dificultades para que los honorarios del mediador por su intervención, en tanto obligación de medios y no de resultados, sea independiente de las variaciones y vicisitudes del caso, tal como son los y honorarios que perciben los médicos por una consulta o por una cirugí­a. Todas las consideraciones que se han hecho tratando de aplicar analógicamente la ley de honorarios del abogado yerran al desconocer la sustancial diferencia entre la tarea de uno y otro: el abogado pretende que su parte resulte gananciosa en el ámbito de la disputa, en tanto que el mediador debe velar para que las partes comprendan el alcance de las diferencias y la conveniencia de dirimirlas mediante una composición de intereses. Mientras el mediador suele desempeñarse en la fase prejudicial, los letrados que asesoran a las partes lo hacen en la etapa judicial (sin perjuicio de su actuación en la etapa anterior).

A ello agrego que las "condiciones y circunstancias» que indica la ley pueden comprenderse como una indicación para que por ví­a reglamentaria se determine el modo, tiempo y lugar del cumplimiento de la obligación; pero no el contenido de ésta, que deberá ser una cantidad fija de moneda corriente. La clara expresión legal excluye también la posibilidad de establecer la remuneración en relación a una unidad de valor tal como el ius

En apoyo de esta interpretación estricta y literal de la ley formulo dos observaciones. La primera es que las normas similares y en particular la ley de honorarios profesionales de los abogados, cuando ha fijado los honorarios por asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria ha establecido mí­nimos que se ajustan o actualizan conforme el salario de los magistrados, en tanto que cuando ha querido que el honorario guarde relación con la importancia económica del asunto así­ lo ha establecido claramente. Sostengo entonces que si el autor de la ley 13.951 hubiera querido seguir tal criterio habrí­a incluido explí­citamente o por reenví­o, normas como las indicadas. Si no lo hizo es porque previó un sistema distinto, que no guarda relación con la importancia económica del asunto ni tiene montos variables, sino una retribución fija y única por la tarea de mediar.

La segunda es que la ley 13.951 no ha previsto una evaluación de la calidad o cantidad de las tareas realizadas en la etapa de mediación y por ello el acta de mediación no constata las particularidades de la tarea desarrollada, excepto el resultado de la misma y la cantidad de reuniones celebradas. Reitero, se debe a que ello es indiferente si el honorario ha de ser una suma fija.

El Decreto 2530/2010 (promulgado el 2/12/2010 y publicado en el BO del 29-12-2010 suplemento) no cumplió con la delegación impuesta por el legislador. Su artí­culo 27, en lo que entiendo pertinente citar para abordar la cuestión en debate, puntualizó que los honorarios se determinan sobre las pautas mí­nimas que allí­ se indica. Previó que se debe abonar el equivalente en pesos de los Ius arancelarios -ley 8904-, que estableció en una tabla conforme el monto del reclamo, acuerdo o sentencia según corresponda. Para montos superiores a $ 100.000 señaló que se incrementarí­a el honorario en un ius cada $ 10.000 y para los supuestos de monto indeterminado fijó los honorarios en 14 Ius.

Resulta claramente que el Art. 31 de la ley 13.951 delega en el decreto reglamentario la determinación de una suma fija de remuneración para la tarea de mediación, lo que no fue cumplido en forma alguna por el ejecutivo, exorbitando en el art. 27 las facultades delegadas.

Se podrá disentir con ese criterio del legislador, como dije más arriba, pero no es ésta la oportunidad para ello.

V.- Advertida así­ la discordancia entre el texto de la ley y el art. 27 de su decreto reglamentario, cabe recordar que "la autoridad administrativa no puede dictar reglamentos que importen una extralimitación de su esfera. El reglamento que en sus disposiciones no observe estas limitaciones es inconstitucional.» (ver voto del Dr. Roncoroni que en autos "Trucco, Marí­a Carmen c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad del art. 140 ap. "B", párr. 4 del dto. 2485/92, reglam. ley 10579», SCBA, I 2174, sent. del 20- VI-2007) también, con palabras del Dr. de Lazzari "'ejecutar la ley no es dictar la ley; de ahí­ la obvia limitación contenida en el mencionado inciso 2° del artí­culo 86 de la Constitución: no es posible alterar el espí­ritu de la ley con excepciones reglamentarias. Si así­ no fuere, el Ejecutivo se convertirí­a en legislador."

Por los fundamentos brindados estimo que el artí­culo 27 del decreto 2530/10 vulnera los artí­culos 15, 25, 56 , 57, 144 inc. 2 de la Constitución de la Provincia; 14, 16, 28, 31 , 75 inc. 12 y 99 inc. 2 de la Constitución de la Nación, 24 de la CADH, y es por ello que corresponde declarar su inconstitucionalidad.

VI.- En tanto se aprecia inconstitucional, para el caso de estos autos, el art. 27 del decreto 2530/2010, se impone regular los honorarios definitivos para el Mediador con aplicación de los criterios de equidad señalados en la ley de fondo ( artí­culos 1627 del CC y 1255 CCCN) y como remuneración fija de acuerdo a la ley 13.951.

Para ello no habré de dejar de tomar en cuenta las facultades que los jueces tienen para justipreciar los servicios profesionales a falta de pacto o de disposición que así­ lo establezca (arts. 1255 CCCN; 165 CPCC).

El expediente que nos ocupa transitó por la etapa de mediación sin haberse llegado a un acuerdo, de lo que da cuenta el acta de fs. 1. Tramitada la etapa litigiosa una vez trabada la litis y abierto a prueba el proceso, antes de iniciar la producción de la prueba se presentó el acuerdo transaccional de fs. 100/101 conviniéndose los honorarios de la representación letrada de la parte actora con fecha 5 de julio de 2016 lo que fue homologado a fs. 115.

En consecuencia, conforme lo expuesto, considerando el honorario que otros profesionales liberales perciben por consultas o tratamiento de diversas problemáticas y teniendo en cuenta que el mediador debió promover el comparendo de las partes para llevar adelante su tarea, propondré fijar los honorarios de la mediadora Silvia Ballesteros por las tareas realizadas en la suma de $ 1.800 (pesos un mil ochocientos) (arts. 31 Ley 13.951; 1255 CCCN, 63 inc. 8, 77 y 165 CPCC).

Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.

A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adherí­a a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA.

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: En atención el acuerdo logrado corresponde, y así­ lo propongo, declarar la inconstitucionalidad del art. 27 Dec. 2530/10 y fijar los honorarios de la mediadora S. B. por las tareas realizadas en las suma de ($ 1.800,00) PESOS UN MIL OCHOCIENTOS, modificándose, en esta parte, el auto de fs. 115 (arts. 31 ley 13951; 1255 CCCN; 63 inc 8 , 77 y 165 del CPCC).

ASI LO VOTO.

A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor López Muro.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se declara la inconstitucionalidad del art. 27 Dec. 2530/10 y se fijan los honorarios de la mediadora S. B. (matrí­cula nro. LP 017) por las tareas realizadas en las suma de ($ 1.800,00) PESOS UN MIL OCHOCIENTOS, modificándose, en esta parte, el auto de fs. 115. Con más aporte legal (art. 12 ley 6716 modificado por la ley 10.268). REG. NOT y DEV.

    Correlaciones:

Ley 13951 - BO: 10/02/2009