Honorarios profesionales. Ley aplicable

En el marco de una quiebra, son apelados los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018.

Y VISTOS:

I. Normativa aplicable:

El art. 5 CCCN -confirmando la solución que ya establecí­a el art. 2 Cód. Civil hoy derogado- establece que las leyes rigen después del octavo (8°) dí­a de su publicación oficial, o desde el dí­a que ellas determinen. En el caso, la ley 27.423, consagratoria del nuevo régimen arancelario para abogados y procuradores, fue publicada el dí­a 22/12/17, por lo que se encuentra vigente a la fecha.-

Ahora bien, el art. 7 CCCN -que en lo sustancial también reproduce en este aspecto la solución consagrada por el hoy derogado art. 3 Cód. Civil- indica la manera en que han de efectivizarse los efectos de las leyes que se dicten con relación al tiempo y a las relaciones preexistentes. Dicha norma establece, textualmente, que "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurí­dicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantí­as constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo».

Puesto que en el caso se trata de decidir la aplicación de la nueva ley para regular honorarios por trabajos cumplidos con anterioridad a su vigencia, cabe examinar entonces, a la luz de las directivas precedentemente señaladas, la pertinencia de tal aplicación.

La determinación de la norma aplicable tiene como pilares dos principios fundamentales: la irretroactividad de la ley -salvo disposición en contrario, que en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantí­as constitucionales- y su aplicación inmediata a partir de su entrada en vigencia "aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurí­dicas existentes».

Con respecto al primero de esos principios, esto es, aquél que veda toda posible aplicación retroactiva no prevista expresamente, lleva de la mano a precisar cuándo una ley es retroactiva, lo que presenta particulares dificultades si se trata de hechos in fieri, es decir, en curso de desarrollo. Ello, a fin de apreciar si la aplicación de la reforma en el caso, puede implicar una indebida aplicación retroactiva.

Debe recordarse que se ha dicho que se configurará una aplicación retroactiva de la ley: a) cuando se vuelva sobre la constitución o extinción de una relación o situación jurí­dica anteriormente constituida o extinguida; b) cuando se refiera a los efectos de una relación jurí­dica ya producidos antes de que la nueva ley se halle en vigencia; c) cuando se atribuyan efectos que antes no tení­an a hechos o actos jurí­dicos, si estos efectos se atribuyen por la vinculación de esos hechos o actos con un perí­odo de tiempo anterior a la vigencia de la ley; d) cuando se refiera a las condiciones de validez o efectos en curso de ejecución que resulten ser consecuencias posteriores de hechos ya cumplidos, con valor jurí­dico propio, en el pasado y que derivan exclusivamente de ellos, sin conexión con otros factores sobrevinientes; e) cuando se trata de situaciones jurí­dicas concurrentes que resultan de fuentes de derecho diferentes que entran en conflicto y pueden suscitar desigualdades entre los titulares de esas relaciones, precisamente, porque dado que cada una de ellas nace de causas diferentes, cada una debe soportar la competencia de la ley que corresponde al momento de su constitución, de sus efectos o de su extinción, según el caso (confr. Roubier P., "Les conflicts des lois dans le temps» t.1, págs. 376 y sigs.; Borda G. "La reforma del código civil. Efectos de la ley con relación al tiempo» E.D. T.28 pág.809; Coviello y Busso, citados por LLambí­as J.J. "Tratado de Derecho Civil. Parte General», T° 1, pág. 144/5, en nota 68 bis; Uzal, Maria Elsa, "Nuevo Código Civil y Comercial: la vigencia temporal con especial referencia al Derecho Internacional Privado», Revista Código Civil y Comercial (Director: Dr. Héctor Alegrí­a), N° 1, La Ley, Julio 2015 pág. 52 nota 1).-

Así­, si la modificación legal sobreviene estando en curso la constitución, adquisición, modificación o extinción de un derecho, la nueva ley modificará esas condiciones de constitución, adquisición, modificación o extinción del derecho de que se trate, en tanto esas relaciones no se hallen ya consumidas con efectos jurí­dicos propios en el pasado, de modo que revistan el carácter de derechos adquiridos, debiendo el juzgador examinar las circunstancias de cada caso concreto atendiendo con ese sentido a la directiva legal.

Ya se ha destacado que la determinación de si se está frente a una aplicación retroactiva presenta particulares dificultades cuando se trata de hechos in fieri, es decir, en curso de desarrollo y que es imprescindible distinguir si se trata de situaciones que se encuentran en lo que puede describirse como una fase dinámica de la relación, en la que ésta nace o muta (su constitución o extinción) o si, en cambio, se capta esa relación en una fase estática, cual serí­a aquella que concierne a sus efectos ya producidos y/o con valor jurí­dico propio, a fin de apreciar si la aplicación de la reforma en el caso concreto, puede implicar una indebida aplicación retroactiva, sobre hechos o situaciones jurí­dicas del pasado.

En el marco fáctico legal del sub judice las circunstancias de hecho del caso permiten concluir en que las modificaciones introducidas por la nueva ley de honorarios no resultan de aplicación al caso sub examine.

Ello así­ toda vez que, de aplicarse las disposiciones contenidas en esa normativa se verí­a afectado el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art. 7 del mismo cuerpo legal, pues de otro modo se alterarí­an los efectos de una relación jurí­dica -la labor profesional ya desarrollada en el expediente-, cumplida con anterioridad a que la ley 27.423 se hallase en vigencia, volviendo sobre una relación o situación jurí­dica ya constituida y consolidada anteriormente con efectos jurí­dicos propios consumidos en el pasado, atribuyéndole efectos que antes no tení­an por la vinculación de esos actos con un perí­odo de tiempo anterior a la vigencia de la ley, lo cual no se aprecia procedente.

En concordancia con esa lí­nea interpretativa se encuentra el criterio especí­ficamente establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia arancelaria in re: "Francisco Costa c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños» del 12.9.96 y "Greco Hnos. SA s/ quiebra s/ incidente de rendición de cuentas por Furlotti SA» del 6.2.97, según el cual se establece que los honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso deben ser regulados de acuerdo a la ley vigente al momento de cumplirse los trabajos objeto de la regulación (esta Sala "A» CNCom., 26/12/03 in re: "Garcí­a Dagna SACIF s/ Quiebra»; y 28/12/2006 in re: "San Marti Osvaldo s/ Quiebra»).

Ello así­, toda vez que tratándose de trabajos profesionales, el derecho respectivo se constituye en la oportunidad en que se los realiza, porque es a partir de ese momento en que nace una situación jurí­dica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida o modificada por ley posterior sin agravio al derecho de la propiedad consagrado en el artí­culo 17 de la Constitucion Nacional (Fallos: 306:1799), ya que ni el legislador ni el Juez pueden, en virtud de una nueva ley o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior.Concordó también con este punto de vista el propio Poder Ejecutivo Nacional al promulgar la normativa de que se trata, ocasión en la que observó el art. 64 del proyecto de ley sancionado por el Congreso, en cuanto establecí­a la vigencia de este último a partir de su publicación y su aplicación a los procesos en curso en los que no se existiera una regulación firme de honorarios. Ello debido a que, según se expuso en el Decreto N° 1077/17, "la aplicación de la norma sancionada a los procesos en curso en los que no existiera una regulación firme de honorarios podí­a afectar derechos adquiridos», implicando "una aplicación retroactiva de la norma» con vocación "de regir etapas concluidas durante la vigencia de una norma por una ley sancionada con posterioridad a su cierre» y/o consumación.-

Conclúyese de lo expuesto que, dado que los trabajos objeto de remuneración fueron desarrollados bajo la vigencia de la ley 21.839, es esta última ley la que debe ser aplicada en autos para la fijación de los emolumentos y en su caso, las leyes especí­ficas en relación a los auxiliares (conf. arts. 21 in fine, 59 y 60 in fine de la ley 27.423).

II. Regulación:

Se presentó la Sra. Marty promoviendo tercerí­a de dominio a fin de que se declare oponible al proceso universal su boleto de compraventa sobre ciertos lotes y, en consecuencia, se le otorgue escritura traslativa de dominio.

A fs. 237/241 se hizo lugar a su pretensión respecto de todos los lotes allí­ mencionados, imponiendo las costas a su cargo.

Más allá de que pueda concluirse que no existe concretamente monto del proceso en los términos previstos por los artí­culos 6, inc. "a» y 19 de la ley de arancel, a los fines de regular los emolumentos, se tendrá en consideración las pautas de valoración que surgen de los inc. b) a f) de la norma legal citada (conf., esta Sala in re: "Otero Alberto Martí­n c/Jorge Mella S.A.I.C. s/ord.», del 6.7.90, y jurisprudencia allí­ citada; in re: "Nivel Construcciones S.R.L. s/ quiebra s/ incidente de escrituración calle Roosevelt . uf .» del 02.09.11; in re: "Ortabe Gustavo Leonardo s/ quiebra c/ Ortabe Claudia Marcela s/ ordinario» del 06.10.11; in re: "Rean Roberto Daniel c/ Capoletti Lucí­a y otros s/ ordinario» del 29.11.11; in re: "Couffignal Mariano y otro c/ Sworn College S.A. y otro s/ ordinario» del 30.03.12) así­ como también las tasaciones informadas tanto por la incidentista (v. fs. 255/256) como por el sí­ndico (v. fs. 266/267) bien que como pauta referencial.

Así­ y en atención a la í­ndole y extensión de los trabajos realizados por el sí­ndico Ricardo Félix Fernández a lo largo de esta tercerí­a: se elevan sus emolumentos a cuarenta mil pesos ($ 40.000)  sus estipendios en virtud de lo resuelto a fs. 237/241. Y por lo decidido a fs. 216/217 se confirman en tres mil pesos ($ 3.000) (arts. 6, 7, 19, 23 y 33 de la ley 21.839).

Los honorarios revisados fueron regulados a fs. 272.

Publí­quese a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada 15/13. Cumplido, devuélvase encomendándose a la Sra. Juez a quo las notificaciones. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalí­a N° 5 (conf. Art. 109 RJN).

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

JULIA VILLANUEVA

MARÍA E. UZAL