Importación de automóvil. Ciudadano argentino residente en el exterior. Ejercicio de las funciones aduaneras

En el marco de una causa por infracción a la ley 22.415, se revoca la resolución que dispuso el procesamiento de los imputados.

Buenos Aires, 4 de julio de 2016.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor de B. J. S., M. G. S. y G. N. C. contra la resolución que dispuso el procesamiento de sus asistidos.

El escrito presentado por el apelante en sustento del recurso.

CONSIDERARON:

El Dr. Hendler:

Que lo resuelto se funda en que los imputados habrí­an impedido o dificultado el ejercicio de las funciones aduaneras con motivo de la importación de un automóvil al amparo de una resolución de la Administración Nacional de Aduanas que autoriza el ingreso de vehí­culos de ciudadanos argentinos residentes en el exterior que retornen para residir definitivamente en el paí­s.

Que en oportunidad de brindar sus descargos ante el juez tanto la importadora del vehí­culo, B. J. S., como su padre, M. G. S., explicaron los motivos por los que finalmente la nombrada importadora no se radicó definitivamente en el paí­s y señalaron que recibieron asesoramiento profesional en el sentido de que no existí­a obligación legal de reexportar el vehí­culo cuando, como les aconteció, aquella decisión inicial de residencia definitiva en nuestro paí­s habí­a variado por alguna vicisitud posterior.

Que el artí­culo 304 del Código Procesal de la Nación establece que el juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado. En el caso, se encuentran pendientes de evacuación las citas de descargo efectuadas por los imputados. En tal sentido, resulta fundamental profundizar la pesquisa con relación al asesoramiento profesional que M. G. S. dice haber recibido.

Que, en el í­nterin, no hay suficiente mérito para ordenar el procesamiento lo que no impide proseguir con la investigación según está previsto en el artí­culo 309 del Código Procesal Penal de la Nación.

El Dr. Bonzón:

Que en la causa se atribuye a B. J. S., M. G. S. y G. N. C. haber impedido o dificultado el ejercicio de las funciones aduaneras con motivo de la importación de un automóvil al amparo de la resolución N° 1568/92 de la Administración Nacional de Aduanas, que autoriza el ingreso de vehí­culos de ciudadanos argentinos residentes en el exterior que retornen para residir definitivamente en el paí­s.

Que los imputados al prestar declaración indagatoria ante el juez explicaron los motivos por los que finalmente la importadora del vehí­culo no se radicó definitivamente en el paí­s no obstante haber sido esa su intención inicial y señalaron que recibieron asesoramiento profesional en el sentido de que no existí­a obligación legal de reexportar el vehí­culo cuando, como les aconteció, aquella decisión originaria de residencia definitiva en nuestro paí­s habí­a variado por alguna vicisitud posterior (conf. declaraciones y escritos que en copia obran agregados a fs. 30/47 vta. de este legajo).

Que el juez después de recibir esas declaraciones, por un lado, sobreseyó a la imputada C. por entender que no habí­a cometido el hecho investigado y, por otro lado, ordenó el sobreseimiento de B. J. S. y M. G. S. por considerar que ese suceso no encuadraba en una figura legal (conf. copia de la resolución del 15 de marzo de 2013, obrante a fs. 48/52 vta. de este legajo).

Que la sala "B» de este Tribunal, en oportunidad de entender en el recurso de apelación interpuesto por la representante del ministerio público y por voto mayoritario de los Dres. Grabivker y Repetto, revocó esa resolución y dispuso el procesamiento de B. J. S., M. G. S. y G. N. C. por considerarlos responsables del delito de contrabando que se les atribuye (conf. resolución del 30 de abril de 2014, Reg. 54/2014 de Sala "B», obrante a fs. 105/115 vta.).

Que la Sala I de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayorí­a, anular esa decisión solo en cuanto al procesamiento dispuesto respecto de los imputados y ordenó remitir las actuaciones al juzgado de origen a fin de que el juez a quo dictara un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos establecidos por la Sala "B» en la resolución recurrida (conf. resolución en CPE 1155/2011/1/CFC1-CA1 del 29 de diciembre de 2015, obrante a fs. 187/191).

Que, como consecuencia de esa resolución, el juez dispuso el procesamiento de B. J. S., M. G. S. y G. N. C. siguiendo los lineamientos fácticos y jurí­dicos establecidos por la Sala "B» de este tribunal en su oportuna intervención. En ese sentido lo resuelto por el a quo se funda en indicios suficientes para estimar la existencia del hecho delictivo investigado y la responsabilidad de los nombrados imputados en el mismo.

Que si bien el auto de procesamiento dictado por el juez que ahora es materia de apelación se ajusta a lo oportunamente ordenado por el tribunal de Casación y, por ende, podrí­a entenderse ajustado a derecho, lo cierto es que existen algunas circunstancias no consideradas en las anteriores resoluciones de mérito adoptadas en la causa.

Al respecto y tal como sostiene mí­ distinguido colega preopinante en su voto, no han sido desvirtuados los descargos de los imputados referidos a que la decisión inicial de la importadora del vehí­culo de radicarse en forma definitiva en nuestro paí­s, se vio frustrada a raí­z de una circunstancia posterior.

Sumado a ello, sus manifestaciones con relación a que recibieron asesoramiento profesional acerca de que no existí­a obligación legal de reexportar el vehí­culo cuando, como les sucedió, la decisión de residencia definitiva en nuestro paí­s habí­a variado posteriormente, no han sido objeto de evacuación. Resulta de vital importancia adoptar alguna diligencia de averiguación al respecto ya que la existencia de un asesoramiento en aquel sentido podrí­a determinar la ausencia de dolo en la conducta de los imputados.

Que el artí­culo 304 del Código Procesal de la Nación establece que el juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado y, como quedó sentado, en el caso se encuentran pendientes de evacuación las citas de descargo efectuadas por B. J. S., M. G. S. y G. N. C. En el í­nterin, no hay suficiente mérito para ordenar sus procesamientos lo que no impide proseguir con la investigación, según está previsto en el artí­culo 309 del Código Procesal Penal de la Nación.

Por ello, SE RESUELVE: REVOCAR la resolución apelada. Sin costas.

Regí­strese, notifí­quese, remí­tanse los autos principales al juzgado de origen y devuélvase.

Se deja constancia que firman únicamente los suscriptos por haberse excusado el Dr. Repetto en las presentes actuaciones (conf. fs. 223/224) y conforme lo autoriza el artí­culo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.

EDMUNDO S. HENDLER

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS BONZON

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI

MARIA MARTA NOVATTI 

SECRETARIA