Importación de sustancias prohibidas. Ingestión de cápsulas en el organismo. Art. 124 del Código Procesal Penal de la Nación. Requisa

En el marco de una causa por infracción a la ley 22.415, se confirma la resolución que dispuso el procesamiento del imputado, quien habrí­a intentado burlar el control aduanero, importando sustancias ocultas en su propio organismo mediante la ingestión de las cápsulas que las contení­an.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial de C. R. S. contra la resolución que dispuso el procesamiento de su asistido.

El escrito presentado por el apelante en sustento del recurso.

CONSIDERARON:

El Dr. Hendler:

Que la resolución apelada se funda en la estimación de que el imputado habrí­a intentado burlar el control aduanero importando sustancias ocultas en su propio organismo mediante ingestión de las cápsulas que las contení­an.

Que el apelante se agravia por entender que es nulo lo actuado en el caso en tanto se originó en una requisa corporal ordenada por el juez sin motivos que la justifiquen.

Que asiste razón al apelante en que las consideraciones del a quo en cuanto los motivos por los que ordenó la requisa carecen de verosimilitud. Ni el nerviosismo señalado por los funcionarios aduaneros ni las respuestas supuestamente incongruentes a las preguntas de estos últimos, ni las fechas en que S. compró el pasaje aéreo u obtuvo su pasaporte ni el paí­s de donde provení­a o el itinerario de su viaje, dan cuenta de alguna razón para disponer una requisa corporal y una inspección forzada de sus deposiciones.

Que las atribuciones que competen a los funcionarios aduaneros tampoco explican esos procedimientos. En el caso consta que la orden fue impartida exclusivamente por el juez en quien los funcionarios declinaron toda determinación.

Que la ley procesal establece que el juez puede ordenar la requisa personal mediante decreto fundado en motivos suficientes para presumir que se oculta en el cuerpo alguna cosa relacionada con un delito. Es lo que indica el artí­culo 230 de Código Procesal Penal vigente. El incumplimiento del requisito está sancionado con la nulidad por el artí­culo 123 del mismo código. Cabe añadir que en el caso también se encuentra viciada de nulidad la orden del juez impartida verbalmente por teléfono. La ley impone que los decretos del juez deben ser firmados (artí­culo 124 del código).

Que tal como sostiene el apelante la nulidad del acto inicial se extiende a todo lo actuado en consecuencia lo que involucra el auto de procesamiento que es materia de apelación. Así­ lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, entre otros en el caso de Fallos 306:1752 ("Fiorentino, Diego» del 27/11/1984).

Los Dres. Repetto y Bonzón:

Que lo resuelto se funda en la estimación de que el imputado habrí­a intentado importar sustancias estupefacientes que, por su cantidad, estaban inequí­vocamente destinadas a ser comercializadas, ocultándolas en el interior de su organismo.

Que el apelante sostiene que debe declararse la nulidad de las actuaciones de prevención que dieran origen a la causa y de todo lo actuado en consecuencia. Se sustenta en que el juez ordenó la inspección corporal de su asistido mediante la utilización de un escáner sin que existieran motivos suficientes para sospechar que ocultaba el estupefaciente incautado en su cuerpo.

Que las circunstancias objetivas detalladas en la actuación que se impugna como viciada de nulidad -el nerviosismo del imputado, sus respuestas incongruentes, las fechas en que compró el pasaje aéreo u obtuvo su pasaporte, el paí­s de donde provení­a y el itinerario de su viaje-, justifican el estado de sospecha razonable en el que se fundó la inspección practicada, conforme lo establecido por el artí­culo 230 del Código Procesal Penal de la Nación.

Que los argumentos del apelante tendientes a desvirtuar esa justificación se basan en apreciaciones del defensor oficial que, por muy respetable que sean, solo se sustentan en consideraciones propias de carácter subjetivo que resultan insuficientes para dictar un pronunciamiento de tan graves consecuencias como la anulación de todo lo actuado.

Que, de todos modos, la consulta que hizo el funcionario de la aduana lo mismo que la autorización que impartió el juez eran innecesarias. La actividad de prevención que en aquel contexto era oportuno llevar a cabo y que en definitiva se practicó está expresamente contemplada, regulada y autorizada en la ley procesal y en la ley aduanera (conf. artí­culos 183 y 184 del Código Procesal Penal de la Nación y artí­culos 119, 122 y 497 del Código Aduanero, Ley 22.415). La í­ndole preventiva de esa actividad no se altera por el celo burocrático del funcionario que recabó el consentimiento del a quo.

Que, por lo demás, si bien podrí­a argumentarse que la forma en que se ordenó la requisa cuestionada se encuentra en pugna con lo establecido por el artí­culo 124 del Código Procesal Penal de la Nación en el que se sancionan de nulidad los actos carentes de la firma del juez, la actuación de los preventores se encontraba autorizada, como ya se señaló, sin necesidad de orden judicial alguna. Los requisitos que se exigen para proceder de esa manera deben entenderse cumplidos de conformidad con las constancias agregadas al legajo que dan cuenta de los motivos por los que los funcionarios consideraron necesario requisar al imputado y la autorización recabada en forma telefónica al juez interviniente, a los fines de proceder a la requisa del imputado, no hace más que convalidar ese legí­timo proceder.

Que en esas condiciones en el caso no existe vicio alguno que pueda provocar la anulación solicitada por el recurrente.

Por lo expuesto la orden de procesamiento dispuesta por el a quo se ajusta a derecho.

Por lo que, por mayorí­a, SE RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada. Con costas.

Regí­strese, notifí­quese, remí­tanse los autos  principales al juzgado de origen y devuélvase.

EDMUNDO S. HENDLER

JUEZ DE CAMARA

NICANOR M. P. REPETTO

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS BONZON

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI

MARIA MARTA NOVATTI

SECRETARIA