Informe crediticio negativo. Daño moral y pérdida de chance

Se confirma el rechazo de la pérdida de chance reclamada a raí­z del informe crediticio negativo emitido erróneamente por el banco demandado, pues del expediente no surge ni un solo dato que permita presumir que la actora haya visto frustrada su posibilidad de acceder a la asistencia financiera que invoca.

En Buenos Aires, a los 08 dí­as del mes de marzo de dos mil diecisiete, reunidos los señores jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traí­dos para conocer los autos "ALFONSO RITA ISABEL C/ BBVA BANCO FRANCES S/ ORDINARIO» (expediente n° 19611//2012; juzg. Nº 26, sec. Nº 52), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artí­culo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debí­a tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9) y Eduardo R. Machin (7).

Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por encontrarse vacante la vocalí­a 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 187/199?

La señora juez Julia Villanueva dice:

I. La sentencia apelada.

Mediante el pronunciamiento obrante a fs. 187/199, la señora juez de grado admitió parcialmente la demanda entablada por Rita Isabel Alfonso contra BBVA Banco Francés S.A.

Para decidir de ese modo, tuvo por acreditado que el demandado habí­a obrado negligentemente al proporcionar informes crediticios negativos respecto de la nombrada, por lo que condenó a aquél a pagar a ésta la suma de $15.000 en concepto de daño moral.

En cambio, desestimó la indemnización reclamada por la "pérdida de chance» que la actora adujo haber sufrido a raí­z de la imposibilidad -en la que fue colocada por ese obrar del demandado- de contar con asistencia crediticia, solución que la señora juez sustentó en el hecho de que ningún daño al respecto habí­a sido acreditado.

II. El Recurso.

La aludida sentencia fue apelada por la actora a fs. 200, quien expresó agravios a fs. 207/10, los que no fueron contestados por su adversario.

La recurrente se queja, en primer lugar, del rechazo de la "pérdida de chance» planteada en los términos recién expresados.

Critica el razonamiento de la señora juez por considerar que, si hubiera sido necesario que su parte contara con pruebas categóricas, no nos hallarí­amos ante una frustración de chance sino ante un daño cierto.

Aduce que los apremios financieros padecidos por su parte demuestran que era posible que ella necesitara recurrir al crédito, lo cual no pudo suceder debido al accionar de la demandada.

De otro lado critica, por considerar que es exigua, la suma que le fue reconocida en concepto de daño moral y se queja de que el monto de esa condena haya sido fijado a la fecha de la sentencia, sin reconocerle los intereses que también habí­an sido reclamados.

III. La Solución.

1. Como surge de la reseña que antecede, la actora demandó en autos la indemnización de los daños y perjuicios que adujo haber sufrido a causa de la conducta ilí­cita que atribuyó al banco demandado.

Los contendientes están de acuerdo en cuanto a la efectiva configuración de varios de los extremos que integran la plataforma fáctica de esta litis.

En tal sentido, no es hecho controvertido que la actora era titular de una tarjeta de crédito Visa Classic y que, pese a haber solicitado su baja el dí­a 12.01.10, el banco continuó remitiéndole resúmenes con gastos administrativos e impuestos que no correspondí­an a la accionante.

Tampoco en discusión se encuentra, por ende, que la deuda generada por el propio banco no hubiera debido ser imputada a la demandante, ni lo está que, a raí­z de la información cursada al B.C.R.A. acerca de la existencia de dicha deuda en mora a nombre de la actora, la nombrada recibió una incorrecta calificación crediticia que fue, a su vez, registrada en "Veraz».

2. Así­ las cosas, la cuestión litigiosa ha quedado circunscripta a dilucidar si la actora tiene o no derecho a obtener una indemnización por la referida "pérdida de chance», y si el monto fijado por la señora juez en concepto de daño moral es susceptible del reproche que le efectúa la quejosa.

3. A mi juicio, la primera de esas quejas debe ser desestimada.

Así­ lo juzgo, pues del expediente no surge ni un solo dato que permita presumir que la actora haya visto frustrada su posibilidad de acceder a la asistencia financiera que invoca.

No ignoro que el solo hecho de que un banco produzca un informe negativo es susceptible de colocar al afectado fuera del sistema crediticio, pero no lo es menos que quien invoca ese perjuicio, debe, aunque sea, demostrar que fue su intención utilizar ese crédito y no tuvo éxito.

Como es obvio, el hecho de que la apelante haya encuadrado su reclamo dentro del concepto de "pérdida de la chance», no habilita un razonamiento diverso, puesto que lo contrario conducirí­a a sostener que el afectado puede limitarse a hacer esa alegación para ser dispensado de la carga de probar que ha sufrido un daño indemnizable, lo cual no puede ser admitido.

Esto conduce a lo expuesto: para ser susceptible de indemnización, el daño debe ser probado, lo cual no ha sucedido, toda vez que no hay ni una sola prueba que permita concluir que la actora intentó sin éxito acceder al crédito, ni que ella se haya encontrado siquiera en situación de ser beneficiaria de éste sin poder concretarlo a causa del obrar del demandado.

En tales condiciones, y siendo que es claro que el razonamiento que propone la accionante no sustituye la prueba del daño así­ estimado, corresponde fallar del modo adelantado.

4. Paso a ocuparme, en consecuencia, de los agravios de la demandante respecto de la indemnización fijada por la señora magistrada e n concepto de daño moral.

Sin perjuicio de que las declaraciones testimoniales obrantes a fojas 116/19 permiten tener por comprobado el padecimiento espiritual que los hechos de la causa provocaron en la nombrada, lo cierto es que, de todos modos, se trata de hechos que, por su propia naturaleza, habilitan a presumir su aptitud para producir un daño como el que me ocupa.

Así­ lo juzgo, en razón de que mediante esa información adversa la actora fue descalificada, lo cual permite tener por cierto que el proceder reprochado generó en aquélla el padecimiento que por su naturaleza conlleva toda descalificación personal.

La publicación de datos falsos acerca de la confiabilidad de una persona en el plano crediticio es conducta de por sí­ grave, y suficiente para habilitar a presumir que el sujeto así­ públicamente expuesto es colocado, sólo por ello -es decir, sin necesidad de ninguna otra demostración adicional-, en una situación susceptible de generarle los sentimientos de impotencia y angustia que por esta ví­a se deben resarcir.

Como es sabido, el funcionamiento del sistema bancario exige especial diligencia en sus operadores, dado que cualquier error sobre estos aspectos genera consecuencias que no se acotan al ví­nculo entre el cliente y la especí­fica entidad con la que éste se relaciona, sino que, exhibida la situación del primero en un centro de información al alcance de todas las entidades y del público en general, es susceptible de generar ingentes daños no sólo materiales sino también morales.

Si herramientas como las descriptas -tales como la inhabilitación de una persona para operar en el sistema, o su descalificación pública- son concebibles en un Estado de Derecho -refractario por antonomasia a toda sanción sin juicio previo-, es por algo obvio: esas herramientas abonan el debido funcionamiento de una actividad que, como la financiera, compromete fuertemente el interés general, al permitir que el ahorro público sea canalizado hacia el circuito institucionalizado para ser aplicado a la oferta de crédito, con beneficiosa incidencia en la comunidad.

Pero reconoce un presupuesto indispensable, que se supone presente en razón de la condición profesional casi arquetí­pica de las entidades que aquí­ operan: que se halle en manos de sujetos altamente especializados y funcionalmente preparados para conducirse con la mayor diligencia (esta Sala, "Wajncymer Silvia Noemí­ c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ Ordinario» del 20.10.2015, entre muchos otros).

En el caso, la herramienta de que se trata fue indebidamente utilizada por el demandado provocando ese daño, por lo que la responsabilidad de éste debe ser fijada siguiendo la pauta que establecí­a en el art. 902 del derogado Código Civil, y que hoy se mantiene a través del art 1725 del CCyC.

Esto obliga, a su vez, a fijar una indemnización que no resulte meramente simbólica, sino razonable en los términos previstos en el art. 1740 del CCyC, en cuanto exige que la reparación del daño sea plena e incluya los daños derivados de la lesión al honor que hayan sufrido las ví­ctimas.

Si bien los hechos que me ocupan sucedieron con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado código, esas disposiciones contienen prescripciones que no resultaban ajenas al ordenamiento anterior, como se desprende del hecho de que la nueva legislación procuró, según paradigma hoy aceptado por toda la doctrina que se ha ocupado del tema, permitir la constitucionalización del derecho privado (arts. 1 y 2 CCC.).

En tales condiciones, y aplicando al efecto lo dispuesto en el art. 52 del mismo código en cuanto manda reparar todo daño causado a la honra o reputación de las personas, es mi conclusión que ese honor de las personas no puede ser menospreciado por ví­a de la fijación de reparaciones simbólicas, por lo que propongo a mi distinguido colega, modificar en este punto la sentencia y condenar al demandado a abonar el monto total reclamado por la accionada de $30.000, más intereses que se computarán a la tasa activa que cobra el BNA en sus operaciones de descuento a treinta dí­as desde la mora -que estimo producida el 30.10.11- hasta el efectivo pago.

II. Conclusión.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo modificar la sentencia apelada con el alcance que surge de lo explicitado en el punto 4 precedente, y confirmarla en lo demás que decide. Sin costas de Alzada por no haber mediado contradictorio.

Por análogas razones, el Sr. Juez de Cámara, doctor Eduardo Machin, adhiere al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva y Eduardo R. Machin. Ante mí­: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. 53/6 del libro de acuerdos N° 58 Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala "C".

Rafael F. Bruno

Secretario

Buenos Aires, 08 de marzo de 2017.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve modificar la sentencia apelada con el alcance que surge de lo explicitado en el punto 4 precedente, y confirmarla en lo demás que decide. Sin costas de Alzada por no haber mediado contradictorio.

Notifí­quese por Secretarí­a.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalí­a 8 (conf. art. 109 RJN).

Julia Villanueva

Eduardo R. Machin

Rafael F. Bruno

Secretario