Juicio ordinario. Monto mí­nimo para apelar. Art. 242 del CPCCN

Se desestima la queja interpuesta contra el rechazo de la apelación planteada contra la denegatoria del embargo solicitado, pues el capital del crédito cuyo cobro persigue la parte no supera el umbral de admisibilidad recursiva establecido por el ordenamiento ritual.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2015.

Y Vistos:

1. Viene en queja el accionante, por el rechazo de la apelación planteada contra la denegatoria del embargo solicitado (v. fs. 16, 18 y 20).

2. La ponderación de la apelabilidad con atención del monto objeto de impugnación es una solución que procura compadecerse con la ratio del art. 242 Cód. Procesal orientada a evitar la intervención de la alzada en disputas de menor significación económica (Cfr. CSJN, "Koch" del 10/11/1992, Lexis Nexis, n° 2/4342, JA 1993-III, pág. 486, Fallos 315:2679; í­d. esta Sala, 28/12/2009, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Guastella Sebastián Antonio s/ ejecutivo"; í­d. 24/8/2010, "Insúa Alicia Beatriz s/quiebra s/inc. de revisión por AFIP-DGI s/queja", entre muchos otros).

De las constancias adjuntas al presente cuadernillo, surge que el capital del crédito cuyo cobro persigue la parte -de $ . v. ap. II, fs. 5- no supera el umbral de admisibilidad recursiva establecido por el ordenamiento ritual de $... (T.O. Ley 26.536 y Ac. CSJN 16/14) y es tal factor, en el entendimiento que seguidamente se expondrá, el que sella la inadmisibilidad de la ví­a recursiva.

Es que se juzga que es el monto del proceso el parámetro a partir del cual, y de manera excluyente, cobra virtualidad cualquier recurso que se deduce en el trámite. Dicho en otros términos, si el juicio principal es inapelable, las diversas cuestiones que se suscitan -con independencia del valor económico que entrañan- también resultarán inapelables, por tratarse de cuestiones accesorias que siguen la suerte del principal (conf. esta Sala, 16/2/2010, "Banco del Buen Ayre c/Gallardo Rodrí­guez Florencia s/ejec."; í­d. 23/2/2010, "Banco del Buen Ayre SA c/Simonetta Gustavo Luis s/ejec."; 18/5/2010, "Teha Inversiones SRL c/Dellarole Daniel s/ejec.", entre otros).

Y pese a reconocerse que la norma vigente no hace expresa referencia sobre este punto -tal como lo hací­a su predecesora-; no cabe más que concluir en iguales términos, esto es, en el sentido que el monto sólo comprende al capital reclamado en la demanda, con exclusión de intereses u otros gastos ajenos a él.

La inclusión de los réditos, conducirí­a indefectiblemente a una elevación del monto cuestionado, a niveles que desvirtuarí­an la finalidad de limitar las intervenciones del Tribunal de Alzada en consideración a la importancia económica de las causas; amén de las complicaciones procesales que podrí­an generarse cuando su cálculo debiera llevarse cabo en forma previa a la sentencia y a la liquidación definitiva (conf. esta Sala, 18/3/2010, "Puerto Norte SA c/Sircovich Jonathan s/e jec. s/queja", í­d. 30/3/2010, "Banco Credicoop Coop. Ltdo c/Parodi Máximo Ángel s/ejec. s/queja").

Adviértase, por otra parte, que en el cuarto párrafo "in fine" del inc. 3° del art. 242 CPCC y respecto al supuesto particular que contempla, se alude al monto cuestionado haciéndose expresa referencia del capital; situación ésta que permite reforzar la conclusión arribada en el sentido que ha quedado incólume el criterio que en la determinación del "valor cuestionado" quedan marginados accesorios tales como intereses, multas, etc.

Por último, este temperamento no admite modificación sea o no acertado lo decidido por el juez de grado ya que al estar de la ley procesal vigente la apelabilidad no depende de la magnitud del error atribuí­do a la providencia en crisis (esta Sala, 22/12/2009, "Tarshop SA c/Burgos Barbara Noemí­ s/ejecutivo s/ queja"; í­d. 30/12/2009, "Tarshop SA c/Ause Selva Claudia s/ejecutivo s/ queja"; í­d. 15/4/2010, "Agrimarketing SA c/Marcobank SA y otro s/ordinario s/queja", entre otros).

3. Por ello, se resuelve: desestimar la queja interpuesta.

Remí­tase este cuadernillo a la anterior instancia a los fines de ser agregado a sus antecedentes.

Hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. N° 15/13 y Ac. N° 24/13).

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

Marí­a Florencia Estevarena

Secretaria