Ley 22415. Ocultamiento de dinero. Control aduanero

En el marco de una causa por infracción a la ley 22415, se revoca la resolución del a quo que decretó el procesamiento del imputado.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial de H. X. contra la resolución que decretó el procesamiento de su asistido.

Lo informado por el apelante en sustento del recurso.

CONSIDERARON:

El Dr. Hendler:

Que lo resuelto se funda en la estimación de que el imputado habrí­a intentado ocultar mercaderí­a que debí­a someter al control aduanero. Entendió el a quo que el dinero que X. despachó a bodega en dos bolsos, en ocasión de viajar al exterior, sesenta mil cincuenta y un dólares (U$S 60.051), constituye mercaderí­a y que la manera de llevarla implica su ocultación. Invoca asimismo la nomenclatura arancelaria que se emplea para clasificar las mercaderí­as

Que la nomenclatura arancelaria, adoptada por una convención internacional y aprobada por ley nacional, se refiere a los "billetes de banco" en el capí­tulo denominado "Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas, textos manuscritos o mecanografiados y planos" (capí­tulo 49 del Convenio Internacional aprobado por ley 24.206) lo que deja en claro que se los considera mercaderí­a únicamente en cuanto papeles impresos que pueden ser objeto de importación por entidades emisoras o de exportación por parte de quienes los imprimen.

Que, como se ha señalado en diversos precedentes de este tribunal, los instrumentos meramente representativos de valores dinerarios no constituyen mercaderí­as susceptibles de importación o exportación, salvo que se trate de compras o ventas de billetes hechas por entidades emisoras (conf. Regs. 260/05, 667/08, 114/11, de Sala "A" entre otros).

Que la equiparación del dinero a una mercancí­a supone una perspectiva anacrónica. Lleva a retrotraerse a economí­as primitivas basadas en el trueque. Tal vez podrí­a hallarse parangón en el empleo como moneda de metales preciosos o bien en el sistema monetario basado en el patrón oro que tuvo vigencia en el siglo XIX y que fue abandonado en el siglo XX al estallar la primera guerra mundial y que quedó finalmente descartado con las medidas económicas adoptadas por los Estados Unidos en 1971. Hoy en dí­a todas las naciones del mundo emplean dinero fiduciario.

Que si bien se registran precedentes de la Cámara Federal de Casación Penal en sentido contrario al expresado, debe darse preeminencia a la interpretación constitucional emanada de la Corte Suprema de Justicia a partir del caso registrado en Fallos 312:1920 en el que se estableció que "no cualquier acto que afecte la actividad estatal en materia de policí­a económica puede ser considerado contrabando" (considerando XV). Debe añadirse que existen razones no contempladas en los fallos del tribunal de casación que autorizan a apartarse de los precedentes de esa cámara. Entre ellos la experiencia cotidiana de los casos llegados a conocimiento de este tribunal de la que resulta que los procedimientos llevados a cabo por los funcionarios de la aduana no conducen en ningún caso a descubrir verdaderas maniobras de transferencias clandestinas de trascendencia económica.

Que también ha sido señalado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Que el art. 863 del Código Aduanero se refiere a las funciones que las leyes acuerdan a las aduanas 'para el control sobre las importaciones y las exportaciones'. Tal precisión legal implica que las funciones a las que se refiere aquella norma son las especí­ficamente previstas en el art. 23 del código, en tanto se refieran directamente al control sobre las importaciones o las exportaciones, como serí­an las facultades necesarias para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan la recaudación de gravámenes aduaneros o fundan la existencia de restricciones y prohibiciones a la importación y exportación, de las cuales quedan excluidas, en consecuencia, las facultades de control que pudiera tener y que no se vinculen directamente con el tráfico internacional de mercaderí­as" (conf. Fallos 312:1920 considerando XVI).

Que, además, en dicho precedente se señala que los bienes jurí­dicos en función de los cuales se castiga el contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario. Interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los primeros, serí­a aplicar analógicamente una ley penal, lo que se encuentra vedado por el artí­culo 18 de la Constitución Nacional (conf. Fallos 312: 1920 considerando XVIII).

Que, en esas condiciones, considero que el procesamiento dictado por el juez no se ajusta a derecho y debe ser revocado.

El Dr. Repetto:

Que por razones análogas adhiero al voto de mi distinguido colega Dr. Hendler.

El Dr. Bonzón:

Que llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor que asiste a H. X. contra la resolución del señor juez A Quo que dispuso el procesamiento de su asistido.

Que el hecho que se atribuye al nombrado procesado es la presunta comisión de la tentativa del delito de contrabando de divisas.

Que como sostuviera al resolver en diversos precedentes de este Tribunal, los billetes de banco revisten el carácter de mercaderí­a ya que son susceptibles de importación o exportación y se encuentran, por ende, sujetos al control aduanero (conf. Regs. 352/12 y 215/13 de Sala "A", entre otros).

Que, por otra parte, considero que en el caso no cabe excluir el intento de contrabando imputado en base a la doctrina sentada en el fallo "LEGUMBRES" (Fallos 312:1920). Lo que aquí­ se imputa no es la evasión de divisas sino la violación de una prohibición económica relativa (Cfr. Vidal Albarrací­n; Delitos Aduaneros, Ed. Mave, 2004, p.75).

Que por el artí­culo 7° del decreto del Poder Ejecutivo N° 1.570/01, con la posterior modificación del decreto N° 1.606/01, se establece la prohibición de salida de moneda extranjera que exceda el lí­mite monetario fijado en diez mil dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas.

Que esta prohibición alcanza en general y se refiere a cualquier ví­a de egreso. Ahora bien, si ello se cumple por el régimen de equipaje y por medio de una ocultación que no se encuentra justificada por razones de seguridad, se configura la modalidad del delito de contrabando prevista en el artí­culo 864 del Código Aduanero.

Que, en algunos casos, resulta dificil diferenciar la ocultación del dinero con fines de eludir el control aduanero de la simple ocultación por razones de seguridad. En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia admiten que en ciertos supuestos y, aún en la hipótesis de que el pasajero actuara dolosamente, su proceder no superarí­a el ámbito infraccional.

Que para determinar si el acto u omisión imputado es delito o infracción aduanera, también debe analizarse cada caso concreto, poniéndose énfasis en la forma o modo en que se haya intentado el ingreso o egreso ilegal de mercaderí­as por ví­a de equipaje y no como muchas veces ocurre, en la cantidad, calidad o valor de la misma.

Que, en el caso, los indicios reunidos, mencionados por el a quo, resultan suficientes para estimar que H. X. habrí­a intentado extraer del paí­s el dinero que transportaba ocultándolo al servicio aduanero y respaldan la determinación de ordenar su procesamiento, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportarse posteriormente durante la instrucción o en el juicio.  

En efecto, según surge del acta de procedimiento obrante a fs. 4/6 de los autos principales, el imputado H. X. despachó a bodega dos bolsos, en cuyo interior se detectó el dinero transportado por el imputado el cual se encontraba acondicionado en el interior de cajas de cartón de leche en polvo. Esa forma de proceder hace presumir su intención de eludir el control aduanero.

Que, en esas condiciones, lo resuelto por el juez se encuentra ajustado a derecho y a las constancias de autos.

Por lo expuesto, por mayorí­a, SE RESUELVE: REVOCAR la resolución apelada. Sin costas.

Regí­strese, notifí­quese, remí­tanse los autos principales al juzgado de origen y devuélvase.

EDMUNDO S. HENDLER

JUEZ DE CAMARA

NICANOR M. P. REPETTO

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS BONZON

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI

MARIA MARTA NOVATTI

SECRETARIA