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Ley 23 850 Recurso De Apelacion Monto Cuestionado Inapelabilidad En Razon Del Monto Garantia De La Doble InstanciaDOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021 JURISPRUDENCIA Ley 23.850. Recurso de apelación. Monto cuestionado. Inapelabilidad en razón del monto. Garantía de la doble instancia
Se declaran inapelables los pronunciamientos impugnados en razón del valor cuestionado a través de los recursos de apelación interpuestos, al resultar sensiblemente inferior al tope legal establecido en el artículo 242 del Código Procesal, modificado por la ley 26.536.
Buenos Aires, 18 de abril de 2017.- Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: El art. 242 del Código Procesal, modificado por la ley 26.536, que entró a regir a partir del 7 de diciembre del 2009, dispone que serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualesquiera fuere su naturaleza que se dicten en procesos en lo que el "valor cuestionado" sea inferior a la suma de $ 20.000 y a los efectos de determinar la inapelabilidad de aquéllas se estará al monto que rija en la fecha de presentación de la demanda o reconvención. El monto recién mencionado, es el que debe considerarse en el caso, pues tanto el recurso de apelación como su concesión fueron posteriores a la vigencia de la norma citada y, por aún no resultar aplicable la innovación prevista en la Acordada n° 16/14 dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La modificación propuesta respecto de la anterior normativa, no significa que siempre deba computarse la totalidad del capital reclamado en la demanda para considerar a la decisión como recurrible, pues el precepto habla del monto cuestionado, o sea de un monto impugnado por alguna de las partes en razón del gravamen que le causa lo decidido sobre el mismo, sin hacer referencia al monto reclamado en la demanda (conf. C.N.Civil, Sala "I" c. 25.240 del 16/2/2010). Se mantiene así la interpretación -que es la que la Sala adoptó, por mayoría, a partir de la causa nº110.461 "Di Tella, María E.c/Fassina, Eliseo s/daños" de fecha 27-5-92 en lo sucesivo- que mejor se compadece con la "ratio legis" de la modificación hecha por la ley 23.850 que a estar al mensaje con el que el Poder Ejecutivo remitió el proyecto correspondiente, hizo hincapié en la sobrecarga que pesaba sobre las cámaras de apelaciones y la necesidad de limitar en la medida de lo posible los remedios impugnativos que, en ocasiones, son empleados simplemente como una manera de retrasar la acción de la justicia. Esta limitación releva al Tribunal de Alzada de prestar atención a las controversias de menor cuantía, finalidad que quedaría desvirtuada si se atendiese sin remedio en todos los casos al monto reclamado y no al discutido en la instancia. Pondérese, que la nueva modificación legislativa buscó evitar que se lleven a la alzada disputas de menor significación económica, y es concorde con el criterio seguido bajo la anterior redacción de la norma (conf. C.N.Civil, Sala "I" c. 25.240 del 16/2/2010; Sala "E", c. 550.255 del 19/03/10), y propuso, en el mismo sentido, que anualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación adecuará, si correspondiere, el monto mencionado en el primer párrafo de este decisorio. Por otra parte, cabe señalarlo, el más alto tribunal adoptó ese criterio al sostener que para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, resulta necesario demostrar que el "valor disputado en el último término" exceda el mínimo legal (conf."Fallos", 245:46; 297:393; 302:502 y 307:1589). En este orden de ideas, es del caso destacar que procurando la celeridad, pero en coordinación con los valores de seguridad y justicia, la legislación procesal argentina se ha venido orientando en los últimos años, según lo destaca la doctrina especializada, hacia una política de disminución y concentración de los recursos, comprensiva de un menor número de instancias ordinarias, una inferior cantidad de especies recursivas y una tendencia hacia la irrecurribilidad de mayor número de resoluciones, sea por el monto del pleito o por la naturaleza de la resolución (conf. Kiper Claudio M., "El nuevo monto mínimo para apelar", en el diario L.L. del 2/2/2010). La nueva normativa sujeta a examen, ha sido interpretada en el mismo sentido que el propuesto en el marco del presente pronunciamiento por distintas Salas de esta Cámara (conf. C.N.Civil, Sala "A", c. 547.796 del 17/2/2010; íd. Sala "B", c. 549.404 del 3/3/2010; íd. Sala "C", c. 549.020 del 9/3/2010; íd. Sala "I" c. 25.240 del 16/2/2010; íd. Sala "G" del 12/2/2010; e íd. Sala "M", c. 41.581 del 9/3/2010), razón por la cual este criterio se ve reforzado. Y, en el caso, el valor cuestionado en esta instancia a través de los recursos de apelación, interpuesto contra los decisorios de fs. 3236/3238 y de fs.3319/3320, concedidos a fs. 3245 y a fs.3322, tiene relación con la imposición de costas allí decidida (ver fs.3239 y fs.3321), que resulta sensiblemente inferior al tope legal establecido por el citado art. 242 del Código Procesal, modificado por la ley 26.536 y ajeno al marco de apelabilidad regulado por el art.244 del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, corresponde declarar inapelable los pronunciamientos mencionados en el párrafo anterior lo que así se resuelve. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado en atención a las particularidades que ofrece la cuestión debatida y a la forma en que se resuelve (art. 68 2do., párrafo del Código Procesal). Notifíquese y sigan los autos según su estado. DISIDENCIA DEL DR. JUAN CARLOS G. DUPUIS: Las razones que expuse en ocasión de la modificación al art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por ley nº 23.850, acerca del alcance de la inapelabilidad por el monto, que no fueron compartidas por la mayoría de la Sala (conf. causas nº 15.559 del 3/7/85 y 72.718 del 6/7/90, reiteradas en innumerables ocasiones), creo que siguen vigentes con el texto introducido según la ley 26.536, por lo que me permitiré reiterarlas. En ellas sostuve, que el agregado introducido por la ley 21.708 al artículo 242 del Código Procesal a mi modo de ver no ofrece dudas en cuanto limita la apelación por razones del monto a los procesos de menor cuantía, sin que pueda extenderse, por vía interpretativa, a las resoluciones dictadas en juicio -cualquiera sea su monto- en que el valor involucrado esté comprendido dentro de las sumas que fija dicha norma. No creo que la segunda parte del artículo, cuando se refiere al monto de la demanda, comprenda tanto a una pretensión principal como incidental. Es que el propio texto señala que serán inapelables "las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado no exceda de la suma de $1.000.000", para añadir luego que "dicho monto se determinará atendiendo exclusivamente al capital reclamado en la demanda"actualizado a la fecha de la resolución.La letra de la ley no ofrece dudas en cuanto a su alcance, puesto que de otro modo hubiera bastado con señalar que la inapelabilidad alcanza a toda controversia cuyo monto no exceda de la suma que indica, sin aclarar como lo hace, que el monto a computarse será exclusivamente el capital reclamado en la demanda, o sea, en la pretensión principal. Es que más allá del alcance que la doctrina procesal, por lo general da al vocablo demanda, lo cierto es que el Código Procesal, dentro del cual se insertó el agregado en análisis, llama demanda al proceso principal (ver Título II, cap.1,arts.330 y sgts.,art.486 y 498) e incidente a toda cuestión que en él se plantea (art.175 y sgtes.). El valor económico del pleito, como lo señala Chiovenda, fue tenido en cuenta por muchas legislaciones (que se remontan al derecho romano, germánico y medieval italiano) y no sólo se considera a los fines de la atribución de la competencia, sino también para otros efectos, como es el establecer la apelabilidad del pleito. En cuanto a la base para determinar el valor, a juicio de este autor es la demanda, por ser el acto constitutivo de la relación procesal y es la que determina el contenido de la sentencia (conf. "Principios de Derecho Procesal Civil", Madrid, ed. Reus 1922, t. L. parágrafo 27, n° 1 y sgtes., ver nota I). Y así como los posteriores planteos no pueden influir en la competencia, sea que el valor disminuya o aumente, lo mismo sucede con la apelabilidad de las resoluciones, en razón del monto. Si el tribunal de segunda instancia es competente para revisar la sentencia, también podrá hacerlo respecto de las resoluciones dictadas en el curso del proceso que la precedan o sean consecuencia de ella, siempre que no haya otras normas especiales que limiten tal intervención.Y para fijar en forma definitiva esa intervención el legislador ha creído prudente, evitando cualquier duda, tomar como pauta el valor cuestionado en la demanda, aún con independencia del resultado del pleito. De otro modo se correría el peligro de privar a las partes de la garantía de la doble instancia en cuestiones que aunque por su entidad no sobrepasan la suma fijada por la ley, por sus efectos pueden influir decisivamente en el resultado del proceso. Como bien lo señaló la Sala "B" de la Cámara Comercial, en el fallo publicado en "El Derecho" t.87,pág.193 "Una interpretación distinta podría concluir al hecho absurdo de que el tribunal de alzada, que no puede juzgar en apelación la sentencia definitiva, sí pueda resolver acerca de la aprobación o no de una liquidación del juicio, o viceversa, que habiendo conocido en segundo grado sobre la sentencia definitiva, le resultase vedado hacerlo en un incidente en donde se discuta un valor menor". Por último, la apelabilidad es la regla y la inapelabilidad la excepción. Por tanto, si se advierte que mediante ella se priva a las partes de la garantía de la doble instancia, la interpretación de las normas que llevan a ese resultado debe ser sumamente restrictiva, lo que lleva a concluir que donde la ley menciona juicios o demandas de valor reducido, debe estarse a la interpretación literal que además, a mi juicio, no ofrece dudas, como lo he sostenido en la disidencia puesta de manifiesto en un reciente pronunciamiento (conf. C.N.Civil., esta Sala c. 550.255 del 19/03/10). Ahora bien, resuelta la nueva cuestión por el voto mayoritario de mis colegas, debo expresar que el nuevo art.242, modificado por la ley 23.536, a mi modo de ver, en nada altera el criterio recién recordado. Ello así pues, cuando el nuevo artícu lo 242 alude a que "serán inapelables las sentencias definitivas y demás resoluciones cualquiera fuera su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto cuestionado sea inferior a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), se mantiene el principio de que dicho monto se refiere a los reclamados tanto en la demanda, como en la reconvención. Y, cuando una resolución pudiera eventualmente excederlo, también resultará inapelable, porque lo accesorio sigue la suerte del principal. Tan es así que, en forma congruente, la nueva norma cuando refiere a la adecuación de los montos, alude en forma expresa, al que "rija en la fecha de la presentación de la demanda o reconvención", de otro modo hubiera aludido al que rija a la fecha de la resolución. Desde otro ángulo, se observa que si bien legislador modificó en varios aspectos el anterior art. 242, con una redacción poco feliz, como la que luce en el nuevo párrafo 4to., no previó -en esta oportunidad- el supuesto de inapelabilidad al que alude la mayoría. Obsérvese, que la cuestión atinente al monto cuestionado en la Alzada, a mi criterio, resultaba de una interpretación jurisprudencial realizada fuera del marco de inapelabilidad establecido expresamente por el anterior art. 242, razón por la cuál si el legislador hubiera querido receptar tal criterio, lo hubiera hecho en forma expresa, como el caso lo requería. Lo recién expuesto, se ve reforzado, si se pondera que el nuevo 4to. párrafo del art. 242 del Código Procesal, prevé un supuesto de inapelabilidad específico relacionado con el monto cuestionado en la Alzada, para una hipótesis específica, como el que se menciona. De allí que en el supuesto como el sujeto a examen, las decisiones cuestionadas, resultan apelables, tal como lo entendió el Sr. juez de grado al conceder los recursos de apelaciones deducidos contra ellas.-
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