Ley 26522. Medios de comunicación. Procedimiento de transferencia de oficio. Medida cautelar

Se confirma la resolución que consideró configuradas las exigencias legales para el dictado de una medida cautelar y dispuso la suspensión de los efectos del "Procedimiento de transferencia de oficio" iniciado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), pues la medida otorgada no afecta una norma de rango legal sino un acto puramente individual y resulta claro que no excluye al sujeto privado afectado de la legí­tima obligación de adecuarse a la ley, sino que busca sanear un acto verosí­milmente irregular garantizando la utilidad de los procesos. En segundo lugar, la medida adoptada más que afectar el interés público, lo preserva, en la medida en que la comunidad toda tiene interés republicano en el respeto al debido proceso en todo procedimiento administrativo. Finalmente, no se ha demostrado concretamente en qué consistirí­a la afectación al interés público y ello en relación circunstanciada al proceso de examen y deliberación que concluyó con el dictado de la resolución cuestionada, no siendo suficiente la mención genérica a los altos fines de la ley 26522.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2015.-

Y VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos a fs. 1329, 1338 y 1345, fundados a fs. 1351/1361, 1403/1423 y 1473/1479 -cuyos traslados fueron contestados a fs. 1498/1521, 1530/1538 y 1540/1546-, contra la resolución de fs. 1262/1278, y

CONSIDERANDO:

1. La resolución de fs. 1262/1278 del 9 de diciembre de 2014 consideró configuradas las exigencias legales para el dictado de una medida cautelar -solicitada por la parte actora a fs. 910/940- y dispuso la suspensión de los efectos de la Resolución Nº 1121/AFSCA/2014 y, por ende, del "Procedimiento de transferencia de oficio» iniciado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -AFSCA-. Por los fundamentos expuestos en el considerando XI de la resolución, el señor juez a-quo fijó un plazo de seis meses de vigencia de la medida cautelar apreciando la conveniencia de establecer una limitación temporal en los términos de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa nº 8836/09 "Grupo Clarí­n» (Fallos 333: 1885). Ello fue dispuesto, sin perjuicio de recordar el carácter esencialmente provisorio de la protección cautelar y el hecho de que, llegado su vencimiento, el juez de la causa puede reevaluar la necesidad de la tutela otorgada, del mismo modo que la parte interesada puede formular, incluso antes, planteos de levantamiento con sustento en el art. 202 del Código Procesal.

2. Por tratarse de un acto administrativo dictado por autoridad competente, el señor magistrado de primera instancia manifestó seguir un criterio estricto en la apreciación de los requisitos de verosimilitud del derecho, daño inminente y peligro en la demora, llegando a la conclusión del carácter irreversible que tendrí­a el daño al interés privado comprometido (considerando IX de la resolución apelada). Estimó que el derecho invocado por la parte actora era prima facie verosí­mil por cuanto el procedimiento legal y la conformación de la voluntad del ente colegiado -AFSCA- revelaban deficiencias que violentaban el debido proceso y el derecho de defensa de la parte afectada (fs. 1275, tercer párrafo). Consecuentemente, hizo lugar al dictado de la medida cautelar en los términos reseñados y bajo la caución real de $ ..., que debí­a cumplirse en forma previa y en las condiciones indicadas en el considerando XII de la resolución.

3. Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora a fs. 1345, recurso que fue concedido a fs. 1347. El Estado Nacional interpuso apelación a fs. 1329 y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual lo hizo a fs. 1338/1339. Los recursos fueron concedidos en relación y con efecto devolutivo mediante la resolución de fs. 1347 del 17 de diciembre de 2014. El 12 de enero de 2015, la Sala de Feria negó el pedido de habilitación de la feria judicial planteado por la AFSCA, tendiente a tratar la impugnación contra la concesión del recurso "con efecto devolutivo». En lo que interesa en el conflicto a resolver, cabe destacar que el 5 del corriente este Tribunal desestimó la queja deducida por ese organismo en relación con el mencionado efecto (cfr. causa 7263/12/3/RH2 "Grupo Clarí­n S.A. y otros c/ Estado Nacional y otros s/ acción meramente declarativa. Incidente de recurso de queja").

4. El recurso de apelación del Estado Nacional fue fundado a fs. 1351/1361 y recibió la respuesta de la parte actora de fs. 1498/1521. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual fundó su apelación mediante el memorial que corre a fs. 1403/1423, que fue contestado por la demandante mediante el citado escrito de fs. 1498/1521. Los agravios de la parte actora obran a fs. 1473/1479, y fueron respondidos por la AFSCA a fs. 1530/1538 y por el Estado Nacional a fs. 1540/1546.

5. El Estado Nacional solicita la revocación total de la resolución dictada por el magistrado de primera instancia el 9 de diciembre de 2014. Los agravios pueden ser presentados en forma sucinta del modo siguiente: a) la decisión que otorga la medida cautelar carece de base fáctica pues el magistrado se ha apartado de las constancias de la causa y de los contundentes argumentos plasmados en la Resolución 1121/AFSCA/2014; aduce que las actoras estaban notificadas del apercibimiento de "disponer la transferencia de oficio» según el Anexo I de la Resolución 2206/2012, que reconocieron la recepción de la nota n° 640/2014 y que tuvieron oportunidad de efectuar los descargos; b) el acto administrativo impugnado, la Resolución 1121/AFSCA/2014, tiene una sólida exteriorización de los motivos que condujeron a poner en marcha la transferencia de oficio, en particular, la existencia de situaciones fraudulentas que conllevan vinculaciones societarias prohibidas y contrarias a los fines antimonopólicos de la ley 26.522; c) no existe ninguna falta de proporcionalidad ni de razonabilidad entre el contenido de la citada Resolución 1121/AFSCA/2014 y la anterior decisión de admisibilidad de la etapa de adecuación voluntaria; esta última fue una aprobación formal que fue desvirtuada por la comprobación de los incumplimientos sustanciales a la ley; agrega que al grupo actor "se le dieron las posibilidades previstas en el procedimiento para readecuar su propuesta y, en todo caso, desvirtuar las vinculaciones que se le imputaron" (fs. 1357 vta.); d) es arbitraria y no responde a la verdad la afirmación del magistrado en el sentido de que los actos dictados por la AFSCA que han sido impugnados, afectan gravemente el patrimonio y la actividad para la cual fueron autorizadas las actoras; y e) la decisión del juez a-quo ha soslayado la grave afectación al interés público en tanto la sola existencia del Grupo Clarí­n "en su actual conformación económica concentrada causa un perjuicio tangible a la sociedad democrática en su conjunto» (fs. 1360 vta.).

6. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual reclama la revocación de la resolución apelada por entender que adolece de déficit argumentativo y es de intolerable arbitrariedad. En suma, los agravios de fs. 1403/1423 pueden ser resumidos en los siguientes: a) el objeto de la medida cautelar excede el objeto de la litis pues el acto administrativo y las normas que lo sostienen no fueron impugnados en la demanda original; a juicio del recurrente, esto desvirtúa enteramente el juicio del magistrado sobre la verosimilitud del derecho de la parte actora; b) la resolución suspende la adecuación dispuesta en el artí­culo 161 de la ley 26.522, en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre su constitucionalidad; c) los supuestos vicios en el procedimiento que condujo a la adopción de la Resolución 1121/AFSCA/2014, no resultan de las constancias del expediente, puesto que el juez ha omitido el análisis del Acta N° 54 del Directorio, que da cuenta de la sesión del cuerpo colegiado y de la aceptación del "tratamiento sobre tablas» de la situación del Grupo Clarí­n; precisamente, en el Acta citada se hizo constar que todos los directores contaban con el dictamen del Servicio Jurí­dico de la AFSCA; d) en las condiciones de deliberación de un cuerpo colegiado, el dictado de la medida cautelar del 9 de diciembre de 2014 plasma la extralimitación del Poder Judicial en las funciones de un órgano perteneciente a la órbita de otro Poder; e) yerra el magistrado al concluir en la falta de proporcionalidad y de razonabilidad entre la Resolución 1121/AFSCA/2014 y las decisiones precedentes, a saber, la Resolución 193/AFSCA/2014 y la nota N° 640/2014; ello es así­ pues no hay contradicción ninguna entre una decisión formal de admisibilidad y otra decisión que examina la situación de los cesionarios y concluye en la falta de cumplimiento de la ley 26.522; f) no se justifica el peligro en la demora por una supuesta afectación patrimonial del Grupo actor, toda vez que el Estado Nacional siempre debe ser reputado solvente y, además, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto en la sentencia dictada el 29 de octubre de 2013 (Fallos 333: 1885), en donde estableció la constitucionalidad del artí­culo 161 de la ley 26.522 y vislumbró la "transferencia de oficio» como un mecanismo legí­timo para compensar las restricciones al derecho de propiedad; y g) es errado sostener que la suspensión judicial del procedimiento previsto en la ley para eliminar el sistema de concentración de licencias, no afecta el interés público de la comunidad, interesada en el debate democrático y en la libertad de expresión.

7. El recurso de apelación de la parte actora, concedido a fs. 1347, fue fundado a fs. 1473/1479. Los agravios se circunscriben a la fijación del plazo de vigencia de la medida. A tal fin alega el error en la apreciación de los hechos y de las constancias de la causa y la inaplicabilidad del precedente citado por los motivos que expone. En el responde de fs. 1530/1538, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual solicitó que se declare la deserción del recurso pues entiende que las manifestaciones del actor se limitan a discrepancias con lo resuelto por el magistrado a-quo en cuanto al plazo de vigencia de la medida cautelar otorgada. Por su parte, el Estado Nacional, en la contestación del memorial a fs. 1540/1546, afirmó que la apelación de la actora carece de fundamentación, que no identifica agravio alguno y que debe ser considerada como una maniobra dilatoria constitutiva de abuso del derecho.

Sobre esta cuestión formal, el Tribunal adelanta que, cualquiera sea la pertinencia sustancial de la apelación de la parte actora, corresponde descartar la sanción de deserción del recurso pues el litigante ha individualizado con claridad un agravio bien definido, a saber, la fijación de un lí­mite temporal a la vigencia de la medida cautelar otorgada. La razonabilidad del agravio será materia de tratamiento en esta resolución en el considerando 15; en esta presentación de los memoriales basta afirmar que se consideran satisfechos los recaudos formales impuestos por el artí­culo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

8. Seguidamente, se debe señalar que este Tribunal sólo analizará los argumentos que se corresponden con el limitado ámbito cognitivo de este incidente cautelar y con el alcance necesario para su decisión, sin ingresar en cuestiones que excedan este marco (cfr. esta Sala, causas 182/01 del 8/5/01 y 2945/01 del 10/5/01, entre otras).

9. En cuanto al primer cuestionamiento formulado por la AFSCA, cabe recordar que las actoras interpusieron acción declarativa de inconstitucionalidad contra las demandadas a fin de que se declare la inconstitucionalidad de: 1) el punto "b" del inciso 3 del art. 161 del decreto 1225/2010, 2) el punto 1 del Capí­tulo 1 de la resolución AFSCA 297/2010 en cuanto establece un plazo de treinta dí­as para presentar la propuesta de adecuación, 3) el art. C "Transferencia de oficio" del Capí­tulo III del Anexo I de la resolución AFSCA 297/2010, 4) el primer párrafo del art. 43 del decreto 1225/2010 y 5) la resolución AFSCA 2206/2012 en cuanto modifica y regula en su Anexo I el procedimiento para la transferencia de oficio de las licencias y de los bienes imprescindibles afectados a ellas (cfr. fs. 255/278). En tales condiciones, el objeto de la medida cautelar que consiste en la suspensión de un acto dentro de un procedimiento que ha sido impugnado -cfr. acápites 1), 3) y 5) mencionados-, no excede el de la causa, contrariamente a lo sostenido por la recurrente.

10. Ello sentado, es preciso recordar que se ha establecido que si bien por ví­a de principio medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosí­miles (cfr. Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695; 335:765).

En ese entendimiento, se debe tener presente que para el dictado de las medidas cautelares -en general-, no es exigible, habida cuenta de su naturaleza, que medie certeza sobre la existencia del derecho esgrimido, sino sólo de su verosimilitud, oponiéndose el juicio de verdad en esta materia a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (cfr. Fallos: 306:2060, 320:1093 y 327:2738; esta Sala, causas 39.380/95 del 19-3-96, 21.106/96 del 17-7-97, 889/99 del 15-4-99, 7841/99 del 7-2-2000, 53/01 del 15-2-2001 y 3063/07 del 19-4-07).

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha destacado que, no obstante el criterio riguroso al que está sometida la admisión de las medidas cautelares, ello no implica que el juzgador deba efectuar un desarrollo pormenorizado de las distintas circunstancias que rodean a la relación jurí­dica ya que, de lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligrarí­a la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción (cfr. Fallos: 314:711 y 332:2139).

11. La parte actora solicitó la suspensión cautelar del "Procedimiento de transferencia de oficio», puesto en marcha mediante el dictado de la Resolución 1121/AFSCA/2014, acto que invocaron como emitido en violación al procedimiento legal con un vicio insanable que conlleva, a juicio de los demandantes, su nulidad absoluta. Este argumento fue admitido por el señor juez a-quo, quien concluyó que el derecho invocado por la actora lucí­a prima facie verosí­mil en atención a las aparentes deficiencias en el proceso de análisis, deliberación y consiguiente proceso de conformación de la voluntad de un ente colegiado como el Directorio de la AFSCA (fs. 1275, tercer párrafo).

El argumento tiene importante gravitación pues es doctrina de la Suprema Corte de Justicia que las garantí­as del debido proceso adjetivo (art. 18 de la Constitución Nacional) integran el orden público argentino, nacional e internacional, no sólo en procedimientos de carácter penal (cfr. Fallos 328: 3193) sino también en aquellos que versan sobre derechos de contenido patrimonial (cfr. Fallos 319: 2411). El principio del debido proceso es piedra angular de las garantí­as consagradas en la Ley Fundamental y en los tratados de derechos humanos -que gozan de jerarquí­a constitucional; art. 75, inciso 22, Constitución Nacional- y a él debe conformarse todo procedimiento jurisdiccional que se lleve a cabo en jurisdicción argentina, sea un procedimiento judicial o administrativo (cfr. Corte Suprema, doctrina de la causa L. 216 XLV "Losicer Jorge Alberto y otros c/BCRA» del 26-6-2012). El Alto Tribunal ha sostenido -con transcripción de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal, pues "es un derecho humano el obtener todas las garantí­as que permitan alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber» (considerando 8° de la citada causa "Losicer»).

En este orden de ideas, el artí­culo 8, inciso 1, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantí­as judiciales, prescribe no sólo el derecho de ser oí­do sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantí­as, que incluyen la posibilidad de defensa en tiempo útil como así­ también que los argumentos de la defensa sean evaluados por la autoridad judicial o administrativa imparcial en un tiempo razonable que permita alcanzar soluciones justas. Es doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "en cualquier materia inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene lí­mites infranqueables siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos" ... "las garantí­as mí­nimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas..." (CIDH, caso N° 11325 "Baena Ricardo c/ Panamá" del 2-2-2001).

12. Las constancias del expediente -examinadas en los lí­mites propios del conocimiento limitado de una medida cautelar- revelan que el 19 de septiembre de 2014 la Dirección de Adecuación y Transferencia de la AFSCA emitió la Nota n° 640/AFSCA/DGAJyR/SGAJ/DAyT/14 (expediente 3002-AFSCA/13), por la cual intimó a las empresas actoras para que en el plazo de diez dí­as aleguen y acrediten las circunstancias fácticas y jurí­dicas que desvirtúen la existencia de "vinculaciones societarias entre los distintos fiduciarios de los Trust propuestos en el proceso de adecuación en las Unidades de servicios de comunicación audiovisual N° 1 y N° 2; gerenciamiento conjunto de los TRUST que conforman las mismas y por consiguiente, violación a los principios antimonopólicos y de concentración de la Ley N° 26.522» (fs. 741). Esa intimación se realizó "bajo apercibimiento de rechazo de la conformación societaria propuesta, vulneratoria de la normativa vigente y de los términos de la Propuesta de Adecuación Voluntaria aprobada, debiéndose aplicar el Reglamento de Transferencia de Oficio» (fs. 742).

El Grupo actor presentó su descargo el 6 de octubre de 2014 (fs. 1147/1158). Con dos dí­as de diferencia, el 8 de octubre, aparece fechado el dictamen Nª 001488 DGAJyR, de 49 páginas (fs. 1160/1208), que habrí­a sido desconocido por los miembros del Directorio -con excepción del Presidente de la AFSCA- hasta el momento de la sesión convocada para las 17 horas de ese mismo dí­a. En el Acta de Directorio N° 54 -fs. 1084- se hace constar lo siguiente: "...se pone en discusión el expediente, contando todos los Directores con el Dictamen del Servicio Jurí­dico de esta Autoridad Federal, el proyecto de Acto Administrativo que se somete a votación y la documentación relativa al mismo...». En el escrito de expresión de agravios, la AFSCA admite el tratamiento sobre tablas de un tema que no habí­a sido incluido en el orden del dí­a. Este litigante ha manifestado que esa práctica -utilizada en anteriores oportunidades- implicaba tratar un tema con conocimiento e incorporación de la documentación o antecedentes en el mismo momento de la sesión del cuerpo colegiado (fs. 1411). Sin embargo, el contenido del dictamen -que, obviamente, no es de seguimiento obligatorio para el Directorio- no habrí­a sido conocido por los directores con anterioridad al momento de la sesión. Consta en estos autos una versión de las declaraciones televisivas de Sergio Zurano, director de Asuntos Jurí­dicos de la AFSCA, quien habrí­a afirmado: "...el dictamen se trató con la reserva necesaria, se puso en conocimiento de la totalidad del directorio en el mismo momento...» y "...me lo pidió el doctor Stubrin y no se lo di. Porque ningún director lo tuvo antes...» (fs. 888).

13. Esta reseña pone en evidencia la alta verosimilitud de la impugnación del acto administrativo emitido en esas condiciones, como violatorio del debido proceso y del derecho fundamental de ser oí­do frente a una grave imputación formulada por la autoridad pública. En efecto, el derecho a formular descargos no es una mera formalidad mecánica, sino que comprende el derecho a que se escuchen los argumentos del descargo y a que se los evalúe por autoridad idónea e imparcial. Cuando tal autoridad conforma un ente colegiado -como el Directorio de la AFSCA- es aplicable la doctrina que sostiene que la decisión de los órganos colegiados es producto del intercambio racional de ideas (cfr. Fallos 312: 1500; 332: 826). Nadie puede debatir ni expresar razones idóneas para persuadir a los demás -garantí­a de los cuerpos colegiados- cuando no ha podido ni siquiera leer las razones vertidas por la asesorí­a jurí­dica correspondiente. La sucesión de hechos refleja con alto grado de verosimilitud que la autoridad pública competente no ponderó los argumentos del descargo, desvirtuando la finalidad del procedimiento que concluyó en la decisión de incumplimiento definitivo por parte de las empresas actoras de la etapa de adecuación voluntaria y en el comienzo de la adecuación forzosa.

En estas condiciones y sin perjuicio de las conclusiones a las que pueda arribarse en la acción de fondo, tras un debate exhaustivo sobre las constancias administrativas y judiciales, corresponde dar por satisfechas las exigencias de verosimilitud del derecho y de verosimilitud de la ilegitimidad de la conducta emanada de la AFSCA (doctrina citada en el considerando 10° precedente; art. 13, 1, incisos ‘b’ y ‘c’, ley 26.854).

14. Tanto el Estado Nacional como la AFSCA cuestionaron por arbitrariedad las conclusiones del juez a-quo sobre la configuración del peligro en la demora y la inminencia de perjuicios graves o de imposible reparación que derivarí­an de la ejecución del acto impugnado. Afirmaron que la medida cautelar otorgada implica contrariedad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad del artí­culo 161 de la ley 26.522.

En primer lugar, en cuanto a la exigencia de confrontar la irreversibilidad del daño que el acto pueda causar al interés privado con aquél que puedan sufrir los intereses generales por el dictado de la protección cautelar (art. 13.1., incisos ‘a’, ‘d’ y ‘e’, ley 26.854), es relevante esclarecer el enfrentamiento sólo aparente entre intereses públicos y privados en este concreto conflicto. Cabe destacar que la medida otorgada no afecta una norma de rango legal sino un acto puramente individual. Por lo demás, resulta claro que no excluye al sujeto privado afectado de la legí­tima obligación de adecuarse a la ley, sino que busca sanear un acto verosí­milmente irregular garantizando la utilidad de los procesos (cfr. Parada, R., Derecho Administrativo, tomo 1, 11° edición, Marcial Pons Ed. Jurí­dicas, Madrid, 1999, p. 762).

En segundo lugar, la medida adoptada más que afectar el interés público, lo preserva (art. 13.1., inciso ‘d’, ley 26.854) en la medida en que la comunidad toda tiene interés republicano en el respeto al debido proceso en todo procedimiento administrativo. En tal sentido, el artí­culo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos -cuya jerarquí­a constitucional surge del art. 75, inciso 22, de la Ley Fundamental-, asegura la tutela judicial efectiva ante cualquier acto que viole derechos fundamentales. Tal exigencia es particularmente imperativa cuando se trata de actos de autoridad pública que prima facie no superan el examen de razonabilidad y que pueden tener consecuencias limitativas en cuanto al acceso de los ciudadanos a la información plural (doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia in re G.439 XLIX, G.445 XLIX y G. XLIX, RH, "Grupo Clarí­n S.A. y otros c/Poder Ejecutivo Nacional y otros/acción meramente declarativa», del 29/10/2013, considerando 74°).

Finalmente, la alegación de los incisos ‘d’ y ‘e’ del artí­culo 13.1 de la ley 26.854 no favorece la posición de los apelantes, quienes deben demostrar concretamente en qué consistirí­a la afectación del interés público (cfr. esta Cámara, Sala 3, causa n° 7919/13 del 20-2-2014) y ello en relación circunstanciada al proceso de examen y deliberación que concluyó con el dictado de la Resolución 1121/AFSCA/2014, no siendo suficiente la mención genérica a los altos fines de la ley 26.522.

15. Con relación al plazo de vigencia de la medida precautoria que ha sido objeto de agravio por parte de la actora, cabe precisar que el señor juez lo estableció en uso de las facultades que le confiere el Código Procesal, cuya aplicación prevé el art. 18 de la ley 26.854 y por los fundamentos reseñados en el considerando 1 (cfr. asimismo, fs. 1262/1278 -considerando XI- y su remisión a fs. 942/943 -considerando IV-). En orden a su procedencia, concretamente ponderó la posibilidad de ser reevaluado a su finalización.

Consecuentemente, no se advierte la existencia de gravamen actual en la limitación temporal establecida (cfr. CNCAF, Sala V, doctrina de las causas 29.094/13 del 29-4-14 y 40.275/13 del 27-5-14).

Por otra parte, aun cuando se trate de pretensiones distintas, frente al antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa G. 456. XLVI. "Grupo Clarí­n y otros S.A. s/ medidas cautelares", fallada el 5-10-10 - Fallos 333:1885-, el Tribunal no advierte suficiente entidad en los argumentos de la recurrente que justifiquen revertir la decisión adoptada sobre el punto por el magistrado de la primera instancia.

Por los fundamentos expuestos el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 1262/1278 dictada el 9 de diciembre de 2014, en todo cuanto ha sido materia de agravios. Las costas se distribuyen en el orden causado en atención al resultado de los recursos (arts. 69 y 71 del Código Procesal).

El Dr. de las Carreras no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.

Marí­a Susana Najurieta

Ricardo Guarinoni

  Correlaciones:

Ley 26522 - BO: 10/10/2009