Medida cautelar innovativa. Responsabilidad de los buscadores de internet. Derecho al honor. Libertad de expresión

Se rechaza la medida cautelar innovativa tendiente a que buscadores de internet eliminen de su motor de búsqueda los resultados con contenidos injuriantes referidos al peticionante, ya que no se ha invocado ni acreditado la imposibilidad de identificar y reclamar al titular del único sitio que se individualizó con la información cuestionada, pues los buscadores de internet solo se limitan a reproducir en sus resultados la información de sitios creados por terceros, mencionando expresamente de dónde ella proviene.

Buenos Aires, 23 de junio de 2015.

Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 105 y fundado a fs. 107/111 contra la resolución de fs. 102/104, y

CONSIDERANDO:

1. El actor solicita que como medida cautelar se ordene a Google Inc. y a Yahoo de Argentina SRL -de aquí­ en más Google y Yahoo- eliminar de los buscadores de Internet que administran los resultados que se indican y cualquier otro que en el futuro se identifique, si es que tiene vinculación con los hechos ventilados en la demanda que se iniciará.

Relata que al ingresar su nombre en los buscadores se exhiben resultados de contenido injuriante hacia su persona con términos tales como "patético, triste, ego maní­aco", "pobre niño rico o play boy de cabotaje" o tí­tulos como "la joven drogada por J.J. cuenta su verdad". Manifiesta que a través de esa herramienta se difunden historias falsas sobre hechos que dicen que habrí­a protagonizado y afirmaciones injuriantes en su contra formuladas anónimamente por los lectores de la página; añade que se identifican con seudónimos que impiden conocer su verdadera identidad. Destaca que las injurias sólo pueden ser encontradas a través de los buscadores, porque si se ingresa directamente a la página que las contiene, ninguna referencia al actor puede encontrarse. Describe lo que denomina "hostigamiento" así­: "se escribe una breve reseña denostando al actor y luego, los lectores, continúan la injuria en forma anónima". Invoca que esta situación encuadra en el artí­culo 1079 bis del Código Civil y que la difusión viola su derecho al honor garantizado constitucionalmente. Expone que solicitó a Yahoo y Google que bloquearan los resultados correspondientes a las URLS que identificó mediante carta documento, pero que no recibió respuesta favorable. Alega que esto demuestra que el obrar de las demandadas es intencional porque estando en conocimiento del daño que provocan con los sistemas de tratamiento de información por ellos creados y administrados, se negaron a cesar en esa conducta.

2. El señor juez rechazó la medida solicitada.

A tal efecto consideró que existe una clara superposición entre la medida precautoria y el objeto de la demanda, por lo que habrí­a que abrir opinión sobre el fondo, lo que resulta improcedente. Precisó que se tendrí­a que definir previamente si Google o Yahoo son las que "difunden" o no o "divulgan" o no la información que fue presentada como errónea o falsa y también a quién corresponde la eliminación, supresión, rectificación, desvinculación, actualización, etc. de dicha información. En esa dirección, concluyó que tampoco se advertí­a, sin haber oí­do a los destinatarios, cómo es que el dictado de la medida asegurarí­a la eficacia práctica de la sentencia que eventualmente habrí­a de recaer contra ellos.

3. La actora destaca que el daño que le provoca la decisión apelada es evidente puesto que el derecho al honor del peticionario se ve afectado por la difusión de información agraviante y falsa que los demandados divulgan irrestrictamente a través de los motores de búsqueda.

Aduce que el magistrado equivoca el enfoque en el análisis del pedido cautelar porque el objeto es hacer cesar el daño en forma preventiva hasta tanto se dicte sentencia definitiva y no asegurar su cumplimiento.

Sostiene que los presupuestos para su procedencia deben ser apreciados con un criterio amplio, más aun cuando su rechazo provoca al actor consecuencias más gravosas que los eventuales perjuicios que su hipotética admisión indebida podrí­a provocar a los demandados.Destaca la falta de identidad entre el objeto del juicio principal y el de la medida cautelar, toda vez que se expresó que aquél consistirá en el cese de la difusión del contenido injuriante y en la indemnización por los daños y perjuicios provocados por dicho obrar.

Argumenta que la duda sobre el rol de los buscadores en la difusión de información a través de la web ha sido resuelta por la jurisprudencia e incluso en el fallo "Rodrí­guez" se establecen pautas orientativas sobre la forma en que deben obrar los intermediarios de internet ante la toma de conocimiento de información de naturaleza ilí­cita.

En este sentido, subraya el contenido del acta notarial que a su juicio demuestra que la única forma de acceder a la información objetada es a través de los servicios de búsqueda de las demandadas, por lo que su papel es determinante y su obrar causa eficiente del daño que se pretende hacer cesar.

4. En primer lugar, es oportuno señalar que la medida cautelar pretendida es innovativa y, por ende, tiene carácter excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado; es decir, importa un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa. Tales extremos justifican una mayor prudencia en el examen de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Corte Suprema, Fallos 316:1883, 318:2431, 319:1069, 321:695, 325:2347 y 331:466), y hace que sea necesaria la certidumbre acerca del daño inminente e irremediable si no se modifica la situación (doctrina de Fallos 331:941; Sala III, causa 5861/03 del 962005; esta Sala I, causa 7397/10 del 11102011).

Por otra parte, los casos como el que se plantea involucran dos intereses esenciales que necesariamente se deben ponderar: por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet -con sus efectos positivos y negativos-; y por el otro, los derechos (personalí­simos o a la propiedad) de las personas fí­sicas o jurí­dicas que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio, de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso (cfr. Sala III, doctrina de la causa 4560/10 del 1532012 y sus citas y causas 270/12 del 5612 y 6804/12 del 30413; esta Sala, causa 4685/13 del 271213).

5. En este sentido, cabe señalar que la actora sustenta primordialmente su petición en que la información sólo está disponible a través de la herramienta de búsqueda de las demandadas.

Pues bien, el acta notarial dice: "procedo a ingresar en el sitio web http://........., constatando que se descarga una página de inicio en la que no se menciona al señor J.J." (cfr. fs. 54, el destacado no está en el original). Ello no basta para acreditar que la única forma de acceder a la información cuestionada sea a través de los buscadores o que dicha información ya no estarí­a alojada en el sitio.

Por otra parte, todos los resultados de búsqueda identificados a fs. 93 y sobre los que se acompañó prueba pertenecen a un único blog denominado "l......org".

Sobre esa base, cabe señalar que la identificación del titular de "........." surge del mismo blog, quien también participarí­a en el intercambio de comentarios entre los usuarios (cfr. impresiones obtenidas por el tribunal de la consulta web que anteceden y fs. 36, 37, 39, 47, 48 y 60).

Tampoco todos los autores de los comentarios serí­a anónimos como aduce la recurrente (cfr. fs. 33 y 74) e incluso habrí­a comentarios que podrí­an corresponder al actor (cfr. fs. 50/52, 60 y 61).

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que el derecho de expresarse a través de Internet fomenta la libertad de expresión tanto desde su dimensión individual como colectiva y señaló la importancia del rol que desempeñan los motores de búsqueda en la difusión de información y de opiniones en la medida en su actividad facilita el acceso a los datos (cfr. "Rodrí­guez, Marí­a Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios", R. 522. XLIX. del 281014).

En consecuencia, toda vez que el peticionario no invocó ni acreditó la imposibilidad de identificar y reclamar al titular del único sitio que se individualizó con la información cuestionada, la medida cautelar contra Google y Yahoo para impedir el acceso a esas páginas web, con sustento en su responsabilidad como buscador, cuando estos se limitarí­an en principio a reproducir en sus resultados la información de sitios creados por terceros, mencionando expresamente de dónde ella proviene, no resulta compatible con la protección que reconoce la ley 26.032 a la búsqueda, recepción y difusión de ideas de toda í­ndole, a través del servicio de internet que se considera comprendido dentro de la garantí­a constitucional que ampara la libertad de expresión (cfr. art. 1° de la ley 26.032).

Por otra parte, las circunstancias fácticas del caso "Rodrí­guez, Marí­a Belén" no son las mismas que presenta el sub examine y la doctrina sentada por la Corte Suprema se refiere especí­ficamente a la responsabilidad de los buscadores, por lo cual de ella no puede inferirse sin más la procedencia de la medida cautelar pretendida sin la necesidad de individualizar al titular del blog (cfr. Sala III, causa 1165/15 del 18515).

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso deducido.

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.

Marí­a Susana Najurieta

Ricardo Guarinoni

Francisco de las Carreras

  Correlaciones:

Rodrí­guez, Marí­a Belén c/Google Inc. s/daños y perjuicios - Corte Sup. Just. Nac. - 28/10/2014

F. R. D. c/Google Inc. s/medidas cautelares - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala I - 19/05/2015