Córdoba, 26 de septiembre de 2019.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "Martinatto, Rosalí­a de la Merced c/ ANSES - reajustes varios» (Expte. N° 41730001/2011/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora -cuya personerí­a se encuentra acreditada a fs.2- en contra de la resolución de fecha 21 de noviembre de 2012, dictada por el Juzgado Federal de Bell Ville que, en lo pertinente, resolvió no hacer lugar a la acción incoada, imponiendo las costas en el orden causado y difiriendo la regulación de honorarios.

Y CONSIDERANDO:

I. En contra de lo resuelto por el Juez de grado, la recurrente expresa agravios (fs. 72/76). Cuestiona el fallo impugnado por considerar que el mismo vulnera normas de rango constitucional, atento que se impide el acceso al beneficio previsional de manera injusta y arbitraria. Solicita se haga lugar al recurso de apelación y en consecuencia, se revoque el fallo recurrido.

Corrido el traslado de la ley, la parte demandada dejó vencer el plazos sin contestarlo (fs. 94), quedando la causa en estado de ser resuelta.

II. De los agravios reseñados surge que la cuestión a resolver se circunscribe a determinar si resulta procedente o no la decisión del Juez de grado de rechazar la demanda entablada.

III.- Ingresando a la cuestión traí­da a debate en estos actuados, cuadra señalar que la señora Rosalí­a de la Merced Martinatto, inició la presente demanda impugnando la Resolución RCE-A 00867/10 de fecha 13/09/2010 dictada por la ANSeS, mediante la cual se le denegó la pensión por fallecimiento de su extinto cónyuge, por considerar que no satisfací­a la condición mí­nima de regularidad e irregularidad exigida por el Decreto 460/99.

El Juzgador mediante pronunciamiento de fecha 21 de noviembre de 2012 resolvió no hacer lugar a la demanda. Para así­ resolver, tuvo en cuenta las disposiciones del decreto 136/97, reglamentario del art. 95 de la ley 24.241, que establece: "....a los fines de calificación, el afiliado autónomo deberá registrar el ingreso de sus aportes durante dieciocho (18) de los treinta y seis (36) meses anteriores a los acontecimientos descriptos, siempre que cada pago se hubiera efectuado dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento» (el resaltado nos pertenece), es decir, que exige como requisito la regularidad en el cumplimiento de las obligaciones previsionales.

Efectuada esta breve reseña, repárese que el artí­culo 95 de la Ley 24.241 en lo pertinente prevé que: "... La Administradora será exclusivamente responsable y estará obligada, con los aportes mutuales previstos en el artí­culo 99, a: a) El pago del retiro transitorio por invalidez a los afiliados declarados inválidos una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto del artí­culo 27 mediante el dictamen transitorio, siempre que: 1. Los afiliados se encuentren efectuando regularmente sus aportes, de conformidad con lo que determinen las normas reglamentarias. 2. Los afiliados que, según lo dispongan las normas reglamentarias, estuvieran cumpliendo en forma irregular con su obligación de aportar pero conservaran su derechos. b) La integración del correspondiente capital complementario, para los afiliados en actividad que generen pensiones por fallecimiento en las condiciones que establecen los apartados 1. y 2. del inciso a)...». Por su lado el Decreto N° 460/99 reglamentario del citado precepto legal establece en lo que aquí­ importa que: "Considérase aportante regular con derecho a la percepción del retiro transitorio por invalidez y/o a los efectos del cálculo del capital técnico necesario, con las caracterí­sticas establecidas en el inciso a) del artí­culo 97 de la Ley Nº 24.241,... a aquel afiliado en relación de dependencia al que se le hubieran efectuados las retenciones previsionales correspondientes durante treinta (30) meses como mí­nimo dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a la fecha de la solicitud del retiro por invalidez o a la fecha de fallecimiento del afiliado en actividad.... Los perí­odos exigidos en los apartados precedentes se reducirán a DOCE (12) meses dentro de los SESENTA (60) meses anteriores a la fecha de la solicitud del retiro por invalidez o la fecha del fallecimiento del afiliado en actividad, cuando el afiliado en relación de dependencia o autónomo no alcanzare el mí­nimo de años de servicio exigido en el régimen común o diferencial en que se encuentre incluido para acceder a la jubilación ordinaria, siempre que acredite al menos un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de dicho mí­nimo y el ingreso de las cotizaciones correspondientes».

Por su parte, la ley 24.476, especí­ficamente el capí­tulo II de la citada ley, instituye para los trabajadores un régimen de regularización voluntaria de deuda devengada hasta el 30/9/1993, ofreciendo la posibilidad de pagar estos aportes y contribuciones por los años necesarios para cumplir con la antigí¼edad requerida (ver arts. 19, inc. c), 37 y 38 de la citada norma). Asimismo, el art. 5 establece expresamente que "Los trabajadores autónomos que voluntariamente se presenten a regularizar su situación respecto de aportes que adeuden a la ANSES, devengados hasta el 30 de Setiembre de 1993 y tengan su origen en lo dispuesto en el artí­culo 10 de la ley 18.038 y sus modificaciones, en el inciso c) del artí­culo 8 de la Ley 19.032 y sus modificaciones, y en el inciso c) del artí­culo 3 de la Ley 21.581 y sus modificaciones podrán acogerse a las disposiciones del presente capí­tulo. Quedan comprendidos todos los trabajadores autónomos inscriptos o no. Quienes se hubieren acogido a moratorias y planes de pagos vigente o caducos podrán optar conforme las alternativas previstas en el artí­culo» (el original sin destacar); y el art. 8 de la referida ley, (modificado por el art. 3 del Decreto 1454/05) prescribe que "los trabajadores autónomos a los fines de cumplir con los requisitos exigidos para acceder a los beneficios instituidos por los incisos a), b), e) y f) del artí­culo 17 de la Ley Nº 24.241, tendrán derecho a inscribirse en el régimen de regularización voluntaria de la deuda instrumentado en este Capí­tulo y podrán solicitar y acceder a dichos beneficios a los que tengan derecho. De igual modo, tendrán derecho a inscribirse en el precitado régimen los derechohabientes previsionales del trabajador autónomo fallecido, con el objeto de lograr la pensión por fallecimiento enunciada en el inciso d) de dicho artí­culo».

IV.- Conforme estos lineamientos y analizadas las constancias de la causa, se encuentra acreditado que el causante, señor José Antonio Segala, falleció el dí­a 11/08/2007, a los 38 años de edad, y que contaba con seis (6) meses de aportes (3/2006 a 08/2006). Asimismo, la accionante ingresó seis (6) años y ocho (8) meses de aportes mediante la adhesión al régimen de facilidades de pago de autónomos prevista por la ley 24.476, alcanzando de esa forma un total de siete (7) años y dos (2) meses de aportes (ver fs. 53 del expte. Administrativo Nº 024-23-24575250-2-500-000001 adjuntado a los presentes).

En función de lo expuesto, este Tribunal entiende que la decisión del Iudicante de no hacer lugar a la solicitud de pensión directa por fallecimiento efectuada por la accionante, resulta arbitraria atento que ANSeS no puede negarse al reconocimiento de una prestación previsional de alto contenido alimentario, escudándose en el poder de reglamentación que se reserva para sí­, y de esa manera alterar el objetivo perseguido por la ley 24.476 como es la inclusión social de los derechos previsionales.

En tal sentido, la Comisión Administrativa Revisora de la Seguridad Social, en una resolución de fecha 11/6/2009, en el caso "De Dios Pedraza, Elida, ha dicho que: "...el único recaudo exigible a los fines de la aplicación del régimen de regularización de deuda que contempla la ley 24.476 en su art. 5 y ss., es que el causante haya fallecido dentro de la vigencia de la ley 24.241, lo que convierte a ese cuerpo legal y a la ley 24.476 en aplicables conforme lo establece el art. 161 de la ley 24.241, según texto del art. 13, ley 26.222, haya o no realizado el causante aportes a partir del 15.7.94, es decir, sin requerir que registre afiliación al Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones a la fecha del deceso» (citado en autos, "Tutte, Angélica Marta c/ A.N.S.E.S s/Prestaciones Varias C.F.S.S. Sala III 16.09.13)

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la apelación deducida por la accionante y en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado, debiendo considerarse al causante como aportante irregular con derecho en los términos del Decreto 460/99, toda vez que los aportes acreditados representan el 50% del mí­nimo que se le podí­a exigir en forma proporcional con su vida laboral (ver CSJN, en autos "Tarditti» - Fallos: 329:576: "Garcí­a Cancino, Marí­a Angelica c/ Máxima AFJP s/ Prestaciones varias» - Fallos 333:71)..

V. En relación a las costas de esta Alzada, será de aplicación el régimen general previsto en el C.P.C.C.N.; toda vez que esta Sala ha declarado inconstitucional el art. 21 de la ley 24.463 ("Cattaneo, Oscar c/ ANSES - Reajuste de Haberes» (Expte. Nº 11030058/2005/CA1, de fecha 02 de diciembre de 2015, www.csjn.gov.ar - consulta de expedientes). En su mérito, las costas de esta instancia se impondrán -por mayorí­a- en el orden causado, atento la falta de contestación de agravios (conforme artí­culo 68 segunda parte del C.P.C.N.), dejándose a salvo el criterio personal del señor Juez de Cámara Dr. Ignacio Marí­a Vélez Funes expuesto en los autos: "BISIO, RAUL ANTONIO c/ ANSES S/REAJUSTES VARIOS» (Expte. Nº FCB 24020060/2011/CA1). Diferir la regulación de honorarios que corresponda para su oportunidad.

Por ello;

SE RESUELVE:

POR UNANIMIDAD:

I. Revocar la resolución de fecha 21 de noviembre de 2012, dictada por el entonces señor Juez Federal de Bell Ville y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda entablada por la señora Rosalí­a de la Merced Martinatto conforme lo dispuesto en este decisorio.

POR MAYORÍA:

II. Imponer las costas de segunda instancia en el orden causado (conforme artí­culo 68 segunda parte del C.P.C.N.), difiriéndose la regulación de honorarios que corresponda para su oportunidad.

III. Protocolí­cese y hágase saber. Cumplido, publí­quese y bajen.-

GRACIELA S. MONTESI

IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES

EDUARDO ÁVALOS

SONIA BECERRA FERRER

Secretaria de Cámara