Buenos Aires, 3 de octubre de 2019.-

Y VISTOS:

1.) Apeló la fallida el decreto de fs. 999 en donde el juez de grado rechazó el recurso de reposición que dedujo contra el auto de quiebra.

Los fundamentos obran desarrollados a fs. 1097/1100, siendo contestados por el anterior sí­ndico a fs. 1107/8, por Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Gral. Lavalle Ltda. a fs. 1116/7 y por la actual sí­ndica a fs. 1138/39.-

Por su parte, la Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 1144/45 en el sentido allí­ expuesto.

2.) Se quejó la fallida de que se rechazara la reposición que introdujo contra el decreto de quiebra, cuando ya habí­a explicado, junto con la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Gral. Lavalle Ltda., que la petición de esta última para que se decretara la quiebra obedeció a un error, pues se habí­a omitido acompañar el escrito mediante el cual la deudora y la acreedora habí­an llegado a un entendimiento para prorrogar el plazo del cumplimiento de la cuota concordataria. Señaló que la ví­a prevista por el art. 94 LCQ no requerí­a del previo depósito en pago o a embargo de la suma adeudada, sino solamente demostrar no encontrarse en estado de cesación de pagos, circunstancia que estarí­a demostrada con las propias manifestaciones de la acreedora. Añadió que tampoco resultaba un óbice al recurso de reposición el hecho de tratarse de una quiebra indirecta. Argumentó que el cumplimiento del acuerdo preventivo estaba supeditado a que la "colección Aries» sea enajenada correctamente, a un precio razonable y acorde con su magnitud y categorí­a, pues se trata de una filmoteca integrada por más de 100 largometrajes nacionales, habiendo sido declarada bien histórico nacional y bien artí­stico nacional por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes históricos. Indicó que la venta en mejores condiciones no se producirí­a en el marco de una quiebra, circunstancia que habí­a sido entendida por los acreedores que admitieron una espera en el pago de sus cuotas concordatarias.

3.) En autos, con fecha 20/10/15 se homologó el acuerdo preventivo de Aries Cinematográfica Argentina SA, (fs. 879/81), el cual consistí­a en el pago del 100% de las acreencias quirografarias, en una cuota, con más un interés a la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 dí­as, desde que quedara firme la homologación y hasta la fecha de pago, con un perí­odo de gracia de 20 meses (fs. 826).

Según la presentación de la concursada de fs. 932, la fecha de cumplimiento venció el 11/7/17.

Ahora bien, se observa que luego de ello, frente a algunas intimaciones a cumplir con el pago, los acreedores, luego, señalaron que habí­an acordado con la concursada una espera para el efectivo cumplimiento del acuerdo.

En ese marco Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Gral. Lavalle Ltda. en su presentación de fs. 937 solicitó que se intimara a la concursada a abonarle su crédito verificado en autos con el carácter de quirografario, intimación que fue ordenada a fs. 961. La concursada a fs. 962 manifestó que se habí­a puesto en contacto con la acreedora.

Luego de ello, a fs. 985 la cooperativa solicitó la quiebra de Aries Cinematográfica Argentina SA, lo que provocó una nueva intimación a fin de que la concursada acreditara haber dado cumplimiento con las obligaciones con la acreedora, bajo apercibimiento de decretar su falencia. A ello respondió la concursada a fs. 987 que iba a tomar contacto con la acreedora.

Finalmente la cooperativa se volvió a presentar a fs. 990 solicitando se decretara la quiebra de la concursada, lo que conllevó el decreto falencial de fs. 991/3, del 15/3/19.

Dicho decreto de quiebra fue recurrido por la fallida y por la propia Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Gral. Lavalle Ltda. en la presentación de fs. 996/8. Allí­ expusieron que habí­an estado en tratativas tendientes al pago del crédito adeudado, arribando a un acuerdo plasmado en un escrito que por error no habí­a sido presentado en autos. Indicaron que dicho acuerdo habrí­a tenido como efecto que la fallida, antes del decreto de su quiebra ya no se encontrara en estado de cesación de pagos, pues se habí­a prorrogado el plazo de cumplimiento. Añadieron que el art. 94 LCQ no requerí­a el depósito de suma alguna y que el hecho de tratarse de una quiebra indirecta no obstarí­a a la procedencia del recurso. Manifestaron que el cumplimiento del acuerdo preventivo dependí­a de que la Colección Aries fuera enajenada correctamente y a un precio razonable, acorde a su magnitud y categorí­a, lo que habrí­a sido comprendido por todos los acreedores quienes habrí­an admitido conceder una espera en el pago de las acreencias.

Este recurso fue rechazado en el decreto apelado de fs. 999, con fundamento en que la reposición del art. 94 LCQ no era aplicable en los supuestos de quiebra indirecta.

A fs. 1000 obra presentación del acreedor Pandolfi que denuncia encontrarse en tratativas con la concursada para satisfacer su acreencia.

A fs. 1002 se presentaron los acreedores Etchebere, Repetto, Marcos y Serena Olivera y Bengolea -esta última representa el 56,12% del capital quirografario según planilla de fs. 859-, manifestando que habí­an otorgado al fallido una espera en el pago de sus acreencias, prestando conformidad a la revocatoria del decreto de quiebra.

La Asociación Mutual Emprendedores Argentinas también prestó su conformidad a la revocatoria del decreto de quiebra, en su escrito de fs. 1004, con el alcance allí­ manifestado.

4.) Del relato efectuado se advierte que esta quiebra presenta una serie de particularidades que permitirí­an, excepcionalmente, acoger la pretensión de la fallida.

En efecto, en primer lugar no puede desconocerse que el propio acreedor que pidió la quiebra de la concursada señaló que dicha petición se debió a un error, pues habí­a arribado a un acuerdo con la deudora de prorrogar el plazo de pago de su acreencia. Dicha manifestación fue acompañada también del pedido de revocatoria del decreto falencial.

A ello se suma que, junto con la cooperativa, otros acreedores manifestaron estar en tratativas con la concursada para prorrogar el plazo de pago de las acreencias y, alguno de ellos prestaron conformidad con la pretensión recursiva de la fallida.

Es así­ que, acreedores que representan aproximadamente el 81,29% del capital quirografario computable, según planilla de fs. 859, prestaron conformidad en que se deje sin efecto el decreto de quiebra y se mantenga vigente el concurso preventivo.

Ello, en razón de que el mayor, y prácticamente único activo de la fallida es la "Colección Aries» -véase informe general de fs. 760-, compensiva de 104 largometrajes de gran valor artí­stico, histórico y económico, muchas de ellas pelí­culas representativas del cine nacional. Dicha colección, por sus especiales caracterí­sticas, no resultarí­a de fácil enajenación y requerirí­a ser vendida por medios que aseguren obtener el valor más aproximado al real. Véase que la importancia de tal activo surge de la presentación del INCAA de fs. 1013, en donde peticionó la guarda de tales films, para ser preservados de forma adecuada, ante la emergencia declarada del patrimonio fí­lmico nacional.

En ese contexto, dadas las excepcionales circunstancias presentadas en autos, y ante la conformidad prestada por los acreedores que representan una gran mayorí­a del capital quirografario y que no subsisten vigentes en la actualidad pedidos de acreedores enderezados a la obtención de la declaración de quiebra de la deudora, se estima prudente acoger la petición de la concursada -y de la propia acreedora peticionante de la quiebra- y revocar el decreto de falencia, reponiendo a la sí­ndica designada a fs. 995 en la lista del juzgado.

5.) Ahora bien, más allá de lo que aquí­ resuelto, atento el tiempo transcurrido desde que venció el plazo para el pago del acuerdo homologado, deberá la concursada efectuar todas las gestiones necesarias para una pronta enajenación de su activo, debiendo informar periódicamente en autos, para conocimiento de todos los acreedores, el estado de dichas gestiones y su eventual resultado.

6.) Por todo lo aquí­ expuesto y, oí­da la Sra. Fiscal General, esta Sala

RESUELVE:

a) Acoger el recurso deducido por la concursada y, en consecuencia, de conformidad con lo pretendido por la propia acreedora peticionante, revocar el decreto de quiebra obrante a fs. 991/93.

b) Dejar sin efecto la designación de sí­ndica de fs. 995, quien deberá ser repuesta en la lista del juzgado.

c) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento las particularidades que presenta el caso.

Devuélvase a primera instancia encomendándole al Sr. Juez a quo realizar las notificaciones pertinentes.

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos los treinta (30) dí­as desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas. Solo intervienen los firmantes por hallarse vacante el restante cargo de Juez de esta Sala (art. 109, Reglamento para la Justicia Nacional).-

ALFREDO A. Kí–LLIKER FRERS 

MARÍA ELSA UZAL

MARÍA VERÓNICA BALBI

SECRETARIA DE CÁMARA