Régimen Penal Juvenil. Sentencia condenatoria. Recursos. Tribunal de Casación Penal. Competencia

Se declara que el órgano competente para resolver la impugnación contra la sentencia de condena dictada por un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil es el Tribunal de Casación Penal. Para así­ decidir, se entiende que la competencia diferenciada en el sistema de adultos, que prevé el recurso de apelación para la revisión de sentencias ‘correccionales’ reservando el recurso de casación para las condenas dictadas en materia ‘criminal’ implica un tratamiento diferenciado de soluciones en materia recursiva. Evidentemente, si el recurso de casación es la herramienta que el legislador asignó para los casos más graves, es porque presupone una respuesta cualitativamente más eficaz, y no un mero reparto competencial sin sentido.

La Plata, 27 de septiembre de 2017.-

AUTOS Y VISTOS:

La presente causa P. 129.540, caratulada: "H.H.E. S/ Cuestión de competencia entre el Tribunal De Casación Penal, Sala I y la Cámara de Apelación Y Garantí­as en lo Penal de Mar del Plata, Sala III»,

Y CONSIDERANDO:

I. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Mar del Plata, el 9 de septiembre de 2016, luego de celebrar la audiencia de cesura de juicio (conf. art. 4, ley 22.278), condenó a H.H.E. a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por cometerse en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, robo agravado por el uso de arma de utilerí­a, robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de modo alguno por acreditada (fs. 16/25 vta.).

El defensor oficial, doctor Juan Ignacio Fuscaldo, presentó recurso de casación que fue concedido por el juzgado de mérito (fs. 30/43).

II. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 21 de marzo de 2017, recondujo el recurso como una apelación a los fines de que la Cámara de Apelación y Garantí­as en lo Penal de Mar del Plata, previa vista a las partes, le imprimiera el trámite de ley (fs. 51/54).

En tal sentido, trajo a colación el precedente "Senra» de esa Sala y explicó que el órgano competente para abordar el recurso contra la sentencia de condena dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil es la Cámara de Apelación y Garantí­as en lo Penal.

Estimó que el juego armónico de los artí­culos 27 y 61 de la ley 13.634 (t.o. según ley 14.765) determina los supuestos especí­ficos en lo que resulta competente el Tribunal de Casación Penal (revisión de sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil el que conocerá únicamente en los supuestos de los arts. 79, 80, 119, párrafos tercero y cuarto, 124, 142 bis 165 y 170, CP).

Indicó que H.H.E. fue sancionado por delitos cuya competencia no se encuentra asignada al Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil por lo que la revisión del pronunciamiento es ajena al conocimiento del Tribunal de Casación Penal.

Por todo lo expuesto, siendo que la sentencia emanó del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, concluyó que correspondí­a a la Cámara efectuar la revisión (conf. arts. 26, 27 a contrario sensu, 28 y 61 ley 13.634, t.o. según ley 14.765).

III. Por su parte, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantí­as en lo Penal de Mar del Plata, el 15 de agosto de 2017, se declaró incompetente para resolver la apelación y, en consecuencia, trabó la cuestión de competencia, remitiendo actuaciones a esta Corte para que la dirima (fs. 73/74 vta.).

Puntualizó que si bien es cierto que el artí­culo 61 de la ley 13.634 (t.o. según ley 14.765) establece la procedencia del recurso de casación contra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, lo cierto es que también dicha norma remite al artí­culo 26 del citado cuerpo de leyes que fija la competencia de las Cámaras en materia correccional.

Criticó la interpretación que pretende limitar la competencia del Tribunal de Casación a una parte de la materia criminal ya que esto se opone a la letra del art. 26 al que el art. 61 invocado remite.

Concluyó que no corresponde distinguir por la integración del órgano de juicio, en colegiado o unipersonal (arts. 20 y 21, CPP) para asignar competencia al órgano de revisión pues ello dependerá de la materia correccional o criminal. En su apoyo, trajo a colación el expediente N° 3001-16680/16 en trámite ante esta Corte en torno a la temática en discusión.

IV. Sin perjuicio de que en el sub judice no se ha dado cabal cumplimiento al trámite legalmente previsto por el art. 38 del Código Procesal Penal y, en consecuencia no mediar un conflicto formalmente entablado, lo cierto es que, por razones de celeridad y economí­a procesal, esta Corte se abocara al tratamiento de la cuestión planteada en autos (art. 2 CPP).

IV.1. Frente a tal situación, cabe afirmar que le asiste razón a la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantí­as en lo Penal de Mar del Plata ya que el órgano competente para resolver la impugnación contra la sentencia de condena dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil es la Sala I del Tribunal de Casación Penal.

En efecto, una interpretación armónica de los artí­culos 26, 27, 59 y 61 de la ley 13.634 (t.o. según ley 14.765) y coordinada con lo establecido en los artí­culos 22, 24, 26, 439 y 450 del Código Procesal Penal (conf. art. 1 ley 13.634) permite concluir que en las causas que tramitan en el fuero de responsabilidad penal juvenil, respecto de las cuales resulte aplicable la reforma introducida por la ley 14.765 (conf. Acuerdo 2438 del 28/X/2015, SCBA), la competencia del órgano revisor (Cámara de Apelación y Garantí­as en lo Penal o Tribunal de Casación Penal) estará fijada -al igual que en el régimen de mayores- en razón de la materia correccional o criminal (art. 26, CPP), independientemente del órgano que dicte el fallo de mérito.

IV.2. Cabe destacar que el artí­culo 26 de la ley 13.634 (t.o. según ley 14.765), en lo que aquí­ interesa, establece que las Cámaras de Apelación y Garantí­as en lo Penal entenderán en los "recursos contra el fallo y en acción de revisión en materia correccional». Asimismo, del artí­culo 59 de la citada ley surge que el recurso de apelación procederá en los mismos casos que el artí­culo 439 del Código Procesal Penal; este último prevé que dicha impugnación procederá "contra las sentencias de juicio oral en lo correccional, así­ como contra las sentencias de juicio abreviado y directí­simo de igual materia».

IV.3. Por su parte, el artí­culo 61 de ley 13.634 establece que el recurso de casación procederá contra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil (art. 27 de la ley cit.) y en los mismos supuestos del artí­culo 450 del Código Procesal Penal. Resulta pertinente recordar que esta última norma, en lo que aquí­ interesa, en el primer párrafo determina que "podrá deducirse recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicios por jurados y contra sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directí­simo en lo criminal».

Ahora bien, del artí­culo 61 citado no puede inferirse que la competencia revisora del Tribunal de Casación Penal estará limitada únicamente a las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil respecto a los delitos previstos en el artí­culo 27 de la ley 13.634 (tipos penales descriptos en los artí­culos 79, 80, 119 párrafos 3 y 4, 124, 142 bis, 165 y 170 del Código Penal) pues ello dejarí­a en una laguna normativa a los restantes delitos criminales no incluidos en el artí­culo 27 en los que recaiga sentencia del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil -como acontece en el caso- o del Juzgado de Garantí­as del Joven ante la celebración de un eventual acuerdo de juicio abreviado (arts. 29, ley 13.634 en función del 23 inc. 8, CPP) que por no ser materia correccional no podrí­a ser revisada por la Cámara.

En definitiva, cabe concluir que el recurso de casación procede contra sentencias definitivas en materia criminal, ya sean dictadas por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil (conf. art. 61, primer párrafo), por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil o por el Juzgado de Garantí­as del Joven (conf. art. 61, segundo párrafo).

V. Sostener una interpretación contraria -como postula la Sala I del Tribunal de Casación Penal- y afirmar que el recurso de casación únicamente procederí­a contra las sentencias definitivas del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, dejarí­a inoperante el segundo párrafo del artí­culo 61 que se remite a los supuestos del artí­culo 450 del ritual.

En suma, ello provocarí­a que las sentencias definitivas en materia criminal que sean dictadas por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil (delitos criminales ajenos a los enumerados taxativamente por el artí­culo 27 de la ley 13.634) o por el Juzgado de Garantí­as del Joven quedarí­an sin solución normativa pues -tal como se explicó- la Cámara sólo tiene competencia para revisar sentencias definitivas en materia correccional (conf. arts. 26, 59 y 61 tercer párrafo, ley 13.634, t.o. 14.765; v. punto IV.2. del presente).

VI. En definitiva, la mejor interpretación de la reforma introducida por la ley 14.765 al régimen impugnativo del fuero de responsabilidad penal juvenil, en tanto que permite eliminar posibles lagunas normativas, consiste en que la competencia del órgano revisor (Cámara o Tribunal de Casación Penal) dependerá exclusivamente de la materia correccional o criminal del fallo (art. 26, CPP), independientemente del órgano de mérito que lo dicte.

No pasa inadvertido que esta interpretación, si bien permite que todos los casos tengan una solución normativa, sin embargo, implica que el supuesto especí­ficamente legislado en el artí­culo 61 primer párrafo (recurso de casación contra sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil; conf. art. 27 ley 13.634) también esté previsto en el segundo párrafo de dicha norma (sentencias definitivas en materia criminal -conf. art. 450, primer párrafo CPP- dentro de las cuales están incluidas las emitidas por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil), generándose un supuesto de redundancia normativa.

No obstante, esta situación no genera ningún inconveniente al momento de aplicar la ley pues para ambos supuestos (arts. 61, primer y segundo párrafo) se prevé una solución normativa idéntica (procedencia del recurso de casación) por lo que no se configurarí­a un problema de contradicción normativa (Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 272-299).

VII. En suma, por los motivos expuestos en los puntos anteriores, la competencia de los órganos revisores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (Cámara de Apelación y Garantí­as en lo Penal y Tribunal de Casación Penal; conf. art. 18 incs. "a» y "b», ley 13.634, t.o. según ley 14.765), se fijará según la materia correccional o criminal, independientemente de cuál sea el órgano jurisdiccional de mérito que dicte la sentencia.

La interpretación teleológica de la ley 14.765 reafirma lo expuesto. Es que de la lectura de los fundamentos de dicha norma surge que el legislador pretendió equiparar las ví­as recursivas de los adultos y jóvenes imputados tanto en materia de condena como en medidas de coerción, etapa de ejecución y habeas corpus:

"En efecto, la competencia diferenciada en el sistema de adultos, que prevé el recurso de apelación para la revisión de sentencias ‘correccionales’ reservando el recurso de casación para las condenas dictadas en materia ‘criminal’ implica una decisión de polí­tica criminal que encierra un tratamiento diferenciado de soluciones en materia recursiva. Evidentemente si el recurso de casación es la herramienta que el legislador asignó para los casos más graves, es sin dudas porque presupone una respuesta cualitativamente más eficaz, y no un mero reparto competencial sin sentido. De allí­ que el razonamiento que culminó con aquella decisión legislativa para el proceso de adultos debe extenderse al fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en tanto implica un ‘plus’ que n pude de ningún modo negarse al niño sin riesgo de afectación a la igualdad constitucional (art. 16 CN)»

VIII. Finalmente, siendo que a partir de la presente se esclarece la competencia del Tribunal de Casación Penal para revisar sentencias definitivas recaí­das en el fuero de responsabilidad penal juvenil en materia criminal (conf. arts. 26, 59 y 61, ley 13.634, t.o. ley 14.765; 21, 24, 26, 43, CPP), ya sea que las dicten el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil (art. 61, primer párrafo, ley 13.634, t.o. según ley 14.765), el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil o del Juzgado de Garantí­as del Joven (art. 61, segundo párrafo), se cumple el cometido de establecer una pauta jurisprudencial de interpretación de las diversas reglas en juego tendiente a fortalecer la seguridad jurí­dica y, de tal modo, evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales y tutela judicial efectiva (conf. mutatis mutandi, doctr. CSJN in re "Di Nunzio», Fallos 328:1108).

Con lo expuesto, se da respuesta de ahora en más al interrogante originado en torno a la inteligencia que cabe asignar al trámite impugnativo a partir de la reforma operada por la ley 14.765 que incorporó -en lo que aquí­ importa- al Tribunal de Casación Penal como órgano revisor en las causas que tramitan ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (art. 18 inc. a, ley 13.634).

En suma, como recién a través del presente (al igual que en las causas P. 129.352-CC, P. 129.436-CC, P. 129.503-CC y P. 129.650-CC resueltas en la misma fecha) se dilucida la ví­a recursiva que deberá emprender el impugnante luego de la entrada en vigencia de la ley 14.765 en supuestos de sentencia definitiva en materia criminal dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, el criterio que aquí­ se postula deberá ser aplicado, evitando las consecuencias perniciosas de un brusco y sorpresivo criterio jurisprudencial que pudiera malograr la plena efectividad del acceso a la jurisdicción (arg. Art. 15, Const. prov.; doctr. C.S.J.N., causas "T.", Fallos 308:552; I. 349. XXXIX, "I., M. c/ ANSES s/reajustes varios", sent. de 29-III-2005).

Por todo lo expuesto, a los fines de resguardar el derecho al recurso de H.H.E., corresponde remitir los autos a la Sala I del Tribunal de Casación Penal para que aborde el libelo oportunamente interpuesto por la defensa oficial (v. fs. 30/40).

Por ello, la Suprema Corte de Justica,

RESUELVE:

Declarar la competencia de la Sala I del Tribunal de Casación Penal para resolver el recurso de casación articulado por la defensa oficial a fs. 30/40 contra la sentencia que impuso pena a H.H.E.

Regí­strese, hágase saber y remí­tase a la Sala I del Tribunal de Casación Penal.

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

R. Daniel Martí­nez Astorino

Secretario

  Correlaciones:

LEY 14765 - BO: 27/10/2015