Relación de consumo. Transporte marí­timo. Prescripción. Ley de Defensa del Consumidor

En el marco de un reclamo por accidente marí­timo, se confirma la sentencia que rechazó el planteo de prescripción interpuesto por la empresa naviera Buquebus, porque se entendió que al contrato de transporte de pasajeros que habí­a vinculado a las partes le resultaba aplicable el plazo de prescripción de tres años previsto en la ley 24.240, y no el plazo previsto en la Ley de Navegación, pues el mismo constituí­a una relación de consumo.

Buenos Aires, 8 de septiembre 2015.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 70, fundado a fs. 72/75, cuyo traslado no fue contestado por la parte actora, contra la resolución de fs. 66/67; y

CONSIDERANDO:

1.­ El señor Juez "a quo» rechazó el planteo de prescripción interpuesto por la demandada porque entendió que al contrato de transporte de pasajeros que habí­a vinculado a las partes, le resultaba aplicable el plazo de prescripción de tres años previsto en ley 24.240 y su modificatoria, pues constituí­a una relación de consumo. Por consiguiente, al momento de inicio de la acción, aquél no habí­a transcurrido aún (cfr. fs. 66/67).

Contra dicho pronunciamiento, Los Cipreses S.A. interpuso recurso de apelación (cfr. fs. 70). Sostuvo que el transporte de pasajeros por agua no debe ser incluido en la calidad de consumo, sino que debe regirse por la legislación especial ley 20.094 prevista para el transporte de pasajeros por ví­a marí­tima. Agregó que en el caso debe aplicarse el Derecho de la Navegación, cuyas disposiciones también son de orden público; por consiguiente, debe recurrirse a ellas y no a otras para solucionar el diferendo sometido a juzgamiento (cfr. memorial de agravios de 72/75, el cual no fue respondido por la parte actora).

2.­ En primer término, corresponde recordar que los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes en sus agravios, sino sólo aquellas que son conducentes para la solución del caso (Corte Suprema, Fallos: 262: 222; 278: 271; 291: 390; 308: 584, entre otros; esta Sala, causa 638 del 26/12/89 y sus citas, entre muchas otras).

3.­ Ello sentado, del análisis de las constancias de la causa surge que la Sra. Cristina Cardinal Zully inició demanda de daños y perjuicios contra Los Cipreses SA (Buquebus), a fin de que se la indemnice por el accidente que habrí­a sufrido cuando el barco que la habí­a transportado desde Colonia a Buenos Aires colisionó contra el muelle del Yacht Club Argentino en la Dársena Norte (cfr. fs. 14/15). A fs. 41/47, la empresa contestó la acción y planteó su prescripción -basándose en el art. 345 de la ley 20.094- por haber transcurrido más de un año del supuesto siniestro. Corrido el pertinente traslado, la actora lo respondió solicitando la aplicación del art. 50 de la ley 24.240 por tratarse de una relación de consumo (cfr. fs. 57/61).

4.­ En los términos en los cuales la cuestión se encuentra planteada, es apropiado comenzar recordando que el art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, texto según ley 26.361, establece que: "Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario...».

Asimismo, cabe poner de manifiesto que -en análogo sentido- la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha resuelto que dicho plazo resulta aplicable a las acciones de daños y perjuicios originadas en un contrato de transporte terrestre de pasajeros (conf. plenario "Saez González, Julia del Carmen c. Astrada, Armando Valentí­n y otros s/ daños y perjuicios (Acc. Trán. c/ Les. o Muerte)» del 12/03/2012).

Tal solución se fundamenta en la circunstancia de que el "ví­nculo jurí­dico" que une al transportista o porteador, en cuanto proveedor del servicio, con el pasajero como usuario o consumidor del mismo, constituye una tí­pica relación de consumo, con ajuste al primer párrafo del art. 3º de la ley 24.240, reformado por 26.361; la cual resulta claramente encuadrable, sin lugar a dudas, dentro del régimen de dicha "Ley de defensa del consumidor", que precisamente "tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona fí­sica o jurí­dica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social» -art. 1º de la misma- (cfr. Trigo Represas, Félix A., La prescripción en el transporte de personas y el consumidor, LA LEY 12/12/2011 , 1 ­ LA LEY 2011­F , 1202).

5.­ En estas condiciones y a fin de ponderar la relación entre ambas normas en pugna -la 20.094 y la 24.240-, se debe tener en cuenta lo dispuesto por el tercer párrafo del art. 3° de la ley de defensa del consumidor, que dispone que las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa especí­fica.

Por consiguiente, el régimen establecido por la ley de navegación debe ceder ante el del consumidor, que goza de preeminencia por sobre cualquier otra preceptiva que pudiese igualmente resultar aplicable a los mismos supuestos que ella regula (conf. esta Sala, Causa 5072/2012 del 18/2/2014).

Sólo resta agregar que la ley de Defensa del Consumidor tiene jerarquí­a constitucional -conforme a lo previsto en el art. 42 de la Constitución Nacional de 1994, que incorporara la protección al consumidor como un "derecho fundamental»- y es de orden público (art. 65 de Ley 24.240).

De esta manera, debe desestimarse la excepción de prescripción opuesta, pues el plazo de tres años no habí­a transcurrido al momento del inicio de la acción. En efecto, el accidente habrí­a ocurrido el 23/08/2008 (cfr. fs. 15), el procedimiento de mediación tuvo lugar el 13/08/2010 (cfr. fs. 10), celebrándose la audiencia de mediación el 08/09/2010 (cfr. fs. 9) y la demanda fue interpuesta el 17/10/11 (cfr. fs. 22).

Por lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada, sin costas en la Alzada toda vez que el memorial no fue contestado por la contraria (arts. 70, segundo párrafo, y 71 del Código Procesal Civil y Comercial -t.o. según ley 26.939, Digesto Jurí­dico Argentino­)

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase

Marí­a Susana Najurieta

Francisco de las Carreras

Ricardo Ví­ctor Guarinoni

  Correlaciones:

Ley 24240 - BO: 15/10/1993

Álvarez, Santiago Rodolfo c/Metroví­as SA s/daños y perjuicios - Cám. Nac. Civ. - Sala C - 12/10/2012

Saez González, Julia del Carmen c/Astrada, Armando Valentí­n y otros s/daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte) - Cám. Nac. Civ. - Sala en pleno - 12/03/2012