Representación procesal

En el marco de un juicio por reajustes de haberes, se resuelve rechazar el recurso de reposición deducido.

En la ciudad de Córdoba, a 28 dí­as del mes de Septiembre de 2018, reunida en Acuerdo la Sala "A» de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: "AGUIRRE Simon Guillermo c/ A.N.Se.S. s/Reajuste de Haberes», Expte. N°: FCB 24010131/2012/CA1, en los que la A.N.Se.S. ha interpuesto recurso de reposición en contra de la providencia dictada por el señor Presidente de Sala, de fecha 16 de abril de 2018, en la que se dispuso declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden: GRACIELA MONTESI - IGNACIO M. VELEZ FUNES - EDUARDO AVALOS.-

La señora Juez de Cámara, doctora Graciela Montesi, dijo:

I.- Que arribados los presentes obrados a esta Alzada, y puestos los autos a disposición de la parte apelante para que exprese agravios, tras incorporarse el escrito respectivo por parte del Dr. Mario César Barrantes, el Tribunal advierte que al interponer el recurso de apelación a fs. 58 bis, no acompañó el respectivo poder que justifique su personerí­a. Por tal razón, se declaró mal concedido el recurso de que se trata.

En contra de dicha providencia, interpone el referido profesional recurso de reposición, adjuntando en esta oportunidad copia de la Resolución 2017-60 del 31 de marzo de 2017 por la que invoca su representación del A.N.Se.S. Manifiesta que el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, y que la personerí­a invocada se realizó en los términos legales conforme se realiza habitualmente en los Juzgado de primera instancia y cuya participación es otorgada.

Entiende que aún en el caso que dicho instrumento no hubiese sido adjuntado, lo aquí­ decidido se aparta de las prescripciones del Código ritual, toda vez que el art. 48 del CPCN permite el comparendo en casos de urgencia en carácter de gestor, sin los instrumentos que justifiquen la personerí­a. Además, entiende que el vicio apuntado por esta Cámara es subsanable. Brevitatis causa, se remite al escrito pertinente.

II.- Efectuada esta breve reseña acerca de la cuestión a resolver, es preciso señalar que originariamente habí­a comparecido en estas actuaciones en nombre y representación de A.N.Se.S., la doctora Claudia del Valle Trujillo quien dice adjuntar copia de la resolución mediante la cual acreditarí­a el mandato conferido por la Administración Nacional de Seguridad Social. Sin embargo, del cargo correspondiente a dicho escrito no surge que hubiera acompañado poder alguno. (fs. 21/37 vta.)

Luego de dictada la sentencia de primera instancia, comparece el Dr. Mario Cesar Barrantes Mancini solicitando participación en virtud de un instrumento que dice acompañar pero que no lo hace. Luego el citado profesional interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. (fs. 58 bis)

Por su parte, al proveer el juez de primera instancia dicha presentación, tiene por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación, y por constituido el domicilio electrónico sin existir certificación alguna que acredite la existencia de un poder reservado en Secretarí­a destinado a la generalidad de las causas que tramitan en contra de A.N.Se.S. De ahí­ entonces que tras advertir este Tribunal de Alzada dicha irregularidad, declara mal concedido el recurso de apelación de que se trata.

III.- Dicho esto, y abordando la reposición bajo examen, es preciso resaltar que el tema de la representación procesal es un instituto que el ordenamiento ritual le ha prestado una especial atención, ya que la justificación de la personerí­a es un requisito indispensable para la constitución de la relación jurí­dico procesal, para lo cual se tiene que cumplir con el deber de acreditar formalmente la personerí­a invocada (conf. Art. 46 del CPCN). Asimismo, el art. 47 establece que los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.

En modo alguno puede satisfacer este requisito la pretensión del recurrente consistente en que se tenga por justificada la personerí­a de cada letrado en base a un poder dejado en la Secretarí­a del juzgado, para la generalidad de los pleitos que tramitan, pues ello conspira con el principio de debido proceso legal; impide a la contraparte controlar este requisito esencial de la constitución de la relación procesal, en su caso oponer las defensas que correspondan, y al propio tribunal -de Alzada en este caso- controlar el recto orden procedimental, y más aún en supuestos como el de autos, donde no existe constancia alguna acerca de la existencia de un poder reservado por Secretarí­a que justifique la personerí­a invocada por el doctor Mario Cesar Barrantes Mancini.

Tampoco resiste el menor análisis el argumento consistente en que se lo debió haber tenido al menos como gestor en los términos del art. 48 del CPCN y permití­rsele luego justificar la calidad que invoca. En efecto, el carácter de gestor debe ser expresamente solicitado y justificado por el interesado (art. 48, 2do. párrafo del CPCN) cosa que no ha acontecido en la especie, ya que se reitera, se hizo alusión únicamente a un poder reservado en Secretarí­a para la generalidad de los casos.

Cabe recordar que el principio de igualdad en el ámbito del proceso es una manifestación del principio general de "igualdad ante la ley" consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional. Se ha dicho que, "las partes en cuanto piden justicia, deben ser puestas en el proceso en absoluta paridad de condiciones» (CALAMANDREI, Piero: "Instituciones de Derecho Procesal Civil», traducción de Santiago Sentí­s Melendo, Bs. As., EJEA, volumen I, 1973, pag. 418) Guasp, a su vez, entiende que la posición igual de las partes o principio de la igualdad de partes, significa que la condición de cada una de ellas debe tener un contenido equivalente, es decir, que no pueden diferir en sustancia los deberes y derechos de una parte y otra. (GUASP, Jaime: "Derecho Procesal Civil», Madrid, Instituto de Estudios Polí¬ticos, 1968, tomo I, pág. 171-172. 14). Asimismo, el principio de igualdad de las partes significa que dentro de una sustancial similitud de condiciones o de circunstancias, no caben discriminaciones entre los derechos y deberes que incumben a cada una de las partes, y que, dentro de sus respectivas posiciones, ninguna de ellas puede gozar de un privilegio en desmedro de la otra (PALACIO: "Derecho Procesal Civil", Bs. As., Abeledo-Perrot, tomo III, 1976, pág. 14).

Por las razones expuestas, aceptar la postura del recurrente implicarí­a otorgar a favor de unas de las partes un irritante privilegio sin justificativo alguno.

IV.- Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de reposición deducido por la demandada en contra de la providencia de fecha 16/04/2018 que declaró mal concedido el recurso de apelación. Sin costas atento la naturaleza de la cuestión y falta de contradictorio ante esta Alzada.

El señor Juez de Cámara doctor Ignacio Marí­a Vélez Funes, dijo:

Adhiero a la solución propuesta por la señora Juez Graciela Montesi, en cuanto propicia no hacer lugar al recurso de reposición deducido por la demandada en contra del proveí­do de fecha 16/04/2018 que declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia.

Sin perjuicio de ello, quiero agregar que la sola invocación efectuada en la primer oportunidad procesal por el doctor Mario Cesar Barrantes Mancini en cuanto que su intervención como representante de la demandada lo serí­a en virtud de un instrumento que dice acompañar pero que no obra glosado en los presentes autos, no resulta suficiente para acreditar su carácter de representante legal del A.N.Se.S. Ello así­, porque en la primera oportunidad procesal que lo fue luego del dictado de la sentencia de primer instancia, al solicitar participación y constituir domicilio no acompañó poder que acredite la personerí­a invocada conforme surge del cargo de fecha 28/10/2015. (fs. 58 bis vta.)

Si bien puede entenderse que desde el punto de vista de la práctica profesional, atento la gran cantidad de juicios existentes en contra del A.N.Se.S. y en virtud de que tal institución cuenta con un gran número de profesionales que ejercen la defensa de sus intereses, puede resultar más ágil y expeditivo presentar listas con los nombres de los letrados que actúan en su nombre, considero que tal situación no puede justificar ciertas improlijidades e irregularidades que atentan contra principios rectores básicos del debido proceso legal.

Adviértase que no hay ni siquiera agregada una copia de la lista que menciona -de fecha anterior a su intervención-, ni constancia alguna de publicación en el Boletí­n Oficial, ni tampoco una mí­nima referencia de parte del Inferior que avale la existencia de la lista invocada que acredite la representación aludida por el letrado antes mencionado.

En tal sentido, tal como lo destacó el Juez preopinante, no puede perderse de vista la importancia que reviste el instituto de la representación en nuestro ordenamiento jurí­dico, el cual desde el momento mismo de la constitución del mandato, genera derechos y obligaciones no sólo para las partes entre sí­, sino de las mismas para con el Tribunal, con lo cual no se debe restar trascendencia al hecho de no dar cumplimiento al deber de acreditar formalmente la personerí­a indicada. Obligación ésta expresamente impuesta en el artí­culo 46 del código de rito.

Asimismo, comparto absolutamente el fundamento dado por el Magistrado en cuanto a que aceptar la postura del recurrente implicarí­a violar el principio de "igualdad de trat o ante la ley» consagrado en el artí­culo 16 de la Constitución Nacional, ya que se estarí­a otorgando a su favor una prerrogativa o privilegio sin justificativo alguno, lo que a mi entender resulta inaceptable por resultar contrario a derecho.

Por último, debo aclarar que la decisión adoptada a través del presente pronunciamiento en nada afecta el buen nombre y prestigio del letrado interviniente, doctor Mario Cesar Barrantes Mancini. ASI VOTO.

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Ávalos, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por la señora Juez Graciela Montesi, votaba en idéntico sentido. ASI VOTO.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de reposición deducido por la demandada en contra de la providencia de fecha 16/04/2018 dictada por este Tribunal.

II. Sin costas atento la naturaleza de la cuestión y falta de contradictorio ante esta Alzada (art. 68, segunda parte del CPCCN).

III. Protocolí­cese y hágase saber. Cumplido publí­quese y bajen.

EDUARDO AVALOS

IGNACIO M. VELEZ FUNES

GRACIELA MONTESI

MARIA ELENA ROMERO

Secretaria