Resolucion De Contrato De Compraventa De Automovil

JURISPRUDENCIA

Resolución de contrato de compraventa de automóvil

 

Se confirma la sentencia que declaró que el consumidor se encuentra facultado para devolver la cosa insatisfactoriamente reparada y recibir a cambio el precio pagado actualizado pues las reparaciones protegidas por la garantí­a se deben a vicios de la cosa.

 

 

En la ciudad de La Plata, a veintinueve de abril de dos mil quince, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Hitters, Soria, Pettigiani, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 114.255, "Calarco, Marcelo J. contra M y M Multimar S.A. y ot. Resolución de contrato y daños y perjuicios".

ANTECEDENTES

La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó parcialmente el pronunciamiento anterior. Consecuentemente, hizo lugar a las pretensiones resolutoria e indemnizatoria incoadas por el actor (fs. 588/607 vta.).

Se interpuso, por la codemandada "Fiat Auto Argentina S.A.", recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 616/622).

Oí­do el señor Subprocurador General (fs. 650/656), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1ª. ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

Caso afirmativo:

2ª. ¿Es fundado el mismo?

VOTACIÓN

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. Liminarmente, cabe acotar que el dictado de la providencia de autos (art. 283 del C.P.C.C.) no impide que esta Corte, abocada a decidir la causa, reexamine los requisitos de admisibilidad del pedido de impugnación sometido a su conocimiento (conf. doct. C. 90.456, sent. del 17-IX-2008; C. 111.495, sent. del 24-IV-2013).

Sentado ello, es menester formular algunas precisiones. Veamos.

En opinión del señor Subprocurador General, deberí­a declararse inadmisible el recurso interpuesto por no superar el mismo el valladar económico establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (fs. 650/656).

Respetuosamente discrepo con tal apreciación pues, a mi criterio, corresponde considerar que la ví­a es de monto indeterminado.

En efecto, nótese que el decisorio cuestionado dispuso expresamente que el cálculo de la condena habrí­a de efectuarse en la etapa de ejecución de sentencia y no en esta fase (fs. 606 vta./607).

Si bien el agravio traí­do a conocimiento de esta Corte reside sólo en la diferencia que surgirí­a entre los valores a tener en cuenta para la indemnización fijados por la Cámara y lo pretendido por el recurrente -aplicación del art. 17 de la ley 24.240 y su decreto reglamentario-, no existe forma -en esta etapa y a tenor del referido aplazamiento- de cuantificar dicha diferencia.

Para más, los valores que toma la Procuración ¬siguiendo en ello lo efectuado de oficio por la Cámara en fs. 623- surgen de valuaciones fiscales de automotores similares, cifras que en nada se vinculan con el objeto de litigio, referido -en todo caso- a valores venales o de plaza del rodado en cuestión.

II. Por lo expuesto, forzoso resulta concluir en que el remedio extraordinario deducido en autos ha sido bien concedido por la alzada (arts. 281 y 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Kogan, de Lázzari, Hitters, Soria, Pettigiani y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. El señor Marcelo Jorge Calarco promovió demanda por resolución de contrato de compraventa de un automóvil (marca FIAT UNO SD 3P 1.7D, año 2000), solicitando la restitución del precio abonado con más intereses y daños y perjuicios, contra la concesionaria vendedora M y M Multimar S.A. y Fiat Auto Argentina S.A. (fs. 37/49).

El señor juez de primera instancia rechazó la pretensión resolutoria incoada, no obstante lo cual reconoció al accionante una suma indemnizatoria en concepto de daño moral (fs. 501/509).

II. Apelado el pronunciamiento por todas las partes, la Cámara lo revocó en cuanto al rechazo del planteo resolutorio, al que hizo lugar, disponiendo en consecuencia la recí­proca restitución del automotor objeto de la compraventa y del precio respectivo. Asimismo, redujo el importe reconocido por el rubro daño moral (fs. 588/607 vta.).

Respecto de tales restituciones, a tenor del art. 17 de la citada ley 24.240, dispuso el sentenciante que debí­a recomponerse el monto de condena en la etapa de ejecución de sentencia, acudiéndose a los medios probatorios pertinentes a los fines de comprobar el monto actual en plaza del vehí­culo devuelto o uno similar para el caso de que se hubiere dejado de fabricar, siendo ésa la suma acordada al actor como "incumplimiento resolutorio", sin intereses, por purgar la mora el valor en plaza del rodado, a cambio de su restitución (fs. 598 vta.).

En la faz resarcitoria, ponderó los daños y perjuicios reclamados por el actor bajo los rótulos de daños al interés "positivo" y "negativo". En tal sentido, explicó que "... El daño al interés negativo consiste en el resarcimiento de los daños y perjuicios que no habrí­a sufrido si no se hubiera constituido la obligación. Si el acreedor no es culpable de la invalidez del contrato no es justo que sufra las derivaciones de esa contingencia. En la consideración del interés negativo del acreedor se mira hací­a el pasado, tratando de restablecer el statu-quo patrimonial anterior a la constitución de la obligación que ha resultado desvanecida. ¿En qué consiste la situación patrimonial negativa? En la comparación entre la situación actual y la situación patrimonial anterior a la constitución de la obligación que ha quedado desvanecida..." (fs. 600 vta./601).

Concluyó, al respecto, que "... el acreedor debe quedar en la misma situación que estarí­a de no haberse celebrado el contrato (Venini, ob. Cit. ed. Juris, pág. 137); traspolando tal apreciación al presente caso, el actor deberá quedar en condiciones de adquirir un rodado 0 km. de iguales caracterí­sticas de aquél que fuera objeto del contrato frustrado; sin perjuicio del agravio moral provocado por el incumplimiento, en caso de resultar procedente..." (fs. 601 vta./602).

Consideró finalmente que "... Un daño actual requiere ser indemnizado con un valor también actual y así­ se satisface la finalidad de la indemnización. La condena al mayor valor del vehí­culo (precio actual en plaza), absorbe el reclamo del valor de desguace y el IVA oportunamente abonado..." (fs. 602).

III. Contra esta decisión, "Fiat Auto Argentina S.A." interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la errónea aplicación de los arts. 10 bis, 11 y 17 de la referida ley 24.240, al no haberse tenido en cuenta el decreto 1798/1994 reglamentario de la misma, circunstancia que a su entender ha hecho incurrir al juzgador en absurdo jurí­dico.

Alega, asimismo, que la sentencia en crisis consagra un enriquecimiento indebido del actor en infracción de los arts. 499, 728, 2302, 2567 a 2570, 2582 y concordantes del Código Civil (fs. 616/622).

Aduce -en suma- que al decidir como lo hizo, la alzada omitió aplicar las pautas reglamentarias fijadas en el citado decreto 1798/1994, en orden a la restitución del precio prevista en el art. 17 inc. "b" de la ley 24.240 (fs. 619 vta./621).

IV. La impugnación debe prosperar.

1. Para una mejor comprensión de la temática en debate, conviene transcribir las referidas normas en cuestión:

"... Art. 17. Reparación no satisfactoria. En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede:

a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas caracterí­sticas. En tal caso el plazo de la garantí­a legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa;

b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales;

c) Obtener una quita proporcional de precio.

En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder..." (art. 17, ley 24.240).

Por otro lado, la respectiva reglamentación edicta que:

"... Se entenderá por ‘condiciones óptimas’ aquellas necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante.

La sustitución de la cosa por otra de ‘idénticas caracterí­sticas’ deberá realizarse considerando el perí­odo de uso y el estado general de la que se reemplaza, como así­ también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantí­a que debieron efectuársele.

Igual criterio se seguirá para evaluar el precio actual en plaza de la cosa, cuando el consumidor optare por el derecho que le otorga el inc. b) del art. 17 de la ley.

Con carácter previo a la sustitución de la cosa, si ésta estuviera compuesta por conjuntos, subconjuntos y/o diversas piezas, el responsable de la garantí­a podrá reemplazar los que fueren defectuosos. La sustitución de partes de la cosa podrá ser viable siempre que no se alteren las cualidades generales de la misma y ésta vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada..." (decreto 1798/1994).

Adicionalmente, podrá el consumidor reclamar los daños y perjuicios sufridos, según lo prevé el segundo párrafo del art. 17 del citado cuerpo normativo, cualquiera fuese la opción escogida por el consumidor frente a la reparación insatisfactoria.

2. Ahora bien, según se adelantara, el embate plantea la discusión en torno a las pautas de determinación de la cuantí­a del precio a restituir al actor establecida por el a quo como correlato de la devolución del automotor "en el estado en que se encuentre", en función de los apuntados parámetros normativos.

i] Es claro que en la hipótesis del inc. "b" ¬que es la que aquí­ nos convoca-, estamos ante un caso de resolución contractual con efectos ex tunc, en el que el consumidor se encuentra facultado para devolver la cosa insatisfactoriamente reparada y recibir a cambio el precio por ella pagado, aunque actualizado. Asimismo, en la devolución del precio se debe contemplar el perí­odo de uso y el estado general de la cosa que se restituye, así­ como también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantí­a que debieron efectuársele.

ii] Con relación a esto último ("... cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantí­a..."), si bien el recurrente esboza la pretensión de presentar una queja al respecto, lo expuesto en la pieza recursiva no pasa de ser más que un simple enunciado (ver fs. 621 y 622), sin desarrollo argumental que lo funde. Sin perjuicio de ello, estimo que aún atendiendo al expreso pedido del recurrente en tal sentido, la suerte le resulta adversa, pues si alguna refacción le fue hecha a la cosa (confirmado por las probanzas rendidas y propios reconocimientos de parte) es de hacer notar que las mismas se debieron, obviamente, al irregular estado del rodado, circunstancia absolutamente ajena a la voluntad o acción propia del comprador. "... Estas reparaciones protegidas por la garantí­a no se deben a ningún hecho del consumidor, sino a vicios de la cosa, por lo que si se devuelve un menor precio se estarí­a indirectamente responsabilizando al consumidor por sus defectos..." (Fernando Alfredo Sagarna en "Ley de defensa del consumidor" -Comentada y anotada-, Picasso - Vázquez Ferreyra Directores, Ed. La Ley, 2009, Tomo 1, Parte General, pág. 210).

iii] Sobre el resto (la utilización del rodado durante todo el lapso usufructuado por el comprador, factor al que no atiende la alzada y genera en el recurrente el agravio que se trae), una atenta lectura del fallo puesto en entredicho me convence de que el decisorio que pone en cabeza de las accionadas la obligación de restituir al actor una suma dineraria equivalente al valor actual de plaza de un automóvil 0 km igual o similar al que fuera objeto de la compraventa que se declaró resuelta, es el resultado de una indebida interpretación o errónea aplicación de la ley.

Si bien la continuidad en la utilización del rodado, fuera de los dí­as en que éste debió permanecer para su refacción en el taller, fue causa suficiente para que el a quo redujera la indemnización tarifada en miras a resarcir el daño moral infligido al actor (fs. 606), dicho factor no fue sin embargo atendido a la hora de mandar a pagar la suma acordada por el incumplimiento resolutorio (fs. 598 vta.); esto es "el valor actual en plaza del vehí­culo devuelto o uno similar para el caso de que aquel se hubiere dejado de fabricar" se manda a pagar sin advertir que su uso debió ser también medida necesaria a tener en cuenta a la hora de mandar a cuantificar el monto indemnizatorio. De ello se queja precisamente la condenada "Fiat Auto Argentina S.A.". Y la razón de su queja halla válido fundamento legal en el art. 17 del decreto reglamentario 1798/1994 que más arriba transcribiera.

Si al momento de efectuarse la prueba anticipada, esto es a los 18 meses de adquirido el vehí­culo, el ingeniero mecánico determinó que el odómetro del rodado marcaba poco más de 39.000 km (fs. 62, único dato en la causa que permite objetivar su continuo uso), mandar a cubrir el importe del valor actual de idéntico rodado (o similar en su caso de abandono en la fabricación) sin atender a dicho dato de la realidad supondrí­a generar una irrazonable transferencia del patrimonio del deudor al del acreedor. Pues lo justo, y reconocido por la norma es que al tiempo de devolverse los montos a valores actuales se atienda a esa continuidad en el uso del rodado. Advertencia que permite, a su vez, descartar un eventual enriquecimiento indebido del acreedor, sea cual fuere su medida.

Si se manda a componer la litis por todos los daños sufridos por el actor a causa de haber confiado en la vigencia de un contrato que finalmente se resolvió; los daños en relación de causalidad adecuada que generó la frustración del contrato; o, en igual sentido, se reconoce al acreedor todo aquello de lo cual hubiera gozado de no haber mediado la resolución definida (fs. 601 vta.), no puede en el caso dejar de atenderse al dato efectivo de la utilización, por parte del acreedor y durante un tiempo prolongado, de la cosa que se manda a restituir, tal como lo pide la demandada. La ausencia de oposición de la actora a la extensión de la condena en tales términos (art. 17, dec. 1798/1994), y la congruencia debida entre lo pedido en la litis y lo que se condena, impide dejar de lado lo dispuesto por ese decreto reglamentario, pues no se puede, ni aún de oficio, suplir la actividad de las partes e ingresar sin más a juzgar sobre la razonabilidad de una reglamentación que no se encuentra discutida en autos.

Por otra parte, si justo es reconocer que esa continuidad en el uso se dio en relación a un rodado que jamás logró reunir (ni aún a expensas de las refacciones atendidas) muchas de las cualidades í­nsitas de un cero kilómetro, también lo es advertir que el rodado no dejó por ello de ser un automotor sin rodaje que, de seguro, conservó muchas de sus prestaciones y bondades.

Factores todos que habrán de evaluarse al tiempo de que, tal como fuera dispuesto por el a quo, se determine el monto debido en la respectiva etapa de ejecución de sentencia.

V. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida, habiéndose acreditado las infracciones normativas denunciadas (art. 279, C.P.C.C.), la impugnación extraordinaria deducida deberá ser acogida, debiendo en la instancia de origen adecuarse, en la etapa respectiva, los montos reconocidos según las nociones y definiciones incorporadas al presente. Con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la segunda cuestión también por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. Discrepo con la opinión de los distinguidos colegas que me han precedido en el orden de votación.

En tal sentido y, a diferencia de lo que postula la firma recurrente, estimo que la Cámara no omitió aplicar -ni desinterpretó- las pautas reglamentarias fijadas en el decreto 1798/94 para la restitución de precio prevista en el art. 17 inc. "b" de la ley 24.240 (fs. 619 vta./621). Veamos:

1) De un lado, resulta claro que en esta hipótesis que nos convoca, esto es, la prevista en el inc. "b" del art. 17 de la ley 24.240 de defensa de usuarios y consumidores, "... Estamos ante un caso de resolución contractual con efectos ex tunc, en el que el consumidor se encuentra facultado para devolver la cosa insatisfactoriamente reparada y recibir a cambio el precio por ella pagado, aunque actualizado..." (Fernando Alfredo Sagarna en "Ley de defensa del consumidor" -Comentada y anotada-, Picasso-Vázquez Ferreyra Directores, Ed. La Ley, 2009, Tomo I, Parte General, pág. 210). Asimismo, "... en la devolución del precio se debe contemplar el perí­odo de uso y el estado general de la cosa que se restituye, así­ como también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantí­a que debieron efectuársele. Creemos que esto resulta injusto, toda vez que para disminuir el precio a devolver, se tiene en cuenta el estado general de la cosa, la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantí­a. Estas reparaciones protegidas por la garantí­a no se deben a ningún hecho del consumidor, sino a vicios de la cosa, por lo que si se devuelve un menor precio se estarí­a indirectamente responsabilizando al consumidor por sus defectos..." (í­d. op. cit.).

Adicionalmente, podrá el consumidor reclamar los daños y perjuicios sufridos, según lo prevé el segundo párrafo del art. 17 del citado cuerpo normativo, cualquiera sea la opción escogida por el consumidor frente a la reparación insatisfactoria.

2) Una atenta lectura del fallo puesto en entredicho me convence de que el decisorio que pone en cabeza de las accionadas la obligación de restituir al actor una suma dineraria equivalente al valor actual de plaza de un automóvil 0 km igual o similar al que fuera objeto de la compraventa que se declaró resuelta, no es el resultado de una indebida interpretación o errónea aplicación de la ley, menos aún de que pueda calificárselo como un "absurdo jurí­dico". Antes bien, estimo que constituye el fruto de una razonada ponderación del valor de la cosa, fijado en base a los estándares normativos de evaluación del caso, con más una indemnización reconocida al actor en concepto de daño al interés negativo, capí­tulo resarcitorio que fuera -por cierto- objeto de un detallado análisis y fundamentación por parte del a quo (fs. 599 vta./602).

Mediante una escueta argumentación, pretende el impugnante que dentro de la indemnización debida se tenga en cuenta el uso efectuado del automóvil sobre el que se han comprobado todas las deficiencias mecánicas acreditadas en autos (fs. 592 y vta.).

Ahora bien, la detenida lectura de la sentencia ¬reitero- claramente nos indica que ha habido una mensuración de la suma indemnizatoria en la que se ha computado la particular situación del caso, en aras de proceder a una real reparación del daño. No ha habido inobservancia de la reglamentación de la ley sino, por el contrario, una evaluación integral de la situación del rodado para cumplir adecuadamente con el art. 17 de la ley 24.240.

Es del caso recordar que la reglamentación de la ley debe siempre asegurar la finalidad perseguida por esta ley, la cual -como el nomen iuris de la norma lo indica- es "la defensa del consumidor".

Ello se imbrica con el claro precepto de la Ley de defensa al consumidor, que impone el principio de la interpretación más favorable para éste (art. 3, 1er. párr., ley 24.240) y con los precedentes de la Corte nacional que han dicho que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurí­dico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantí­as que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución nacional (C.S.J.N., causa C.745.XXXVII.,in re "Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.", sent. del 21-III-2006, Fallos: 329:695, voto del doctor Zaffaroni; causa F.331.XLII; REX, "Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. -FEMEDICA- c DNCI - DISP 1270/03", sent. del 18-XI-2008, Fallos: 331:2614, disidencia del doctor Maqueda).

En fundado pronunciamiento ha procedido el sentenciante a justipreciar el daño al interés negativo y positivo del caso y es en tal contexto que debe ser analizada la valuación del vehí­culo establecida a fs. 602 por la Cámara. Y es en ese mismo contexto donde no veo vulnerada la ley ni su reglamentación al respecto.

Abona esta inteligencia la clara distinción formulada por el sentenciante entre el reseñado carácter de suma a acordarse como "incumplimiento resolutorio" en relación al monto actual en plaza del vehí­culo a devolver (fs. 598 vta.) y el derecho a una reparación indemnizatoria reconocida en favor del actor, atendiendo a la acreditada lesión al interés negativo del mismo, cuya cuantificación ¬mayor valor del vehí­culo- habrí­a de absorber -por lo demás- el valor de desguace y el I.V.A. oportunamente abonados (fs. 602).

Sobre este último capí­tulo del fallo que, reitero, fue objeto de una meticulosa fundamentación brindada por el a quo (fs. 599 vta./602), la recurrente ha guardado absoluto silencio, omisión que deja incólume tan medular aspecto del decisorio.

3) Resumiendo, la firma recurrente parte de una lectura parcial del pronunciamiento que la conduce a articular una crí­tica incompleta de las motivaciones sentenciales que -por ello- resulta insuficiente a los fines recursivos, al no erigirse en la crí­tica concreta y motivada de todos los fundamentos del fallo que la norma ritual de aplicación impone como pauta de idoneidad técnica necesaria para transitar la etapa casatoria (conf. doct. art. 279, C.P.C.C.).

En tal sentido, esta Corte ha expresado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se basa en la consideración parcial de lo expuesto por el juzgador y deja sin réplica motivaciones y citas legales sobre las que se asientan el sentido y la coherencia de la decisión (conf. doct. Ac. 57.046, sent. del 17-XI-1998), así­ como también que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende de la estructura jurí­dica del fallo, apartándose de la idea rectora del mismo y de sus fundamentos esenciales, parcializando con ello su ataque, el que por ende resulta ineficaz a los fines de rever la suerte de lo decidido (conf. doct. Ac. 90.575, sent. del 11-X-2006; C. 95.718, sent. del 9-VI-2010; C. 103.421, sent. del 11-VIII-2010).

4) Lo que se lleva dicho abastece -sin más- la respuesta negativa a la cuestión planteada, sellándose en consecuencia la suerte adversa del reproche extraordinario interpuesto.

II. Por lo expuesto, no habiéndose acreditado las infracciones normativas denunciadas (art. 279, C.P.C.C.) ni el absurdo valorativo, la impugnación extraordinaria deducida deberá ser rechazada. Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

El señor Juez doctor Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la segunda cuestión también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

1. El recurso no puede prosperar.

a. En su pieza recursiva, la codemandada Fiat Auto Argentina S.A. cuestiona las pautas fijadas por el fallo de Cámara a efectos de establecer el valor que su parte habrá de restituir al actor.

Concretamente, reputa absurda y violatoria de las reglas establecidas en el decreto 1798/1994, reglamentario de la ley 24.240, la conclusión del a quo que dispone que dicho valor deberá determinarse "en la etapa de ejecución de sentencia y por los medios que el Juzgado estime procedentes, el valor corresponde al precio en plaza de una unidad igual o similar (en caso de no seguir fabricándose) para ser entregado al actor quien, deberá a su vez, devolver el vehí­culo oportunamente adquirido (art. 17 ley 24.240)" (v. fs. 619). Precisa, en este sentido, que en tal quehacer no se ha ponderado que tal rodado será devuelto "después de haberlo usado durante diez años" pese a lo cual se condena a su parte a la restitución del valor de un rodado 0 km, desoyendo de tal modo el mentado decreto que exige considerar el perí­odo de uso, el estado general (v. fs. 619 vta.) y "la cantidad y calidad de las reparaciones acaparadas por la garantí­a que debieron efectuársele" (v. fs. 621).

b. Pues bien, las quejas ensayadas en tales términos son insuficientes a los fines de conmover el pronunciamiento atacado.

i] De un lado, en lo que atañe a la pretensión de que al momento de justipreciar el rubro se tenga en cuenta "la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantí­a que debieron efectuárseles" coincido con lo expuesto por el doctor Genoud, quien destaca la ausencia de todo desarrollo argumental que funde tal segmento de la queja (v. pto. IV, ap. 2.ii]).

ii] Del otro, comparto lo expresado por el doctor de Lázzari en el punto I ap. 3 de su sufragio, en cuanto señala que el recurrente efectúa una crí­tica parcial de las motivaciones del fallo, soslayando que la determinación del í­tem controvertido se encuentra inserta dentro de una valoración integral de la situación del rodado y de la ponderación que el a quo llevara a cabo en correlación con los reclamos articulados a tí­tulo de daño al interés negativo y positivo. Por consiguiente, más allá del acierto o error de lo decidido, la falta de advertencia de tal extremo y omisión de refutación cabal del razonamiento del tribunal, sella la suerte adversa de este tramo del recurso (art. 279 su doc. del C.P.C.C.).

2. Con el alcance y por las razones expuestas, voto por la negativa.

El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la segunda cuestión también por la afirmativa.

El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oí­do el señor Subprocurador General (fs. 650/656), se declara bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la codemandada "Fiat Auto Argentina S.A." a fs. 616/622.

Asimismo, por mayorí­a, se lo rechaza. Con costas de esta instancia a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

El depósito previo de $ 4.250, efectuado a fs. 632, queda perdido (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).

Notifí­quese y devuélvase.

   

025468E