“El Poder Ejecutivo, a requerimiento de parte, y de conformidad con las conclusiones de las investigaciones pertinentes e informes periciales que estime necesarios; y ante la total ausencia de responsabilidad del damnificado en las causas motivantes o agravantes del accidente, podrá reconocer, en concepto de indemnización, hasta la suma de trescientos mil $ 300.000, por perjudicado”.

Art. 2.– Comuní­quese, etc.

Alfonsí­n – Borrás