Art. 1.– Toda persona mayor de 18 años, que trabaje por cuenta ajena bajo dependencia de un empleador, percibirá una remuneración no inferior al salario vital mí­nimo que se establezca de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Art. 2.– Salario vital mí­nimo es la remuneración que posibilite asegurar, en cada zona, al trabajador y a su familia, alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión.

Art. 3.– El salario comprende a toda remuneración de servicios en dinero, especie, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto, en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes. El salario vital mí­nimo estará integrado, además, por las asignaciones familiares.

Art. 4.– Las disposiciones sobre el salario vital mí­nimo revisten el carácter de orden público. Por ninguna causa podrán abonarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijen de conformidad con la presente ley, ni podrán los mismos ser disminuidos por contratos individuales o convenciones colectivas, siendo nula toda disposición o cláusula salarial en contrario.

Art. 5.– Créase el Consejo Nacional de Salario Vital Mí­nimo y Móvil, con la función esencial de determinar periódicamente el salario vital mí­nimo.

Art. 6.– El consejo estará integrado por 4 representantes estatales, 2 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 2 por el Ministerio de Economí­a; 4 de los trabajadores y 4 de los empleadores, todos con sus respectivos suplentes, que reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento,. Funcionará como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El presidente del consejo debe ser designado por éste, entre los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 7.– Los miembros del consejo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economí­a, de la central de trabajadores con personerí­a gremial y de la o las entidades empresarias más representativas. Durarán 2 años en sus funciones y podrán ser reelectos. Deberán reunir los requisitos exigidos para ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia laboral o económica. Si alguna de las entidades que deben designar representantes se negare a formular la propuesta, las designaciones se harán de oficio.

Art. 8.– El consejo tendrá las siguientes facultades:

a) Nombrar comisiones de estudio con la participación de los sectores interesados;

b) Requerir asesoramiento e información de las reparticiones y organismos nacionales, provinciales, municipales o privados;

c) Realizar encuestas y estudios relativos a la situación económica y condiciones de vida de los trabajadores en las distintas zonas del paí­s y publicar anualmente un informe económico y social con referencia a la evolución de los salarios, precios, costos y ganancias;

d) Contratar, previo concurso, personal administrativo y técnico;

Art. 10.– A petición de cualquiera de los sectores representados en el consejo, se podrá modificar el monto del salario vital mí­nimo antes del vencimiento del perí­odo de su vigencia, siempre que los í­ndices de costo de vida tenidos en cuenta para su determinación muestren una variación del 15 por ciento, sin perjuicio de considerarse las demás circunstancias previstas en el artí­culo anterior. No se podrán practicar tales modificaciones sino en perí­odos mayores de 180 dí­as.

Art. 14.– El salario vital mí­nimo fijado por el consejo nunca tendrá efecto retroactivo. Tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria al mes siguiente de la publicación por 3 dí­as en el “Boletí­n Oficial“, la que deberá efectuarse dentro de los 10 dí­as de dictada la resolución y dispuesta directamente por el consejo.

Art. 16.– Quedan excluidas del régimen de la presente ley:

a) Las remuneraciones del servicio doméstico;

b) Las de los agentes de las administraciones provinciales y los de sus municipalidades, organismos descentralizados y autárquicos provinciales y municipales. El Poder Ejecutivo nacional gestionará ante los gobiernos provinciales la sanción de normas concordantes con las de la presente ley, en beneficio del personal mencionado.

Art. 17.– Las infracciones a la presente ley, consistentes en el pago de salarios inferiores al vital mí­nimo, serán sancionadas con multas de hasta 10 veces el valor de la diferencia entre el salario vital mí­nimo y el efectivamente pagado.

Serán autoridades de aplicación de la presente ley los organismos nacionales o provinciales que tengan competencia en materia de policí­a del trabajo en sus respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Art. 18.– La presente ley no afectará los mejores derechos que tuvieren los trabajadores por la aplicación de otras normas legales o convencionales. A los fines de la presente ley, entiéndese por jornada de trabajo la que habitualmente desempeña el trabajador o fije la convención colectiva.

Art. 19.– Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 20.– El Poder Ejecutivo procederá a constituir el Consejo Nacional de Salario Vital Mí­nimo y Móvil dentro de los 30 dí­as de la promulgación de la presente ley. Dentro de los 30 dí­as subsiguientes, el consejo elevará al Poder Ejecutivo su propuesta de reglamentación de la ley, en la que se determinarán los procedimientos aplicables para ajustar el salario vital mí­nimo a modalidades especiales de remuneración.

Art. 24.– Hasta tanto se lo incluya en el presupuesto general de gastos y recursos de la Nación, queda autorizado el Poder Ejecutivo para aprobar el presupuesto del Consejo Nacional de Salario Vital Mí­nimo y Móvil.

Art. 26.– Comuní­quese al Poder Ejecutivo.

Perette – Mor Roig – Maffei – González