Contador público. Honorarios profesionales. Recurso extraordinario. Debido proceso

Se deja sin efecto el fallo recurrido, que estimó los trabajos profesionales de un contador en una suma significativamente inferior a la pactada con la parte interesada, en tanto ello menoscaba las garantí­as constitucionales del justiciable y su debido proceso.

Buenos Aires, 4 de febrero de 2016.

  Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Alejandro Melas y Juan Sebastián Galdós en la causa Iturriaga, Julio Alfredo c/ Domech de Brettos, Luisa Nélida s/ cobro de dólares estadounidenses", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que el contador Julio Alfredo Iturriaga pactó con Luisa Nélida Domech de Brettos la prestación de servicios profesionales para desempeñarse como "albacea testamentario" y "asesor impositivo contable" en la sucesión abierta por el fallecimiento de su cónyuge.

En junio de 2002, la viuda suscribió un reconocimiento de deuda por la suma de 307.560 dólares estadounidenses que abonaba mediante una cuota mensual hasta que, en septiembre del mismo año, la deudora dejó sin efecto el acuerdo. Iturriaga reclamó, entonces, el pago de los honorarios adeudados y obtuvo la traba de embargo preventivo por ese monto (fs. 611).

2°) Que en primera instancia se rechazó í­ntegramente la demanda y la cámara confirmó en lo principal lo decidido. Con todo, el tribunal ordenó que en la etapa de ejecución de sentencia se designara un perito contador para fijar el valor de cuatro tareas que -por asesoramiento contable- habí­an sido desarrolladas por Iturriaga en el expediente sucesorio. Asimismo, la alzada confirmó la condena en costas al actor -100%-, e impuso las de esa instancia en un 80% a cargo de Iturriaga y el 20% restante a cargo de la demandada.

3°) Que dichos trabajos -únicos reconocidos con derecho a retribución- fueron estimados en $ 8.310,84 (fs. 1759/ 1760), suma que -a su vez- se consideró saldada en virtud de las cuotas abonadas por la deudora (fs. 1714). Al momento de calcular los emolumentos, se consideró dicho monto como base de cálculo y se reguló en $ 1.040 el estipendio correspondiente a cada uno de los letrados de la demandada por su labor desplegada durante ocho años de litigio.

4°) Que contra el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que -al rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido- dejó firme la base para el cálculo de honorarios, los doctores Alejandro Melas y Sebastián Galdós interpusieron el recurso extraordinario cuya denegatoria dio origen a la presente queja.

5°) Que si bien, como regla, las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos planteados por ante los tribunales locales no justifican el otorgamiento de la apelación extraordinaria -en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan- cabe hacer excepción a ese principio cuando la decisión frustra la ví­a utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea suficiente, lo que se traduce en un menoscabo de la garantí­a del debido proceso (Fallos: 317:1133, entre otros).

6°) Que al decidir del modo descripto el a quo dejó firme la exégesis formulada por la cámara en cuanto a que no resultaba aplicable en la especie el art. 23 del arancel local pues no se configuró el supuesto de una pretensión totalmente rechazada y consideró que el remedio habí­a sido insuficientemente fundado, en cuanto no habí­a logrado demostrar el equí­voco o la sinrazón de lo resuelto.

7°) Que esa argumentación constituye una afirmación meramente dogmática sin respaldo en las constancias de la causa, habida cuenta que al así­ razonar el a quo soslayó la importancia económica del pleito -puesta de resalto en el remedio por ante él deducido- representada por el reclamo inicial de 307.560 dólares estadounidenses, que dio origen a la traba de embargo por idéntica suma que se mantuvo durante todo el trámite del juicio.

De ahí­ que, al considerar como monto del proceso al valor por el que prosperó el reclamo del actor, se convalidó una remuneración que por resultar desproporcionada con los intereses defendidos por los profesionales, menoscababa en esa misma medida el derecho constitucional que aducen vulnerado.

8°) Que, en tales condiciones, y toda vez que media nexo directo e inmediato entre lo resuelto y las garantí­as constitucionales invocadas, corresponde descalificar la sentencia en cuanto fue materia de agravio (art. 15 de la ley 48).

Por ello, y oí­da la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el fallo con los alcances indicados. Reintégrese el depósito de fs. 43. Agréguese la queja al principal y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte uno nuevo. Con costas. Notifí­quese y remí­tase.

RICARDO LUIS LORENZETTI

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

  Correlaciones:

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN - LIBRO V - TÍTULO XI - CAPÍTULO 7 Albaceas (arts. 2523 a 2531)