Recalculo Del Haber Inicial Pautas

Recálculo del haber inicial. Pautas

 

Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda interpuesta dejando sin efecto la resolución nº RNT-O 00187/16 ordenando al organismo previsional la actualización de las remuneraciones tenidas en mira para el otorgamiento de la prestación compensatoria (PC) y la prestación adicional por permanencia (PAP) con arreglo al í­ndice que señala la resolución 140/95, sin la limitación temporal tenida en la norma y ello hasta la adquisición del beneficio.

 

 

Salta, 3 de septiembre de 2018.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1) Que vienen las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la ANSeS a fs. 89 y por la actora a fs. 90 y fundados a fs. 98/104 y 93/97 respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha 22 de diciembre de 2017 por la que el juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Robinson Román Barrionuevo (DNI N° 7.242.959) en contra de la Administración Nacional de da Seguridad Social, ordenando que se recalculen las prestaciones integrantes del haber inicial de su beneficio jubilatorio de la siguiente manera: la prestación compensatoria actualizando sus salarios (base del cálculo de ésta de conformidad al art. 24 de la ley 24.241) con arreglo al í­ndice de la resolución anses n° 140/95 (salarios básicos de la industria y construcción – personal no calificado-) hasta la fecha de adquisición del derecho, sin el lí­mite temporal impuesto en dicha normativa. Declaró en forma restringida la inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2° de la ley 24.463 y dispuso que una vez redeterminado el haber inicial del actor se lo reajuste a partir del 1º de enero de 2002, debiéndose aplicar el í­ndice de variación anual de salarios, nivel general, elaborado por el instituto nacional de estadí­sticas y censos (indec), hasta el 31 de diciembre de 2006. Por el año 2007, se deberá aplicar el 13 % anual fijado por el art. 45 de la ley 26.198 y el 12,50 % determinado por el decreto n° 1346/07, hasta febrero de 2008 y a partir del 1° de marzo del mismo año, se deberá estar a los í­ndices establecidos por el decreto n° 279/08, los cuales deberán mantenerse hasta la implementación de la movilidad de las prestaciones contemplada por la ley 26.417. Ordenó el pago al accionante de las sumas que en concepto de retroactivos se determinen en la etapa de liquidación, desde el 8 de octubre de 2011, más intereses según la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta su efectivo pago. Reservó el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463 para la etapa de liquidación, rechazando los restantes planteos de inconstitucionalidad. Impuso las costas por el orden causado (art. 21 de la ley n° 24.463).

2) Que la parte actora se agravió de que no se haya ordenado recalcular la Prestación Adicional por Permanencia que Anses tampoco computó en el cálculo del haber, ya que en razón de los 2 meses y 28 dí­as de aportes sí­ corresponde se la compute e incorpore al haber.

Cuestionó la imposición de costas impuestas por su orden según el artí­culo 21 de la ley 24.463 requiriendo la aplicación del artí­culo 36 de la ley 27.423 que dispone que se seguirá la regla de costas al «vencido».

Señaló que no obstante esta reforma, la jurisprudencia de varias Cámaras del paí­s ha declarado la inconstitucionalidad del artí­culo 21 de la ley 24.463, considerando que el organismo previsional ostenta calidad de parte y ello lleva incluida la posibilidad de condena en costas (artí­culo 15 de la ley 24.463). Entiende que la distribución de las costas por su orden en todos los casos no se compadece con los fines tuitivos que persiguen las leyes reglamentarias en materia previsional, que no hace más que importar una regresiva regulación so color de defender fondos públicos que discrimina al trabajador en pasividad al obligarlo a tramitar a su costa un penoso juicio de conocimiento pleno, lesiona el crédito del beneficiario de la jubilación y transgrede el derecho de propiedad.

Realiza mención de los fallos del Alto Tribunal: «Flagello» y «Boggero». Manifiesta que el artí­culo 21 de la referida ley no toma en cuenta la posibilidad de que las costas del juicio hayan sido ocasionadas de manera arbitraria o irrazonable por la parte cuya sinrazón dio lugar al pleito. Solicita la inconstitucionalidad del artí­culo 21 de la ley 24.463 y que se establezcan las costas a la demandada.

Finalmente reclama la aplicación de tasa activa, cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal (113/117).

2.1) La ANSeS, por su parte, se agravia de la sentencia en cuanto dispone el recálculo del haber inicial del actor aplicando las pautas establecidas en el precedente: «Elliff Alberto José» y la utilización del í­ndice dispuesto para la actualización de las remuneraciones solicitando la aplicación del í­ndice combinado previsto al efecto en la ley 27.260, el decreto 807/2016, Resolución SSS 6/2016, del Índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el recalculo de la Prestación Básica Universal.

3) Que las cuestiones planteadas por la demandada en las presentes actuaciones en relación al recálculo del haber inicial resultan sustancialmente análogas a las examinadas por esta Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en el antecedente «Salas, Vilte Pantaleón c/ ANSeS s/ reajuste de movilidad» expte. N°41000166/2010, sentencia del 29 de diciembre de 2015, y lo relativo a la sustitución del í­ndice ISBIC (í­ndice de salarios básicos de la industria y construcción) por el previsto en la ley 27.260  fue objeto de decisión en el precedente «ESCOTORIN, Carlos Enrique c/ ANSES s/ Reajustes Varios» Expte. Nº 4086/2015, sentencia del 5 de octubre de 2017, por lo que corresponde remitirse a los fundamentos allí­ vertidos (www.cij.gov.ar), que pasan a formar parte del presente resolutorio.

En efecto, a través de las constancias de la causa se observa que el actor obtuvo su beneficio jubilatorio 09/03/97 por el régimen de la ley 24.241.

3.1) Que, por otra parte, se advierte que el agravio de la demandada referido al «recalculo de la Prestación Básica Universal», no guardan relación con lo decidido en primera instancia al respecto.

Desde tal perspectiva, corresponde desestimar los agravios formulados por la demandada.

4) Que ingresando al recurso de la actora, respecto al cómputo de la Prestación Adicional por Permanencia, se advierte que el planteo no tendrá favorable acogida. Ello por cuanto según lo establece el art. 30, inc.b) de la ley 24.241, el haber de dicha prestación se determina computando el 1,5% por cada año de servicios con aportes realizados al Régimen Previsional Público, en igual forma y metodologí­a que la establecida para la Prestación Compensatoria.

Toda vez que en el caso bajo examen el accionante registra tan sólo 2 meses y 28 dí­as de servicios con aportes con posterioridad a julio de 1994, no alcanza el mí­nimo previsto en la norma para su cómputo, por lo que corresponde el rechazo del recurso en este punto.

4.1) Que el reproche formulado por la actora en relación a la tasa de interés establecida por el juez de grado, encuentra adecuada respuesta en Fallos: 327:3721 («Spitale»), en el que se resolvió que la tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina satisface

adecuadamente el menoscabo patrimonial sufrido por la demandante, en el marco de la í­ndole previsional de la relación jurí­dica en examen y el carácter alimentario de las prestaciones adeudadas, criterio adoptado por esta Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en numerosos precedentes.

Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual composición y por el voto de la mayorí­a, en el reciente fallo «Cahais, Rubén Osvaldo c/ANSeS s/ reajustes varios» de fecha 18 de abril de 2017, sostuvo idéntico criterio señalando además que el mismo ha sido adoptado por el Congreso en el ámbito especí­ficamente previsional al sancionar la ley 27.260, cuyo artí­culo 6º dispone que las acreencias, constituidas por las diferencias devengadas mes a mes entre el haber reajustado y el haber percibido, incluirán el capital más los intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (considerando 3); cfr. esta Sala II, de la CFAS, en los autos: » Choque, Felisa Yone c/ ANSeS y otro s/ reajustes por movilidad» Expte. Nº 16106/2014, sent. del 10 de mayo de 2017.

4.2) En lo que concierne al agravio sobre la imposición de las costas es dable destacar que la ley 27.423 «Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal», sancionada el 30 de noviembre de 2017, disponí­a en su art. 36 que «En las causas de seguridad social los honorarios se regularán sobre el monto de las prestaciones debidas. Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, tí­tulo II, capí­tulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado».

Por su parte, el art. 64 establecí­a que «la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación y se aplicará a los procesos en curso en los que no existiera regulación firme de honorarios».

Sin embargo, ésta última norma fue observada por el Poder Ejecutivo de la Nación a través del Decreto 1077/2017, del 20/12/2017, con fundamento en que «la aplicación de la norma sancionada en los procesos en curso en los que no existiera regulación firme de honorarios podí­a afectar derechos adquiridos, debido a que los honorarios de los profesionales se devengan por etapas, por lo que disponer la aplicación retroactiva de la norma podrí­a vulnerar dichos derechos» en tanto «pretendiendo regir etapas concluidas durante la vigencia de una norma por una ley sancionada con posterioridad a su cierre».

Finalmente, la Ley 27.423, observada por el PEN, fue publicada en el Boletí­n Oficial el 22 de diciembre de 2017, resultando por ende aplicable a los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia (art. 5 y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación).

En consecuencia, toda vez que la presente acción fue iniciada en el año 2015 con anterioridad a la vigencia de la ley 27.423, resulta improcedente su aplicación al caso.

En ese contexto resulta plenamente aplicable al sub lite el artí­culo 21 de la ley 24.463, inserto en el capí­tulo II relativo al Procedimiento de Impugnación Judicial de los Actos Administrativos de la ANSeS, en cuanto dispone que «en todos los casos las costas serán por su orden».

En relación a la tacha de inconstitucionalidad de esta norma, resulta oportuno recordar que esta Sala II del Tribunal se expidió en reiteradas oportunidades por su rechazo a partir del antecedente «Carbonell, Carmen

Eulalia c/ANSeS y otro s/Reajustes Varios», Expte. Nº 25200030/2011, sentencia del 26/05/2016, siguiendo los lineamientos del Máximo Tribunal en cuanto decidió que el art. 21 de la ley 24.463 no trae aparejada una lesión a las garantí­as de igualdad y propiedad, pues favorece a ambas partes por igual y no se advierte que la circunstancia de abonar sus trabajos a un profesional implique confiscación de los bienes del obligado («Boggero», Fallos: 320:2792, sent. del 10-12-1997).

En ese orden de ideas, el Supremo Tribunal por voto mayoritario en «Flagello» (Fallos: 331:1873, sent. del 20-8-2008) se remite a los fundamentos expuestos en el antecedente citado en el párrafo anterior «en cuanto se sostuvo que la circunstancia de que la ley disponga que las costas se abonen en el orden causado no trae aparejada una lesión a las garantí­as de la igualdad y propiedad, pues el régimen favorece a ambas partes por igual y no se advierte que la circunstancia de abonar sus trabajos a un profesional implique la confiscación de los bienes del obligado; aparte de que el tema en debate es materia de carácter procesal y puede ser resuelto por las leyes en la forma que consideren más justa, sin que sea indispensable que en todos los casos aquéllas se impongan al vencido» (Consid. 4°).

A ello agregó que «cabe reiterar que la calidad de parte asumida por la administración en el procedimiento de la ley 24.463 y la consiguiente inaplicabilidad de la doctrina de la Corte elaborada durante la vigencia de disposiciones procesales anteriores, tampoco alcanza para justificar la aplicación del principio objetivo de la derrota al ámbito de las causas con objeto previsional. Es que el legislador contempló un régimen especí­fico de distribución de costas que impide cargar los gastos al vencido, ya sea que se trate del jubilado o de la administración previsional, criterio que, además de

resultar válido por las motivaciones expresadas precedentemente, no cabe tachar de irrazonable si se considera que las partes intervinientes en este tipo de juicios son, por un lado, quienes pretenden el reconocimiento de derechos de la seguridad social, y por otro, los organismos de previsión que defienden a la comunidad que conforman sus beneficiarios y al funcionamiento regular del sistema de jubilaciones y pensiones con el que se relacionan» (Fallos: 324:2360)» (Consid. 5º); concluendo que «es por ello que, si el sistema en sí­ mismo encuentra una de sus bases primordiales en el principio de solidaridad social, es coherente con ese principio, que los miembros de la comunidad de beneficiarios que obtuvieron una decisión errónea del órgano de aplicación, deban contribuir con la eximición de las costas en el ulterior proceso judicial» (Fallos: 314:327)» (Consid. 6º).

Con lo cual, el agravio de la recurrente dirigido a cuestionar la imposición de costas por el orden causado no podrá prosperar.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la demandada ANSeS a fs. 89 y en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia de fecha 22 de diciembre de 2017 (fs. 80/87) en cuanto fue materia de agravios.

II.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 90, CONFIRMANDO lo decidido en la sentencia de fs. 80/87 respecto a la tasa de interés fijada para el pago y la imposición de las costas.

III.- COSTAS de la Alzada por el orden causado (art. 21 de la ley 24.463).

IV.- REGISTRESE, notifí­quese, publí­quese en el C.I.J. conforme Acordadas CSJN 15 y 24 del año 2013, y oportunamente devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.

Firmado:

Guillermo Federico Elí­as

Mariana Inés Catalano

Alejandro Augusto Castellanos

Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta

Secretarí­a Mariela Szwarc

   

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