Retención de aportes. Falta de ingreso. Estado de necesidad. Crisis económica

En el marco de una causa por infracción a la ley 24.769, se confirma la resolución que decretó el procesamiento y embargo de los bienes de los imputados pues la situación de necesidad invocada no justifica esa manera de actuar.

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2015.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor de L. M. R., G. E. V. y A. E. M. contra la resolución de la jueza que decretó el procesamiento y embargo de los bienes de sus asistidos.

Lo informado en sustento del recurso.

La memoria escrita presentada por el representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Y CONSIDERANDO:

Que lo resuelto se funda en la estimación de que los imputados habrí­an omitido depositar aportes destinados a la seguridad social retenidos del sueldo de los trabajadores de la sociedad anónima I. d. A.

Que el abogado defensor invocó un estado de necesidad por la crisis económica que atravesaba la empresa.

Que se encuentra admitido que los recibos de sueldo otorgados por los empleados de I. d. A. S.A. consignaban haberse practicado retenciones destinadas a la seguridad social.

Que la situación de necesidad invocada no justifica esa manera de actuar cuando las retenciones se verificaron durante más de quince meses, desde agosto y octubre de 2010 hasta marzo de 2012. No es lo mismo el remedio circunstancial frente a una emergencia que una polí­tica empresaria mantenida durante tanto tiempo (conf. fallos de la Sala "A» de este tribunal: "Migone Aguilar», Reg. 277/98; "Ind. Frigorí­ficas Nelson», Reg. 818/98; "Soprano», Reg. 855/00, entre otros). Las dificultades financieras o las carencias de dinero efectivo, y aún la propia falencia de la empresa, no alcanzan para comprobar el carácter necesario de ese comportamiento ("Legona S.A.», Reg. 666/99 de esta Sala "A»).

Que, por lo demás, la fundamentación del auto que dispone el procesamiento, aunque imprescindible, basta con que sea somera (conf. artí­culo 308 del Código Procesal Penal). Solo supone una estimación de la responsabilidad del imputado que no requiere más sustanciación que haberlo escuchado y evacuado brevemente las citas útiles que hubiera hecho (artí­culos 294, 304 y 306 del código citado). Esa estimación no es definitiva ni vinculante. El mismo juez puede revocarla posteriormente y el defensor tendrá oportunidad de pronunciarse si el fiscal requiere la elevación a juicio (conf. artí­culos 311 y 349 del mismo código).

Que en cuanto al importe por el que se ordena embargar los bienes de los procesados, con los elementos de juicio hasta ahora reunidos debe entenderse ajustado a lo que indica el artí­culo 518 del Código Procesal Penal de la Nación. Las objeciones a la determinación de ese monto solo pueden ser ponderadas con la sustanciación que requiere la ley procesal civil, conforme está previsto en los artí­culos 520 del Código Procesal Penal y 203 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Por lo que SE RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto ha sido materia de recurso. Con costas.

Regí­strese, notifí­quese, remí­tanse los autos principales al juzgado de origen y devuélvase.

EDMUNDO S. HENDLER

JUEZ DE CAMARA

NICANOR M. P. REPETTO

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS BONZON

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI

MARIA MARTA NOVATTI

SECRETARIA