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BOLETIN OFICIAL, 30 DE AGOSTO DE 2002 – LEY 25632 APROBACION DE LA CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL BUENOS AIRES, 1 DE AGOSTO DE 2002 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Artí­culo 1 ARTICULO 1º – Apruébase la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que consta de cuarenta y un (41) artí­culos, y sus protocolos complementarios A para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que consta de veinte (20) artí­culos, y B contra el tráfico ilí­cito de migrantes por tierra, mar y aire, que consta de veinticinco (25) artí­culos y cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.

Artí­culo 2 ARTICULO 2º – Comuní­quese al Poder Ejecutivo.

FIRMANTES CAMAÑO-MAQUEDA-Estrada-Oyarzún CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Artí­culo 1: Finalidad Artí­culo 1 El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Artí­culo 2: Definiciones Artí­culo 2 Para los fines de la presente Convención: a) Por «grupo delictivo organizado» se entenderá un grupo estructurado de tres o, más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material; b) Por «delito grave» se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave; c) Por «grupo estructurado» se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada; d) Por «bienes» se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; e) Por «producto del delito» se entenderá los bienes de cualquier í­ndole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito; f) Por «embargo preventivo» o «incautación» se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente. g) Por «decomiso» se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente; h) Por «delito determinante» se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artí­culo 6 de la presente Convención; i) Por «entrega vigilada» se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilí­citas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos; j) Por «organización regional de integración económica» se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los «Estados Parte» con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los lí­mites de su competencia.

Artí­culo 3: Ambito de aplicación Artí­culo 3 1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de: a) Los delitos tipificados con arreglo a los artí­culos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención; y b) Los delitos graves que se definen en el artí­culo 2 de la presente Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado 2. A los efectos del párrafo 1 del presente artí­culo, el delito será de carácter transnacional si: a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

Artí­culo 4: Protección de la soberaní­a Artí­culo 4 1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así­ como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Artí­culo 5: Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado Artí­culo 5 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra í­ndole que seanPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

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