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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIACese de prisión preventiva. Pedido de extradición. Solicitud de carácter de refugiado
Se confirma el rechazo del incidente de cese de prisión preventiva deducida por el encartado, ya que el proceso de extradición iniciado en su contra ya cuenta con sentencia firme que declara procedente el pedido, lo que hace presumir ineludiblemente que, en caso de recuperar su libertad, intentará eludir la acción de la justicia.
En la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 31 días del mes marzo de de 2016, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, la doctora Ana María Figueroa como Presidenta y los doctores Mariano H. Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en esta causa registrada bajo el n° FSM 32008946/2011/2/CFC2 caratulada «E., P. M. s/ recurso de casación», de cuyas constancias RESULTA:
I. Que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 2 resolvió, con fecha 26 de febrero de 2015, no hacer lugar al cese de prisión preventiva solicitado en favor de P. M. E. (fs. 62/71).
II. Que contra dicha decisión, interpuso recurso de casación la defensa particular del imputado (fs. 74/79), el que fue concedido a fs. 80/81.
III. Que el defensor particular sostuvo en su presentación, en primer lugar, que la resolución atacada resulta susceptible del recurso que interpone en los términos del art. 457 del C.P.P.N., por cuanto el rechazo a la libertad planteada constituye un gravamen de imposible reparación ulterior, máxime teniendo en cuenta que el estado de detención resulta irracional e injustificado dado que no existe sentencia condenatoria firme que posibilite tal estado de excepción.
Remarcó que «(…) el juzgado interventor en el presente eleva a la categoría de sentencia condenatoria y sus efectos a una sentencia de extradición a pesar que ambos institutos importan efectos completamente diferentes.»
Más adelante se refirió a las cuestiones planteadas, a saber: a) Prescripción de la acción; b) Derecho a ser juzgado en un plazo razonable; c) Racionalidad del tiempo de detención en prisión efectiva sin procesamiento ni sentencia condenatoria firme; d) Violación al derecho del detenido al acceso a un juez natural; e) Impedimento de acceder a la ley penitenciaria nacional y al régimen de progresividad así como también a todos los derechos que ese cuerpo normativo ofrece a todos los condenados; f) Imposibilidad de justificar la detención ilegal bajo los efectos de una sentencia de extradición; y g) Mantenimiento de la privación sin una sentencia condenatoria.
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