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DECRETO 1088/2001

COMERCIO EXTERIOR

Regí­menes antidumping y antisubsidios. Investigaciones por prácticas de comercio desleal. Tramitación. Agilización. Investigación. Solicitud de inicio y desarrollo. Determinaciones preliminares y finales. Compromisos. Retroactividad. Cobro de los derechos. Pequeñas y medianas empresas. Elusión. Vigencia

del 28/8/2001; publ. 30/8/2001

Visto la ley 24425 y el decreto reglamentario 1326 de fecha 10 de noviembre de 1998, y

Considerando:

Que mediante la ley 24425 fue aprobada el Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.).

Que asimismo, el referido Acuerdo de Marrakech aprobado mediante la ley 24425 , contiene en su anexo 1.A, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del art. VI del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

Que según lo dispuesto en los Acuerdos citados en el Considerando inmediato anterior corresponde aplicar lo normado en los mismos respecto a las revisiones de las investigaciones iniciadas al amparo de la ley 24425 , el decreto reglamentario 2121 de fecha 30 de noviembre de 1994 y el decreto 1326 de fecha 10 de noviembre de 1998.

Que mediante el decreto 1326 de fecha 10 de noviembre de 1998 se reglamentaron e implementaron normas destinadas a la efectiva aplicación de la ley 24425 .

Que resulta necesario agilizar la tramitación de las investigaciones por prácticas de comercio desleal llevadas a cabo conforme la normativa vigente.

Que en tal sentido resulta necesario establecer la fecha de entrada en vigencia de la presente norma como también definir los supuestos en que continuará vigente el decreto 1326/1998 .

Que la Dirección General de Asuntos Jurí­dicos del Ministerio de Economí­a ha tomado la intervención que le compete.

Que el Poder Ejecutivo nacional es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto en el art. 99 , inc. 2 de la Constitución Nacional.

Por ello,

El presidente de la Nación argentina decreta:

TÍTULO I:
DEFINICIONES

Art. 1.– Serán autoridades de aplicación de lo establecido por el presente, decreto, según las facultades que se le asignan en el mismo, las siguientes:

a) el Ministerio de Economí­a,

b) la Secretarí­a de Comercio del Ministerio de Economí­a,

c) la Subsecretarí­a de Gestión Comercial Externa dependiente de la Secretarí­a de Comercio del Ministerio de Economí­a, y

d) la Comisión Nacional de Comercio Exterior, organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretarí­a de Comercio del Ministerio de Economí­a.

Art. 2.– A los efectos del presente decreto, se entenderá por:

a) “Acuerdo sobre Dumping”, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del art. VI del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, incorporado por ley 24425 ,

b) “Acuerdo sobre Subvenciones”, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias del (GATT) de 1994, incorporado por ley 24425 ,

c) “el Ministerio”, el Ministerio de Economí­a,

d) “la Secretarí­a”, la Secretarí­a de Comercio,

e) “la Subsecretarí­a”, la Subsecretarí­a de Gestión Comercial Externa,

f) “la Comisión”, la Comisión Nacional de Comercio Exterior,

g) “dumping”, se considera que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro paí­s a un precio inferior al valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un paí­s a otro, sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el paí­s exportador,

h) “subvención”, es el beneficio que otorga un gobierno extranjero, a través de sus organismos públicos o, de una entidad privada, directa o indirectamente y en forma especí­fica para una/s determinada/s rama/s de producción nacional a efectos de favorecer su posición competitiva internacional,

i) “daño”, se entenderá como el daño importante causado a la rama de producción nacional, una amenaza de daño importante a la rama de producción nacional o un retraso importante en la creación de una rama de producción nacional,

j) “producto similar”, significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga caracterí­sticas muy parecidas a las del producto considerado.

TÍTULO II:
DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I:
DE LA SOLICITUD DE INICIO
DE LA INVESTIGACIÓN

Art. 3.– La solicitud de inicio de investigación por dumping o subvención deberá ser presentada por la rama de la producción nacional, o en nombre de ella, que se sienta afectada por el alegado dumping o subvención.

La solicitud será presentada siguiendo los lineamientos, requisitos y formalidades que a tal fin establezca la Secretarí­a, así­ como los establecidos en el art. 5 del Acuerdo sobre Dumping y el art. 11 del Acuerdo sobre Subvenciones, y deberá incluir pruebas razonablemente disponibles en poder del o los solicitantes sobre los siguientes aspectos:

a) el dumping o la subvención,

b) el daño, y

c) la relación causal entre ambos.

Asimismo el/los solicitante/s deberá/n justificar fehacientemente la representatividad invocada, conforme lo establecido en el art. 5 del Acuerdo sobre Dumping y art. 11 del Acuerdo sobre Subvenciones, acompañando a tal efecto, de ser posible, certificación de la correspondiente Asociación, Cámara, Federación o entidad empresaria que lo/s represente, relativa a su participación porcentual dentro de la rama de producción nacional que integra.

En forma previa a la presentación de los mismos, podrán solicitar asesoramiento sobre las formalidades requeridas, en el área de la Subsecretarí­a que a tal fin se determine. Dicho asesoramiento contará con la participación de la Comisión.

Art. 4.– No registrando la solicitud errores de forma u omisiones, o subsanados los mismos dentro del plazo de cinco (5) dí­as hábiles, la Subsecretarí­a comunicará la admisión de la solicitud, remitiendo copia de la misma a la Comisión, debiendo tal extremo notificarse al/los solicitante/s.

Art. 5.– La Subsecretarí­a analizará las pruebas presentadas con la solicitud y verificará si se cumple con los requisitos exigidos en el art. 3 del presente decreto, en cuyo caso procederá dentro del plazo de veinte (20) dí­as corridos, contados a partir de la comunicación de la admisión de la solicitud, a elevar su informe de recomendación de apertura de investigación a la Secretarí­a, para que ésta, dentro de los cinco (5) dí­as corridos, en caso de proceder, declare la apertura de la investigación. Al momento de efectuar su recomendación, la Subsecretarí­a evaluará las demás circunstancias atinentes a la polí­tica general de comercio exterior y al interés público, debiendo en cada caso, fundamentar dicha evaluación.

Art. 6.– La resolución de apertura de investigación contendrá los elementos necesarios que aseguren:

a) la correcta identificación del producto objeto de investigación,

b) el/los origen/es del mismo,

c) la existencia de un producto similar nacional,

d) el perí­odo investigado según lo dispuesto en el art. 12 del presente decreto,

e) la base de la alegación de dumping formulada en la solicitud que debe investigarse o una descripción de la práctica de subvención que debe investigarse,

f) un resumen de los factores en los que se basa la alegación del daño,

g) la relación de causalidad,

h) la fecha a partir de la cual entrará en vigor la resolución en cuestión,

i) la invitación a todas las partes, que acrediten un interés legí­timo en la investigación, a presentar todas las pruebas que consideren pertinentes,

j) las direcciones a las cuales han de dirigirse dichas presentaciones,

k) las correspondientes instrucciones a la Dirección General de Aduanas, y

l) demás requisitos establecidos en el art. 5 del Acuerdo sobre Dumping y art. 11 del Acuerdo sobre Subvenciones.

Art. 7.– En el supuesto de declararse la improcedencia de la apertura de investigación, la Secretarí­a notificará dicha decisión al/los solicitante/s, la que deberá contener las razones de hecho y de derecho que motivaron dicha decisión.

Art. 8.– En los supuestos de pedidos de investigación por prácticas de dumping, la Subsecretarí­a notificará al representante del Gobierno/s del/los paí­s/es exportador/es involucrado/s, la decisión de la Secretarí­a de proceder a la apertura de la investigación. En el supuesto de tratarse de una solicitud de investigación relativa a subvenciones, después de recibir la solicitud y antes de proceder a la apertura de la investigación, la Subsecretarí­a notificará al Gobierno del paí­s de origen o de exportación interesado a los fines previstos en el art. 13 del Acuerdo sobre Subvenciones.

Art. 9.– La Subsecretarí­a notificará con la mayor brevedad la resolución de la apertura de investigación al peticionante y demás partes de cuyo interés se tenga conocimiento en función de los antecedentes obrantes en las actuaciones, incluyendo productores, exportadores e importadores del producto objeto de la investigación.

Respetando la confidencialidad de la información, se facilitará a los exportadores conocidos y a las autoridades del paí­s exportador, el texto completo de la versión no confidencial de la solicitud presentada de conformidad con el art. 3 del presente decreto y la ley 24425 , el cual también se pondrá a disposición de las restantes partes interesadas a petición de las mismas. Cuando el número de exportadores implicados sea particularmente elevado, el texto completo de la solicitud sólo será facilitado a las autoridades del paí­s exportador.

Art. 10.– El solicitante podrá, antes de la apertura de la investigación, informar su decisión de no mantener la solicitud presentada, en cuyo caso la misma se tendrá por desistida, en los términos previstos en el art. 67 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/1972 t.o. 1991.

Art. 11.– La secretarí­a podrá proceder a la apertura de oficio cuando posea pruebas suficientes para presumir, bajo las disposiciones del Acuerdo sobre Dumping, del Acuerdo sobre Subvenciones y del presente decreto, la existencia de dumping o subvención, daño y la relación de causalidad entre ambos. Previo a tal resolución, deberá solicitar a la Subsecretarí­a la emisión del informe al que hace referencia el art. 5 del presente decreto.

CAPÍTULO II:
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Art. 12.– El perí­odo de recopilación de datos para la determinación de dumping o subvenciones será el correspondiente a los doce (12) meses previos a la apertura de investigación. Para el caso que se considere apropiado para el análisis un perí­odo menor, el plazo mencionado podrá reducirse hasta un mí­nimo de seis (6) meses. El perí­odo de recopilación de datos para la determinación del daño será el correspondiente a tres (3) años completos y meses disponibles del año en curso, anteriores al mes de apertura de investigación. Todo ello, sin perjuicio de que la subsecretarí­a y la comisión puedan solicitar información respecto de un perí­odo de tiempo mayor, o menor, según las circunstancias del caso.

Art. 13.– Resuelta la apertura de investigación y en cualquier etapa de la misma, la subsecretarí­a y la comisión podrán requerir toda la información necesaria para su substanciación, mediante el enví­o de cuestionarios a los productores, exportadores, importadores, usuarios y/o consumidores, quienes deberán aportar la prueba de que intenten valerse.

Las respuestas a los cuestionarios, juntamente con la documentación respaldatoria de los mismos, deberán ser remitidos a la subsecretarí­a y/o a la comisión dentro de los treinta (30) dí­as corridos contados desde la fecha de su recepción por parte del interesado.

Cuando no exista constancia fehaciente de la fecha de recepción de los cuestionarios, éstos se considerarán recibidos una semana después de la fecha en que hayan sido enviados al destinatario o transmitidos al representante diplomático competente del paí­s exportador o, en el caso de un territorio aduanero distinto, a un representante oficial del territorio exportador.

La subsecretarí­a y/o la comisión podrán, a pedido de parte, otorgar prórrogas al plazo previsto para la presentación de información, teniendo en cuenta los plazos de investigación, y siempre que la parte solicitante justifique adecuadamente las circunstancias particulares que concurren para dicha prórroga.

En la remisión de los cuestionarios a los interesados, deberá dejarse expresa constancia que, en el supuesto de no obtenerse respuesta a los mismos, revestir ésta carácter parcial, o no ajustarse la respuesta a los términos solicitados, la autoridad de aplicación utilizará la mejor información disponible. Respecto del término “mejor información disponible”, se aplicará lo establecido en la ley 24425 y en el presente decreto.

Art. 14.– Cuando exista un número importante de solicitantes, exportadores o importadores, la investigación podrá limitarse a un número representativo de partes interesadas, utilizando muestras que sean estadí­sticamente válidas sobre la base de la información que se disponga al momento de efectuarse la selección.

No obstante lo señalado en el párrafo, anterior, podrá calcularse el margen de dumping a todo exportador no seleccionado inicialmente que presente la información necesaria y en los plazos establecidos en el presente decreto.

Art. 15.– Recibidos los cuestionarios, la subsecretarí­a y la comisión procederán a su revisión y, en caso de ser necesario, solicitarán que se efectúen las aclaraciones que correspondan, las que deberán ser contestadas dentro del plazo máximo de diez (10) dí­as corridos.

Estas aclaraciones y/o correcciones, como también las pruebas que fueren recibidas con posterioridad a la fecha establecida como lí­mite y las respuestas a los cuestionarios presentadas dentro del plazo de prórroga, que no hayan podido ser consideradas para la determinación preliminar, podrán ser consideradas, de corresponder, con posterioridad a dicha determinación.

Art. 16.– Las partes interesadas podrán aportar pruebas con relación a la investigación, respecto de dumping o subvención hasta sesenta (60) dí­as previos a la determinación final de la Subsecretarí­a y respecto del daño y la relación de causalidad hasta sesenta (60) dí­as previos a la determinación final de la Comisión. Declarada la clausura del perí­odo probatorio, y luego de producidas las audiencias a que se refiere el art. 17 del presente decreto, la subsecretarí­a y la comisión informaran sobre los hechos esenciales considerados, que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas finales, los que serán puestos a disposición de las partes por un plazo de cinco (5) dí­as hábiles a fin de que puedan defender sus intereses.

El plazo de presentación de los alegatos finales será de cinco (5) dí­as hábiles contados a partir del dí­a hábil siguiente al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. Las manifestaciones posteriores no serán tenidas en cuenta.

Transcurrido el plazo para la presentación de los alegatos finales, concluirá la instrucción del procedimiento.

Art. 17.– Después de cada determinación preliminar y antes de la emisión de las determinaciones definitivas de dumping o subvención y daño y causalidad, la Comisión y la Subsecretarí­a convocarán a una audiencia pública a fin de que las partes interesadas puedan exponer sus posiciones, requerir aclaraciones y contestar las preguntas que les sean formuladas por la autoridad de aplicación.

En casos excepcionales, la subsecretarí­a o la comisión podrán convocar a audiencias privadas, en cuyo caso deberán fundamentar dicho carácter.

En el caso de la comisión, dicha decisión deberá ser adoptada por unanimidad del Directorio.

La subsecretarí­a y la comisión, en el ámbito de sus competencias, dispondrán el procedimiento y plazos de convocatoria, como también los plazos para que las partes se acrediten y manifiesten su voluntad de participar en las mismas.

Art. 18.– La subsecretarí­a y la comisión podrán efectuar en el ámbito de sus respectivas competencias, una vez resuelta la apertura de la investigación, investigaciones “in situ” en el paí­s o en el extranjero a los efectos de corroborar la exactitud de la información suministrada por una parte.

La subsecretarí­a y la comisión, a los efectos de las investigaciones “in situ”, deberán dar aviso a la parte que se trate con no menos de diez (10) dí­as corridos de anticipación, indicando la naturaleza general de la información a verificar, así­ como si resultará necesario recabar información adicional.

Luego de terminada la investigación “in situ”, se levantará acta de lo actuado, que se incorporará a las actuaciones. El acta deberá ser suscrita por la parte investigada “in situ” o su representante legal y el/los funcionario/s interviniente/s, debiéndose entregar copia a solicitud de dicha parte. La misma tendrá cinco (5) dí­as hábiles para presentar la información complementaria que en la ocasión se le hubiera solicitado.

Cuando la parte investigada alegare que determinada información reviste carácter confidencial, el funcionario a cargo del procedimiento resolverá sobre el trato de confidencialidad “ad referéndum” de la declaración que posteriormente efectúe la autoridad competente. En caso de no hacerse lugar al pedido de confidencialidad, la parte investigada podrá retirar tal información.

Art. 19.– Las partes podrán solicitar el tratamiento confidencial de la información presentada. La subsecretarí­a y la comisión resolverán, en el ámbito de sus respectivas competencias, en un plazo no mayor de cinco (5) dí­as hábiles contados desde el momento en que se encontraren reunidos todos los requisitos que permitan efectuar un acabado análisis de la solicitud. Los mencionados requisitos incluirán la justificación de dicha solicitud, como también los resúmenes no confidenciales de la información para la cual se lo solicita, o la explicación de los motivos que le impiden presentar los mencionados resúmenes.

Cuando la subsecretarí­a o la comisión se expidan a favor de la confidencialidad de la información, las páginas pertinentes se desglosarán de las actuaciones y su acceso se limitará, exclusivamente, a los funcionarios asignados a la investigación.

Cuando no se facilite un resumen satisfactorio o no se expongan razones convincentes de la imposibilidad de facilitar dicho resumen, no se tendrá en cuenta dicha información, poniéndose la misma, a disposición de la parte interesada.

Art. 20.– Cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos en el presente decreto, u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o finales, positivas o negativas, sobre la base de la información disponible. Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha suministrado información falsa o engañosa, se tomará la misma como tal y se podrán utilizar los datos de que se disponga.

Cuando una parte interesada no coopere con la investigación o sólo lo haga parcialmente, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado.

No obstante lo establecido precedentemente, aunque la información presentada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, no deberá descartarse, siempre que las deficiencias no sean tales que impidan llegar a conclusiones razonablemente precisas y siempre que dicha información haya sido presentada dentro de los plazos establecidos en el presente decreto, sea verificable y la parte interesada la haya elaborado lo mejor posible, de conformidad con lo establecido en la ley 24425 .

Se comunicará a las partes interesadas los motivos por los cuales no se utilizará determinada información.

CAPÍTULO III:
DETERMINACIONES PRELIMINARES

Art. 21.– La Subsecretarí­a a más tardar a los sesenta (60) dí­as corridos contados desde la apertura de la investigación, procederá a emitir una determinación preliminar de existencia de dumping o subvención, con los elementos de prueba disponibles en esa etapa. Si la determinación fuera afirmativa, remitirá copia de su informe a la Comisión.

Si la Subsecretarí­a emitiera una determinación de existencia de dumping o subvenciones, comunicará tal circunstancia a la Secretarí­a, la que de considerarlo procedente, dispondrá el cierre de la investigación y el archivo de las actuaciones.

Art. 22.– La Comisión, a más tardar a los sesenta y cinco (65) dí­as corridos de haberse dispuesto la apertura de la investigación, formulará una determinación preliminar de daño a la producción nacional causado por las importaciones objeto de la investigación, con los elementos de pruebas disponibles en esa etapa, junto con el informe de relación de causalidad. Asimismo, deberá proponer las medidas provisionales que fueren pertinentes para paliar el daño, indicando la metodologí­a utilizada para el cálculo de las mismas.

Dicho informe deberá ser remitido a la Subsecretarí­a.

Si la determinación de la Comisión fuera negativa, una vez recibida la comunicación de dicha circunstancia, la Subsecretarí­a procederá a elevar las actuaciones a la Secretarí­a para que ésta, de considerarlo procedente, disponga el cierre de la investigación y el archivo de las actuaciones.

Art. 23.– La Subsecretarí­a, en un plazo de cinco (5) dí­as corridos contados desde la recepción del informe de la Comisión, elevará a la Secretarí­a su recomendación de aplicación o no de derechos provisionales, teniendo en cuenta las demás circunstancias atinentes a la polí­tica general de comercio exterior y al interés público, debiendo en cada caso, fundamentar dicha evaluación.

La Secretarí­a, dentro de un plazo de diez (10) dí­as corridos, elevará su recomendación al Ministro de Economí­a el que, dentro de un plazo de diez (10) dí­as corridos, deberá resolver acerca de la procedencia de la adopción de medidas provisionales.

Si la subsecretarí­a o la comisión no contaran con elementos suficientes para expedirse en esta etapa de la investigación, se continuará con la misma hasta el dictado de la determinación final, debiendo notificarse tal circunstancia al peticionante y demás partes interesadas.

Art. 24.– La resolución que imponga medidas provisionales deberá contener:

a) los nombres de los productores/exportadores o, cuando esto no sea factible, de los paí­ses abastecedores de que se trate,

b) una descripción del producto aplicable aduaneramente,

c) los márgenes de dumping establecidos o la cuantí­a establecida de la subvención,

d) las consideraciones relacionadas con la determinación de la existencia de daño y causalidad,

e) las principales razones en que se basa la determinación preliminar,

f) la forma de cuantificación de las medidas provisionales,

g) las pertinentes instrucciones a la Dirección General de Aduanas, y

h) la fecha de su entrada en vigor, y demás elementos establecidos en la normativa vigente.

Art. 25.– La Subsecretarí­a comunicará a todas las partes interesadas la adopción de medidas provisionales a más tardar dentro de los cinco (5) dí­as hábiles siguientes a la publicación del acto en el Boletí­n Oficial.

Art. 26.– Cuando el Ministro de Economí­a, decida no aplicar medidas provisionales, conforme lo dispuesto en el art. 23 del presente decreto, se deberá notificar tal circunstancia al peticionante y demás partes interesadas, indicando las razones de hecho y de derecho en las que la Autoridad basó sus conclusiones.

CAPÍTULO IV:
DETERMINACIONES FINALES

Art. 27.– La Subsecretarí­a, dentro de los ciento ochenta (180) dí­as corridos posteriores a la apertura de la investigación, formulará una determinación final de dumping o subvención, e informará a la Secretarí­a sobre la existencia de dumping o subvenciones comunicando, asimismo, sus conclusiones a la Comisión.

Cuando razones de complejidad técnica requieran un análisis mayor, la Subsecretarí­a podrá solicitar a la Secretarí­a, la extensión del plazo mencionado en el párrafo anterior, por un perí­odo no mayor de cuarenta (40) dí­as corridos.

Si la determinación final de la Subsecretarí­a fuera negativa, la Secretarí­a, de considerarlo procedente, dispondrá el cierre de la investigación y el archivo de las actuaciones.

Art. 28.– La Comisión, dentro del plazo de doscientos (200) dí­as corridos desde la apertura de la investigación, procederá a formular su determinación final de daño a la rama de producción nacional causado por las importaciones objeto de la investigación y de relación de causalidad entre éste y el dumping o la subvención, remitiendo copia de dicho, informe a la Subsecretarí­a. Asimismo, junto con el informe de daño y relación de causalidad, deberá proponer las medidas finales que fueren pertinentes para paliar el daño, indicando la metodologí­a utilizada para el cálculo de las mismas.

Cuando razones de complejidad técnica requieran un análisis mayor, la Comisión podrá solicitar a la Secretarí­a la extensión del plazo mencionado en el párrafo anterior, por un perí­odo no mayor de cuarenta (40) dí­as corridos.

Cuando la Subsecretarí­a hiciera uso del perí­odo adicional previsto en el art. 27 del presente decreto, la Comisión formulará su determinación final de daño y de relación de causalidad dentro de un plazo no mayor de doscientos cuarenta (240) dí­as corridos.

Una vez recibido el informe de la Comisión, la Subsecretarí­a en un plazo de diez (10) dí­as corridos, elevará a la Secretarí­a un informe de recomendación de aplicación o no de derechos antidumping o compensatorios, considerando las demás circunstancias atinentes a la polí­tica general de comercio exterior y al interés público, debiendo en cada caso, fundamentar dicha evaluación.

La Secretarí­a de Comercio, en un plazo de diez (10) dí­as corridos, se expedirá sobre la procedencia o no de la aplicación de una medida final, elevando la cuestión a consideración del Ministro de Economí­a.

El Ministro de Economí­a, en un plazo de diez (10) dí­as corridos resolverá al respecto y consecuentemente dictará la resolución final estableciendo o denegando la aplicación de derechos antidumping o compensatorios.

Si la determinación de la Comisión fuera negativa, una vez recibida la comunicación de dicha circunstancia, la Subsecretarí­a procederá a elevar las actuaciones a la Secretarí­a para que ésta, de considerarlo procedente, disponga el cierre de la investigación y el archivo de las actuaciones.

Art. 29.– Las resoluciones que impongan medidas finales deberán contener toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de tales medidas, siguiendo los lineamientos establecidos en el art. 24 del presente decreto. Asimismo, deberá especificar también si las garantí­as constituidas durante la vigencia de derechos provisionales deben ser ejecutadas o liberadas.

Art. 30.– La Subsecretarí­a comunicará a todas las partes interesadas la adopción o no de medidas finales dentro de los cinco (5) dí­as hábiles siguientes a la publicación del acto en el Boletí­n Oficial.

Art. 31.– Cuando la vigencia de las medidas provisionales se hubiera establecido por un plazo mayor de cuatro (4) meses por haber concurrido alguna de las circunstancias previstas en el art. 7.4 del Acuerdo sobre Dumping, los plazos para las determinaciones finales de la subsecretarí­a y la comisión podrán ampliarse a doscientos cuarenta (240) y doscientos sesenta (260) dí­as corridos, respectivamente. En este supuesto, la Subsecretarí­a, y por lo tanto la Comisión, no harán uso del plazo adicional establecido en el art. 27 del presente decreto.

La investigación deberá completarse, normalmente, dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su inicio.

CAPÍTULO V:
COMPROMISOS

Art. 32.– El Ministro de Economí­a podrá suspender o dar por terminadas las investigaciones sin imposición de medidas provisionales o finales, si aprobase los ofrecimientos de compromisos voluntarios presentados conforme lo dispuesto en los arts. 8.4 del Acuerdo sobre Dumping y 18.4 del Acuerdo sobre Subvenciones y el presente decreto.

Art. 33.– El ofrecimiento de compromiso deberá presentarse con posterioridad a una determinación preliminar positiva de dumping o subvención, daño y de relación de causalidad, ante la Subsecretarí­a la que deberá remitir copia de dicha presentación a la Comisión.

La subsecretarí­a y la comisión dispondrán de treinta (30) dí­as corridos desde la presentación a que hace referencia el párrafo anterior, para producir los informes en el ámbito de sus respectivas competencias.

La Subsecretarí­a, una vez recibido el informe de la Comisión, dentro de un plazo de cinco (5) dí­as corridos, elevará su recomendación de aceptación o no del compromiso presentado, teniendo en cuenta las demás circunstancias de polí­tica comercial externa y el interés público, debiendo en cada caso, fundamentar dicha evaluación.

La Secretarí­a dispondrá de diez (10) dí­as corridos contados desde la recepción de los informes referidos anteriormente, para pronunciarse sobre la aceptación o no del mismo remitiendo sus conclusiones al Ministro de Economí­a.

El Ministro de Economí­a dispondrá de diez (10) dí­as corridos para resolver sobre la aceptación o no del compromiso, quedando suspendidos los plazos procedimentales de la investigación para las empresas que ofrecen el mismo, procediendo luego a dictar la resolución correspondiente.

La subsecretarí­a y la comisión podrán solicitar, en caso de ser necesario, las aclaraciones que correspondan, dentro del plazo de cinco (5) dí­as corridos posteriores a la recepción del compromiso, las que deberán ser contestadas en un plazo de diez (10) dí­as corridos.

Art. 34.– La resolución de suspensión o conclusión de una investigación por aceptación de un compromiso deberá contener toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la aceptación del mismo.

Art. 35.– La Subsecretarí­a notificará, con la mayor brevedad, al exportador que hubiese propuesto el compromiso la resolución de aceptación o rechazo del mismo, dentro del plazo máximo de cinco (5) dí­as hábiles contados desde la publicación en el Boletí­n Oficial, de la resolución de aceptación o rechazo del mismo.

Art. 36.– La Secretarí­a, a propuesta de la Subsecretarí­a o de la Comisión, podrá sugerir compromisos, pero no se obligará a ningún exportador a aceptarlos. Asimismo, en función de las conclusiones arribadas por la subsecretarí­a y la comisión, podrá solicitar a los exportadores que modifiquen las propuestas presentadas, a efectos de considerar la viabilidad de las mismas.

CAPÍTULO VI:
RETROACTIVIDAD

Art. 37.– Sólo se aplicarán medidas provisionales o finales después de la fecha de entrada en vigencia de la decisión adoptada de conformidad con lo establecido en el presente decreto, con las excepciones que se indican en el presente artí­culo.

Cuando se hayan aplicado medidas provisionales y la Comisión efectuó una determinación final positiva de existencia de daño y causalidad y la Subsecretarí­a hizo lo propio con el dumping o la subvención, esta última decidirá en qué medida se percibirá definitivamente el derecho provisional.

No procederá esta decisión cuando la Comisión haya determinado en forma definitiva la existencia de amenaza de daño y causalidad, salvo que establezca que la amenaza se hubiera transformado en daño de no haberse aplicado las medidas provisionales.

En todos los demás casos en que la Comisión se haya expedido definitivamente sobre la existencia de amenaza de daño y causalidad, deberán liberarse las garantí­as establecidas y se aplicarán medidas finales con posterioridad a la fecha de dicha determinación.

Art. 38.– Si la medida final es superior a la provisional, la diferencia no será exigida. En el supuesto que la medida final sea inferior a la provisional, se devolverá la diferencia o se calculará nuevamente el derecho. Cuando la determinación final fuera negativa, la medida provisional no será confirmada.

Art. 39.– Podrá percibirse un derecho final sobre los productos declarados a consumo, noventa (90) dí­as como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, pero no con anterioridad a la apertura de la investigación, cuando:

a) la Subsecretarí­a determine que existen antecedentes de dumping o el importador conocí­a o debí­a haber sabido que el exportador practicaba dumping y que éste causarí­a daño, y

b) la Comisión determine que además del nivel de las importaciones que causaron el daño durante el perí­odo investigado, existe un aumento sustancial de las mismas que, debido al momento en que se realizaron, el volumen y otras circunstancias, tales como una rápida acumulación de existencias del producto importado, probablemente socaven el efecto reparador de la medida que se aplique.

Estas determinaciones se efectuarán junto con las determinaciones finales, conforme lo establecido en el cap. IV del tí­t. II del presente decreto.

El informe de recomendación de aplicación o no de medidas finales elaborado por la Subsecretarí­a, deberá contener además la recomendación de aplicación retroactiva o no de derechos.

La Secretarí­a, se expedirá sobre la procedencia o no de la aplicación retroactiva de una medida final, elevando la cuestión a consideración del Ministro de Economí­a, quien se expedirá al respecto y consecuentemente dictará una resolución estableciendo o denegando la aplicación retroactiva de derechos antidumping o compensatorios.

CAPÍTULO VII:
COBRO DE LOS DERECHOS

Art. 40.– A los efectos del presente capí­tulo, la expresión “derecho antidumping” y “derecho compensatorio” significa un monto en dinero igual al margen de dumping o monto de la subvención, respectivamente, determinados preliminar o definitivamente, aplicados con el fin de neutralizar el dumping o la subvención.

Art. 41.– El derecho antidumping o compensatorio, provisional o final, podrá consistir en un derecho ad valorem o un derecho especí­fico, fijo o variable, o una combinación de ambos o a través de la fijación de Valores Mí­nimos de exportación FOB.

Art. 42.– La cuantí­a del derecho antidumping o compensatorio se fijará en forma retrospectiva y no deberá exceder el margen de dumping o el monto de la subvención determinado como resultado de una investigación.

Art. 43.– Los derechos antidumping y compensatorios, se aplican en adición a todos los demás tributos vigentes respecto de la importación considerada, los cuales continuarán rigiéndose por su respectivo régimen legal. Se regirán supletoriamente por las normas aplicables a los derechos de importación.

Art. 44.– Ningún producto originario de un mismo paí­s, importado a la República Argentina, podrá estar gravado con derechos antidumping y compensatorios simultáneamente, destinados a remediar una misma situación resultante del dumping o de las subvenciones a la exportación.

Art. 45.– La Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economí­a deberá producir, luego de publicada en el Boletí­n Oficial la resolución dictada por el Ministro de Economí­a, las instrucciones necesarias a los efectos de que se proceda al cobro del derecho antidumping o compensatorio correspondiente, en concordancia con lo resuelto en cada caso por la Autoridad de Aplicación.

Art. 46.– La Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economí­a, deberá informar mensualmente a la Subsecretarí­a los volúmenes y los valores de las importaciones sujetas a derechos antidumping y compensatorios, desagregados por origen y montos de los derechos percibidos, así­ como los nombres de los importadores y exportadores.

Art. 47.– Conforme lo establecido en el art. 42 del presente decreto, a fin de establecer el margen real de dumping o el monto de la subvención, se podrá examinar, a solicitud de parte, toda resolución por la cual se estableció una medida final, siempre que haya transcurrido un (1) año de la fijación de la misma, o de la última revisión.

A estos efectos, la Secretarí­a publicará en el Boletí­n Oficial por el término de un (1) dí­a la fecha a partir de la cual se puede presentar la solicitud de revisión anual, con dos (2) meses de anticipación, y notificará a las partes interesadas.

La solicitud de examen deberá presentarse ante la Subsecretarí­a durante los quince (15) primeros dí­as del mes aniversario de cada perí­odo anual de la entrada en vigencia de la medida establecida, conteniendo una exposición detallada de los motivos de la solicitud.

El pedido de revisión se hará ante la Subsecretarí­a, la que remitirá para ser completados por los importadores y/o exportadores involucrados los cuestionarios que apruebe a tal efecto.

La Subsecretarí­a tendrá doscientos setenta (270) dí­as corridos desde la presentación del pedido de revisión para efectuar una determinación del margen de dumping o de la subvención correspondiente al perí­odo en revisión, remitiendo sus conclusiones a la Secretarí­a.

La Secretarí­a, dentro de los diez (10) dí­as corridos, elevará su decisión al Ministro de Economí­a para que, dentro de los diez (10) dí­as, corridos, dicte resolución aplicando derechos antidumping o compensatorios por el nivel de dumping o subvención hallados por la Subsecretarí­a.

Art. 48.– Si ninguna de las partes interesadas pidiera la revisión anual en los plazos previstos, la medida establecida será considerada definitiva para ese perí­odo, manteniéndose la vigencia de la misma para el siguiente perí­odo anual.

Art. 49.– En los casos y condiciones previstas en el art. 9.5 del Acuerdo sobre Dumping, cualquier exportador o productor del paí­s exportador que hubiere exportado al territorio aduanero durante un (1) año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la medida antidumping, podrá solicitar la determinación de un margen individual de dumping. Para ello deberá presentar ante la Subsecretarí­a la información necesaria a tal fin.

La Subsecretarí­a informará a la Secretarí­a dentro de los noventa (90) dí­as corridos siguientes a la recepción de la solicitud, quien deberá elevar sus conclusiones al Ministro de Economí­a dentro de los diez (10) dí­as corridos posteriores a la recepción del informe. El Ministro de Economí­a se expedirá dentro de los diez (10) dí­as corridos posteriores. Se aplicará en lo pertinente el procedimiento establecido para la investigación por el presente decreto.

CAPÍTULO VIII:
DURACIÓN Y EXAMEN DE LAS MEDIDAS
Y COMPROMISOS

Art. 50.– Todo derecho antidumping o compensatorio definitivo sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesaria para contrarrestar el dumping o la subvención que esté causando daño. Sin embargo, no podrán durar más de cinco (5) años contados desde la fecha de su imposición, o desde la fecha del último examen, cuando el mismo hubiese abarcado un análisis, global del dumping o subvención y del daño y la relación de causalidad.

EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

Art. 51.– Se podrá examinar toda resolución por la cual se impuso una medida final, o toda resolución por la cual se aprobó un compromiso siempre que haya transcurrido un (1) año de la fijación de dicha medida final, o de la última revisión, o de la aprobación del compromiso.

El examen podrá abarcar la necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping o la subvención, o la posibilidad de que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos conjuntamente. Si como consecuencia del examen realizado se determinase que el derecho antidumping o compensatorio resulta injustificado, el mismo deberá ser dejado sin efecto.

Art. 52.– Las partes interesadas podrán solicitar la revisión por cambio de circunstancias luego del primer año de vigencia de los derechos antidumping y compensatorios conforme el art. 11.2 del Acuerdo sobre Dumping y el art. 21.2 del Acuerdo sobre Subvenciones.

La revisión por cambio de circunstancias, podrá ser solicitada por las partes interesadas, quienes deberán acompañar las pruebas de que intenten valerse ante la Subsecretarí­a que, a su vez, remitirá copia a la Comisión.

Dentro de los veinte (20) dí­as corridos de efectuada la presentación, la Subsecretarí­a deberá elevar su informe de recomendación de apertura del examen a la Secretarí­a.

La Secretarí­a, dentro de los cinco (5) dí­as corridos posteriores deberá remitir su conclusión respecto de la procedencia o no de inicio del examen al Ministro de Economí­a quien se expedirá en un plazo de cinco (5) dí­as corridos.

Iniciado el examen de la medida vigente, se llevará a cabo una investigación en la que la Subsecretarí­a emitirá su informe sobre el dumping o la subvención en un plazo de ciento veinte (120) dí­as corridos, remitiendo copia del mismo a la Comisión para que se expida sobre el daño y la relación de causalidad en un plazo de ciento cuarenta (140) dí­as corridos desde el inicio del examen, remitiendo copia del mismo a la Subsecretarí­a.

La Subsecretarí­a, una vez recibido el informe de la Comisión y dentro del plazo de diez (10) dí­as corridos elevará a la Secretarí­a su recomendación, evaluando las demás circunstancias atinentes a la polí­tica general de comercio exterior y al interés público, debiendo en cada caso, fundamentar dicha evaluación. La Secretarí­a, dentro de los diez (10) dí­as corridos posteriores a la recepción del informe mencionado precedentemente remitirá su conclusión al Ministro de Economí­a, quien se expedirá en un plazo de diez (10) dí­as corridos. El examen por cambio de circunstancia se realizará normalmente dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su iniciación.

EXAMEN DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL DERECHO
ANTIDUMPING O COMPENSATORIO

Art. 53.– El examen por expiración del plazo de vigencia del derecho antidumping o compensatorio versará tanto sobre el dumping o la subvención como sobre el daño y la relación de causalidad.

Se publicará en el Boletí­n Oficial un anuncio sobre la próxima expiración del derecho antidumping o compensatorio, en el primer semestre del último año del perí­odo de aplicación de los mencionados derechos.

Art. 54.– La petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional podrá solicitar el examen del derecho definitivo con una antelación de hasta tres (3) meses antes del vencimiento mencionado.

Dentro de los veinte (20) dí­as corridos de efectuada la presentación, la Subsecretarí­a deberá elevar su informe de recomendación de apertura del examen a la Secretarí­a.

La Secretarí­a, dentro de los cinco (5) dí­as corridos posteriores deberá remitir su conclusión respecto de la procedencia o no del inicio del examen al Ministro de Economí­a quien se expedirá en un plazo de cinco (5) dí­as corridos. En caso de proceder a la apertura del examen, el Ministro de Economí­a establecerá la prórroga del derecho vigente hasta tanto se concluya con dicho examen.

Iniciado el examen de la medida vigente, se llevará a cabo una investigación en la que la Subsecretarí­a emitirá su informe sobre el dumping en un plazo de ciento veinte (120) dí­as corridos contados desde el inicio del examen, remitiendo copia del mismo a la Comisión.

La Comisión, en un plazo de ciento cuarenta (140) dí­as corridos contados desde el inicio del examen, emitirá su informe de daño y de relación de causalidad, remitiendo copia del mismo a la Subsecretarí­a.

La Subsecretarí­a, una vez recibido el informe de la Comisión y dentro del plazo de diez (10) dí­as corridos elevará a la Secretarí­a la recomendación de suprimir o mantener el derecho vigente, evaluando las demás circunstancias atinentes a la polí­tica general de comercio exterior y al interés público, debiendo en cada caso, fundamentar dicha evaluación.

La Secretarí­a, dentro de los diez (10) dí­as corridos posteriores a la recepción del informe mencionado precedentemente remitirá su conclusión al Ministro de Economí­a quien se expedirá en un plazo de diez (10) dí­as corridos.

El examen por vencimiento del plazo de vigencia del Derecho Antidumping o Compensatorio se realizará normalmente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su iniciación.

CAPÍTULO IX:
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS –PYMES–

Art. 55.– La subsecretarí­a y la comisión proveerán un servicio especializado para PyMEs.

Las funciones inherentes al servicio de información especializado para PyMEs consistirán en:

a) colaborar en la búsqueda de la información necesaria para la determinación de los extremos formales previstos en la legislación para proceder a la apertura de la investigación, y

b) facilitar el acceso de las PyMEs a los datos del mercado interno del paí­s de origen o de exportación requerido para la determinación del valor normal a través de las Secciones Económicas y Comerciales dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Art. 56.– A los efectos de lo estipulado en el presente capí­tulo se considerarán como PyMEs aquellas que encuadren en las disposiciones de la ley 25300 .

CAPÍTULO X:
ELUSIÓN

Art. 57.– Se entenderá que se está eludiendo una medida en vigor cuando:

a) se exporten partes y/o piezas del producto investigado hacia la República Argentina, de cuyo montaje derive un producto similar al investigado, o

b) se exporte hacia la República Argentina un producto similar al investigado, el cual resulte del ensamble u otra operación efectuada en un tercer paí­s, de partes y/o piezas del producto investigado, o

c) se despliegue cualquier otra práctica que tienda a burlar los efectos correctores de la medida aplicada, revistiendo en todos los casos un cambio de caracterí­sticas del comercio entre terceros paí­ses y la República Argentina, derivado de una práctica, proceso o trabajo para los cuales no exista una causa o una justificación económica adecuada distinta de la imposición del derecho.

Art. 58.– El tratamiento de las prácticas elusivas se desarrollará teniendo como base los principales antecedentes reunidos en la investigación cuya medida se elude, en el cual se dará intervención a las partes interesadas en el mismo.

Art. 59.– El análisis de la existencia de prácticas elusivas podrá ser realizado de oficio o a pedido de parte por la Subsecretarí­a con intervención de la Comisión y, en caso de corresponder, demás organismos competentes.

Art. 60.– Formado el incidente, la Subsecretarí­a remitirá copia a la Comisión, para que en el plazo de treinta (30) dí­as corridos, se expida en el marco de su competencia.

Art. 61.– La Subsecretarí­a, sobre la base del informe de la Comisión y demás diligencias efectuadas al efecto, emitirá y elevará su recomendación a la Secretarí­a, en un plazo de cinco (5) dí­as contados a partir de la recepción del informe de la Comisión, para su conocimiento y consideración, elevando su recomendación al Ministro de Economí­a en un plazo de cinco (5) dí­as corridos.

Art. 62.– El Ministro de Economí­a, en el plazo de cinco (5) dí­as corridos resolverá en tales casos si corresponde ampliar los derechos antidumping a aplicarse a las importaciones de productos similares o a partes de los mismos, procedentes del mismo origen investigado o terceros orí­genes, según sea el caso.

Art. 63.– En aquellos casos de elusión que revistan particular complicación, los plazos previstos podrán ser prorrogados con la conformidad de la Secretarí­a.

Art. 64.– El Ministro de Economí­a, una vez recibido el informe referido, dentro del plazo de cinco (5) dí­as corridos deberá resolver la procedencia o improcedencia de la inclusión de la nueva empresa y/u origen o procedencia denunciado.

Art. 65.– Serán de aplicación a los incidentes de elusión las normas relativas a comunicaciones y pruebas, vigentes para la investigación.

TÍTULO III:
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 66.– En el caso de importaciones procedentes de un paí­s con economí­as no de mercado, el valor normal se determinará sobre la base de alguno de los siguientes criterios:

a) el valor calculado para un tercer paí­s de economí­a de mercado, o

b) sobre el precio de exportación de dicho tercer paí­s a otros paí­ses, incluida la República Argentina, o

c) sobre cualquier otra base razonable incluyendo el precio realmente pagado o a pagar en la República Argentina por el producto similar debidamente ajustado, en caso necesario, para incluir un margen de beneficio razonable.

A efectos de la elección de un tercer paí­s de economí­a de mercado apropiado, se tendrá debidamente en cuenta cualquier información confiable de la que se disponga en el momento de la selección. Se tendrán en cuenta los plazos disponibles y, cuando ello resulte apropiado, se utilizará un tercer paí­s que esté sometido a la misma investigación.

Inmediatamente después de la apertura de la investigación, se informará a las partes interesadas sobre el tercer paí­s de economí­a de mercado elegido.

Se entiende por cualquier otra situación similar, entre otras, toda aquella en que, en lo que concierne al producto objeto de la investigación considerando sus insumos y usuarios y/o consumidores, o los sistemas financiero y/o cambiario imperante en el paí­s, no se verifica el funcionamiento de una economí­a de mercado.

Respecto al tratamiento dado a las importaciones provenientes de la República Popular China, se tendrá en cuenta lo establecido precedentemente hasta la firma del Protocolo de Accesión de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), a partir del cual, se regirá por lo establecido en el mencionado Protocolo.

Art. 67.– El solicitante, su apoderado o letrado patrocinante podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones, informes o dictámenes que hayan sido declarados de carácter confidencial por la Autoridad competente.

Las demás partes interesadas, sus apoderados o letrados patrocinantes, podrán tomar vista del expediente, con posterioridad a la apertura de la investigación, con la excepción mencionada en el párrafo precedente respecto de la información confidencial.

Art. 68.– Toda resolución que decida la apertura de una investigación o la apertura de los exámenes establecidos en el cap. VIII del presente decreto, la aplicación de medidas provisionales o derechos finales, apruebe un compromiso, o el cierre de una investigación deberá ser remitida dentro de los dos (2) dí­as hábiles de su dictado, a la Dirección Nacional del Registro Oficial dependiente de la Subsecretarí­a Técnica de la Secretarí­a Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a efectos de su publicación en el Boletí­n Oficial dentro del plazo máximo de dos (2) dí­as hábiles contados desde la fecha de su remisión.

Art. 69.– Las partes interesadas, sus apoderados o letrados patrocinantes podrán retirar copias del expediente, con posterioridad a la apertura de la investigación y previa solicitud hecha por escrito, con la excepción de lo establecido en el presente decreto respecto de la información confidencial.

Art. 70.– Los plazos del presente decreto se entenderán como de dí­as corridos, salvo expresa disposición en contrario.

Art. 71.– (Texto según decreto 421/2002 ). El presente decreto entrará en vigor a los quince (15) dí­as de haberse dictado las normas complementarias necesarias para su aplicación y será aplicable a las investigaciones y a los exámenes de medidas vigentes, iniciados como consecuencia de solicitudes que se hayan presentado con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

Las investigaciones iniciadas al amparo del decreto 1326/1998 , se regirán por dicho decreto hasta la conclusión de las mismas, con excepción de la cuantí­a del derecho que se establecerá en forma retrospectiva.

Cuando un perí­odo anual de vigencia de un derecho final se cumpla con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, a pedido de parte la cuantí­a del derecho se fijará en forma retrospectiva para el perí­odo anual subsiguiente.

Art. 71.– (Texto originario). El presente decreto entrará en vigor el dí­a 1 de enero de 2002 y será aplicable a las investigaciones y a los exámenes de medidas vigentes, iniciados como consecuencia de solicitudes que se hayan presentado con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

Las investigaciones iniciadas al amparo del decreto 1326/1998 , se regirán por dicho decreto hasta la conclusión de las mismas, con excepción de la cuantí­a del derecho que se establecerá en forma retrospectiva.

Cuando un perí­odo anual de vigencia de un derecho final se cumpla con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, a pedido de parte la cuantí­a del derecho se fijará en forma retrospectiva para el perí­odo anual subsiguiente.

Art. 72.– La Subsecretarí­a tendrá a su cargo la instrucción del procedimiento de investigación, el seguimiento del expediente y el cumplimiento de los plazos, tendientes a la aplicación de derechos antidumping y compensatorios, sin perjuicio de las facultades instructorias que se establecen, por el presente decreto y por el decreto 766/1994 , a la Comisión.

Asimismo, el procedimiento para la aplicación de derechos antidumping y compensatorios previsto en el presente decreto se regirá supletoriamente por la Ley de Procedimientos Administrativos 19549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/1972 t.o. 1991. En dicha aplicación supletoria, se tendrá especial atención al cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el presente decreto.

Art. 73.– Finalizada la instancia preliminar y final de una investigación, de un compromiso o de una revisión, la subsecretarí­a y la comisión deberán publicar sus respectivos informes en la página de internet de la Secretarí­a.

Art. 74.– La Secretarí­a de Comercio del Ministerio de Economí­a será la Autoridad encargada de dictar las normas complementarias del presente decreto.

Art. 75.– Comuní­quese, etc.

De la Rúa – Colombo – Cavallo – Rodrí­guez Giavarini

Normas citadas: Const. Nac.: 199-A-26 – Ley de Procedimientos Administrativos –L 19.549–19-A-382 – L 25.300: 2000-C-3161 – D 1326/1998: 19-D-4200 – D 1759/1972, t.o. 1991: 199-C-3002 – D 2121/1994: 19-C-3443.

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