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DECRETO 1089/2003

MINERÍA

Inversiones mineras. Régimen. Reglamentación. Modificación. Estabilidad fiscal. Beneficios a la exploración

del 7/5/2003; publ. 9/5/2003

Visto el expte. S01:0168970/2002 del Registro del Ministerio de la Producción, y

Considerando:

Que en atención a las modificaciones introducidas por la ley 25429 a la Ley de Inversiones Mineras 24196 es necesario adecuar aspectos de su reglamento, que fuera aprobado por decreto 2686 del 28 de diciembre de 1993 y sus modificaciones.

Que la oportunidad es propicia para incorporar ajustes en algunos temas de su normativa, en función de la experiencia obtenida durante nueve años de aplicación.

Que el art. 1 de la ley citada confirió alcances integrativos al reglamento, al disponer: “Institúyese un régimen de inversiones para la actividad minera que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias o que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional”.

Que uno de los principales temas a reglamentar es el atinente a la estabilidad fiscal, respecto a la compensación entre los incrementos o disminuciones de la carga tributaria total. A la autoridad de aplicación le ha sido encomendada tal tarea por el inc. 7 del art. 8 de la modificada ley 24196, pero por razones de orden práctico es conveniente establecer, por el presente, una operatoria en tal sentido, sin defecto de que, por sus objetivos de practicidad, sea de naturaleza eminentemente modificable por parte de la citada autoridad en cualquier momento y en función de la realidad entonces existente. Tal operatoria se desarrolla en el anexo I al presente decreto.

Que otro tema esencial es el concerniente a la definición de impuestos incluidos o no en dicha garantí­a, denominados directos los primeros e indirectos los segundos en los aps. 1.1 y 4.5 del art. 8 de la ley, modificado por la ley 25429 .

Que habida cuenta de los diferentes sentidos y alcances que la doctrina asigna a esa terminologí­a y la necesidad de reafirmar la seguridad jurí­dica y promover la competitividad de los productos mineros nacionales en una economí­a globalizada, es preciso establecer el criterio para la distinción. La clasificación más antigua, basada en la traslatividad, no es aplicable en este particular caso ya que, como bien señalan Horacio Garcí­a Belsunce (“Temas de derecho tributario”) y Héctor Villegas (“Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”) la traslación no se da inexorablemente como parte del proceso de distribución de hecho de los impuestos, sino que debe examinarse en cada caso particular –concepto de “impuesto trasladado” como hecho verificado en la realidad– enfatizando la imposibilidad de sentar un criterio general. Por ello y atendiendo a los fines trascendentales de la garantí­a legal de estabilidad fiscal, es apropiado partir de conceptos de doctrina española, que se basan en las facultades concedidas por la norma tributaria, combinándolos con los de efectiva incidencia en los costos de las empresas mineras, exclusivamente en la medida que se vinculen con el emprendimiento amparado por esta garantí­a.

Que otro aspecto de importancia a reglamentar es el de los beneficios a la exploración, introducidos como cap. IV, art. 14 bis , de la ley por su reciente reforma.

Que también es oportuno considerar diversos temas para mejorar las soluciones normativas, tales como: la oportunidad de uso y los alcances de la deducción especial del art. 12 de la ley, la aplicación práctica de las reformas del art. 13 , las actividades de las empresas de servicios mineros, habida cuenta de las fluctuaciones producidas en su demanda, y ciertas desigualdades observadas respecto a los efectos residualesPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

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